El Quinto Patio

En los países menos desarrollados la ciudadanía vive en irremediable estado de frustración.

El sistema en el cual se mueven las fuerzas del país bajo la influencia de capitales internacionales genera un círculo vicioso. Es el caso de Guatemala, en donde ese círculo resulta inquebrantable y anula toda posibilidad de construir un ambiente propicio capaz de generar una fuerza ciudadana efectiva contra un sistema que solo beneficia a ciertas élites.

Este sistema política y económicamente depredador no solo afecta a los sectores más pobres ni está enfocado únicamente en detentar el monopolio de las decisiones: es tan perverso como para haber conservado un tinte de democracia cuando sus estructuras están diseñadas para nunca ceder espacios a la auténtica participación ciudadana. Para ello, ha creado un entramado de leyes-candado favorables a la perpetuación de un estatus propicio para gobernar al país al gusto y preferencia de un sector específico, minoritario pero abrumadoramente poderoso.

Los obstáculos contra la participación política de sectores tan importantes como los de mujeres y pueblos originarios entran en el modelo tradicional de monopolización del poder, ya que uno de los objetivos de ese modelo político es, precisamente, impedir el desarrollo de una ciudadanía involucrada en la gestión pública. De ahí que las reformas a las leyes que definen el sistema electoral y de partidos políticos dependan de quienes se benefician de ellas y marginen por completo las aspiraciones de la población por una democracia real e incluyente.

Una de las consecuencias del monopolio del poder en un círculo de corrupción y privilegios, sumado a la ausencia de calidad de la gestión pública, es la marginación de la niñez y la juventud como una estrategia de dominación. La táctica de privar a este sector de acceso a la educación y relegarlo en las prioridades de inversión resulta naturalmente en la profundización de la pobreza y, por ende, la imposibilidad de cederle espacios de decisión y acceso alguno a la participación política en un futuro cercano. En otras palabras, la juventud guatemalteca continuará castrada y condenada a desenvolverse en un ambiente de privaciones y criminalidad inevitables, de no haber un giro rotundo en las políticas públicas dirigidas a este sector.

Por otro lado, la explotación irracional de la riqueza–tierras, aguas, recursos mineros- bajo el argumento de ser la única vía para generar el desarrollo económico al cual aspira la población, constituye el gastado discurso de un círculo de poder históricamente incapaz de generar más desarrollo que el de sus propiedades, bajo la protección de un sistema político que le ha servido incondicionalmente y sin reparos. La fuerza de las evidencias de los problemas generados por una industria depredadora y pobremente manejada como la minera, sin embargo, ha provocado el cierre de esa clase de proyectos en otros países de la región y del continente por ser perjudiciales y no propiciar más desarrollo que el de las compañías explotadoras, mientras los territorios mueren y sus fuentes de agua se pierden para siempre.

El desarrollo no reside en proyectos mineros ni construcción de hidroeléctricas. Reside en planes bien diseñados, incluyentes, democráticos, sostenibles y racionales, de mediano y largo plazos, capaces de romper los habituales círculos de influencia y convertir a un Estado débil y dependiente en una fuerza generadora de riqueza, bienestar y justicia para toda la población. Eso requiere conciencia, inteligencia y calidad humana, valores indispensables para convertir las debilidades en fortalezas y avanzar hacia un futuro más promisorio.

Un país, para crecer, necesita planes de desarrollo incluyentes, sostenibles y bien estructurados.

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Existen innumerables instrumentos para evaluar calidad de vida, desarrollo, gobernanza.

Unos son más eficaces, otros tienen la fuerza suficiente para obligar a los Estados a responder por sus deficiencias y vacíos institucionales aunque solo sea desde un punto de vista moral. Este año, se aplicará el Examen Periódico Universal en Derechos Humanos, EPU, instrumento creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para revisar cada 4,5 años la situación de los derechos humanos en 42 Estados, con la finalidad de identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora a partir de una serie de recomendaciones surgidas del análisis efectuado por organizaciones de la sociedad civil en esos países.

En el informe nacional de Guatemala correspondiente a 2017, elaborado y presentado por la Red Niña Niño, enfocado en la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala, se observa una vez más el estado de abandono de este sector y cómo el enorme potencial de la niñez se pierde al obligarla –por la falta de políticas públicas, inversión en alimentación, educación y salud y mecanismos de protección integral- a sobrevivir en las condiciones más precarias posibles de imaginar. Es importante recalcar que la Red Niña Niño, creada hace 3 años con la integración de 40 organizaciones nacionales e internacionales con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, no tiene poder vinculante, por lo cual el Estado no está obligado a implementar los cambios sugeridos en sus informes.

La evaluación de este período, sin embargo, señala una vez más la necesidad urgente de atender de manera prioritaria a la población menor de 18 años, cuyos derechos han sido relegados por las sucesivas administraciones de gobierno observándose un incremento en temas tan importantes como la falta de acceso a la educación, los embarazos en niñas y adolescentes y el abandono de la niñez migrante provocada por la situación de pobreza y marginación, cuya primera consecuencia es la desintegración familiar.

A pesar de este escenario tan desfavorable como complejo, es imperativo rescatar el enorme valor potencial del sector infantil y juvenil –NNA- cuyo aporte, de contar con las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, podría constituir una de las vías más seguras y sostenibles para generar una nueva forma de ciudadanía, incluyente y participativa. La mayor riqueza de un país es su población, pero para Guatemala es, fundamentalmente, ese sector de nuevos ciudadanos privados de acceso a la riqueza y sus beneficios por obra y gracia de un sistema político y económico excluyente y corrupto.

Tal y como lo indica el informe de la Red Niña Niño, Guatemala es uno de los países más hostiles del mundo con su población infantil y juvenil y los indicadores de violencia criminal en contra de este sector superan con creces a los de otras naciones en condiciones similares de subdesarrollo. Las conclusiones planteadas en el documento –la mayoría de ellas similares a las propuestas en los informes 2008 y 2012- enfatizan la necesidad de un esfuerzo interinstitucional fuerte y enfocado en la restitución de los derechos de la niñez, cuya prioridad ha sido relegada por un Estado que ha dado mínima o nula respuesta a recomendaciones anteriores.

Un país evaluado en estos aspectos –y consiguientemente, reprobado- evidencia un vacío total de objetivos y de políticas públicas orientadas al desarrollo. Pero, sobre todo, da muestra de un divorcio progresivo con los compromisos internacionales en materia de respeto por los derechos humanos de la niñez y adolescencia, como una de las obligaciones superiores de todos los Estados signatarios de Tratados y Convenciones sobre este importante tema.

Reprobamos el examen sobre respeto de derechos humanos de niñez y adolescencia.

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Miedo y vergüenza, algunos obstáculos creados a partir de estereotipos de género.

Todo ser humano que haya sufrido una agresión sexual ha sido tocado en lo más profundo de su integridad. En esto no hay excepciones y, si las hay, suelen ser muy raras. Un niño, niña, adolescente o adulto víctima de tal escarnio difícilmente podrá borrarlo de su memoria, guardando esa imagen con una dolorosa sensación de repugnancia y culpabilidad. Y el silencio. Ya sea por miedo a las consecuencias sociales y familiares o porque sobre ellos pende la amenaza de una cruel revancha, el silencio tras la violación parece haber sido históricamente la marca de identidad de los crímenes de tal naturaleza y los depredadores cuentan con ello.

Durante la semana pasada y como eco de mi columna anterior sobre el incesto, he recibido más información sobre ese tipo de casos. Por las características de quienes me han compartido situaciones similares existentes en su entorno –personas instruidas con posibilidad de actuar- he podido observar el inmenso poder del silencio incluso en ámbitos de cierto nivel cultural, en los cuales se supone que los prejuicios ya han perdido su fuerza. Sin embargo, ahí están; todavía bien instalados en una suerte de umbral de la privacidad, algo así como una cápsula en donde el valiente intruso que desea denunciar termina por arriesgar más que el hechor.

Esto no es nuevo. No en el incesto y tampoco en otra clase de agresiones sexuales, como lo demuestra el largo silencio que ha precedido a las recientes denuncias de la industria cinematográfica en contra de algunos de sus gurús más poderosos. Ahí no se trataba de niñas indefensas en manos de un depredador, sino de mujeres plenamente conscientes de sus derechos, pero quienes guardaron el mismo silencio oneroso de la mayoría de víctimas. Vergüenza, dolor, impotencia y miedo a las consecuencias de hablar, parecen ser la nota constante.

Si en mujeres poderosas la violencia sexual tiene ese efecto intimidatorio, ¿qué podemos esperar en una niña, un niño o una mujer atados a una relación de poder caracterizada por los abusos? ¿Cómo es posible que un ciudadano ignore los pasos a seguir para realizar una denuncia anónima sobre un crimen de tal magnitud? Esto solo revela que ese silencio continúa alimentado por una carga enorme de prejuicios y estereotipos capaces de re victimizar de manera continuada a quienes sufren estos atropellos, abandonándolas a la voluntad de quien o quienes los agreden.

Urge hacer algo al respecto. Es imperativo iniciar campañas masivas de prevención de la violencia sexual en hogares, escuelas, templos, iglesias, hospitales y todo espacio en donde exista un menor en riesgo o un adulto ignorante de los pasos a seguir para denunciar. Urge reforzar la capacitación de los elementos de policía, investigación y administración de justicia para quitar ese velo de duda ante la palabra de un menor, una duda que desde el primer momento ampara a los perpetradores y coloca a las víctimas en una posición de riesgo.

Si las madres no denuncian por el siempre presente temor a quedar sin sustento económico, buscar la manera de darles acceso inmediato a los bienes familiares, los cuales usualmente se encuentran bajo control absoluto de la pareja abusadora, lo cual también está tipificado en la ley Contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer como violación de sus derechos económicos. Buscar rutas y soluciones viables a esta realidad cada día más espeluznante debería ser una tarea prioritaria para juristas y expertos, cuyo aporte sirva para liberar y dar esperanzas de justicia reparadora a tantas víctimas inocentes cuyas voces permanecen en el más profundo silencio.

Las agresiones sexuales no deben señalar a la víctima sino al hechor. Urgen medidas de prevención.

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La experiencia más dura para una niña es ser violada y no recibir justicia ni protección.

La niña es violada por su padre desde los 8 años. Cumplirá 12 y ahora teme que su hermanita menor sufra la misma suerte. Una amiga de su madre, quien conoce el caso, en lugar de denunciar reúne a su grupo de oración para pedir la intercesión divina, quizá pensando que al fin y al cabo se trata de un asunto privado en el cual nadie más que la propia familia tiene derecho de actuar. O quizá esta mujer de verdad cree en los milagros y entonces ese y todos los papás, tíos, hermanos, maestros, sacerdotes, pastores, médicos y vecinos recibirán la iluminación divina y dejarán de abusar a sus hijas, sobrinas, hermanas, primas, alumnas o hijas de sus feligreses. Esta historia no es invento mío, me la ha compartido un lector horrorizado por el destino de esas víctimas inocentes.

Los embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años no son producto de una violación aislada, sino por lo general se producen por abuso sexual reiterado. Su enorme incidencia ya no permite continuar en el engaño de considerarlos casos aislados, sino producto de una norma tácita de conducta del sistema patriarcal, entre cuyos postulados figura una especie de permiso de propiedad de los cuerpos de las niñas y las mujeres. Esta actitud de desprecio viene desde el momento del nacimiento –el cual, además, en muchos casos genera frustración por ser niña y no varón ese nuevo miembro de la familia- y de manera automática esa nueva vida pasa a constituir parte del patrimonio, quedando sus derechos eliminados de la ecuación. Es de ese modo como una mayoría abrumadora de niñas termina en situación de marginación, utilizadas para labores domésticas, explotadas y discriminadas desde los primeros años de vida, en una posición de absoluta desigualdad.

Este “cuadro de costumbres” no es exclusivo de Guatemala ni de otros países de la región. El incesto y las violaciones sexuales perpetrados contra niñas desde sus primeros años de vida son algunas de las aberraciones cometidas de manera sostenida e impune dentro y fuera del seno familiar. Tampoco es una práctica propia de sectores pobres y con bajo nivel educativo, ya que estos delitos cruzan todos los grupos sociales sin distinción alguna. Si un día se rompieran los diques de esas mal llamada “privacidad” y hablaran las víctimas de incesto y violaciones durante sus años de niñez y adolescencia, estallaría un ensordecedor coro de voces.

Por supuesto, los violadores no atacan solo a sus hijas, también lo hacen con sus hijos desde muy temprana edad, indiferentes al daño físico y emocional provocado sobre ellos. Los resultados de esa violencia, pero sobre todo las consecuencias del silencio de quienes conocen los abusos y prefieren ignorarlos, representan una carga psicológica que durará toda la vida y tendrá impacto sobre cualquier relación futura de esos niños y niñas.

Mientras estos abusos suceden y se multiplican, los derechos de la niñez son ignorados por el Estado y por las instituciones cuyas responsabilidades tocan a este sector vulnerable de la población, como educación y salud. Las niñas embarazadas no solo no reciben una atención prioritaria, sino se las considera parte secundaria de la ecuación y se las obliga a mantener un embarazo por violencia y una maternidad no deseada, que acabará para siempre con sus esperanzas de desarrollo. Para ellas no solo no hay justicia, tampoco el respeto por su condición de niñas con derechos.

La ciudadanía tiene un papel protagónico en este escenario de enorme desigualdad por no denunciar los abusos, por encubrir el incesto –con lo cual lo propicia- y por evadir su responsabilidad en el ámbito de la protección integral de la niñez. Abstenerse de denunciar es participar de los crueles actos cometidos contra este sector tan desprotegido. Ya es hora de actuar.

Las niñas son desprotegidas desde la cuna y con el tiempo se convierten en un objeto a merced de quienes abusan de su integridad.

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Las estructuras sociales pierden su permeabilidad, hoy la pobreza es un estatus fijo.

En Guatemala, las esperanzas de progreso para amplios sectores de la población perteneciente a los estratos medios y pobres resultan cada día más utópicas. El progreso individual, ese estado de superación holística resultado de una educación de calidad y un buen estado físico y psicológico -todo lo cual sumado a un trabajo exitoso propician la realización personal- ha pasado a ser un objetivo lejano en un sistema cuyo concepto de éxito se divorcia progresivamente del esfuerzo bien concebido para casarse con la especulación, el negocio turbio y el dinero fácil.

Para la juventud actual -con marcadas excepciones- el camino se presenta cada vez más difícil y las oportunidades de transitar por la escala social hacia posiciones más ventajosas se topa con obstáculos casi insuperables, como la competencia desleal, la corrupción y sobre todo las estrategias políticas concebidas para mantener a la ciudadanía sometida a los caprichos legales de quienes durante generaciones han cooptado todos los ámbitos del poder.

El panorama no es alentador para las nuevas generaciones, las cuales surgen en oleadas progresivas en número y en expectativas. Un país como Guatemala, cuyos jóvenes representan una mayoría abrumadora, debería destinar también un porcentaje importante de su presupuesto a sus demandas de educación, salud y trabajo, debido a que en esa masa poblacional se encuentra el único germen posible para garantizar el tránsito indispensable hacia una economía al ritmo del siglo. Pero no lo hace. Las prioridades del sector político, el más desprestigiado y señalado por graves actos de corrupción, tiene otras miras para los fondos estatales.

Si en la ciudad capital la juventud se enfrenta a obstáculos cada vez más difíciles de superar, en las demás regiones del país las cosas no son mejores, siendo uno de los mayores problemas la evidente ausencia de Estado en la mayoría de sus departamentos, en donde la administración de justicia –uno de los estamentos fundamentales de una nación- no solo es débil y vulnerable, sino muchas veces ni siquiera es accesible. A eso es preciso añadir la violencia generada por las redes de trata y narcotráfico, las cuales se han infiltrado en la institucionalidad carcomiendo así los cimientos del estado de Derecho y poniendo en jaque la vida de sus habitantes.

En ese escenario tan desfavorable para la niñez y la juventud guatemaltecas no se percibe avance alguno capaz de generar una cierta expectativa de progreso. Este sector tan marginado como numeroso crece y se aglutina en una pirámide cuya base se ensancha cada día más y cuyo ápice se aleja en igual progresión. Es decir, aumenta el número de jóvenes sin estudios ni trabajo y en directa proporción se reducen sus posibilidades de ingresar por su propio esfuerzo en los estratos sociales superiores.

La pirámide, si se pudiera ilustrar de algún modo, está segmentada, rota en 3 partes que han dejado de pertenecer a un solo cuerpo social: una gran masa de ciudadanos transitando desde las clases medias hacia una pobreza cada vez más acentuada y un importante segmento de pobres que no tienen acceso a bienes ni servicios; otro sector menor, integrado por quienes han tenido oportunidades de estudio y empleo pero continúan sometidos a un sistema que les impide aspirar a mayores privilegios y, por último, un puñado mínimo de la sociedad integrado por unas cuantas familias que lo poseen todo y quienes, además de controlar la economía, también dirigen el rumbo de la política y con ello el destino de millones de ciudadanos.

Las nuevas generaciones tienen un papel protagónico en un desarrollo económico con visión global.

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… Que la protección de la niñez no es un asunto opcional, sino una prioridad absoluta.

Nos cuesta entender la importancia de proteger a la niñez, pero le damos alas -¡y fuertes!- a las campañas contra toda forma de educación en sexualidad y no digamos a los discursos moralistas contra cualquier intento de legalización del aborto. Y ahí están los resultados: una inmensa población infantil abandonada a su suerte desde antes de nacer, desnutrida y privada de servicios básicos, alejada de las oportunidades de educación y ¡ni qué decir! de sus posibilidades de ser felices.

Pero nos enfrascamos en la política como si ahí, en esos antros privilegiados, hubiera alguna respuesta a las demandas de este gran sector sujeto a las decisiones de los demás. Porque ser niña o niño en países como los nuestros no es para tomárselo a broma. Sin educación, sin derecho a nada y sin acceso a decisión alguna sobre su vida, esos millones de menores marginados podrían incluso morir sin haber ingresado a los registros civiles y, por tanto, sin siquiera figurar en las estadísticas. Es decir, nunca existieron.

Sin embargo ahí están, recordándonos –desde la parada del semáforo o en cualquier esquina apestosa- que nos hemos desviado a tal punto de los objetivos de desarrollo que incluso su visión nos resulta molesta. Volteamos la cara para no verlos, cerramos la ventanilla para no escucharlos y en cuanto es posible nos alejamos espantándolos del pensamiento. No hay sentimiento alguno más que la repugnancia contra la pobreza, porque “es culpa de los padres”, decimos con ese desprecio atávico del pudiente contra quien sobrevive en la miseria.

La niñez, entendámoslo de una buena vez, es responsabilidad de todos. No descarguemos nuestra ira en el niño sicario, descarguémosla contra quienes no hemos tenido los arrestos para cambiar la situación de ese infante desprotegido, abandonado y orientado hacia un destino tan cruel. Comprendamos en toda su dimensión las consecuencias de una indiferencia ciudadana capaz de olvidar que no hace mucho murieron quemadas vivas 40 niñas en una institución estatal creada para protegerlas. Los comentarios alevosos rodeando el atroz hecho abundaron tanto como los solidarios y eso jamás debió ocurrir; porque no importa cuál era el motivo de su institucionalización, el solo hecho de esa marginación revela un vacío a llenar, una obligación incumplida, una deficiencia fatal en nuestra escala de prioridades.

Entendamos bien el concepto universal de los Derechos del Niño y la Niña y repasemos esos principios tratando de extrapolarlos con la realidad actual de la niñez que nos rodea: los niños y niñas son seres humanos sujetos de derechos y deben ser capaces de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Ahora intentemos, con la mente lúcida y libre de prejuicios, evaluar la dimensión de nuestros fallos como sociedad. La profunda grieta entre quienes tienen todo y quienes nada poseen y el sistema que ha hecho eso posible. Ahora analicemos cuánta población infantil hemos sacrificado en aras de los privilegios.

No existe comunidad humana capaz de presumir de desarrollo si más de la mitad de su población infantil es condenada a la ingrata suerte de vivir en condiciones de hambre y abandono como sucede en Guatemala. No podemos, por lo tanto, permitirnos el lujo de mirar hacia otro lado cuando niñas y niños son víctimas de trata, de incesto, de violación, de asesinato o ingresan a las pandillas porque éstas son su último recurso de supervivencia. No tenemos derecho a condenarlos si jamás protestamos por ellos a quienes tienen la llave de la política en sus manos. Entendamos, por fin, que en ellos reside el futuro de la nación.

No seamos ciegos y sordos a las demandas del sector más necesitado de protección: la niñez.

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No cualquiera puede tomar decisiones en una mesa de diálogo, si esas decisiones afectan a otros.

Para emprender una iniciativa de diálogo político con el peso y la legitimidad indispensables, las partes también deben gozar de una credibilidad a toda prueba. Porque nada hay más absurdo que un diálogo entre actores cuyos intereses particulares no solo dominarán la escena, también harán imposible la consecución de resultados positivos para todos. Por esta razón no tan simple, los llamados al diálogo efectuados en estos días por el Presidente de Guatemala Jimmy Morales y el sector empresarial organizado, han despertado fundadas sospechas en amplios sectores de la ciudadanía –de uno y otro lado del espectro- al aparecer teñidos de acuerdos ocultos y de supuestas pretensiones de compromisos con los protagonistas más conflictivos del momento.

Buenas intenciones han pavimentado el camino del infierno desde siempre; promesas incumplidas y una labia electoral -eficiente herramienta de decepciones y fracasos- son el panorama archiconocido por una ciudadanía resistente a tragarse esa misma píldora. Por lo tanto, quizá el tan mentado diálogo deba ceñirse a los principios básicos que lo definen como un “trato en busca de avenencias” y no como una plataforma discursiva para legitimar lo ilegítimo ni engañar a una población cansada de falsedades. Para ello el elementos esencial es la presencia de ciudadanos conscientes, responsables y representativos de los intereses comunes a la población.

La integración de una mesa de diálogo vendría a constituir, por lo tanto, una ventana a través de la cual la ciudadanía participaría como una protagonista fundamental y no una espectadora impotente ante decisiones en las cuales no tendría arte ni parte. Las aspiraciones legítimas de la sociedad son muy claras: transparencia, justicia, seguridad y respeto por el mandato constitucional, el cual pasa usualmente en cada administración del Estado como una mera opción y no como una gorda responsabilidad.

Los filósofos griegos practicaban el diálogo como un ejercicio intelectual de enorme trascendencia en la vida de sus pueblos; el diálogo como base del quehacer democrático sentó sus bases en esa elevada forma de compartir y dirimir contradicciones para así elevar de manera consecutiva el nivel de la resolución de conflictos, como modo de superar diferencias dentro de un ambiente de paz y concordia. Por lo tanto, el diálogo como herramienta para alcanzar consensos jamás debe basarse en intereses espurios ni en la defensa de privilegios para unos pocos.

En un diálogo nacional los ingredientes necesarios son la honestidad, el respeto, el conocimiento profundo de los temas a abordar, la preeminencia del interés común y la marginación absoluta de los intereses particulares. Todo ello asumiendo como el enfoque principal a las urgentes necesidades de la mayoría de la población, la más necesitada de servicios básicos, justicia, educación, empleo, salud, vivienda y alimentación. Cualquier otra prioridad en esta mesa representaría una desviación interesada y un sesgo opuesto al bien común.

La pregunta siguiente sería ¿De qué modo integrar una mesa de diálogo capaz de cumplir con esos objetivos? ¿Quiénes podrían integrarla con legitimidad y solidez? ¿Se respetaría un semejante foro desde los centros de poder? Las respuestas están en los distintos estamentos de la sociedad civil, en sus líderes naturales y en las organizaciones comunitarias. En otras palabras, en el pueblo mismo, de cuya representatividad parece haberse iniciado un proceso de rescate durante las últimas semanas y cuyos derechos han sido duramente amenazados y puestos a prueba. Su lugar en la mesa es uno de esos derechos y solo le falta asumirlo con toda la propiedad del caso.

La sociedad tiene derecho a un importante lugar en la mesa del diálogo nacional y debe ocuparlo.

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Son millones los niños, niñas y adolescentes dejados de lado por el Estado.

Cada vez que los gobernantes y sus círculos de confianza –no solo parientes, también financistas- se recetan un nuevo privilegio con el propósito de consolidar su fortuna y sus oportunidades de conservar el poder, miles de nuevos integrantes de la sociedad reciben menos atención en salud, alimentación, educación, vivienda, servicios básicos y posibilidades de salir de la pobreza. Esa masa callada y sometida a la voluntad de otros algún día hará las cuentas y cobrará las deudas.

El despertar ciudadano vivido en Guatemala durante los días pasados y cuyos ecos resonaron a nivel internacional incluyó a muchos niños, niñas y jóvenes empapados de civismo y conscientes de que algo anda mal en la manera como se comportan sus autoridades. Es ingenuo pensar que los estudiantes de escuelas, institutos y universidades ignoran el profundo abandono en el cual se encuentran y lo injusto de su situación. Ellos escuchan a sus padres y maestros, también víctimas de un sistema corrupto y clientelar diseñado por unos pocos para su propio beneficio.

En los próximos días el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año que viene se analizará y en él viene patente cuáles son las prioridades para la clase política. ¿Educación y salud? Probablemente no. Las presiones de los distintos grupos alrededor de la cúpula gobernante no parece tener en mente a la niñez guatemalteca y esta hipótesis se confirma al observar las estadísticas en temas tan fundamentales como desnutrición crónica, ausentismo escolar, embarazo infantil, trata de personas, estado calamitoso de escuelas y recintos hospitalarios. La lista de deficiencias es demasiado larga y por esa contundente razón Guatemala se encuentra entre los países del mundo con los peores indicadores de desarrollo humano.

Pero existe todavía un sector de la pequeña burguesía capitalina que se resiste a conocer los datos sólidos de tanto estudio. Para ese sector –desde cuyos celulares fluye abundante la desinformación- las cosas en Guatemala no están tan mal. Más aún: “en todos el mundo existe la corrupción, ¿por qué tanto escándalo?” y prestan oídos atentos a cuanta campaña negra surja de las mentes creativas de ciertos grupos y medios de comunicación interesados en mantener las cosas como están.

Es tentador, entonces, pedirle a ese grupo de seres ciegos y sordos a la abrumadora realidad de la corrupción y la pobreza, que expliquen por qué cada día mueren niños y adultos por causa de la violencia criminal, por qué miles de familias se van a dormir sin un solo bocado en el estómago; por qué entrar en la política parece ser una cuestión de enriquecimiento ilícito y no un trabajar por el bien de todos. Es triste ver cómo ser parte de una cierta “clase acomodada” crea una burbuja alrededor de las conciencias y un acomodo entre algodones empapados en la sangre de otros.

A la niñez y juventud guatemaltecas se les debe una larga explicación. Es preciso enseñarles la verdad de la historia y decirles que su futuro se ha ido a engrosar fortunas, que sus ideales son aplastados por las ruedas de Ferraris y Maseratis y sus perspectivas de desarrollo se perdieron en negocios tan turbios como ilícitos de los servidores públicos. Porque ¿cómo decirle a una niña embarazada que el crimen cometido en su contra nunca llegará a los ámbitos de la justicia por falta de capacidad de los entes de investigación? Lo mismo a las familias cercenadas por actos criminales contra ciudadanos inocentes, los cuales quedarán como parte del escenario cotidiano; sin resolución, sin penas. La niñez guatemalteca no es un accesorio incómodo sino la principal protagonista de una historia que urge cambiar.

La niñez guatemalteca merece una atención prioritaria y ocupar un sitio privilegiado en los planes de desarrollo.

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“El compañero Presidente”, foto de María Cristina Orive.

El 11 de septiembre de 1973 fue una fecha fatídica cuyos ecos siguen resonando en Chile y el mundo.

Lo recuerdo bien. Yo vivía en la calle Huérfanos, en el centro de Santiago y apenas comenzaba el día cuando sonaron las primeras ráfagas. Al asomarme a la ventana pude ver a los soldados sobre las terrazas de los edificios vecinos y comprendí de inmediato lo que venía después. Mi hija era muy pequeña y estaba asustada, no comprendía por qué teníamos que arrastrarnos por el piso del departamento sin levantar la cabeza pero yo sabía del riesgo de recibir una bala perdida. Aun cuando la amenaza de golpe había flotado en el ambiente desde hacía un tiempo, para quienes vivíamos la aparentemente sólida democracia chilena la sola idea de una asonada militar era inconcebible.

Sin embargo, sucedió. Durante los siguientes días el caos fue total, el pánico de no saber los límites exactos de la represión, los informes boca a boca sobre quema de libros en grandes piras en plena calle, las frenéticas llamadas telefónicas y la aventura de desplazarse por la ciudad buscando a los familiares y amigos, todos dispersos, era surrealista.

La búsqueda de personas sospechosas de pertenecer a partidos de izquierda –algo legal y legítimo hasta el día anterior- se operaba con minuciosidad en sectores residenciales de clase media y en barrios populares. Las capturas eran masivas y los camiones del ejército, que pasaban durante las noches cubiertos con lonas para proteger de miradas curiosas su carga de muerte, provocaban escalofríos. También los cuerpos tirados a la vera del río Mapocho.

Cuando se habla del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, por lo general se suele aludir a los hechos más impactantes, como el ataque aéreo y terrestre contra el palacio de la Moneda y la posterior muerte del presidente Allende. Sin embargo, para quienes vivimos esos momentos, uno de los sentimientos predominantes, más que el miedo a la represión, fue el estupor. Un desconcierto absoluto al presenciar este hecho inédito para nuestra generación y las anteriores, con el rompimiento de una línea histórica de tolerancia y activismo político sin más cortapisas que las establecidas por la ley. Y de pronto, esas leyes supuestamente inmutables cambian y se vuelven contra un pueblo sorprendido en medio de la noche.

Las políticas de Salvador Allende y su equipo de gobierno, aun cuando no satisfacían todas las aspiraciones de una ciudadanía mayoritariamente capitalina, constituían un avance significativo para los sectores más pobres, campesinos y obreros. Lo que jamás perdonaron los círculos de gran poder económico fue el desafío de plantear reformas que reducirían su cuota de influencia y los colocaría en el plano de un interlocutor más, después de haber dominado la escena política durante décadas.

La estrategia de la extrema derecha chilena, con la complicidad de partidos de centro, se basó en una campaña mediática masiva y el bloqueo económico interno, al establecer alianzas con ciertos sindicatos como el del transporte terrestre que hoy también amenaza a la estabilidad de Chile, y el gran socio de aventuras golpistas: el Departamento de Estado, con Henry Kissinger a la cabeza, en una urdimbre de tácticas efectivas que acabaron con el ensayo del socialismo en libertad.

Chile nunca volvió a ser una nación verdaderamente democrática. Las desigualdades y las limitaciones actuales en aspectos tan fundamentales como la salud y la educación son herencia de una dictadura tan bestial que sus ecos aún perduran en la mente y el imaginario de buena parte de la población. Nunca como hoy se vieron en ese país los extremos tan distantes entre ricos extremadamente poderosos y pobres de miseria, con un gran contingente de jóvenes enfrentados a un futuro incierto pero con la voluntad de participar de los cambios que el país necesita para retomar, algún día, el camino hacia una democracia más justa y equilibrada.

Las juventudes chilenas serán quienes cambien la polaridad y retomen la ruta hacia un sistema más justo.

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He conocido a muchas personas fascinantes, pocas como María Cristina Orive (1931-2017).

La entrevisté en 1980, durante una de sus frecuentes visitas a Guatemala. Llegó cargando su cámara como si la entrevistada fuera yo. Su amplia sonrisa y esa energía luminosa tan propia de quien disfruta la vida fueron los primeros signos de que la conversación iría por buen camino. Me contó de todo: su vida en París, sus viajes, su corresponsalía para agencias francesas de prensa en Buenos Aires y, finalmente, la creación más importante de su carrera: la fundación, en 1973, de la editorial fotográfica de América Latina La Azotea, junto con la notable fotógrafa Sara Facio.

Cristina Orive nunca se conformó con los límites de una sociedad conservadora, rompió esquemas allí en donde los había y lo hizo con gracia y propiedad. Se rodeó siempre de personajes tan fascinantes como ella, intelectuales y artistas de renombre cuya amistad conservó durante toda la vida. Para esta mujer excepcional, los grandes desafíos fueron siempre invitaciones para emprender nuevas aventuras y en su editorial demostró cómo era capaz de superarlos. Sara Facio y Cristina se volcaron a la tarea de elevar el arte de la fotografía a la categoría que merecía en una época cuando esta actividad se consideraba apenas poco más que un simple oficio.

Las primeras obras realizadas en La Azotea demuestran el enorme trabajo de investigación y rescate efectuado por ambas, en una lista de títulos y de exposiciones de gran impacto en el ambiente cultural. Ahí figuran pioneros de la fotografía como Martín Chambi de Perú, J. J. Yas y J. D. Noriega de Guatemala, Grete Stern y Alejandro Witcomb de Argentina y luego un largo listado de nuevos valores latinoamericanos y caribeños cuyas obras eran, hasta entonces, desconocidas por el gran público.

Las cualidades humanas e intelectuales de Cristina le abrieron las puertas de un mundo tan diverso como enriquecedor. Tan definida en su pensamiento político como en su sensibilidad social, entabló amistades de todos los colores del espectro, compartiendo sus inquietudes con apertura y tolerancia, cualidades suyas que la acompañaron siempre. Así fue como en sus recorridos por Guatemala encontró las puertas abiertas para fijar en imágenes los aspectos más diversos de la cultura y las costumbres de este país. De allí nació una de sus obras, Actos de Fe en Guatemala, realizada en colaboración con Sara Facio con textos de Miguel Ángel Asturias y Manuel José Arce.

Pero no todo sobre María Cristina Orive es una historia de vida profesional. Ella fue una amiga maravillosa para quienes tuvimos el privilegio de tenerla cerca, de compartir la mesa y disfrutar largas pláticas sobre cualquier tema que nos llamara la atención. Su exquisitez no tenía parangón y eso también se reflejaba en el círculo que la rodeó durante la mayor parte de su vida. Intelectuales y grandes artistas como Sara Facio, Vera Gregg, Miguel Ángel Asturias, María Elena Walsh, Manuel José Arce y otros nombres de gran relevancia en el mundo cultural contribuyeron en gran medida a enriquecer sus experiencias y a dotarla de una visión universal del mundo, perceptible en cada una de sus obras.

Para conocer más a fondo a la Cristina fotógrafa, hay que dar una mirada a su obra, en donde reside la verdadera esencia de su pasión por su país y su gente, una fuerza siempre presente en sus imágenes. Su importante legado para la fotografía latinoamericana es una herencia cultural de enorme relevancia, por lo cual su nombre merece inscribirse en los anales de la historia cultural de Guatemala como una de sus más relevantes figuras.

María Cristina Orive fue una mujer adelantada a su época, rebelde, generosa y excelente interlocutora.

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elquintopatio@gmail.com

MARIA CRISTINA ORIVE

La Antigua Guatemala 1931-2017

Nació en La Antigua Guatemala en 1931. Estudió Humanidades en su país, Estados Unidos de América y Francia. Ejerció el periodismo oral y escrito en Guatemala en Radio Faro y en el diario El Imparcial. En 1957 se traslada a Paris, donde vivió 14 años y trabajó en la Radio Televisión Francesa (ORTF); también, ya como fotógrafa, para la agencia ASA Presse.

En 1971 inicia su periplo por América Latina como corresponsal de las agencias Sipa y Gamma Presse. Sus trabajos – fotos y artículos – se publican en diarios y revistas del mundo entero: Paris Match, Life en español, Stern, ABC, entre otras.- Sus reportajes más célebres fueron la entrevista al Sr. Pérez Alfonzo, creador de la OPEP, Torrijos en Panamá, la visita de Fidel Castro a Chile, entrevista a Salvador Allende, la caída de Isabel Perón en Buenos Aires.

En 1973, funda en Buenos Aires, – junto a Sara Facio – LA AZOTEA, primera editorial fotográfica de América latina. Durante sus viajes por el Continente investiga sobre fotografía histórica, acerca de los libros fotográficos que han sido publicados en los diferentes países para una exposición en México D.F. En 1978 fue socia fundadora del Consejo Latinoamericano de Fotografía, México 1978.Al año siguiente es miembro fundadora del Consejo Argentino de Fotografía en Buenos Aires. Así, conoce a fotógrafos en actividad-maestros y principiantes- para incluirlos en las publicaciones de la editorial. Los libros de LA AZOTEA han sido premiados en la Argentina, México, Venezuela y Francia.

Ha sido invitada a exponer fotografías, dictar talleres y conferencias en congresos y coloquios tanto en América latina, como en Europa. Entre otros: Les Rencontres Internationales de la Photographie en Arles, Francia, 1978 y 1992; en Italia (Venecia, Caserta y Milano); Foro de Editores en el Centro Pompidou, Paris; en la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania.

Es autora, con Sara Facio, de las fotografías en color de Actos de Fe en Guatemala, con textos de Miguel Angel Asturias. Ha realizado la selección de fotos e introducción de los libros Sandra Eleta, Portobelo; La Antigua Guatemala, J.J.Yas, J.D.Noriega; Luis González Palma. Todos de LA AZOTEA.

A partir del 2000 viaja continuamente a la Antigua Guatemala y finalmente se radica allí, donde colabora con el Centro Cultural El Sitio presentando exposiciones de fotógrafos guatemaltecos y extranjeros. Es secretaria de la Fundación Cultural Duane Carter que administra La Biblioteca, como la llaman los cerca de 3,000 usuarios mensuales que la visitan provenientes de las escuelas y universidades de la Antigua Guatemala, sus alrededores y de la misma capital.

Sus trabajos integran colecciones privadas y de museos. Ha donado importantes 0bras al Museo Nacional de Bellas Artes y otros Museos de la Argentina.

Figura en la Enciclopédie des Photographes, Suiza; Dictionnaire Mondial de la Photographie, Larousse, París ; Canto a la Realidad, Madrid ; Diccionario Espasa Fotografía, Madrid.

azotea@laazotea.com.ar

La ciudadanía enfrenta otro de esos momentos históricos que marcan el rumbo.

Las cualidades de un gobernante se pueden medir desde el momento inicial de su asunción al poder. En esa situación de privilegio se sientan las bases de la relación entre gobernantes y gobernados, por lo cual resulta indispensable leer las señales que delatan la trayectoria futura. En el caso de Guatemala, la sombra de personajes oscuros tras el presidente y su renuencia a transparentar sus acciones ha provocado serias dudas sobre quienes están al mando. En el transcurso de los meses, esas dudas se fueron volviendo realidad a través de decisiones opuestas a las expectativas ciudadanas y el incumplimiento de promesas de campaña.

Poco capacitado para gobernar –nunca fue político y, de hecho, nunca esperó llegar a serlo- el actual mandatario parece haber dejado el mando en manos de otros, cuyas intenciones e intereses los llevan a romper la iniciativa más trascendental emprendida en el país para erradicar, de una vez por todas, el cáncer de la corrupción que atraviesa y contamina la economía, la gestión política y la vida misma de los guatemaltecos.

Durante su visita intempestiva a la sede de la ONU en Nueva York para pedir la remoción del Comisionado Iván Velásquez Gómez de su cargo como jefe de la Cicig, el Presidente no mostró su autoridad sino más bien cayó en el bochorno de exhibir sus temores frente a la comunidad internacional, haciendo ese fútil intento para evitar que su partido político y él mismo sean investigados por delitos de financiamiento electoral ilícito. La reacción del Ejecutivo hace pensar en un dicho popular que reza “a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”.

Al actuar con arrogancia, el mandatario confirma su falta de pulso político y comete no uno de sus usuales errores, sino uno de proporciones catastróficas al plantar la duda sobre su apego a la ley y sus intenciones futuras, dejando en evidencia que sus amigos en la sombra no se detienen en escrúpulos para buscar fortalecer el poder y la impunidad a toda costa, sacrificando los pocos avances que el país ha experimentado en su consolidación de la democracia y el estado de Derecho. Da la impresión de que el mandatario no ha calculado bien los alcances de este golpe certero a su credibilidad. A partir de ahora el escenario es otro y podría ser él quien termine siendo el más afectado por la resaca de esta ola política.

El sábado la ciudadanía se manifestó con un fuerte espíritu cívico. Sin violencia pero conscientes de la necesidad de patentizar su repudio por las acciones del Ejecutivo contra la institucionalidad encarnada en las investigaciones realizadas por la Cicig y el Ministerio Público, muchos ciudadanos se plantaron frente a la Casa Presidencial para expresar su protesta. La respuesta fue un comunicado en el cual el Presidente exige a Iván Velásquez que abandone el país de inmediato luego de haberlo declarado non grato. Es decir, condena al silencio y a la oscuridad todo intento de transparentar y someter ante la justicia los actos delictivos y a quienes los han cometido amparados por el poder. Lo cual no solo despierta dudas sobre su participación en esos hechos sino reduce su autoridad para dirigir los destinos de un país en profunda crisis moral.

Los malos consejeros son tan peligrosos como un mal aconsejado. Es oportuno recordarle al Presidente que fue electo bajo un sistema electoral tan deficiente como clientelar y como expresión de rechazo contra otros postulantes aparentemente peores. Es decir, su supuesto triunfo se inscribe dentro de un esquema político débil, diseñado únicamente para servir de amparo a la corrupción.

El país necesita con urgencia los talentos de un auténtico estadista. El sistema y sus leyes electorales deben cambiar.

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Será imposible calcular la dimensión del delito de incesto al menos que se denuncie.

Esta es una de las razones del porqué el incesto es uno de los crímenes más impunes y difíciles de erradicar. Sucede en la intimidad del hogar, un ambiente exento de vigilancia externa gracias a un condicionamiento social que lo considera el ámbito amoroso, seguro y educativo por excelencia. Este prejuicio es un castigo adicional para sus víctimas, condenadas al silencio absoluto por miedo y vergüenza. Hablar de incesto, por lo tanto, resulta extremadamente difícil aun cuando los delitos sexuales ya comienzan a ser debatidos en foros públicos y círculos familiares, aun cuando los perpetradores de esta clase de violencia deben enfrentar la acción de la justicia y la exposición pública de su conducta.

Si todas las víctimas de incesto hablaran, el coro sería ensordecedor. Quienes se han atrevido a exponer públicamente su tragedia resultan ser una minoría insignificante en comparación con quienes la ocultan. Las experiencias compartidas hablan de una patología social y no de actos aislados, como se suele –o se desea- creer. Niñas, niños y adolescentes son presa fácil de un depredador que los tiene a su alcance día y noche, en la soledad de un hogar supuestamente seguro. Cuando el hecho es revelado por la víctima, se estrella contra el conflicto de familiares más preocupados por el alcance social de la vergüenza que por el derecho del menor a ser protegido de su victimario.

Uno de los estereotipos frecuentes alrededor de este delito, es la creencia de que lo comete alguien desequilibrado por el alcohol o de conducta violenta. En la realidad, el depredador sexual puede ser una persona amable, respetable y cariñosa, por lo cual su víctima –especialmente si es muy joven- sufre una gran incertidumbre, por creer que la violación es también un acto de amor. Esto convierte al incesto en uno de los delitos más perversos y destructivos contra un ser humano indefenso.

Las consecuencias del incesto alcanzan y atraviesan a generaciones completas. Al ser cometido por personas del círculo familiar, cuenta de manera casi automática con un pacto de silencio cuyas repercusiones son devastadoras para las víctimas, pero también para quienes conocen el drama y lo callan. En este escenario amparado por un sistema patriarcal dominante, se colocan sobre la balanza la respetabilidad de la familia y la integridad del o la menor afectado, resultando por lo general más livianos los derechos de las víctimas en este juego de apariencias.

Quienes son presa de un padre, un hermano o un tío agresor muchas veces callan por miedo a la incredulidad de quienes deben protegerlos, agravándose todavía más el profundo daño psicológico y la sensación de indefensión, sentimientos cuyo efecto durará todo el resto de su vida manifestándose en patologías como baja autoestima y relaciones de codependencia. La sociedad tampoco ayuda al imputar toda la culpa a quienes padecen esta situación aparentemente irremediable en el seno de su hogar.

¿Cuál es la salida, entonces, a un fenómeno de tales dimensiones? Educación, vigilancia, justicia y sobre todo asumir que la denuncia de una niña, un niño o un adolescente es verdadera. La reacción automática de rechazo ante una verdad cruda como el incesto es un golpe adicional contra la integridad de un ser humano incapaz de defenderse e incluso de comprender aquello que le afecta. Quitar los obstáculos a la expresión libre es un paso vital en la lucha contra el secretismo de los delitos sexuales, no importando su naturaleza. La protección de la niñez no es un asunto negociable.

El silencio es el peor castigo para una víctima de delitos sexuales, no importando quien sea el agresor.

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La concentración del poder es una enfermedad que solo se cura con justicia y democracia.

Una auténtica democracia tiene un sistema de pesos y contrapesos gracias al cual se produce un equilibrio saludable entre la voluntad del pueblo soberano y la de sus representantes en los estamentos del Estado, del gobierno y de las organizaciones del sector civil; un sistema en el cual no existen polos de poder absoluto contra cuyos excesos la ciudadanía sea impotente por no contar con los mecanismos para intervenir. Ese ideal de democracia parece no existir. De hecho, actualmente se vive un anti sistema impuesto por los países dominantes, caracterizado por extrema codicia, abuso y privilegios destinados a convertir a un pequeño círculo de políticos y empresarios en auténticos emperadores.

El mundo actual, por lo tanto, es un campo abierto a disposición de esos centros de poder absoluto desde donde emanan los parámetros que definen el presente y el futuro de los pueblos. A partir de esta forma de colonización política y económica se da paso a una forma de colonización ideológica tan perversa, como para abolir todo concepto de nación entre ciudadanos deslumbrados por el consumismo y las promesas de un “american way of life” instalado como su ideal de vida. La perspectiva de una vida más fácil no es gratuita; implica la renuncia a ciertos valores como la independencia, la identidad, la preservación de la cultura y la visión de nación como pilar básico para un desarrollo integral.

A este complejo escenario se suma, entonces, el peligro de tener a un hombre poco instruido, de innegable tendencia racista, xenófobo y, para colmo, irreflexivo, a cargo del gobierno más poderoso del planeta, de cuya fuerza gravitacional está cautivo nuestro continente. Las decisiones emanadas desde la Casa Blanca –la mayoría de las cuales responden a intereses específicos de esa nación- pesan como leyes en prácticamente todos los países dependientes de su enorme poder, al punto de deberle todas y cada una de las operaciones y estrategias que han desequilibrado nuestra institucionalidad y han impedido la construcción de democracias sólidas e independientes a lo largo y ancho de América Latina.

Esta preeminencia del poder del imperio estadounidense sobre nuestros pueblos reviste la mayor gravedad ante el nuevo cariz que ha tomado la administración de la Casa Blanca, reflejado en un resurgimiento de los movimientos extremistas –Ku Klux Klan, entre otros- amparados por el discurso de odio emanado por su máximo líder. El permiso que el presidente Trump tácitamente otorga a estos fascistas al no condenar de manera explícita sus actos de violencia constituye un aval a sus desmanes y repercute en un serio riesgo para los ciudadanos e inmigrantes latinos y de otras culturas y etnias que habitan en ese país.

Este año hemos presenciado el resurgir de una tiranía reeditada y fortalecida por un pensamiento xenófobo y racista. A ello se suman las amenazas de invadir Venezuela, un país soberano, las cuales no son ajenas a esta nueva tendencia imperialista carente de visión política. Sin importar si el resto de países latinoamericanos está o no de acuerdo con el gobierno venezolano, todos –sin excepción alguna- deberían pronunciarse de manera clara y tajante para rechazar cualquier intento de invasión. Por respeto a la dignidad de los pueblos del continente y a los valores de las democracias, sólidas o no, que tanta sangre y dolor le han costado a los pueblos americanos, es imperativo recuperar esa dignidad que hoy suele estar opacada por la corrupción, la codicia y la falta de visión de nuestros líderes.

América Latina debe cuidarse de las decisiones de un gobernante tan volátil como Trump.

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Solos o en grupo, se internan en el peligroso y desconocido territorio de las fronteras.

¿Qué los impulsa a emprender una aventura semejante? Estudios sobre el tema abundan en proporción inversa a las soluciones, dejando la puerta abierta para que miles de niñas, niños y adolescentes intenten o, peor aún, logren traspasar los límites de su aldea, caserío, ciudad y país en búsqueda de algo mejor, de un futuro más promisorio que el ofrecido en su propia tierra. Son los niños emigrantes, aquellos privados de toda posibilidad de desarrollo en uno de los países más ricos del continente.

Sacrificar a la niñez en aras de la corrupción ha sido una de las políticas recurrentes durante todos los gobiernos de la era democrática de Guatemala. Es importante mencionar esto último porque durante las dictaduras los dados estaban echados, pero las promesas a partir del renacer democrático se centraron de tal modo en los derechos de la niñez, como para haber construido una de las plataformas nutricionales, educativas, recreacionales y sociales perfectas para el desarrollo integral y óptimo de las nuevas generaciones. Por supuesto, nada de eso ha sucedido. Desde el minuto siguiente a la toma de posesión de un nuevo gobierno, el olvido de la niñez ha sido el tono oscuro de todas las administraciones.

Institutos clausurados, escuelas abandonadas, maestros mal pagados y peor capacitados ha sido la marca país durante generaciones. Una universidad estatal que un día fue símbolo de alta calidad académica cayó bajo el mismo círculo de corrupción, con obvias consecuencias. La desnutrición crónica infantil se disparó hasta cubrir con su sombra a enormes sectores de la población menor de 12 años y la carencia de políticas públicas destinadas a reparar esos agujeros negros brillan por su ausencia. El sistema de salud pública, también cautivo de grupos criminales, sobrevive en condiciones paupérrimas por falta de un presupuesto que se deslizó hacia los bolsillos de unos pocos.

Entonces, ¿cómo es posible criminalizar a la niñez emigrante como si para ellos emigrar fuera una travesura llevada al extremo? Porque esas niñas, niños y adolescentes, quienes cruzan las fronteras en condiciones horrendas de riesgo e indefensión son tratados como delincuentes en todos los puntos del trayecto. Explotados, violados, hambrientos y desprotegidos por las autoridades –las mismas que los agreden- carecen de toda garantía de supervivencia cuando por el contrario, deberían ser objeto de la mayor protección.

La prioridad ahora es evitar esa emigración de niñez abandonada. Para lograrlo, la sociedad y el gobierno en pleno tienen la obligación absoluta de corregir los errores que han llevado a Guatemala a convertirse en uno de los países con menor calidad de vida del mundo por causa de la violencia, la corrupción y la desidia de quienes detentan el poder en los sectores de decisión política y económica. La vergüenza de ser una de las naciones “productoras” de emigración infantil ya debería haber hecho reaccionar a la ciudadanía. Pero esta se ampara en la ignorancia de la verdadera dimensión de la tragedia para no actuar, dejando el destino de sus descendientes en manos de los menos calificados.

La niñez y la juventud son los únicos recursos posibles de reciclaje de un país, son el nuevo inventario de talentos, constituyen un tesoro potencial de productividad y desarrollo cuyo desperdicio demuestra cuán poco interesa a las generaciones actuales el futuro de su patria. El tiempo de rescatarlos ya ha vencido y ahora es una tarea de la mayor urgencia actuar con conciencia, empatía y responsabilidad. No es un asunto de caridad, es un tema de derechos humanos.

Los habitantes más abandonados son quienes tomarán las riendas del país, es preciso rescatarlos.

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@carvasar

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