Pocos líderes han logrado generar tantas manifestaciones de rechazo.

Desde Sydney a Los Ángeles, desde Londres a Nueva York, con ecos en Guatemala, México, Chile y otros países en los 5 continentes, las voces de millones de personas –en su mayoría mujeres- se unieron para manifestar su rechazo a la explícita posición misógina, racista y discriminatoria del nuevo habitante de la Casa Blanca. No esperaron a que Donald Trump desempacara sus valijas para hacerle ver que no importando la distancia, la vigilancia sobre sus políticas será constante.

Los temas más preocupantes para las manifestantes del 21 de enero se refieren a las actitudes carentes de empatía del nuevo presidente estadounidense con las minorías, en especial sus intenciones de cambiar leyes que representan conquistas importantes, como las que permiten el aborto y garantizan programas de asistencia en programas de salud sexual y reproductiva, el matrinonio igualitario, los programas para establecer controles de prevención contra el cambio climático, la contaminación y la degradación del ambiente y otros de beneficio social.

Trump parece haber alcanzado el sueño de su niñez sin reparar en que la presidencia del país más poderoso del mundo no es un juego de niños. Llegó con un discurso agresivo y descalificante hacia sus antecesores, convencido de haber logrado, junto con el palio presidencial, la omnipotencia. Craso error, porque aún con las desigualdades y precariedad en la cual vive el grueso de la población mundial, existe un contrapeso natural en las decisiones emanadas desde las principales potencias. Este poder se manifiesta no solo en convenios y tratados firmados y ratificados por las distintas naciones, sino también en la voz de ciudadanos cada vez más conscientes de sus derechos.

Este cambio de mando y de tendencia política, aun con ser relativo –el Departamento de Estado nunca ha bajado su bandera expansionista ni su agresiva política económica- muestra a un mandatario decidido a transformar su territorio en una fortaleza inexpugnable, hostil hacia los inmigrantes y abiertamente orientada a proteger sus intereses comerciales contra viento y marea, no importando cuáles sean las consecuencias para los países socios en esos tratados de intercambio. Sin embargo, lo que se veía fácil y posible en promesas de campaña con el objetivo de seducir a una población decepcionada de la política tradicional, en la realidad será una lucha a brazo partido contra intereses mucho más poderosos, fincados en complejos acuerdos entre compañías multinacionales y países productores de mano de obra barata cuyos intereses trascienden la visión de nacionalismo reeditada por Trump.

Para los países ubicados al sur, la situación es amenazante. Los mayores receptores de remesas de inmigrantes muchos de ellos residentes legales, pero también miles de indocumentados que trabajan en todo el territorio estadounidense, son los países del triángulo norte de Centro América y la nueva administración constituye una alerta roja para sus gobiernos, los cuales ya deberían comenzar a diseñar sus estrategias de negociación.

De no hacerlo, y de no hacerlo correctamente, la política anti inmigrantes de Trump podría generar una repatriación masiva de ciudadanos centroamericanos, quienes de paso perderían todo lo ganado durante su estadía en Estados Unidos. Esto, porque al ser indocumentados y carecer de estatus legal, el manejo de sus bienes es precario e inseguro. Al darse un movimiento de tal magnitud, la mayor fuente de divisas de algunos de estos países, como Guatemala, se reduciría drásticamente con las graves consecuencias que eso implica para los sectores más necesitados.

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Un informe presidencial más optimista de lo razonable…
Un mandatario satisfecho, una ceremonia deslucida y acerbas críticas por los resultados del primer año de gestión dejaron un regusto amargo a una ciudadanía decepcionada e incrédula. A pesar de las sonrisas y los gestos ampulosos, está claro que con un frágil 20 por ciento de aprobación el camino se presenta complicado y la recuperación de la confianza de los electores -quienes desde hace tiempo muestran señales de arrepentimiento- se ve lejana en el horizonte.
Pero en realidad la popularidad es lo menos importante. Mucho más relevante es el hecho de que durante esta gestión la prometida transparencia ha estado ausente y las reacciones oficiales frente a los señalamientos de corrupción han evidenciado que ese propósito nunca fue tomado muy en serio por quien dirige los destinos del país. Tal y como comentan los medios internacionales, el mandatario parece haberse quedado sin guión, si es que alguna vez lo tuvo. La opacidad y el autoritarismo han sido los grandes pecados contra los cuales la población se rebeló en 2016 y parece dispuesta a repetirse el plato en los primeros meses de este año.

Hablar de avances es casi un gesto de arrogancia por parte del gobierno. Incluso cuando existen pasos concretos en la dirección correcta en algunos ministerios, las condiciones de vida de las grandes mayorías constituyen la evidencia más palpable de la debilidad de la actual administración y esta deberá tomar muy en serio las críticas sobre la ausencia de un plan estratégico coherente y propositivo, fractura peligrosa en la estuctura administrativa del Estado.

Un 80 por ciento de la población rural infantil en estado de desnutrición deja en ridículo cualquier alarde de éxito en el desempeño del equipo de gobierno. A eso hay que contrastar el déficit en atención escolar para la población menor de 18 años, la cual sobrevive en una marginación permanente en todos los aspectos más importantes de su desarrollo. Por eso, los discursos protocolarios en estos actos de una solemnidad vacía de contenido hieren de muerte las esperanzas de los más necesitados, al ver cómo sus gobernantes se palmean la espalda unos a otros, se felicitan por sus logros y se muestran satisfechos, dando por sentado que la población, desde sus hogares, los aplaude.

El desconocimiento de la realidad no es tan profundo en los ámbitos del poder como la conciencia de que para cambiarla sería preciso destruir los andamiajes de la corrupción y la impunidad, hazaña que pocos políticos parecen estar dispuestos a emprender. Al fin y al cabo, las reglas del juego fueron dadas precisamente para proteger esos nudos cuyos amarres se aprietan con cada relevo. De ahí que los esfuerzos de algunas instancias, como el MP y la Cicig suelen verse entorpecidos por resquicios legales creados ad hoc para ese artero propósito.

Lo más doloroso en este escenario es ver cómo las prioridades están trastocadas y los sectores más desprotegidos y vulnerables estarán en peores condiciones el año siguiente, el que le sigue y muchos más, a menos de reformular todo el plan de gobierno en función de lograr un equilibrio saludable y justo en sus políticas públicas y la ejecución de los programas más urgentes.

Pero esas aspiraciones deben surgir de un profundo acto de reflexión de quienes gobiernan la nación. Porque de nada sirve la retórica del discurso si más allá de los muros del Palacio o del Congreso los niños mueren de desnutrición y las madres de parto mal atendido, mientras sus hijos vagan por no tener escuela.

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¿Es cultura, hábito social, negocio rentable? ¿Todo lo anterior?

El escándalo reventó en El Salvador porque en un caso de prostitución infantil estaba involucrado un locutor conocido como “el Gordo Max”, personaje popular en el mundo del entretenimiento en ese país. Los detalles del arresto y los cargos contra este y otros 3 capturados por los mismos delitos han recorrido las redes en una ola de indignación alimentada por el hecho de tratarse de hombres de un alto perfil público. Pero esto sucede a diario en todos nuestros países y únicamente levanta polvo dependiendo de quiénes son los involucrados. De no ser mediáticos, estos delitos pasan inadvertidos o simplemente no despiertan la menor de las reacciones.

Hace algunos días comentaba con una activa usuaria de las redes sociales acerca del escaso impacto de las alertas por desapariciones de niñas, niños y adolescentes. El sistema de alerta Alba-Keneth, una herramienta de enorme valor para la protección de este sector de la población, no parece haber alcanzado -a nivel mediático- la relevancia necesaria para elevar su efectividad en la búsqueda de menores desaparecidos, pero no por ser ineficiente en sí mismo, sino por la actitud pasiva de la sociedad, a la cual esas desapariciones no afectan de manera significativa. Esto se aprecia con mayor claridad en los sectores de cierto nivel económico con acceso a la internet, porque aun cuando las alertas circulan profusamente por las redes sociales y compartirlas depende de mover un dedo, este mínimo gesto muchas veces no se produce.

Cada día pasan por mis redes varias de esas llamadas desesperadas. Me pregunto siempre cómo se sentirán esos padres y madres cuyos hijos de pronto no regresaron a casa de la escuela, de la tienda de la esquina, de la casa de su abuela o del campo de fútbol de la colonia. Esa angustia de no saber en dónde está, qué le sucedió, por qué alguien quiso arrancarlo de la protección de su familia y con qué propósito. Y entonces me imagino esa ruta de la angustia, la desesperación de no saber, la impotencia de ver pasar las horas y depender de esa llamada de auxilio que es la alerta Alba-Keneth, sin la cual las probabilidades de recuperar a su ser querido se reducirían únicamente al resultado de la búsqueda por las instituciones encargadas.

La sociedad, sin embargo, muestra escasa empatía con el dolor de esas familias, pero no porque sea esencialmente perversa sino porque se ha acostumbrado a considerar estos hechos como una parte de la vida y de la cultura en un país en donde los prejuicios tienen un fuerte acento cuando se trata de delitos sexuales, ante los cuales surge de manera automática el filtro del machismo para transformar a las víctimas en protagonistas activos y consensuales de los delitos que los victimizan. Por lo tanto, la desaparición de un niño, una niña o una adolescente pasan a formar parte de la mezcla, en el mismo crisol, con la trata, la pobreza, la violencia doméstica, las violaciones sexuales y el drama de la migración.

La sociedad debe reaccionar, abrir los ojos y comprender que todo delito de carácter sexual contra un menor debe castigarse por igual, exista o no consenso por parte del menor. Aunque el origen de esta cruel forma de abuso se remonta a tiempos remotos, no debe considerarse parte de la “cultura” y mucho menos del derecho de adultos sobre la vida de menores indefensos. Las condiciones de vida de un importante sector de la población han sido el perfecto caldo de cultivo para que estos abusos se practiquen sin castigo y sin reacción social, de lo cual sacan buen provecho las organizaciones criminales dedicadas a este tráfico maldito.

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El cambio de calendario siempre trae un soplo de renovación…

Las redes sociales se han convertido de manera inevitable en termómetro del ambiente político y social. No escapamos a esa fuerza indetenible de la comunicación digital, avasalladora e impertinente. Ahí está, metida en los más recónditos rincones de la geografía propia y la ajena, transformando actitudes y colocándonos en la difícil posición de determinar cuándo y dónde se esconden el fraude y la mentira.

Esta realidad cada vez más imponente de la información globalizada nos obliga a caminar más rápido y con paso firme para no quedar en una vergonzosa obsolescencia. Sabemos que tras esas redes se esconden potencias capaces de incidir en el destino de la Humanidad –tal como sucedió en la elección del gobernante estadounidense- pero no tenemos la menor posibilidad de evitar los golpes emanados de esas interferencias, la mayoría orientadas a consolidar el poder de las potencias económicas y políticas en desmedro de las libertades y la supervivencia de millones de habitantes alrededor del mundo.

Sin embargo, empieza enero y tendemos a creer que todo puede ser mejor. Elaboramos una honesta lista de propósitos, convencidos de ser capaces de realizarlos y en ese loable esfuerzo olvidamos la lista incumplida de años pasados. Pero no importa porque los 12 meses vienen nuevos y relucientes, listos para hacer de ellos algo productivo. Esta vez, he optado por hacer la lista al revés: lo que no deseo para el nuevo año.

-Niñas y adolescentes embarazadas: Nuestra niñez ha sufrido suficiente el abandono de todas las fuerzas capaces de transformar su vida de miseria en una de opoortunidades. Ya es tiempo de corregir esa inmensa deuda social y política con las nuevas generaciones. Este propósito debería ser la primera prioridad del Gobierno, el cual se ha mostrado indolente, permisivo con la corrupción e incapaz de elaborar programas y políticas efectivas contra este flagelo.

-Alertas Alba-Keneth: Guatemala no puede continuar siendo un paraíso para los traficantes de seres humanos. El país aparece en todos los medidores internacionales de desarrollo como uno de los más atrasados en los temas de trata y abuso sexual, especialmente contra niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas. Existe un problema estructural, no tratado a fondo, por el círculo perverso del tráfico de influencias y organizaciones criminales infiltradas en las instituciones del Estado.

-Desnutrición crónica: El año recién estrenado debería marcar el fin del más vergonzoso de los indicadores nacionales. La desnutrición crónica de la niñez configura un panorama devastador en las futuras generaciones de población adulta, la cual ya viene sistemáticamente privada de capacidades intelectuales y físicas. El resultado es una nación con un porcentaje alarmante de personas con capacidades limitadas, marcando de ese modo un freno rotundo a las perspectivas de desarrollo social, económico y cultural del país.

-Un gobierno tradicional: Ya es tiempo de que los sectores político y económico comprendan el alcance de sus decisiones y tomen partido por el lado correcto. Una ciudadanía cautiva en un sistema de poderes a los cuales no tiene acceso, es una ciudadanía castrada en sus más elementales derechos. Observar las actitudes soberbias de quienes detentan posiciones políticas o económicas de relevancia demuestra su pobre concepto del significado de democracia y su escasa capacidad de asimilar la magnitud de su responsabilidad. Es imperativo abandonar esas poses para sumarse al esfuerzo colectivo por hacer de este un mejor país, aceptar la temporalidad del poder y escribir un mejor capítulo para la historia.

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Los humanos tendemos a crear ilusiones a partir de nuestras carencias. Así como inventamos historias románticas desde relaciones patológicamente opresivas, también construimos fantasías democráticas a partir de sistemas estructurados a propósito para negar a la ciudadanía toda posibilidad de incidencia. Esto no sucede solo a nivel local, es una realidad global a la cual nos acostumbramos por pura necesidad de compensar nuestra impotencia.

Al arrojar una mirada hacia tierras lejanas con víctimas abstractas de conflagraciones ajenas –gracias a medios internacionales que nos comparten la visión oficial de los conflictos- nos hacemos la idea de vivir en un reducto de relativa seguridad. Lo que no vemos es la garra posada con firmeza sobre nuestras decisiones y nuestra independencia nunca asumida. Con la ingenuidad propia de quienes desconocen los entretelones de la historia verdadera, es decir, la de los intereses corporativos en todo acto de política internacional, nos han terminado por convencer una y otra vez el discurso y la promesa.

Hemos visto ciudades destruidas por ejércitos en pugna. Hemos leído sobre otras tierras arrasadas en donde millones de mujeres y niños son violados o descuartizados por las bombas de fabricación estadounidense, rusa o de cualquier país industrializado cuyo poder descanse sobre el poderío bélico. Con esa indignación de buenos ciudadanos comentamos sobre el horror de guerras ajenas que no nos tocan, creyéndonos inmunes. En los noticieros observamos horrorizados a miles de seres humanos emigrando hacia Occidente, como si no lo viviéramos en carne propia en la ruta hacia el Norte.

Sin embargo, los aires de la globalización también traen residuos de pólvora. Lo que nuestros países vivieron durante la Guerra Fría es la versión “vintage” de los conflictos actuales en Siria o Palestina. También pusimos nuestra cuota de muertos por cada intento de instalar gobiernos independientes. No fueron disputas de carácter político sino groseras invasiones –unas más solapadas que otras- con el castigo adicional del embargo de la riqueza de nuestros países. Las primaveras democráticas resultantes de la caída de las dictaduras no lograron madurar lo suficiente como para crear sistemas democráticos sólidos, basados en el manejo de los recursos nacionales con una visión de progreso y bienestar para toda la población.

Las corporaciones nunca lo hubieran permitido. De hecho, la mayoría de gobiernos terminaron cediendo el dominio de sus mayores industrias y fuentes de ingreso y quienes se negaron a hacerlo comenzaron a sufrir el acoso de Estados Unidos y sus aliados. Con la alegre complicidad de gobernantes corruptos y sus grupos afines en los sistemas jurídicos, políticos y financieros, los candados se fueron cerrando sobre una riqueza a la cual nunca más tuvieron acceso sus legítimos dueños. Hoy una mayoría abrumadora de la población de América Latina vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La niñez y juventud han perdido de manera progresiva las oportunidades de acceso a educación de calidad y alimentación apropiada para su desarrollo.

Este escenario, sin ser tan extremo como las áreas en guerra de Medio Oriente, sí nos coloca en la lista de las naciones invadidas cuyo progreso se detuvo en un punto sin retorno por obra y gracia de intereses que ni siquiera logramos imaginar. Los abusos cometidos por los países desarrollados contra los más ricos pero más débiles, quedarán inscritos como los peores crímenes en la historia de la Humanidad.

Blog de la autora http://www.carolinavasquezaraya.com

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A pesar de que con el transcurrir de los años he perdido el interés por esta festividad, la Navidad siempre me pareció una hermosa celebración de familia y, mientras mi hija estuvo en casa, realicé los mayores esfuerzos por hacer de esos momentos algo digno de recordar. Ahora ella repite los ceremoniales de fin de año con sus propios hijos y estoy segura de que en algún rincón de su mente revive las sensaciones de su niñez. Esta experiencia no es única ni original, en millones de hogares alrededor del mundo hay una familia reunida alrededor de un símbolo navideño, aun cuando no profese religión alguna.

En Guatemala, un país en donde predomina el cristianismo, los ritos alrededor de la fecha del nacimiento de Jesús son múltiples y variados. Las casas se adornan profusamente con ristras de manzanilla, agujas de pino, ramas de pinabete, musgo, patas de gallo y grandes puñados de barbas de viejo para acolchonar los pesebres. Todo muy tradicional y muy apreciado, hasta cuando nos ponemos a reflexionar sobre el nivel de depredación implícito en esa bella decoración navideña.

El pinabete (Abis guatemalensis) es una especie endémica de Guatemala y crece en las zonas montañosas, en donde prolifera la extracción de madera, los incendios forestales (algunos provocados para extender los campos de siembra) y el corte de los arbolitos durante los últimos meses del año con vistas a venderlos como adorno para la Navidad. Cuando no se corta el árbol sino solamente sus ramas, de todos modos el ejemplar se degenera y al poco tiempo muere. Al efectuar esta operación justo en época de producción de semillas, las perspectivas de conservación y reproducción de ejemplares se ve seriamente afectada. Esta costumbre ha obligado a las autoridades a declararlo en peligro de extinción.

Por su parte, las barbas de viejo (Tilandsia usneoides) una especie de bromelia cuyo hábitat son las ramas de los árboles, preferentemente en ambientes húmedos y temperados, también se ha convertido en símbolo de esta temporada. Su uso como adorno durante las festividades decembrinas, así como la pérdida de su hábitat por la incontrolable deforestación que sufre Guatemala, la han colocado en la lista de especies en peligro de extinción junto con las patas de gallo (Lonicera etrusca) y el musgo, especie también en peligro, natural de las escasas áreas de bosque nativo que aún quedan en el país.

Por eso es importante llamar la atención de la población para restringir el uso de estas valiosas especies y de ese modo detener su acelerado proceso de extinción. Para quienes profesan alguna fé, no importa cuál, es oportuno recordarles que en toda doctrina espiritual el respeto por la vida es la piedra sobre la cual se fundan sus principios y valores. Entonces resulta incongruente mantener una tradición atentatoria contra la existencia de especies cuya función, en este planeta tan agredido, es proveer el sustento vital a un ecosistema del cual depende también la supervivencia humana.

A la irresponsabilidad de quienes, a pesar de las prohibiciones de las autoridades, insisten en cortar ramas de pinabete o arrancar las barbas de viejo para comercializarlas en los mercados, se suma la ligereza de quienes acuden a comprarlas aún a sabiendas de la ilegalidad de ese comercio. Detener ese tráfico de especies en extinción es responsabilidad de todos, porque la salvaguarda de nuestro entorno natural no responde a exigencias arbitrarias, sino a medidas de protección sustentadas científicamente y respaldadas por una legislación ad hoc para sancionar a quienes las violen.

Una Navidad feliz no puede depender de la destrucción de un entorno privilegiado por su diversidad y belleza.

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El miedo, la apatía y la complicidad son algunos de los mayores obstáculos para establecer un sistema eficaz de administración de justicia capaz de conducir al país por un proceso generador de cambios profundos. En un sistema degradado por la infiltración de la corrupción y la delincuencia en esferas gubernamentales y en otras instituciones de fuerte incidencia política y económica, se supone la existencia de un alto grado de omisión de denuncia. Esto, por razones obvias, constituye un freno a la administración de justicia y un elemento paralizante en muchos otros aspectos de la vida nacional.

La ciudadanía se ha habituado al abuso y es neutralizada por el temor y la costumbre. Paga con impotencia los costos de la corrupción como un mal necesario y su única vía de escape es el comentario amargo en su círculo cercano. Multas de tráfico por faltas inexistentes, pago de impuestos excesivos y a capricho del vista de aduana, revisiones ilegales del vehículo en una calle solitaria, el consejo malicioso del funcionario de “soltar unos billetes”, amenaza de muerte para detener acciones legales por violencia intrafamiliar o por exigir la pensión alimenticia son casos recurrentes, silenciados por el temor.

Ese tipo de violencia es la gran amenaza contra el ejercicio libre y consciente de la democracia. Los políticos no se percatan de sus propios errores y se revisten de una autoridad prestada –porque no les pertenece- con la cual administran el tesoro del Estado en medio de la euforia de quien se siente dueño y señor del territorio. Quienes pertenecen a este círculo o se aproximan a él por distintas razones, también respiran ese aire enrarecido que nubla el entendimiento y sucumben ante las tentaciones del poder.

Así ha vivido la Guatemala actual veinte años después de la firma de la paz, un acontecimiento cuyas promesas de transformación del sistema de injusticias, inequidades y racismo nunca se cumplieron a cabalidad. Muchas de las crisis actuales devienen de la pérdida de dirección en las intenciones originales de enfocar los esfuerzos en el desarrollo, la inclusión de los pueblos originarios, la equidad entre hombres y mujeres, los objetivos en salud y educación. Esta tarea de reorientar a las fuerzas políticas exige a la ciudadanía detenerse a pensar en el camino recorrido, en cuánto falta por alcanzar y cómo es posible eliminar los motivos que llevaron al país a embarcarse en un conflicto armado prolongado y destructivo.

El ambiente de violencia es la consecuencia de haber perdido la ruta correcta, haber creído que con una firma en el documento se superaban las causas de la pugna entre sectores, se allanaba el camino al diálogo y quizá también se iniciaba una época de reparación de los daños.

Pero un pensamiento sin acciones no sirve para nada. Un cambio de reglas sin la voluntad de cumplirlas solo ha conducido a ensanchar la distancia entre las expectativas y la realidad.

La ciudadanía tiene ahora la tarea de involucrarse activamente en la reorientación de sus objetivos y metas. La denuncia, aunque parezca un acto insignificante ante la enormidad del problema, es la herramienta más efectiva para ir empoderando a una población-víctima, durante mucho tiempo impotente ante el acoso y el abuso de criminales grandes y pequeños, refugiados en sus intocables centros de control. La denuncia libera y abre un camino hacia el imperio de la ley. Quizá durante algún tiempo las instituciones encargadas de la investigación e impartición de justicia sean incapaces de procesar tanta demanda ciudadana, pero el efecto poderoso de una sociedad consciente de sus derechos socavará los cimientos de quienes se amparan en la impunidad y los privilegios.

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Pressenza: ¿En qué valores te formaste, cuáles resultaron ser para tí los temas más importantes, intransables, que buscan abrirse paso a través de tus lineas?

Pressenza: ¿Cómo haces para inspirarte y ponerte ante el teclado con tanta frecuencia?

Pressenza: ¿De qué modo percibes a quienes te leen con regularidad, recibes algún feed-back, o imaginas a esos lectores? ¿Para quién escribes?

Pressenza: ¿Has publicado alguna vez tus columnas en formato libro, o solamente las difundes por nuestra agencia y por otros plataformas virtuales?

Pressenza: ¿Qué sería para tí lo más importante, la aspiración mayor a lograr con tus palabras en el año entrante?

Pressenza: Finalmente, Carolina, cómo percibes tu a Pressenza y qué tal ha sido tu relación hasta ahora…

Pressenza: ¿Hay algo más que quisieras decirnos?

Pressenza: ¡Muchas gracias a ti, Carolina!

http://www.pressenza.com/es/2016/12/entrevista-carolina-vasquez-para-inspirarse-no-hay-mejor-entorno-que-nuestros-paises-en-crisis-constante/

Guatemala sigue destacando entre los países menos desarrollados del mundo. Contrastando con su buena posición en cifras macroeconómicas, la miseria en la cual se hunden las oportunidades de progreso futuro y los sueños de sus nuevas generaciones, demuestra sin sombra de duda la persistencia de un sistema feudal de tenencia de la tierra, de los medios de producción, de una legislación orientada a perpetuar los privilegios, todo ello en medio de un entorno corrupto alimentado por quienes se benefician de esa torcida forma de administrar la riqueza nacional.

En realidad, hacen falta las buenas noticias. Aquellas capaces de poner en grandes titulares el logro de los objetivos. No importa de cuáles se trate, si los del milenio o de desarrollo sostenible, de cuya existencia pocos ciudadanos se han enterado. Pueden ser objetivos mínimos, pequeños, locales, éxitos comunitarios cuya suma vaya consolidando avances para los más pobres, pero cuya influencia alcance a sus vecinos y de allí adquieran la fuerza necesaria para generar las transformaciones que el país necesita.

Sin embargo, las noticias más destacadas suelen venir con el tono siniestro del crimen organizado o las intrigas de quienes, desde los centros de detención, trabajan horas extra para recuperar el espacio perdido con la amenaza siempre latente del retroceso. El verdadero tono de la noticia es, hasta cierto punto, inmune a influencias externas. Es como el agua, indetenible. Se cuela a pesar de todo y marca tendencia. El verdadero tono invade la psiquis y define actitudes con su poder subliminal y por más esfuerzos por disimular la realidad, esta se hace presente cada hora del día. La ciudadanía sabe que detrás del discurso optimista está el reflejo de un fracaso político y social innegable.

Las buenas noticias han tardado más de 5 décadas, cuando el proceso de deterioro social se fue afianzando en la pérdida de derechos civiles, en la represión explícita y luego implícita -porque había llegado la democracia, una que jamás alcanzó a madurar- mentras la población se dividía entre pocos ricos y muchos pobres. Así las cosas, imposible evitar pertenecer al tristemente notorio círculo de los países más violentos del planeta, en un deshonroso segundo lugar. Porque con la pobreza viene la frustración, el alcoholismo, el abuso sexual y el feminicidio. Porque en un ambiente semejante, en donde pocos gozan de sus derechos a la educación, a la salud y a la alimentación, la especie humana se voltea en contra de sí misma en una patética regresión hacia los instintos.

Al mencionar los Objetivos de Desarrollo –cualesquiera sean estos- el ciudadano ilustrado se estrella contra una realidad incontestable de racismo, exclusión de grupos bien definidos: mujeres, niños, población rural, población indígena. La pirámide se percibe cada vez más estrecha en la cúspide y más ancha en su base, en donde están quienes producen toda esa riqueza que se va en prebendas, impuestos evadidos, contrabando, sobornos y lujos para la burocracia. Quienes en su vida, estragada por el esfuerzo diario, aún tienen fuerzas para detenerse y observar el escenario político, ven frustradas sus esperanzas de cambio y terminan por aceptarlo como una maldición divina.

Las malas noticias deberían despertar los ánimos de una sociedad dormida, hacerla reaccionar para transformar los engañosos números del subdesarrollo en avance hacia los objetivos elementales planteados por la ONU a nivel mundial. Salir de los listados de la vergüenza, escapar del ojo crítico de la comunidad internacional, pero sobre todo, del de sus propios ciudadanos.

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Se acaba de conmemorar por el Día de la No Violencia Contra la Mujer con el propósito de hacer conciencia sobre este profundo cisma social, cuyas consecuencias impactan en la vida de millones de seres humanos en el planeta. La igualdad de derechos, considerada uno de los temas más conflictivos y menos aceptados por las mayorías, nos remite a la urgente necesidad de emprender una campaña intensa de educación con el fin de romper las barreras de la incomprensión y el odio.

¿Cómo revertir la absurda tendencia de establecer categorías humanas incluso entre hermanos? ¿Cómo propiciar el cambio de mentalidad necesario para transformar una inveterada costumbre de dominio e imposición en una actitud de compromiso y consenso? El machismo y la misoginia inscritos en la mente de las generaciones por un afán derivado de una retorcida idea de la moral, constituyen la condena a la servidumbre, la frustración, la esclavitud e incluso la muerte de millones de niñas, adolescentes y mujeres incapacitadas de ejercer sus derechos, aún en temas tan básicos como su derecho a la propiedad, a la educación o a la salud.

De su libertad, ni hablar. Cercenados sus mecanismos de defensa por obra y gracias de leyes y costumbres discriminatorias, están sujetas a la voluntad y a los términos de otros para sobrevivir. La discusión se centra, entonces, en cómo generar el cambio necesario desde los orígenes del problema. Es decir, desde el mensaje primario de la madre al recién nacido, los códigos secretos durante el proceso de crianza, los gestos y acciones capaces de romper el paradigma de la inequidad entre sexos cuya potencia perdura durante la vida entera.

En sociedades de grandes desigualdades sociales y económicas, como Guatemala, esta es una tarea de orden generacional y de una magnitud difícil de medir. Además del trauma que representa un cambio de paradigmas en cualquier proceso transformador, uno tan radical significa una ruptura de valores anticuados y deshumanizantes derivado de doctrinas enfocadas en la sumisión espiritual de las masas como una estrategia de control político y, por ende, la preservación de las estructuras de poder.

El cambio, por lo tanto, debería generarse desde las bases mismas de la sociedad, como un acto supremo de liberación. El respeto mutuo entre sexos equivale a romper cadenas atávicas de dominación, para hombres y mujeres por igual. La demarcación de roles ha sido un invento humano y la ruptura también debe proceder de una conciencia renovada de otra forma de convivencia. Pero la sociedad actual no está preparada ni lo estará en tanto no exista un sistema de relaciones sociales, económicas y políticas capaz de eliminar barreras entre sectores y procurar la nivelación que conduzca a la construcción de una sociedad educada y solidaria.

Lo que hoy rige la vida de nuestras sociedades deviene de formas de pensamiento opuestas a toda forma de democracia. La violencia de género, la cual por definición afecta a las mujeres de cualquier edad y condición, es una de las muchas patologías de una sociedad cívicamente enferma desde el punto de vista de la incapacidad de grandes sectores para ejercitar sus derechos básicos.

La conmemoración del 25 de noviembre no es más que un recordatorio de nuestra incapacidad de establecer relaciones humanas saludables. Nos indica cuán alejados estamos de proveer a nuestros hijos y nietos de un mínimo nivel de certeza en un cambio positivo. Nos recuerda que miles de niñas, adolescentes y mujeres, hoy son víctimas inocentes de una absurda forma de pensamiento.

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Uno de los mayores obstáculos para el combate de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas es un vacío conceptual cuya dimensión supera largamente cualquier esfuerzo por desarrollar una sociedad igualitaria. La contraofensiva ante las denuncias de violencia de género se apoyan en argumentos como “los hombres también sufren violencia”, equivalente a colocar bajo un mismo rasero dos realidades opuestas, una de las cuales se sustenta en un poder de la masculinidad establecido a través de los tiempos y perpetuado en las sociedades modernas casi intacto.
Pero esto hay que ponerlo en términos mucho más sencillos si se desea permear esa resistencia a la aceptación del fenómeno. Lo primero es explicar por qué los hombres no sufren violencia de género. La definición de este tipo de violencia debería ser suficiente para aclarar el concepto, pero mejor es ir al detalle y obtener un panorama más amplio, remitiéndonos a la generación misma del trato diferenciado entre hombres y mujeres. Es decir, el momento mismo desde el cual se marca la escala de valor: la perspectiva del sexo del nonato.

En todas las civilizaciones antiguas y modernas las expectativas ante el nacimiento de un nuevo miembro de la familia tienden a favorecer al género dominante, es decir, el masculino. Durante el proceso de crianza en el núcleo familiar, a los niños varones se les inscribe en un estatus superior de autoridad y privilegios en comparación con sus hermanas, lo cual refleja como un espejo las relaciones de la pareja. El hombre debe ser proveedor, protector e independiente. La mujer debe ser obediente (mandato dado desde la ceremonia nupcial) y dependiente de la autoridad masculina. Su papel limitado a servir y dedicarse a la crianza de sus hijos.

Es ahí, en ese preciso instante, en donde se plasma el modelo de violencia y discriminación que perdurará durante el crecimiento y desarrollo de la personalidad. Es la convicción de superioridad impresa en un género, contrastada con la inferioridad del otro. La mujer dócil, sumisa y obediente será el prototipo de lo femenino, mientras el hombre fuerte, agresivo y dominante será la contraparte masculina en un modelo supuestamente ideal.

Esta manera de marcar roles no solo constituye una limitación evidente en el desarrollo de las niñas; también encierra a los niños en un chaleco de fuerza muchas veces contrario a su natural evolución, transformando a ambos en seres incompletos y frustrados.

La violencia, entonces, termina por ser una forma casi inevitable de expresión inducida por la visión limitada establecida por estereotipos sociales y culturales de cómo deben ser y manifestarse las relaciones entre ambos sexos, así como la manera “correcta” de definir sus características. Entonces, el dominio de un género por sobre el otro se manifiesta sin más límites que los impuestos por la forma de crianza, la educación y el autocontrol. Las leyes, por lo general, han sido tan permisivas ante la violencia de género como la sociedad en la cual se desarrollan estas relaciones.

La única manera de reducir la violencia de género, por lo tanto, reside en un esfuerzo legal y educativo enfocado en este fenómeno cuya dimensión, precisamente por ser connatural a la cultura imperante, pasa inadvertido para la mayoría. La igualdad de derechos es mucho más que una parte del discurso correcto. Es un cambio de mentalidad y un compromiso incondicional de respetarla en todos los aspectos de la vida. Es comprenderla en toda su enorme complejidad.

Parece novela negra, pero en realidad sucede en las narices de una sociedad que muchas veces prefiere no enterarse de estos temas tan desagradables para no sentirse mal. Pero ahí están sus nuevas generaciones, las promesas de un futuro mejor, los receptores de una identidad nacional en proceso de quiebre. Son las niñas, niños y jóvenes en la flor de su desarrollo a quienes se debe el respeto y el cuidado que cualquier comunidad humana medianamente civilizada ofrece a sus descendientes. Ahí están, abandonados a su suerte, desnutridos, abusados y muchas veces asesinados como daño colateral de una situación de violencia.Para paliar las carencias y reparar los daños sufridos por la numerosa niñez en riesgo se crearon hogares seguros –uno de ellos el Hogar Virgen de la Asunción, motivo de esta columna- como establecimientos destinados a sustituir en lo posible las carencias de niños y niñas sin hogar, abandonados o privados del goce de sus derechos. En teoría, estos sitios especialmente construidos proporcionarían seguridad y atención profesional con personal capacitado en distintas disciplinas, para cumplir el propósito de dar a estos infantes la formación y el cuidado necesarios y prepararlos para una vida adulta productiva y, en lo posible, feliz.

La realidad es otra. Las revelaciones de las últimas semanas -gracias a un profundo y extenso trabajo periodístico- pusieron en alerta a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público y a la prensa en general, dibujando un escenario dantesco de las condiciones reales en las cuales sobreviven las niñas, niños y adolescentes rescatados e internados en este supuesto hogar seguro, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y, por extensión, en otros de similares características administrados por el Estado.

Las denuncias debieron haber generado una reacción inmediata de las autoridades encargadas y de la población. Sin embargo, quedó en un tibio intento de aplacar los señalamientos aduciendo dificultades financieras, sobrepoblación del hogar, limitaciones de todo tipo. Insuficiente respuesta a las sospechas de abusos de enorme envergadura, como violaciones sexuales y negocio de trata con las y los adolescentes internos. Allí es preciso no solo investigar a fondo al personal, sino trasladar a los grupos afectados a refugios verdaderamente seguros, a salvo de represalias.

A la ciudadanía en general este problema no parece haberle afectado. Las niñas, niños y adolescentes rescatados de situaciones de violencia son cosa de otros, son asuntos ajenos a sus propios intereses y no le quitan el sueño más que a los directamente involucrados. Pero estamos hablando de miles de víctimas de abusos; desde la privación de su identidad, la falta de acceso a la educación, la desnutrición crónica, la pérdida del hogar, hasta los maltratos más crueles como las violaciones sexuales y la obligación de prostituirse para el beneficio económico de adultos con plenos poderes y autoridad para disponer de estos infantes como les plazca, como si fueran sus esclavos.

Aquí vale recalcar que sí es competencia de la ciudadanía velar por la seguridad, la integridad y el respeto de los derechos de la niñez. Desentenderse, en el fondo, es una evidencia de lo corrompido del sistema individualista y permisivo en el cual estamos inmersos. Así como con la niñez y la juventud, así también se ha fallado en el ejercicio del poder ciudadano a partir de valores sólidos para controlar los desmanes de los gobernantes. En este contexto, la niñez está más desprotegida que nunca antes.

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Para paliar las carencias y reparar los daños sufridos por la numerosa niñez en riesgo se crearon hogares seguros —uno de ellos el Hogar Virgen de la Asunción, motivo de esta columna— como establecimientos destinados a sustituir en lo posible las carencias de niños y niñas sin hogar, abandonados o privados del goce de sus derechos. En teoría, estos sitios especialmente construidos proporcionarían seguridad y atención profesional con personal capacitado en distintas disciplinas, para cumplir el propósito de dar a estos infantes la formación y el cuidado necesarios y prepararlos para una vida adulta productiva y, en lo posible, feliz.
La realidad es otra. Las revelaciones de las últimas semanas —gracias a un profundo y extenso trabajo periodístico— pusieron en alerta a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público y a la prensa en general, dibujando un escenario dantesco de las condiciones reales en las cuales sobreviven las niñas, niños y adolescentes rescatados e internados en este supuesto hogar seguro, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y, por extensión, en otros de similares características administrados por el Estado.
Las denuncias debieron haber generado una reacción inmediata de las autoridades encargadas y de la población. Sin embargo, quedó en un tibio intento de aplacar los señalamientos aduciendo dificultades financieras, sobrepoblación del hogar, limitaciones de todo tipo. Insuficiente respuesta a las sospechas de abusos de enorme envergadura, como violaciones sexuales y negocio de trata con las y los adolescentes internos. Allí es preciso no solo investigar a fondo al personal, sino trasladar a los grupos afectados a refugios verdaderamente seguros, a salvo de represalias.
A la ciudadanía en general este problema no parece haberle afectado. Las niñas, niños y adolescentes rescatados de situaciones de violencia son cosa de otros, son asuntos ajenos a sus propios intereses y no le quitan el sueño más que a los directamente involucrados. Pero estamos hablando de miles de víctimas de abusos; desde la privación de su identidad, la falta de acceso a la educación, la desnutrición crónica, la pérdida del hogar, hasta los maltratos más crueles como las violaciones sexuales y la obligación de prostituirse para el beneficio económico de adultos con plenos poderes y autoridad para disponer de estos infantes como les plazca, como si fueran sus esclavos.
Aquí vale recalcar que sí es competencia de la ciudadanía velar por la seguridad, la integridad y el respeto de los derechos de la niñez. Desentenderse, en el fondo, es una evidencia de lo corrompido del sistema individualista y permisivo en el cual estamos inmersos. Así como con la niñez y la juventud, así también se ha fallado en el ejercicio del poder ciudadano a partir de valores sólidos para controlar los desmanes de los gobernantes. En este contexto, la niñez está más desprotegida que nunca antes.

Las condiciones de vida para unas tres cuartas partes de la población guatemalteca han descendido de manera sostenida desde hace unas 3 décadas. Este fenómeno ha condenado a la pobreza a más de la mitad de las familias y se debe a la corrupción rampante de sus autoridades, baja ejecución de planes de desarrollo cuando los hay, generalizado clientelismo en la asignación de puestos, pero sobre todo el saqueo sistemático de una riqueza cuya envergadura es aún desconocida.

El sistema bajo cuyas normas se desarrolla la vida financiera, política y social del país parece haber sido diseñado con el fin de mantener en necesidad extrema a una gran masa poblacional, a la cual un salario de hambre le resulte una bendición divina en comparación con el desempleo. En este contexto las familias sobreviven gracias al esfuerzo combinado de todos sus miembros en condiciones de extrema necesidad, lo cual repercute en un ambiente poco propicio para su desarrollo integral.

Sumado a esto, la falta de oportunidades en educación, empleo, salud y vivienda dignas contribuye de manera poderosa a provocar la eclosión familiar y un clima de violencia cuyas consecuencias se pueden observar en las elevadas cifras de denuncias de feminicidio, abandono del hogar, violaciones, incesto y ruptura de los lazos familiares. Como uno de sus efectos más graves, el abandono de las nuevas generaciones en busca de satisfacer sus carencias vitales en la calle, en las maras o emigrando hacia la peligrosa ruta del norte.

En este contexto insano y degradante viven miles de niñas y niños relegados, violentados y forzados a soportar toda clase de carencias vitales. Entonces es cuando se requiere de un sistema de rescate –desde un Estado cuyas características lo han convertido en el principal responsable del problema- con el fin de proveer a esta niñez en crisis de una solución a la medida de sus necesidades en educación, alimentación, recreación, atención en salud mental y física para garantizarles un desarrollo adecuado.

Este sistema aparentemente ideal, cuyo costo de operación figura en el presupuesto del Estado, en la realidad se ha convertido en una amenaza para la integridad de esos niños, niñas y adolescentes necesitados de protección. Salidos de un ambiente muchas veces degradante y de alto riesgo para su integridad física y psicológica, han ido a dar a verdaderas cárceles de castigo en donde se siguen violando sus derechos. Es el drama constante de ser menor de edad en un país en donde la niñez es la última de las prioridades y en donde para llamar la atención sobre un problema tan grave como la trata de personas, es preciso hacer un escándalo mediático para que las autoridades le presten atención.

Otro tanto sucede con las mujeres violentadas en sus derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad. Es tan elevado el nivel de violencia contra ellas que ya se considera parte de la costumbre, se acepta el odio de género hasta el extremo del desmembramiento como algo que les sucede a otras personas menos afortunadas, no algo a lo cual existe la obligación humana de denunciar alto y claro porque es inadmisible, porque no puede seguir sucediendo.

Las niñas, niños y adolescentes recluidos en hogares de rescate no son parias, son seres humanos con derechos. Tratarlos como a tales es obligación del Estado, porque la falta de principios del sector político, cuyos miembros han sentado sus reales en la administración pública, les ha robado la posibilidad de vivir una vida libre de amenazas y con oportunidades de progreso. La deuda con la sociedad está pendiente y debe pagarla en sus nuevas generaciones.

elquintopatio@gmail.com

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Blog de la autora: http://www.carolinavasquezaraya

Las condiciones de confinamiento en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, Etapa 2 en San José Pinula descritas la semana pasada por la jueza Verónica Galicia, son indignantes. Adolescentes confinados en espacios mínimos como si fueran celdas de castigo, drenajes colapsados, escasez de agua, promiscuidad, en fin un escenario digno de película de horror constituye la vida de estos jóvenes en conflicto con la ley.

En cierto modo, este trato degradante responde muy bien a la actitud general que condena a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos a soportar toda clase de abusos y violación de todos sus derechos. A tal extremo llega la insensibilidad colectiva que incluso hay quienes se atreven a expresar públicamente su deseo de exterminar a estos grupos de niños y jóvenes para “sanear” a la comunidad.

Ese es uno de los rasgos más evidentes del deterioro moral en un país sin rumbo político, hundido en la corrupción, cargado de odios y resentimientos cruzados entre etnias, estratos sociales y el agravante de un premeditado abandono por parte del Estado en temas de un enorme potencial constructivo, como son la educación y la cultura. Esto, porque una sociedad educada e informada es una amenaza para los grupos de poder.

Curioso eso de la moral. Una sociedad dividida en buenos y malos sin mayores consideraciones sobre las causas que han llevado a una importante parte de la población a violar la ley. ¿Qué sucede en ese segmento mayoritariamente compuesto por jóvenes empujados por el abandono, la falta de establecimientos educativos dignos, la ausencia de políticas públicas diseñadas específicamente para atender como corresponde a esta parte de la ciudadanía? ¿En dónde está la presencia del Estado como ente rector para garantizarles la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral, como lo manda la Constitución en su primer capítulo?

El Centro en referencia ha sido cerrado temporalmente con acertado criterio por la jueza Galicia, con la finalidad de remodelarlo y darle las condiciones adecuadas a sus funciones. Pero eso no resuelve todo. También están los “Hogares Seguros” bajo la supervisión del Estado, en donde se supone se refugia a niñas, niños y adolescentes sin deudas con la ley, sino vulnerados en sus derechos.

Si la juventud pierde el norte, hay que ofrecerle una brújula.

Desde uno de estos hogares ha desaparecido un centenar de niñas, hecho deslizado sin mayor impacto a través de las redes sociales y las páginas de los medios. Quizá porque estas niñas no son “buenas” desde la perspectiva de una sociedad indiferente a su suerte. Ellas no pertenecen a la sociedad. Para quienes las perciben como una amenaza potencial, son “prescindibles”. Entonces, para ellas no hay voces elevándose en protesta por su vida de miseria y agresiones. Para ellas, en realidad, el futuro es un espacio en blanco el cual quizá nunca alcancen a disfrutar.

Pero entonces ¿quiénes gobernarán cuando las generaciones actuales se retiren? ¿Quiénes llevarán con su productividad el peso de la carga que representan las generaciones pasivas? No parece ser una preocupación –dejando de lado los sentimientos y las consideraciones puramente humanas- el hecho de estar deslizándose hacia una situación de desequilibrio económico y social de enormes proporciones, próxima a reventar mientras quienes dirigen los destinos se ocupan de competir entre pares para monopolizar el poder.

Esta juventud abandonada es el futuro de la nación, les guste o no. Para ellos la prioridad es sobrevivir en un contexto que les resulta tan ajeno como indiferente. Mientras, se les exije una conducta moral que sus mayores no poseen.

elquintopatio@gmail.com