El Quinto Patio

 

Se nace con el estigma de una categoría determinada por el prejuicio.

He visto muchas veces el gesto de desprecio ante un menor pobre, mal vestido, sucio y hambriento. No es un gesto de desprecio hacia quienes de una u otra forma lo ha condenado a una vida de miseria, sino hacia la víctima: ese niño o niña cuyo destino está en manos de adultos cuyo poder de decidir, de acuerdo con sus propios intereses y visión de las cosas, marcará el rumbo de su existencia.

En una avenida cualquiera cuando el semáforo marca el alto, se acercan, botellita de plástico en ristre, a lavarle el parabrisas del auto por lo que usted quiera darle. Quizá usted le siga el juego por una moneda de a veinticinco, pero por lo general lo que esos menores reciben es un gesto de rechazo y una mirada severa que se puede traducir como: “cuidado y me tocás el carro”, antes de reemprender la marcha con las ventanillas herméticamente cerradas por el temor a ser víctimas de un asalto.

En el semáforo siguiente, otros más audaces realizan modestos espectáculos de acrobacia con la esperanza de recibir algo de dinero. Son niñas y niños de edades que oscilan entre 4 y 9 años, cuyo magro estado físico apenas les permite ejecutar unas tímidas piruetas. Se sabe de la existencia de redes de explotación que utilizan a decenas de niños y niñas para mendigar durante largas y extenuantes jornadas, razón por la cual muchos les dan la espalda, convencidos de actuar correctamente para no alimentar esa forma de explotación.

Sin embargo, la realidad de la niñez en situación de calle rebasa esos marcos. La profundización de la pobreza en grandes sectores de la población, sumado a la falta de atención en salud reproductiva, la ausencia de políticas de población, el estigma religioso contra los anticonceptivos y los obstáculos para ofrecer educación de calidad han condenado a las familias a un régimen de sobrevivencia tan extremo, que en él no cabe el lujo de ofrecer un mejor pasar a sus propios hijos.

Esa niñez abandonada a su suerte no parece tener espacio en las prioridades de Gobierno como tampoco en las de una comunidad humana más centrada en mantener su estatus que en ocuparse de problemas ajenos. El caso es que esa niñez arrojada a las calles no es un tema ajeno, sino uno concerniente a toda la ciudadanía. ¿Cómo se podrá avanzar en el combate a la violencia con un contingente tan numeroso de candidatos a integrar pandillas? Porque en ellas reside una de las escasas salidas de estos niños a la situación de extrema necesidad en la cual transcurre su vida.

Desde una perspectiva tan estrecha como deshumanizante, la sociedad suele observar a la niñez en situación de calle como un problema ajeno en cuya solución no tiene responsabilidad alguna. A pesar de existir oenegés y algunas instituciones del Estado cuya labor para paliar la situación de estos menores resulta insuficiente ante la abrumadora realidad, cada día son más los niños desprotegidos, enfrentados a perder la vida entre drogas, violencia callejera y presiones de las organizaciones criminales para obligarlos a engrosar sus filas.

Estos son los niños “de segunda”: nacidos en circunstancias de miseria, víctimas de numerosas formas de violencia dentro y fuera de su hogar, sin capacidad para encauzar su vida por una ruta de progreso y mucho menos para desarrollar su potencial físico, intelectual y humano. Ellos representan la gran deuda de la sociedad. Una deuda que pesa como un inmenso lastre contra cualquier esfuerzo por alcanzar el desarrollo y salir de la espiral de retraso en que se encuentra el país.

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@carvasar

El agua es un bien común esencial para la vida en todas sus formas.

No debería ser necesario describir cuán importante es el agua en la vida de las personas porque cualquier ser humano lo comprende, experimenta y es consciente de la catástrofe que supondría el agotamiento de este recurso. Sin embargo, solemos usarla de manera inadecuada, sin conciencia del enorme privilegio de tener acceso a este regalo de la naturaleza cada día a cualquier hora, mientras grandes conglomerados humanos carecen de ella.

Durante décadas recientes, el planeta ha experimentado la reducción progresiva de sus fuentes hídricas, provocada en buena medida por la deforestación de enormes extensiones de bosques, desvío de ríos para uso industrial, salinización de la napa freática, contaminación de pozos, lagos y otros cuerpos de agua de los cuales se surten los poblados. Esto ha generado la mirada codiciosa de grandes consorcios cuyo objetivo es el control de su distribución por ser un rico filón para explotar y beneficiarse económicamente de la necesidad de otros.

En esa misma línea está la concentración de riqueza en países desarrollados, cuyas excesivas demandas de agua y la escasa educación de sus habitantes con respecto a su uso ponen en peligro la disponibilidad para los habitantes de otras áreas más pobres y vulnerables. A eso se añade la resistencia de esas naciones a implementar políticas de sostenibilidad que podrían reducir a niveles racionales sus costosos estilos de vida, mientras exigen a las naciones menos desarrolladas implementar medidas de conservación de sus recursos.

La desigualdad entre naciones es un factor de enorme riesgo, como se demuestra en el poder ejercido sobre gobiernos débiles con el propósito de conseguir privilegios para las grandes compañías industriales, extractivas, agroindustriales y productoras de energía. En este juego de poderes, el agua es una protagonista esencial para complementar cualquier plan de explotación de recursos.

En estos momentos de la historia, muchos países sufren el impacto de la escasez de agua en grandes sectores de la población. Entre ellos, algunos de primer mundo cuyo lujoso estilo de vida está basado en un desequilibrio extremo entre sus demandas de materias primas, minerales, hidrocarburos, maderas finas y otros bienes, con la miseria de las naciones que se los proveen a costa de la depredación de sus territorios.

El calentamiento global, ese fenómeno cuya existencia rechazan los círculos industriales a quienes se debe, en gran medida, la pérdida de masa boscosa y la excesiva producción de gases invernadero, es ya una realidad expresada en un cambio climático cuyas víctimas se acumulan año tras año. En ese escenario, las fuentes hídricas se secan, los habitantes emigran debido a la pérdida de sus cultivos y a condiciones de vida imposibles para la supervivencia.

En estos días de calor excesivo, miles de hombres, mujeres y niños han marchado desde distintos puntos de Guatemala para llamar la atención sobre la importancia del agua en la vida de las personas y de su entorno. Estos ciudadanos vienen a exigir al gobierno políticas públicas coherentes con los derechos de la población, respetuosas de su derecho a gozar de este recurso, pero también medidas para detener el abuso de quienes contaminan y se roban impunemente las fuentes de agua de las cuales se surten las comunidades. El mandato constitucional es claro: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Que los habitantes tengan derecho al agua, por lo tanto, debe ser política de Estado.

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@carvasar

http://www.posta.com.mx/nacional/video-asi-recreo-la-cndh-version-de-testigo-sobre-hechos-en-iguala

Las condiciones de pauperismo en las cuales se debaten las mayorías son obra humana, no divina.

Si algo hay que reconocerles a la mayoría de gobiernos del mundo, es su manera franca y abierta de actuar a favor de los privilegios. Así es como se ha construido un sistema capitalista basado en la polarización y la concentración de la riqueza de las naciones, amparado en leyes ideadas, redactadas e impuestas con esa visión discriminadora e injusta. Para legitimar ese esquema, se ha desarrollado un mensaje tendente a criminalizar todo movimiento social cuyo propósito sea reducir las desigualdades.
El modo como ese modelo ha ido capturando las bases de la institucionalidad muestra un trasfondo de deshumanización convertido en “ideología del desarrollo”; y sus objetivos, además de convertir en aliados a los gobiernos más débiles, ha sido establecer sociedades frágiles en su conducta ciudadana, lábiles ante el poder, dóciles ante la autoridad. La criminalización de las demandas populares, por lo tanto, caen en un esquema propicio para instaurar medidas coercitivas y aplicar toda la fuerza de la represión en contra de grandes conglomerados humanos.
En días recientes, los escandalosos descubrimientos de los Panama Papers han puesto en evidencia cuánta basura se esconde tras las grandes instituciones financieras mundiales y cómo éstas han participado gustosas en movimientos de riqueza de prácticamente todas las naciones del planeta, a espaldas de quienes producen esa riqueza con su trabajo. Las protestas no se han hecho esperar, pero aun así las grandes cadenas noticiosas y los medios locales en diferentes países han realizado esfuerzos ingentes por bajarle el tono al escándalo.
Una mirada comparativa entre esos indecentes depósitos bancarios y los indicadores de pobreza, desnutrición y violencia derivada de situaciones extremas de inequidad y discriminación, deja en descubierto la inmoralidad de los líderes mundiales y sus cortes principescas de consorcios mediáticos, industriales y financieros. Las cifras son de tal magnitud que con esas fortunas podría eliminarse de una vez y para siempre el hambre en el mundo, con la ventaja adicional de hacerlo creando bases para su sostenibilidad.
Es evidente que las alturas del poder alteran de manera peligrosa todo sentido de la realidad. Quizá la falta de oxígeno afecte las funciones cerebrales creando una ilusión de seguridad peligrosamente ficticia, la cual hace ver a la masa ciudadana como eso: una masa informe y obediente capaz de soportarlo todo, de creer en la falsedad del discurso y seguir sobreviviendo en un estado de pasividad ideal para el sistema.
Sin embargo, la presión generada por la frustración ante la corrupción y la desidia de los gobiernos frente a las urgentes necesidades de poblaciones abandonadas a su suerte, constituye una auténtica bomba de tiempo. Los esfuerzos del sistema por crear un clima de confrontación entre sectores de la ciudadanía puede funcionar una, dos o más veces, pero no funcionará para siempre y en algún momento la situación dará pábulo a la unidad.
La satanización de las demandas populares y de sus protestas contra el abuso de la explotación de los recursos por medio de contratos venales entre gobiernos y compañías extractivas, hidroeléctricas y agrícolas, es una estrategia débil ante la realidad del robo de las riquezas de las naciones. El discurso de odio contra grandes sectores de la población que exigen justicia, probidad de sus autoridades y respeto a sus derechos, choca de frente contra la legitimidad de las protestas y la pertinencia de sus demandas. El momento del cambio, al parecer, se acerca.
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Ningún ser humano puede ver lo que ves, ni verlo como lo ves

Todos nacemos en cirunstancias diferentes, con un código genético único, un ambiente determinado por el momento específico cuando comienza nuestra percepción del mundo y el modo como nos han arrojado en él. De esa cuenta, nuestra forma de aprehender el entorno es distinta para cada uno de nosotros y eso marcará nuestra perspectiva de las cosas. Sin embargo, por absurdo que parezca, la historia nos ha enseñado cómo esas diferencias básicas son forzadas a fundirse y perderse en una organización social específica cuyas normas, costumbres y tradiciones se nos imponen de manera rotunda y definitiva.

Por tal razón, el hecho aparentemente sencillo de abrir la mente para comprender en toda su dimensión la complejidad del pensamiento de otros, sus conflictos, sus aspiraciones y sus temores, se erige como una tarea para la cual no estamos preparados. De esa incapacidad vital deriva una serie de patologías sociales capaces de marcar profundamente todas nuestras relaciones humanas: el odio, el resentimiento, la intolerancia, el prejuicio, el racismo y la discriminación.

Desear la muerte de otro ser humano –y perpetrar el acto de privarlo de su vida- es una de las manifestaciones extremas de esta forma de ver al mundo como un monolito de piedra, fincado en una verdad unidimensional y cerrada, que es la nuestra. Es como quien solo ve el árbol ignorando la existencia del bosque, una manera muy práctica pero peligrosa de depositar en un solo elemento toda la fuerza de la negación.

En esta rigidez de un sistema social basado en el predominio de la fuerza y el poder de unos pocos está conformada la plataforma sobre la cual se erigen las religiones, las ideologías y la organización económica en las sociedades, el común denominador de todos los tiempos. Las diferencias de pensamiento y de objetivos –un factor capaz de generar conflictos de gran envergadura por su capacidad para crear nuevas rutas y ofrecer otras opciones- se convierte de inmediato en un objetivo a eliminar por cualquier medio, con el fin de mantener la estabilidad del estatus.

De ahí surge inevitablemente una relación de violencia basada, por lo general, no solo en una actitud de intolerancia sino -más grave aún- en el absoluto irrespeto por el otro, sus motivaciones, sus derechos y sus decisiones. Esto, dentro de una sociedad cuya complejidad invita a la polarización resulta extremadamente difícil de enfrentar, pero ese cuadro se convierte en un polvorín cuando los factores de divisionismo y discriminación surgen desde los ámbitos mismos del poder político, cuya misión es precisamente buscar y preservar la unidad y la concordia entre los ciudadanos.

El respeto por el otro es uno de los actos personales más difíciles de ejecutar. La tendencia a la violencia racial, física, social o psicológica se nos ha impreso desde la primera infancia, por medio de estereotipos profundamente enraizados en el discurso cotidiano. Creemos en nuestra verdad como si efectivamente fuera la única, sin dejar espacio al diálogo ni a un acto un poco más generoso de receptividad hacia la verdad ajena.

En este escenario en el cual la parte superficial de una crisis –lo aparente, sin prestar espacio a la investigación de las causas que la originan – se convierte en política y el remedio se aplica por la fuerza, los objetivos primarios tales como la estabilidad, la reparación del tejido social, la reducción de las desigualdades y el respeto por los derechos humanos, son conceptos absolutamente fuera de la discusión.

@carvasar

At his eponymous website, Mark Bittman — formerly a food columnist at the New York Times — shares well-curated recipes from his vast repertoire and collects some of his writing on food, cooking, and culture.

via Mark Bittman — Discover

El modelo de vida de muchos es diseñado para beneficio de pocos /

Estuve en Francia poco después de la revolución organizada en mayo del 68 por grupos estudiantiles de protesta contra la sociedad de consumo, la cual arrojó a las calles de París a una de las manifestaciones multitudinarias más grandes de Francia y quizá también en la historia de Europa occidental. Allí me tocó vivir de cerca la resaca de una huelga general secundada por unos 9 millones de trabajadores en todo el país.

En los años siguientes y como respuesta a la impactante provocación de la juventud y los sindicatos contra un sistema orientado a beneficiar a las cúpulas industriales y financieras, el gobierno francés estrechó sus métodos de vigilancia ciudadana en las calles, en donde se comenzaron a exigir los documentos de identidad con especial dedicatoria a quienes pudieran haber protagonizado esas revueltas callejeras.

En esos días se produjo un cambio fundamental en la visión del desarrollo y de la libertad individual, que aún perdura. La marea provocada por los jóvenes franceses se extendió con fuerza hacia América Latina, en donde solo faltaba la chispa para encender a una juventud cuya visión del futuro no coincidía con la de sus gobernantes, ni con los marcos valóricos en los cuales se debatían sin encontrar respuesta a sus demandas ni perspectiva a sus sueños.

Viendo el panorama en retrospectiva y los sistemas bien atornillados del capitalismo y la economía de mercado que rigen actualmente la mayoría de países del hemisferio, las revueltas de París adoptan el tono surrealista de sueños no alcanzados y quimeras absurdas por su alcance poético. La libertad, esgrimida como una bandera primordial, se ha convertido hoy en la mayor amenaza contra un sistema en el cual no caben las manifestaciones individualistas.

En un capitalismo cuya consigna ha sido el rechazo al comunismo uniformador de las aspiraciones humanas, se ha impuesto el modelo uniformador de las aspiraciones humanas a través de marcos educativos diseñados para responder a las necesidades productivas de los grandes consorcios industriales y financieros. La creatividad, por ende, se prodiga poco y solo en grupos selectos, apartados de una masa cada día más privada de medios de desarrollo.

El más significativo educador del siglo XX, Paulo Freire, lo expresa claramente cuando afirma que la pedagogía debe constituir una forma de diálogo y aprendizaje constantes, en un marco de libertad creadora. Lo contrario sucede en los actuales sistemas educativos, en donde el alumno es un recipiente en donde se van acumulando ideas y conceptos, sin mayores posibilidades de generar nuevas líneas de pensamiento que no sean las propuestas por el sistema.

Entonces se llega a la situación de la mayoría de nuestros países, fincados en los preceptos del beneficio económico por medio del desarrollo de los grandes capitales sobre la sumisión de los grupos menos privilegiados, entre cuyas filas están quienes sostienen todo el edificio. En la actualidad, exceptuando a los sectores más pobres y los más ricos, muchos de estos trabajadores son jóvenes surgidos de aulas universitarias y cargados de títulos y sueños, pero condenados a efectuar trabajos rutinarios y mecánicos en los cuales no se requiere más que disciplina y una formación básica para ejecutarlos correctamente.

No solo el sistema educativo requiere una revisión tomando en cuenta la libertad y el potencial individual. También se necesita la liberación de las estructuras institucionales, cuyos modelos responden a objetivos ajenos al bien común.

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El poder mal concebido es incompatible con la vigilancia ciudadana /

Las naciones más desarrolladas suelen tener instituciones sólidas como parapeto contra el abuso. Sus mecanismos son claros y sus normas, específicas. Responden pronto y sin excusas ante la demanda de información de sus ciudadanos y sus organizaciones civiles. Sus más altas autoridades tienen el respaldo de haber sido electas o nombradas en procesos intachables con el único fin de consolidar sus democracias. Sus características las convierten en ejemplo y, por supuesto, estas naciones son una excepción a la regla, pero también un modelo ideal para toda la Humanidad.

En el otro extremo del espectro, están aquellas cuyo ambiente político, económico y social se desarrolla dentro de una espesa nube de opacidad. Sus autoridades y otros centros de poder rehúyen la fiscalización ciudadana con una fiereza digna de mejores causas. O quizá no, por los enormes beneficios que les reporta el ocultamiento de sus acciones. La tradición institucional de estas naciones viene respaldada por una larga cadena de tiranías, golpes de Estado y fraudes electorales, tamizados por períodos de cambio que nunca alcanzan a concretarse en democracias auténticas.

Una de las amenazas para estos regímenes semi dictatoriales –por su carácter autoritario y su resistencia al escrutinio- son aquellos brotes de protesta ciudadana que surgen con fuerza inesperada, como respuesta a los abusos cometidos por las autoridades en el ejercicio del poder.

Cuando esto sucede, los mecanismos de defensa del sistema comienzan a actuar de manera casi automática. Se cierran los accesos a la información y se penaliza todo intento de crítica con la excusa de la sedición. Se reprimen los movimientos populares con todo el poder de la fuerza pública, para lo cual se canaliza la inversión hacia los cuerpos armados. Se impide el acceso a los registros y a los eventos institucionales como una manera de resguardar la privacidad en las decisiones oficiales y, con ello, evitar toda amenaza de señalamiento.

En muchas de las naciones del continente se ha visto este movimiento pendular cuyo efecto más importante ha sido la imposibilidad de establecer -de manera sostenible- democracias reales, participativas y cuyos mecanismos de administración sean absolutamente transparentes a la fiscalización de sus habitantes y de la comunidad internacional.

Esta debilidad en nuestras estructuras políticas ha convertido a Latinoamérica en un continente cuyo trágico pasado de dictaduras se cierne una y otra vez como una amenaza real sobre los esfuerzos por consolidar los procesos de desarrollo en libertad y la permanente búsqueda de una paz firme y duradera. La frecuente alternancia de regímenes populares con otros de extrema derecha, solo propicia una debilidad progresiva de los marcos institucionales y el retroceso en las conquistas de los pueblos, cuyas necesidades jamás se ven reflejadas en los planes, ni realizadas en la práctica, por una absoluta ausencia de coincidencia de objetivos.

Un gobierno responsable y capaz de ejecutar sus funciones dentro del marco constitucional, respetando las leyes y a sus gobernados, se vería altamente beneficiado con una política de puertas abiertas, una actitud de tolerancia hacia el disenso y una clara invitación a la participación ciudadana, ya que ésta se convierte, de ese modo, en el mejor garante de la estabilidad institucional y la democracia. La opacidad, el ocultamiento y la amenaza siempre presente de cerrar espacios a la mirada de otros protagonistas importantes, es la mejor fórmula para el fracaso.

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Entre la ley de la gravedad y las otras leyes…  /

Se creyeron inmunes, lo cual no es extraño, ya que -como muchos otros- estaban convencidos de que jamás pagarían las consecuencias. Era suficiente el ejemplo de gobiernos anteriores y la impunidad con la cual cerraron capítulos, para creer a pies juntillas que esa permisividad sería extensiva hasta el fin de los tiempos. Pero no contaban con el inesperado giro de los acontecimientos, o mejor dicho con la vuelta de tuerca marcada por una Cicig más comprometida, un Ministerio Público desvinculado de las órdenes presidenciales y operadores de justicia capaces, por fin, de blindarse contra sobornos y amenazas.

El panorama, a partir de la estrepitosa caída en desgracia de los anteriores gobernantes y su séquito de cómplices, tiene a la ciudadanía entre el asombro y el escepticismo. Ha sido de tal envergadura el golpe contra las organizaciones criminales incrustadas en el Estado, que resulta difícil creer en un desarrollo lógico de los procesos. Muchos piensan –y no se les puede reprochar- que de pronto todo volverá a la “normalidad” de los vicios y la manipulación para echar por tierra todo el esfuerzo y los logros alcanzados en el ámbito de la justicia.

El desfile hacia los centros de detención ha sido un espectáculo capaz de levantar los ánimos de quienes nunca lo creyeron posible. Sin embargo, aún faltan los juicios y allí es en donde se verá cuán efectivos serán los denodados esfuerzos de los abogados defensores por librar a sus clientes del castigo, pero sobre todo cuán efectivas serán las evidencias en contra de los sindicados y cuánto pesarán al momento de dictarse las sentencias.

Sin embargo, sigue pendiente el tema de las devoluciones. De acuerdo con los datos revelados por actores, testigos protegidos e investigadores del Ministerio Público y la Cicig, las sumas de dinero saqueadas a las arcas del Estado son de volumenes difíciles de concebir. Esto alcanza relieves de espanto cuando se confrontan con los presupuestos escatimados a los servicios fundamentales como educación, salud, alimentación y vivienda, cuyas deficiencias tienen un impacto muchas veces letal en la vida de la ciudadanía.

Para quienes observan el desarrollo de las audiencias y tienen la oportunidad de ver y escuchar a los sindicados de delitos como cohecho activo, tráfico de influencias o defraudación tributaria -los más frecuentes en estos casos de alto impacto- ha de ser gratificante constatar que no importa el nivel de poder e influencia de un empresario, político o profesional, cuando se trata de aplicar la justicia de manera correcta, tal y como lo mandan la Constitución y las leyes.

Entre las lecciones aprendidas durante los últimos meses, una de las más valiosas es el efecto de la ley de Newton aplicada a las acciones humanas. Es el retorno de la masa cuando se eleva sin una plataforma que la sostenga en las alturas, como sucede con tanto funcionario inepto y corrupto cuyo ascenso reposa débilmente sobre una burbuja de influencias y compadrazgos. Cuando caen, traen de vuelta toda la inercia de su incapacidad y sus malos manejos para estrellarse estrepitosamente en el suelo, tal y como sucede actualmente en las salas de audiencias de la torre de tribunales.

La justicia bien aplicada es la última esperanza de Guatemala para iniciar la reconstrucción de su sistema democrático sobre bases sólidas. Pero en esa dirección deben actuar todas las fuerzas institucionales y civiles, muy especialmente sus gobernantes. Si estos no tienen la visión y la decisión de enderezar su rumbo, todo el esfuerzo realizado habrá sido un mero espejismo.

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Las políticas de paridad surgen como reparación de la injusticia /

Las reformas legislativas para establecer normas de paridad en los sistemas electorales y el marco político, no son un invento chapín. Solo en América Latina 14 países introdujeron, desde 1991, acciones afirmativas de género a nivel de cuotas y paridad, las cuales se tradujeron en una mayor presencia femenina en las cámaras y otros espacios de decisión. Sin embargo, existe una fuerte resistencia al cambio en algunos foros parlamentarios, como el de Guatemala, bajo la excusa de que esos espacios solo deben abrirse por mérito y no por ley.

Aquí, resulta pertinente insistir en el hecho de que no existe el concepto de mérito alguno en el actual sistema electoral, ya que los puestos en los listados de candidatos están abiertos a un mercado de oferta y demanda, manejado a conveniencia de las cúpulas partidarias. Los resultados están a la vista.

Los avances en la conquista de los derechos de las mujeres ha sido un camino empedrado y sembrado de obstáculos. Es una batalla desigual en la cual de un lado están quienes tienen las llaves del poder y de la elaboración de leyes y, en el otro, la mitad de la población sujeta a un régimen de sumisión obligatoria. Un tema por demás apropiado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y echar un vistazo a sus luchas por la igualdad.

Desde el voto femenino, el derecho al aborto, el ingreso a las universidades hasta la práctica del deporte en arenas olímpicas, la mujer ha tenido que pelear sus espacios a brazo partido. Esto le ha costado descrédito, prisión, muerte y destierro. Sus ambiciones han sido calificadas de ridículos intentos de colocarse a nivel del hombre, cuya ilegítima autoridad ha estado amparada por leyes destinadas a preservar sus privilegios.

En la actualidad ya no se discute la capacidad de las mujeres para aportar sus conocimientos, experiencia y calidad de trabajo en los ámbitos político y administrativo, pero los candados siguen cerrados para su acceso a cargos de elección y posiciones de poder. Las reformas a leyes opuestas a la norma constitucional, las cuales ponían obstáculos al libre ejercicio de los derechos de las mujeres, costaron años de argumentaciones por parte de este sector. Lo mismo sucedió con la Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, a cuya aprobación se resistía la mayoría de representantes, quienes veían en ella una fuerte amenaza a su estatus. Hoy esos avances son una realidad.

La legitimidad del sistema democrático depende, entonces, de una participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad. Ante eso no puede existir la menor duda, al quedar demostrado que la marginación de la mujer responde a una estrategia de dominación patriarcal en sistemas diseñados con ese fin. En países como los nuestros, en donde la población más pobre está compuesta mayoritariamente por mujeres, niñas, niños y adolescentes, se hace imperativo introducir cambios radicales en el modo de administrar los recursos del Estado y establecer políticas públicas en consenso con todos los sectores.

Guatemala posee una riqueza inmensurable en recurso humano, creatividad y capacidad de producción, bienes actualmente desperdiciados y convertidos en una carga social por falta de oportunidades de desarrollo. Una mayor presencia de las mujeres en todas las instancias de decisión, pero fundamentalmente en el organismo legislativo, pondría un acento nuevo y el equilibrio indispensable para el ejercicio de un gobierno más dinámico, mejor administrado y con la posibilidad de consolidar las relaciones humanas sobre una plataforma más justa y democrática.

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Una sociedad democrática requiere un sistema incluyente, no políticas miopes y represivas /

En países como Guatemala, Honduras y El Salvador –el conflictivo triángulo norte de Centroamérica- el concepto de juventud dejó de tener, desde hace tiempo, el aura positiva de crecimiento, oportunidad y desarrollo naturalmente implícito en ese segmento de la población. En estos países, dadas sus características socio políticas y sistemas económicos orientados hacia el fortalecimiento de sus cerrados círculos de poder, las aspiraciones de los jóvenes se estrellan contra la dura realidad de un entorno hostil.

De ahí el incremento de las actividades delictivas entre una población cada vez más joven –en Guatemala aumentan cada año los crímenes cometidos por niños y adolescentes de ambos sexos- a lo cual se añade, como colofón y sin duda también como una de sus causas, el empobrecimiento acelerado de las familias, la mayoría de las cuales no alcanzan a ganar lo suficiente para cubrir las necesidades más elementales de vivienda, alimentación y vestuario.

La imagen de una juventud pujante y entusiasta, por lo tanto, es cada día más un estereotipo muy alejado de la realidad para ese contingente menor de 18 años que, por razones diversas, no logró un nivel educativo mínimo capaz de garantizar su desarrollo integral y permitirle el lujo de soñar con un futuro mejor.

Esta degradación de la calidad de vida de la población en general y del sector más joven, en particular, se acentúa de manera progresiva, en perfecta sintonía con el envilecimiento de una administración pública cuyos vacíos han ocasionado la debilidad del Estado hasta el punto de colapsar algunas de sus principales instancias, en un vórtice de corrupción y malos manejos. Por supuesto, los grupos más afectados por el fenómeno resultan ser la niñez, la juventud y las mujeres. Una potente bomba de tiempo en poblaciones cuyo promedio de edad desciende de modo sostenido.

¿Qué porvenir encuentra un adolescente privado de acceso a un centro educativo de calidad, gratuito y en cuyas aulas se le respete y proporcionen las herramientas para labrarse un futuro promisorio? El sistema actual lo coloca ante la disyuntiva de salir a las calles a conseguir un salario de hambre o ingresar a una clica que le ofrezca un sustancioso ingreso. Difícil elección, en la cual el entorno familiar también juega un papel decisivo.

Y ahí está el siguiente elemento de la fórmula: un contexto familiar históricamente privado de oportunidades de educación –porque el tema no es nuevo- con el desafío de mantener a una familia numerosa, carente de recursos para ofrecerle mejores perspectivas, con un concepto patriarcal de las relaciones interpersonales y, por tanto, alto nivel de violencia doméstica.

Las medidas represivas del Estado en contra de los jóvenes que delinquen, por lo tanto, no solo no resuelven los problemas de fondo, sino además los agravan al enfrentarlos a un sistema ciego, sin rutas de rehabilitación capaces de ofrecer nuevas oportunidades de vida. A eso se añade un ámbito laboral no apto para jóvenes rescatados de un contexto de pobreza, violencia y criminalidad.

Las políticas públicas indispensables para revertir esta tendencia no suelen incluir medidas de fondo, como sería un incremento significativo del presupuesto destinado a la educación pública, así como programas sostenibles dirigidos exclusivamente a la niñez y la juventud de menores ingresos. Esos, de acuerdo con el pensamiento político actual, son lujos que los países en desarrollo no pueden costear. Un argumento insostenible ante el despilfarro y la manipulación constante de los fondos públicos y el pésimo manejo de los casi inexistentes programas de desarrollo. Esto da para una seria reflexión ciudadana.

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Un educador prejuicioso y kaibiles impartiendo cursos de sexualidad. /

Si algo tenemos que agradecerles a los nuevos funcionarios –y también a los viejos políticos- es haber despertado, con sus prejuicios y desatinos, el debate siempre acallado sobre la sexualidad. Hoy, como pocas veces se ha visto, los medios y las redes abundan en certeras reflexiones tendentes a desvelar los conceptos y quitar telarañas allí en donde se han acumulado por los siglos de los siglos.

La mirada paternalista hacia una juventud y una niñez carentes de oportunidades de desarrollo, debe sustituirse por la definición correcta de políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades y las inconsistencias de los programas emanados desde las instituciones del Estado, los cuales se elaboran a partir de una visión sesgada sobre los derechos de esos sectores vulnerables.

Cuando un funcionario de Gobierno sugiere en su discurso la validez de la autoridad del hombre por sobre la vida de la mujer, automáticamente plantea una posición de Estado, como hizo hace algunos días el viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa (¡nada menos!) en un acto de graduación, en donde dejó bien sentadas sus ideas sobre los (no)derechos de la mujer, entre otras perlas de una alocución que ha corrido por las redes y puede encontrarse en YouTube.

Pero eso, al final de cuentas, refleja un estereotipo social sólidamente asentado en el imaginario colectivo, el cual se replica con fuerza en todas las capas sociales como parte de los discutibles valores que la sustentan. Un marco cuya prevalencia ha provocado, además de horrorosos crímenes de lesa humanidad y un ambiente de extrema violencia, muchos de los problemas que actualmente frenan el desarrollo de la niñez, la juventud y el gran sector de mujeres, cuyo estatus de marginación se mantiene in crescendo.

La actitud y las palabras del viceministro están mal, muy mal. Y aunque el funcionario pretenda desmentirlas, ahí están las grabaciones para sostenerlas. Pero no es el único que resbala fuertemente en su propio caldo de prejuicios, ahí están los diputados tránsfugas y otros nada transparentes, elaborando discursos sobre valores como si la ciudadanía a la cual afectan con sus manipulaciones hubiera perdido la memoria.

Pero la cereza sobre el pastel en esta tierra de Nunca Jamás, es la publicación de la Brigada Fuerzas Especiales Kaibil en Facebook, en donde aparece un soldado impartiendo una conferencia sobre prevención de embarazos ante una audiencia de niñas, niños y adolescentes, en una escuela de Poptún, Petén. Este hecho no tendría mayor importancia ¡todo lo contrario! si las clases sobre el tema de la sexualidad fueran parte de la currícula escolar y todos los maestros contaran con abundante material y la posibilidad de compartirlo con sus alumnos.

Sin embargo, las políticas públicas de educación sexual y reproductiva han sido engavetadas administración tras administración, con el consiguiente abandono de la iniciativa y del mandato derivado de los acuerdos internacionales sobre el tema. Guatemala, como muchos otros países, pero aún con mayor incidencia, presenta grados ascendentes de embarazos en niñas y adolescentes, violaciones sexuales desde el seno familiar y el entorno cercano, trata de personas –especialmente niñas y niños- y una multiplicidad de formas de violencia sexual que convierten al país en uno de los más riesgosos para el desarrollo de la infancia. Y considerando su sistema democrático, es una total contradicción que la enseñanza de un tema tan sensible provenga de uno de los cuerpos más represivos del Ejército.

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Cómo navegar en las corrientes cruzadas de la represión y el instinto /

Muchas cosas han pasado durante las semanas recientes, que han puesto a la sexualidad humana en la mesa de discusión. Entre ellas, una ley de la juventud insuficiente para alcanzar sus objetivos de crear un marco de protección y desarrollo para ese importante sector de la sociedad y un juicio histórico en donde se persigue castigar los crímenes cometidos por el Ejército contra las mujeres de Sepur Zarco, sometidas por la institución armada a la esclavitud sexual y laboral después de haber destruido sus familias y sus hogares.

Pero también está la postura pretendidamente moral de la mayoría de candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, quienes han dedicado muchas de sus intervenciones en los debates públicos a esgrimir argumentos en contra de la diversidad sexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, en un afán de retomar posiciones de conservadurismo extremo, al parecer con la intención de satisfacer a cierto sector de la ciudadanía que se resiste a aceptar los cambios inevitables de la evolución social.

La relación entre estos hechos no resulta evidente, pero de algún modo existe. Es el nexo ancestral que vincula a los sistemas de control político -en un marco patriarcal de dominio absoluto sobre las normas que rigen a lo más primario de las comunidades humanas: su sexualidad y la manera de ejercerla- con la antigua estrategia de condicionar la libertad hasta en lo más elemental de su esencia, a través de la culpa y la soberanía de su papel como ente reproductor.

Pero esta visión incide y limita especialmente a las mujeres, consideradas una especie de “repositorio genético” cuya responsabilidad es hacer de su cuerpo y su sexualidad una suerte de ofrenda social que no solo la sobrepasa, sino prácticamente la convierte en objeto bajo el dominio de otros.

Las nuevas generaciones -esa juventud actual enfrentada a un mundo conflictivo, hostil y nada propicio para facilitar su desarrollo- habrán de determinar cuáles son sus objetivos de vida y, a partir de ellos, buscar la manera de incidir en las normas y leyes que regirán su futuro y el de sus hijos, dejando a un lado los prejuicios y la ignorancia que han condicionado y satanizado durante siglos el ejercicio libre y maduro de su sexualidad.

La visión ideal desde una perspectiva retrógrada y conservadora, pero sobre todo desde los parámetros del control político, es una juventud sumisa y apegada a normas institucionales. Una juventud “decente y pudorosa”, incapaz de rebelarse contra los cánones existentes. No deliberante, con la cual sea posible mantener las reglas de un juego que en nada la favorece. Para ello, privar a las nuevas generaciones de una educación de calidad, es prioritario. Negarle asimismo el acceso a mecanismos de control de su propia sexualidad es una forma adicional de restringirle sus derechos y de tal modo someterla a las decisiones de otros.

Política y religión no se mezclan, eso es lo que se dice en un afán de corrección política absolutamente abstracto. La verdad es que política y religión no son más que dos caras del mismo espejo en donde se refleja el mundo actual y los modos de regirlo. Es el espejo en donde nos reflejamos al tomar decisiones y también al no tomarlas, porque sus valores –diseñados por otros para conveniencia de alguien más- nos indican siempre cuál es el camino a seguir.

A la juventud actual no le queda más que una opción y es, como bien lo ilustró la muestra fotográfica de Daniel Hernández-Salazar, despojarse de las vestiduras y exhibirse desnudos ante el mundo.

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El difícil consenso sobre el aborto por motivos de salud y sobrevivencia/

Una espina en el ojo no sería más molesta para los gobiernos de la región, como el planteamiento hecho por la ONU sobre permitir el derecho al aborto y el acceso a métodos anticonceptivos para las mujeres que viven en países en donde actualmente se presenta una fuerte incidencia de casos de zika, como es el caso de América Latina.

La prevalencia de la doctrina católica en los países latinoamericanos, cuya influencia ha sido estampada hasta en los textos constitucionales –aun cuando la mayoría de Estados se autodenomina laico- constituye un obstáculo aparentemente infranqueable para uno de los problemas sociales de mayor impacto en estos países de población mayoritariamente pobre y sin acceso a la salud, y mucho menos a la educación sexual y reproductiva.

De ahí que el temor de un incremento incontrolado de abortos clandestinos con consecuencias fatales surja como derivado de restricciones a la práctica del aborto en establecimientos sanitarios legales y bien equipados. Esto, considerando que el entorno en el cual se desarrolla la vida de estas comunidades es de tal vulnerabilidad y marginación, que en el futuro cercano no existen mayores perspectivas de acciones eficaces para evitar la propagación del zika, ni del chikungunyá, ni del denge y tampoco de la malaria. Pero, adicionalmente, del hambre y la desnutrición, la falta de acceso a servicios de salud y la indiferencia de los gobiernos.

Se estima que unos 25 millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos en el continente latinoamericano, pero es probablemente mayor el número de quienes, a pesar de tenerlo, no los utilizan por razones religiosas o desconocimiento. También se conoce la tremenda prevalencia de violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, incesto y trata de personas a quienes el sistema actual deja al margen de la protección de los Estados. Esto significa un problema de enormes dimensiones y requiere más de una visión humanitaria, sanitaria y de derechos, que de un manifiesto doctrinario.

Las víctimas de la mayoría de enfermedades transmitidas por los mosquitos se encuentran en áreas rurales o en zonas marginales, desprotegidas y sujetas a la voluntad de autoridades locales, quienes usualmente han sido electas por medio de campañas financiadas a través de acuerdos financieros y políticos. Estas autoridades muchas veces carecen de los conocimientos técnicos y legales para tomar decisiones de tanta responsabilidad, por lo cual los Estados de la región se sostienen en una cadena llena de eslabones rotos. Su tarea –titánica, por ciento- es diseñar e implementar políticas sanitarias coherentes y ajustadas a las emergencias del momento, como esta probable pandemia de zika que asola a los pueblos y a sus nonatos.

Los síntomas de las enfermedades transmitidas por los mosquitos son ampliamente conocidos por haber sido divulgadas por todos los medios de comunicación, pero principalmente por quienes tienen acceso a ellos. Sin embargo, las medidas de protección son relativas a las condiciones de vida de las personas, o no existen o son prácticamente imposibles de implementar para evitar las peores consecuencias de estos males, una de las cuales es la microcefalia en los bebés y el síndrome de Gillian Barret, para ninguna de las cuales existe cura conocida.

De no responsabilizarse los Estados de la región de manera congruente con su mandato de proteger a la persona y a la familia –común para todos, sin duda- se encontrarán con una crisis humanitaria fuera de proporción. El momento de las decisiones, aun cuando es difícil, resulta inevitable.

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@carvasar