Justicia

La participación de la sociedad y su rechazo a la elección manoseada de las Cortes, es parte del ejercicio democrático.

Es probable que las protestas de la sociedad civil y las impactantes denuncias de la CICIG ante la descarada manipulación de la elección de magistrados para la CSJ en el Congreso de la República -más el consecuente análisis de todo el proceso- llevaron a caer en la cuenta de que lo actuado anteriormente: elecciones en el Colegio de Abogados, Universidad de San Carlos y Comisiones de Postulación, habían construido las bases de una elección llena de irregularidades y la continuidad del régimen de impunidad que prevalece en el país.

Sin embargo, aún cuando la reacción popular tuvo sus efectos, es oportuno llamar la atención sobre la falta de control que siempre ha imperado sobre una instancia clave para el establecimiento del régimen de Derecho y, por tanto, pilar de la democracia, como es el sistema de administración de justicia.

La sociedad no puede darse nunca más el lujo de permitir la integración de las cortes con elementos de dudosa reputación. En los acontecimientos que han ocupado las principales páginas de la prensa nacional y provocaron la repulsa en masa de los columnistas y de las más diversas organizaciones de la sociedad civil, quedó muy clara la manera como los partidos políticos y algunos individuos con fuerte poder económico podían secuestrar a la justicia colocando a sus mandaderos en puestos clave.

Esta victoria parcial que tanto entusiasmo ha despertado en la población no es más que el principio de un camino lleno de obstáculos, la mayoría de ellos creados por los mismos legisladores para proteger sus áreas de poder. Porque así como hoy se ha logrado despertar en ellos un mínimo prurito de vergüenza, urge insistir en la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos, eliminando para siempre la posibilidad de garantizar la impunidad de sus acciones y sus abusos de poder.

La presión social puede ser un arma contundente cuando se actúa en función del bien común, más allá de los intereses particulares o las diferencias ideológicas. La justicia no tiene género ni pertenece a un nivel socio económico. No habla un idioma en particular, sino una lengua universal. Es patrimonio de la humanidad y se debe a ella. Por lo tanto, como pilar fundamental de una sociedad democrática su función es absolutamente ireeemplazable.

Hoy se ha dado un paso importante hacia adelante, pero aún falta mucho por hacer. Es imperativo, entonces, que la población se sume a ese esfuerzo y no delegue la responsabilidad que le corresponde en esta lucha. Gracias a su concurso, quizás un día Guatemala logre salir del vergonzoso lugar que ocupa en el concierto de naciones.

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