La espuma de la ola

En Guatemala, los escándalos se quedan en promesas de investigar, encontrar culpables, iniciar procesos. Y de ahí no pasan.

Los sistemas de control en la administración pública sufren con cada cambio de presidente, de ministro o de jefe de servicio. Los archivos no existen y cuando se encuentra alguno, está desactualizado e incompleto. Esto representa un retroceso para la labor administrativa del Estado y, por supuesto, para el avance de las políticas públicas.

Un ejemplo: el actual ministro de Gobernación se enteró por la prensa de los casos de niñas y adolescentes violadas por reclusos del Preventivo. Así nada más. Es decir, no existen reportes desde los centros carcelarios ni hay evidencia alguna de las irregularidades y crímenes que allí se cometen. Por su parte, el jefe del sistema penitenciario afirma que, al no haber denuncias de las afectadas, nada se puede hacer.

Estos casos de niñas y adolescentes violadas en las instalaciones del Preventivo debe constituir un parteaguas para la administración de justicia en Guatemala. Los crímenes cometidos contra estas víctimas están claramente tipificados en la Ley contra el Femicidio y las investigaciones deben iniciarse de inmediato, involucrando no sólo a los hechores sino también a sus cómplices, quienes se encuentran obviamente entre guardias y autoridades de presidios.

En cualquier país medianamente civilizado este escándalo hubiera costado al ministro su puesto, pero también se hubiera movilizado la sociedad para exigir justicia y reparación. En Guatemala es probable que el Presidente ni siquiera tenga el tema en su agenda, por considerarlo un “problema menor” a resolver por instancias más bajas.

El caso, sin embargo, es mucho más complejo y no afecta solamente al centro carcelario mencionado, sino también al resto del sistema penitenciario. ¿Cómo consta a las autoridades que lo mismo no esté sucediendo en el Petén, en Escuintla o en Quetzaltenango? ¿Cuántos casos de violaciones, torturas y extorsiones se producen a diario desde las cárceles por negligencia de las autoridades y por complicidad de los mismos guardias de las prisiones?

No basta que el ministro acepte la realidad de lo sucedido. Debe asumir total responsabilidad en esta clase de hechos, los cuales revelan el poder de las maras, un inconcebible nivel de impunidad en todo el sistema y, sobre todo, una grave actitud de indiferencia y pasividad de la sociedad, escondida tras el silencio y refugiada en su cada vez más vulnerable zona de confort.

Como reza un dicho popular, esperemos que estos casos paradigmáticos de violencia contra las mujeres no se queden en la espuma de la ola, y que de su seguimiento se genere un tsunami capaz de limpiar de lacras a las instituciones involucradas.

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