¿Democracia o dictadura?

El actual clima de violencia provoca pensamientos y deseos peligrosos.

La presentación de resultados del estudio realizado por la Corporación Latinobarómetro, arroja luz sobre aspectos muy relevantes de la vida de los 18 países latinoamericanos representados en la muestra y permite un vistazo a las principales fortalezas y debilidades de la realidad política, económica y social de estas naciones.

En lo que toca a Guatemala, el Latinobarómetro viene a ser como un espejo de aumento sobre cuya superficie resaltan aquellos rasgos prominentes de la nueva idiosincracia chapina, surgida como consecuencia de los largos años de conflicto armado, del predominio militar en sus estructuras institucionales y políticas, así como de la influencia del sector empresarial en los asuntos de Estado.

Uno de los puntos del informe muestra una aparente contradicción entre las demandas populares por la aplicación de mano dura en el control de la delincuencia –argumento utilizado por ciertos grupos para instaurar regímenes dictatoriales- y su evidente deseo de consolidar la democracia como sistema político. El desarrollo de este punto, efectuado por la socióloga Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, explica de manera contundente que, a partir del análisis de los indicadores, está clara la aspiración genuina por sistemas democráticos sólidos aún cuando la credibilidad de las instituciones garantes de dicho sistema –partidos políticos, congreso, sistema judicial- muestre una gran debilidad.

Esto genera un clima de incertidumbre que deriva hacia actitudes más proclives a la represión –como la demanda de mayor presencia policial en las calles- dejando en segundo plano soluciones de fondo a problemas estructurales, como por ejemplo la falta de acceso a la educación, en circunstancias que Guatemala es uno de los países con expectativas más bajas respecto al futuro de sus hijos.

El informe merece un estudio a fondo, algo imposible en un espacio editorial tan reducido como éste, pero sobre todo exige la atención de todos los entes involucrados en el proceso de consolidación de la democracia y, muy específicamente, en aquellas instancias políticas responsables por el debilitamiento de las instituciones que conforman la base del sistema.

Las consecuencias de las gestiones gubernamentales de los últimos decenios con su cauda de corrupción, clientelismo, ineficiencia, permisividad, impunidad y la innegable infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado, resultan obvias. El informe refleja la decadencia moral de una sociedad a horcajadas entre la aceptación del delito como forma de vida y la conciencia de su obligación de ejercer una ciudadanía responsable para la rehabilitación de la democracia. Vale la pena leerlo.

29.01.2011

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