El peligro es otro

Una pandemia es capaz de abrir los rincones más oscuros de nuestra naturaleza.

En estos días de cuarentena, es imperioso volver la mirada hacia nuevos horizontes. Comenzar desde una postura debidamente informada para comprender la dimensión real del problema y no sacar conclusiones extraídas desde una visión generalmente distorsionada por el miedo, el fanatismo y la superstición. En ello incide todo un marco cultural que nos aleja del raciocinio para dejarnos a merced de los temores y así, de ese modo, terminamos por perder la perspectiva. Un encierro obligado por las circunstancias podría permitirnos, en primer lugar, reordenar las prioridades y evaluar hasta qué punto dependemos de los demás. Es decir, traernos de regreso hacia un contexto comunitario, abandonando el individualismo creado a partir del egoísmo endémico de nuestros sistemas sociales y políticos.

Uno de los efectos impactantes de la pandemia es cómo se nos ha reducido el planeta. Hoy echamos una mirada desconfiada hacia continentes lejanos y cerramos fronteras locales y personales para evitar contagiarnos de sus mismas dolorosas experiencias. Sin embargo, en el fondo sabemos que, a pesar de todo, este minúsculo virus ha venido a exponer las debilidades de nuestro ser y de nuestro entorno y, muy especialmente, las aberraciones del nudo político-económico que nos impone un apartheid prefabricado, mediante el cual un pequeño segmento de la sociedad lo posee todo, mientras el resto debe ver cómo sobrevive a sus carencias. Esta excepcional calamidad sanitaria también ha evidenciado, entre otros efectos, el daño enorme provocado por nuestros hábitos y costumbres en el mundo natural del cual dependemos.

La convivencia obligada de estas semanas no solo representa la única herramienta sensata para achatar la curva de la pandemia y no colapsar del todo los ya frágiles sistemas de salud pública, sino también deja en carne viva los desencuentros y las amenazas dentro del entorno familiar. En el mundo real, pocas son las ocasiones en donde todos los miembros de una familia deban permanecer en un mismo sitio durante mucho tiempo, sin otra opción. Esto, visto desde afuera, puede parecer una excelente oportunidad para compartir intereses y fomentar la unión, pero en muchos casos –demasiados, sin duda- constituye un riesgo para millones de mujeres, niñas y niños víctimas de una relación de violencia, a quienes la cuarentena coloca a merced de su agresor sin posibilidad de escapar.

Además de ello, al convertirse en Covid19 en el tema único de medios de comunicación, círculos sociales y plataformas institucionales, resulta extremadamente sensible a la manipulación y a la desinformación, dado que esta amenaza sanitaria es aún desconocida para las masas y motivo de preocupación para los científicos. En el entorno latinoamericano se ha podido observar la abundancia de comentarios en redes sociales como un espejo en donde se refleja una maravillosa solidaridad humana, pero también la profunda división expresada en mensajes de odio, discriminación y desprecio por quienes no piensan del mismo modo o pertenecen a un segmento diferente de la sociedad. Por ello, es preciso comprender que el peligro es otro. No es el virus que pasará por nuestro organismo y quizá solo deje un recuerdo amargo o la pérdida de un ser querido, sino esa combinación de creencias, supersticiones y fanatismo; ese odio por el otro; esa desconfianza capaz de provocar una respuesta agresiva ante una situación que escapa de nuestro control. Es una lección dura, pero el aprendizaje podría hacernos mejores seres humanos.

En estos días, la visión de nuestro futuro ha cambiado de golpe.

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Tiempos difíciles

Durante los recientes días, se ha trazado una línea entre el antes y el después; ese cruce sin duda definirá el futuro.

El mundo ha enfrentado pandemias a todo lo largo de su historia, pero nunca con tal abundancia de información –falsa o real- y en condiciones tan precarias para millones de seres humanos. Los escenarios varían de manera dramática entre países desarrollados y vastas regiones en donde reinan la desigualdad y la más absoluta miseria. Para los países de nuestro continente, la dura prueba podría derivar en una toma de conciencia sobre la urgente necesidad de dar un golpe de timón en las políticas públicas, especialmente en el ámbito de la salud, educación, vivienda y alimentación; en caso contrario, las consecuencias podrían desembocar en una mayor profundización de las condiciones de pobreza y falta de oportunidades para las grandes mayorías, peores aún que las actuales.

Entre los segmentos más sensibles a este desafío sanitario están los grupos históricamente vulnerables: población indígena-campesina; migrantes; cinturones urbanos de asentamientos precarios privados de servicios públicos (agua, manejo de desechos, carencia de atención sanitaria, violencia); comunidades en extrema pobreza; mujeres y un fuerte porcentaje de la niñez en condiciones de desnutrición crónica y/o aguda. La atención prioritaria a estos grupos, sin embargo, depende de decisiones dictadas por sectores de interés económico, ampliamente conocidos por su posición antagónica con respecto a las políticas de beneficio social.

Si existe algo positivo en la actual pandemia provocada por el nuevo virus, es la inevitable certeza de que ante ese peligro somos todos igualmente vulnerables y esos rangos intocables de estatus social y económico se difuminan frente a una amenaza que golpea sin excepciones. Los sistemas políticos diseñados en función del empoderamiento de pequeños círculos de poder son, por lo tanto, una de las torres del tablero que recibirán los golpes más contundentes. Esto, porque de no iniciarse una transformación de fondo hacia sistemas más justos, con Estados más fuertes y con mejoras significativas en los servicios públicos, será imposible remontar hacia la recuperación económica, ya duramente golpeada por medidas extremas que tienen al mundo prácticamente paralizado.

En este receso obligado, es de enorme importancia actuar con responsabilidad frente a sí mismos, a la familia y a la comunidad. Tomar en serio y acatar las disposiciones decretadas por las autoridades sanitarias no solo garantiza la seguridad personal, sino trasciende hacia quienes nos rodean. El impacto provocado por la paralización de actividades normales tendrá repercusiones imprevistas en la interacción entre personas y es una oportunidad valiosa para revisar actitudes y reparar relaciones. Entre estas acciones debería ser imperativa una reflexión sobre la necesidad de establecer parámetros más estrictos en la protección integral de la niñez, uno de los grupos más sensibles a cualquier crisis.

En países con profundas desigualdades, como sucede en la mayoría de naciones latinoamericanas, hoy se mostrarán con crudeza todas las debilidades endémicas presentes en los marcos políticos instaurados para beneficio de unos pocos. Por lo tanto, la revisión de estos sistemas no deberá posponerse porque, de hacerlo, se pondrá en riesgo la supervivencia de millones de habitantes. Dadas las circunstancias, las autoridades deben enfocarse en el estudio de políticas públicas adecuadas para enfrentar un escenario cargado de amenazas y transformarlas en vehículos propicios para generar cambios y, por ende, nuevas oportunidades de desarrollo para toda la población.

La cuarentena es un tiempo para reflexionar sobre nuestras decisiones.

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El catálogo de las injusticias

Así como las niñas del hogar seguro, hay miles más esperando una justicia que no llega.

Escribo esto el 8 de marzo, una fecha simbólica para conmemorar la crueldad del patriarcado. Entre mensajitos floridos y frases cliché, se cuela la verdadera dimensión de la discriminación y la impotencia en la cual viven millones de mujeres en todo el mundo, víctimas de un sistema capaz de transformar su vida en una esclavitud legalizada. Claro que hemos avanzado… Hoy podemos celebrar nuestro derecho al voto, aunque aún –en pleno siglo veintiuno- nos toca luchar por una paridad a la cual tenemos pleno derecho. Hemos avanzado porque existen leyes contra el feminicidio, pero no hemos logrado una acción consistente de los sistemas de administración de justicia para prevenirlo y sobre todo para castigarlo.

Hemos avanzado en tecnología y conocimiento, claro que sí, pero nuestras niñas son privadas de su derecho a la educación y a la atención sanitaria, condenándolas a un futuro de servidumbre sancionado por una sociedad ciega a la dimensión de esa injusticia. Hemos avanzado en conciencia sobre las inequidades y al mismo tiempo avalamos un sistema patriarcal capaz de anular las capacidades y el potencial de una mayoría silenciada por prejuicios y costumbre. Hoy, mientras escribo con la sorda indignación de saber cuánto falta para alcanzar un estatus digno para niñas y mujeres cuyos derechos son violados con total impunidad, me regresan las imágenes de las 56 niñas heridas y calcinadas por orden presidencial en Guatemala, un día como este.

Hemos avanzado, pero no importa cuánto camino hayamos recorrido mientras persista la impunidad sobre las violaciones sexuales, el incesto, la esclavitud, la tortura, el asesinato, el tráfico de personas o la discriminación en el acceso a la educación. Es imposible presumir de desarrollo cuando hemos transformado en auténticas rehenes a la mayoría de habitantes en nuestros países, privadas de derechos elementales por decisión de quienes han convertido el poder político en un gueto impenetrable, cuya apertura depende de la voluntad de quienes temen compartirlo.

Hemos avanzado porque hoy, por lo menos, se puede debatir, denunciar, protestar. Pero los muros continúan sólidos gracias a la fuerza de las tradiciones, prejuicios y costumbres instaurados desde hace siglos para monopolizar los mecanismos de control sobre nuestras sociedades. Derribarlos, por lo tanto, no es más un atentado contra lo establecido, sino un deber ciudadano y un acto de justicia. Hoy podemos decir cuánto hemos avanzado porque ya somos capaces de proclamar ante el mundo la importancia de la soberanía sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, falta ese tramo indispensable de la batalla para alcanzar un estatus legal desprovisto de estereotipos moralistas, impuestos por doctrinas religiosas cuyo propósito es someternos y anular nuestro derecho a la libertad.

El catálogo de las injusticias es un gordo tratado de restricciones y abusos que han ido desde lo más elemental, como un estatus jurídico que ha privado a las mujeres de sus derechos cívicos, hasta las aberraciones extremas como la tolerancia al incesto, los matrimonios forzados de niñas y adolescentes, los obstáculos para su normal desarrollo y la constante desvalorización de su naturaleza, como si nacer con sexo femenino fuera un defecto biológico.

Este día 8 de marzo de 2020 dedico mi pensamiento a las 56 niñas del hogar seguro Virgen de la Asunción y a las miles de niñas y adolescentes recluidas en esos antros de miseria administrados por un Estado incapaz de velar por su integridad. Es mi homenaje y mi protesta.

Hemos avanzado, pero aún falta mucho por conquistar.

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Pobreza: la peor pandemia

La desigualdad y el abuso de poder han condenado a nuestros pueblos a la miseria.

Tan preocupados estamos por la amenaza sanitaria del coronavirus, que hemos olvidado la verdadera amenaza de nuestro entorno: mayor pobreza, menor acceso a los servicios básicos, aumento de la violencia en todas sus formas y la más cruel de ellas en el incremento sostenido de la desnutrición crónica en la infancia. Este es el verdadero problema en las naciones del cuarto mundo, naciones caracterizadas por gobiernos corruptos y el súper poder de sus grupos económicos cuyas élites han supeditado las decisiones políticas a sus intereses particulares, apoderándose de los recursos y retorciendo las leyes.

De acuerdo con los reportes oficiales de organismos internacionales, el virus que tanto nos asusta llegará más temprano que tarde. Sin embargo, el verdadero panorama de terror reside no tanto en la potencial pandemia como en la realidad apocalíptica del hambre, las carencias y los sistemas de salud ineficientes, sin recursos, manipulados por delincuentes tan poderosos como las multinacionales del sector farmacéutico, que trafican sin el menor reparo con sus influencias con el único objetivo de sacar el mayor provecho posible de las necesidades de los pueblos. En esa tónica, presionan a los gobiernos por medio de pactos comerciales interesados, apoyados como siempre por las instituciones financieras internacionales y los países más poderosos.

Los pueblos del hemisferio Sur se encuentran, por lo tanto, mucho más expuestos a un ataque de este virus que aquellos países premunidos de sistemas de salud pública capaces de enfrentar con mayor éxito una situación de emergencia como la que se experimenta en la actualidad. Solo basta echar una mirada alrededor y constatar la miseria de nuestros hospitales y centros de salud urbanos y rurales, en donde ni siquiera se cuenta con los recursos mínimos como equipo quirúrgico, medicinas, mobiliario y, muchas veces, incluso sin personal capacitado para atender adecuadamente las situaciones de emergencia.

El temor generalizado –y razonable- ante la entrada del Covid-19 nos coloca ante una situación sumamente compleja y potencialmente caótica, toda vez que nuestras naciones están sujetas a decisiones dictadas por intereses sectarios y no responden a políticas públicas elaboradas a partir de un análisis objetivo y serio de las necesidades de nuestros pueblos. Los gobiernos del continente latinoamericano, en su abrumadora mayoría, no solo son incapaces de elevarse por encima de intereses espurios, sino se han convertido en voceros y sirvientes dóciles de las corporaciones y las élites económicas actuando a espaldas de la ciudadanía y, como obvia consecuencia, condenándola a la más profunda e injusta de las miserias.

Hasta donde se ha podido observar, las autoridades de nuestros países se han limitado a contener la ola informativa llamando a la calma y buscando la colaboración de los medios de comunicación para frenar el pánico. Sin embargo, falta aún ver cómo harán para reparar el daño provocado por décadas de corrupción y abandono de la infraestructura sanitaria; por siglos de violencia contra los más pobres y por la marginación a la cual han condenado a los sectores más vulnerables como la niñez, la juventud y las mujeres. Si algo positivo se extrae de esta amenaza sanitaria, es su capacidad de poner en evidencia la estulticia y falta de humanidad de quienes están supuestos a gobernar dentro de un marco de ética y valores, así como la valentía de quienes quizá den el golpe de timón para poner atención, por fin, a las necesidades de sus pueblos.

Nuestros países carecen de recursos para enfrentar una amenaza sanitaria.

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Por el camino equivocado

Por qué no funcionan las estrategias institucionales para detener la violencia feminicida.

De nada sirve tratar de explicar los motivos detrás de la tortura, violación y muerte de niñas y niños, de adolescentes y de mujeres, los cuales suceden a diario en nuestros países. Esto, porque no existe tal cosa como un “motivo” capaz de llevar a otro ser humano a cometer semejantes atrocidades y mucho menos la recurrente justificación de los crímenes como resultado de arrebatos pasionales o situaciones de orden privado. Basta leer las noticias para constatar hasta qué punto el feminicidio y la violencia contra la niñez se han ido consolidando como un problema sin solución, como una carga cuyo peso sacude los cimientos morales y los valores de nuestras sociedades, pero para la cual nadie ofrece solución.

Algunos intentos por hacer visible la dimensión del horror chocan de frente contra una comunidad humana cuya sensibilidad se ha perdido junto con su sentido de pertenencia. Por lo general, se utiliza como excusa el desconocimiento o la desestimación de la gravedad del fenómeno, y todo se reduce a dejar pasar para no comprometerse en una lucha para la cual es necesario un acto de suprema valentía: reducir en pedazos la escala de valores caduca y deshumanizante que nos gobierna y, a partir de esa latitud cero, asumir como sociedad la tarea de reconstruir un tejido social en donde la vida ha perdido valor y la justicia es poco menos que una utopía.

Para nadie es un secreto la connivencia entre sectores de poder y organizaciones criminales. A partir de ahí, resulta casi imposible detener la incidencia de crímenes tan espeluznantes como la trata de personas, entre cuyas víctimas se encuentra toda clase de seres inocentes; desde niñas y niños recién nacidos hasta hombres y mujeres adultas capturadas por estas organizaciones para esclavitud laboral, prostitución, adopciones ilegales y toda clase de atrocidades, en un flujo indetenible que los separa para siempre de sus comunidades y sus familias.

En el origen de la degradación en el trato a niños, niñas y mujeres, se puede identificar con absoluta certeza esa visión patriarcal y machista de reducir la significación de esas vidas en una escala según la cual son prescindibles y sujetas a la propiedad de otros. Asesinar a una mujer en un arrebato de celos o violar a la hija porque “pertenece” a su padre han sido actos tolerados por sociedades inmersas en un esquema imperante durante siglos, cuyas normas permanecen activas por un sistema de poderes totalmente desequilibrado y deshumanizante. Ante esta realidad, las estrategias institucionales diseñadas por algunos gobiernos para eliminar o por lo menos reducir esta clase de crímenes, de nada servirán en tanto no exista una revisión profunda de las causas que los provocan. Esa tarea, aún pendiente, representa la eliminación de obstáculos a la integración de todos los sectores en la toma de decisiones, pero también en programas sociales ausentes en los planes políticos de la actualidad.

Sumado a ello, otro factor indignante es la manera de presentar los feminicidios y los crímenes contra la niñez en los medios de comunicación social. La forma despectiva y sensacionalista de divulgar en detalle estos actos atroces con el único fin de alimentar el morbo de sus audiencias, retrata de manera puntual una de las más graves falencias humanas de nuestras sociedades. A eso, es preciso añadir la indiferencia de esa audiencia, cuya actitud de ver y dejar pasar demuestra cuán enraizada es la tolerancia de la violencia contra las mujeres y la infancia y cuánto de esa tolerancia –aún en estos tiempos- es considerada una herencia cultural incuestionable.

La vida de niñas, niños y mujeres depende de un retorcido marco cultural.

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Tiempo de cosecha

La infancia de una niña está cargada de amenazas disfrazadas de buenas intenciones.

Eran los mejores tiempos, cuando en casa se organizaban fiestas en donde acudía lo más selecto del periodismo y la política.  Era cuando nos vestían con las mejores galas para no desentonar entre los elegantes invitados antes de enviarnos a dormir. Quizá tendría apenas 4 o 5 años pero recuerdo con absoluta claridad la experiencia de la atención de algunos invitados que me levantaban en sus brazos y con tono medio jocoso reclamaban a mi padre: “Me la vas a reservar para cuando sea más grandecita”, aprovechando para estamparme un beso húmedo en la mejilla. Así también con los tíos y el abuelo, quienes no dudaban en hacer uso de su autoridad familiar para sentarnos en sus rodillas y hacer ese mismo tipo de comentarios, aun contra nuestra voluntad.

Revolviendo recuerdos, aparecen otros de años después en las clases de religión en el colegio de niñas en donde estudiábamos mi hermana mayor y yo. Las clases eran impartidas por un sacerdote católico muy respetado en la comunidad, quien se solazaba mirando las piernas de sus alumnas; estas, conocedoras de las costumbres del profesor, solían burlarse abiertamente de sus debilidades. Al reclamar este comportamiento ante la dirección del colegio, desaparecieron como por encanto tanto el profesor como las clases de religión. Esto demuestra que existe una pedofilia de baja intensidad como parte del comportamiento social, la cual es considerada algo natural e inofensivo. Sin embargo, el hecho de que yo recuerde con prístina claridad esos episodios indica cuánto impacto producen en una niña las actitudes sexuales de los adultos.

Más de alguien podría creer que estas son experiencias poco comunes para la mayoría. Sin embargo, en la vida de las niñas abunda esta clase de acercamientos físicos como una manifestación temprana de una sexualidad que no se corresponde con la etapa de desarrollo infantil. En ellos se pone en evidencia el desequilibrio de poderes, dado que una niña en sus primeros años es incapaz de hacer valer su voluntad y, por ende, el respeto por su espacio personal. Esta última consideración pasa inadvertida aun para los padres más atentos al cuidado de sus hijas, debido a la visión patriarcal predominante en nuestras sociedades.

En la mente de muchos adultos existe la idea de que una niña es un fruto en etapa de desarrollo y algún día, no muy lejano, vendrá el tiempo de cosecharlo. Es decir, es un ser supuesto a ser aprovechado por otros para su disfrute personal. No se la aprecia como un ser completo, sujeta de derechos inalienables, ni como objeto de respeto por su integridad física y psicológica. En otras palabras, desde la infancia se produce un proceso de alienación capaz de privarlas de uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de un ser humano: la libertad personal. Comprender este fenómeno puede abrir la puerta hacia una comprensión más racional de cómo los estereotipos de género golpean de manera brutal el desarrollo de uno de los segmentos más sensibles de la población.

El nacimiento de una niña se suele considerar un acontecimiento de menor importancia que el de un varón. Desde ahí se va imponiendo un marco lleno de restricciones y valores diseñados para colocarla en un peldaño inferior de la escala social. La revisión profunda de este sistema es una condición esencial para alcanzar un equilibrio justo en la reestructuración de nuestras comunidades, eliminando de manera radical los comportamientos que causan daños profundos y duraderos en la psiquis de este sector de vital importancia para la cultura y el desarrollo de la Humanidad.

Es preciso reflexionar sobre el daño provocado por costumbres atávicas.

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La niña bonita

Es tiempo de revisar conceptos y abandonar la vieja consigna del silencio.

Hace algunos días llegó a mis manos el libro Finalmente Libre, de Amanda Midence. En él, la autora guatemalteca hace un viaje hacia el pasado y reconstruye la ruta que marcó su vida, quizá con el propósito de arrojar luz sobre los rincones oscuros de su infancia y derrotar así el estigma social impuesto por una sociedad conservadora. En esas páginas relata los episodios de abuso sexual infligidos por un pariente cercano –un tío político- y las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de ese episodio de su vida. Amanda pertenece a una familia acomodada; no nació en una barriada marginal ni tuvo que soportar las agresiones de la pobreza. Sin embargo, como tantas niñas y niños vulnerables en sociedades patriarcales y machistas, no escapó al miedo, el dolor y la vergüenza.

Menciono este libro porque constituye una denuncia poco usual en un círculo privilegiado. Además, porque deja ver cómo el abuso sexual contra la niñez es una práctica que cruza a toda la sociedad, sin distingos de ningún tipo y no solo afecta a niñas, también a niños víctimas de prácticas perversas cometidas por padres, parientes cercanos, sacerdotes, maestros, pastores o personas con influencia vinculados a su círculo, cuyos efectos psicológicos los persiguen por el resto de su existencia. Si Amanda Midence pudo romper el silencio después de haber luchado contra sus fantasmas de infancia, hay millones de otras niñas y niños condenados a soportar callados y sumisos el dolor y la vergüenza.

Como suele suceder, aún cuando las víctimas de abuso decidan enfrentar a ese mundo de prejuicios y estereotipos sexistas que las rodean, chocan contra un muro de negación y su testimonio es esculcado con tremenda malicia en busca de la mentira o propósitos ocultos. La re victimización comienza desde el primer momento y no abandona a quien tenga la osadía de denunciar. El abuso sexual –es preciso decirlo- es una costumbre aceptada en nuestras sociedades y, por tal motivo, niñas, niños y mujeres deben luchar solas y demostrar con pruebas algo que con el pasar del tiempo solo va dejando profundas huellas psicológicas. El sistema no solo es increíblemente absurdo, sino de una perversidad extrema por castigar así a los más indefensos.

Los países menos desarrollados de nuestro continente -especialmente Guatemala- sufren, además de usos y costumbres misóginas e irrespetuosas con los derechos de la infancia y de las mujeres, del ataque constante de organizaciones criminales y redes de trata que operan al abrigo de sus influencias y complicidad con instituciones del Estado. Es decir, la infancia y las mujeres son víctima constante de toda clase de agresiones y violencia sexual, laboral y social. En estos días también he recibido información sobre el acoso sexual contra más de 15 jóvenes indígenas involucradas en movimientos sociales, agresión cometida por un abogado de gran influencia en su entorno. Esto ha impedido a las víctimas hacer la denuncia pública por temor a las posibles represalias, pero también porque ningún medio se las recibe, quizá por no provenir de un entorno influyente.

En estas sociedades ser mujer –o una “niña bonita”- es enfrentar un mundo al revés. En lugar de gozar de la protección y el respeto son objeto de toda clase de violencia, empezando desde el día de su nacimiento con la usual decepción de un padre que prefería un hijo varón y de una madre convencida de que falló en ese intento. Para salir del círculo es preciso transformar a toda una cultura de privilegios para un sexo y de sumisión para el otro.

Es preciso repensar en las consecuencias de nuestro marco de valores.

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El juego de la verdad

Estamos acostumbrados a la mentira, por eso no soportamos la verdad.

Quizá como ejercicio intelectual, un día deberíamos mirar hacia atrás y analizar cómo nos hemos adaptado a los usos y costumbres de sociedades regidas por prejuicios, estereotipos y relaciones sociales basadas en la deformación de la comunicación a partir de conceptos sexistas, racistas y de cuestionable nivel moral.  Así crecimos y de ese modo adoptamos una visión de “lo correcto” para adaptarla a una serie de estrechas normas que nos vienen cómodas, a pesar de sus limitaciones. De ese modo, fuimos formados con un filtro cuyo efecto tendría una influencia decisiva en todas nuestras relaciones futuras.

En ese sustrato contaminado nuestras sociedades cultivan, como lo más natural, la desconfianza y la violencia en las relaciones humanas desde la más tierna infancia. Aun cuando intentamos convencernos de que nuestros primeros años fueron unas vacaciones en la isla de la felicidad, sabemos muy bien cuánto sufrimiento enfrenta la niñez en espacios como el hogar y la escuela, en donde se consolidan de manera indeleble su visión del mundo y de las conexiones con sus semejantes. Quizá por ese comprensible afán de teñir el pasado con un velo de nostalgia solemos pasar por alto hasta dónde esas primeras experiencias marcaron nuestro presente.

En este aspecto, los países de nuestra América Latina –con su carga de una religiosidad restrictiva y hermética- han sido un ejemplo ilustrativo de cuánto daño han causado en las relaciones sociales y en el desarrollo de nuestras naciones esas normas incuestionables que separan a los humanos por categorías, color de piel o le aplican una gradación diseñada para y por una administración más eficaz de la separación por clases: en general, son estructuras de carácter colonialista adscritas al poder político y económico. A partir de ahí se va definiendo todo un modelo de sociedad en donde predominan valores establecidos por las clases dominantes, con todo su engranaje de falsedades y prejuicios.

Las contradicciones en la formación de la infancia comienzan desde muy temprano. Durante los primeros años de vida se suele imprimir en la mente de niñas y niños el respeto por la verdad, un valor cuyo ejercicio conlleva un alto grado de honestidad y fortaleza moral. Sin embargo, esta supuesta fortaleza se cae a pedazos en cuanto se instalan en el discurso familiar -cual importantes cualidades humanas- los prejuicios sociales, la intolerancia, el racismo y los roles de género, todas ellas deformaciones cuyas consecuencias tendrán enorme impacto en la vida de las nuevas generaciones. La mentira, entonces, se instala así como un código de conducta aceptado y propiciado desde la esfera de autoridad, con el propósito de facilitar la inserción de los nuevos miembros en una sociedad convenientemente segregada.

Esta clase de formación suele presentar sus primeras manifestaciones en conductas de extrema violencia entre niñas, niños y adolescentes. Entrenada en un ambiente de competencia, rivalidades y, muy frecuentemente, violencia física durante el período más importante de su desarrollo, la niñez se ve enfrentada a un desafío de supervivencia emocional para lo cual no está preparada y, por lo tanto, su escaso entrenamiento para lidiar con sus propias contradicciones la convierte en un objetivo fácil para toda clase de abusos. Por ello, no debería sorprendernos cuando esa frustración se descarga en formas extremas como el crimen, el suicidio y diversas formas de autodestrucción que desde nuestra estrecha perspectiva de adultos consideramos no solo inaceptables, sino también incomprensibles.

La formación de la infancia está en manos de los menos preparados.

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Niñez, la última de las prioridades

Millones de niñas y niños pagan la elevada factura de las decisiones políticas.

Una de las consecuencias directas de la degradación social es la pérdida de oportunidades de supervivencia para la niñez en la mayoría de países subdesarrollados. Los problemas de este sector, sin embargo, suelen ser abordados de manera tangencial por los gobiernos por una simple razón: la niñez no es prioridad para ninguno de ellos, dado su estatus de “población pasiva” sin derechos políticos ni sociales, ni voz para exigirlos. Aun cuando la manipulación emocional del tema es recurrente durante las campañas electorales, al asumir las nuevas autoridades desechan de un plumazo las promesas y se enfocan en sus verdaderos intereses: fortalecerse en el poder y pagar por los favores recibidos.

A las nuevas generaciones, por lo tanto, se las relega a un rincón de las políticas públicas siempre dependiente de la buena voluntad de las clases dirigentes, pero nunca en pleno control de su cuota de participación como grupo mayoritario, sobre todo en los países menos desarrollados. En ese cuadrante de la gestión gubernamental de los países políticamente débiles se agrupa a quienes están supuestos a conformar el relevo generacional. Privados de una educación de calidad, agobiados por los abusos de una generación anterior cuya niñez y adolescencia transitó por las mismas vías de abandono y pobreza, estas niñas, niños y adolescentes se ven enfrentados a una existencia precaria y a una lucha injusta contra un sistema que los desprecia.

Desde los círculos de poder -pero también desde la sociedad- la mirada es absolutamente contradictoria. Por un lado se valora a este contingente enorme de mano de obra barata cuya explotación constituye uno de los grandes beneficios del sector empresarial, pero también se le criminaliza y se le declara “indeseable”, dado que en nuestras sociedades racistas, clasistas y profundamente ignorantes la pobreza es un delito y la rebelión puede ser castigada con la muerte, de acuerdo con la ley. De este modo, países de una exuberante riqueza muestran en sus indicadores el ofensivo desequilibrio entre ricos muy ricos y pobres de miseria y, entre estos últimos son las mujeres, la niñez y la juventud las principales víctimas.

Al revisar en detalle la situación de la niñez en algunos países, se encuentra esto: Casi 3 millones de niños en grave inseguridad alimentaria; más de 1 millón con desnutrición aguda; 2,4 millones obligados a huir de sus hogares; 2 millones fuera de la escuela y, si la situación actual se mantiene, es probable que solo uno de cada 13 niños acabe la escuela primaria; unos 900 mil niños con trauma psicológico; más de 19 mil niños reclutados en las filas de las fuerzas o grupos armados; más de 2.300 niños muertos o heridos desde 2013, y cientos de casos de violaciones y agresiones sexuales. Este escenario se asemeja a cualquiera de nuestros ricos países latinoamericanos. Pero adivinen qué: esta es la situación de la niñez en Sudán, una nación en guerra bombardeada sin descanso por países poderosos que lo han convertido en su propio campo de batalla con desprecio absoluto por la vida de millones de civiles inocentes.

Es urgente reformar la gestión pública y comprender que la ausencia de iniciativas para integrar a los beneficios sociales a las generaciones de relevo, marcan de manera decisiva el futuro de las naciones. Por ello es importante la participación de una sociedad informada y comprometida con su país, con plena conciencia de que las políticas públicas y la inversión en este segmento poblacional es una apuesta afortunada y no un acto de caridad.

La niñez es la fuerza vital capaz de garantizar el desarrollo de un país.

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El presidente 6 por ciento

Sebastián Piñera ha alcanzado el récord más bajo de aceptación para un mandatario.

Cuando el nivel de aprobación de un gobernante se reduce hasta índices tan bajos como el 6 por ciento alcanzado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el restante 94 por ciento debe interpretarse como un franco rechazo a su administración. Esto lo entiende cualquier lego. Sin embargo, la tozudez de este empresario -cuyo afán de aferrarse al mando denota su ambición desmedida por el poder- mantiene a ese país en un constante estado de emergencia, paralizado por las protestas en las cuales se pueden observar reiteradas violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población con total impunidad por las fuerzas policiales.

En el escenario mundial, la contundencia de las manifestaciones ciudadanas a todo lo largo de Chile ha despertado una enorme ola de solidaridad con ese pueblo. Por primera vez en su historia, la población ha llegado a constituirse como un cuerpo sólido integrado por habitantes de todos los sectores, capaz de poner en jaque al más depredador de los sistemas económicos –el neoliberalismo- y haciendo tambalear el poder hegemónico de los círculos de poder al plantarse de frente contra sus abusos. El estado de total negación de Piñera, por lo tanto, constituye una trasgresión a las bases mismas del sistema democrático al transformar el suyo en un régimen similar a la dictadura pinochetista con desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y secuestros a mansalva.

El caso no es único. También el presidente francés, la actual dictadura boliviana y la administración autoritaria y de extrema derecha de Brasil, entre otros, se encuentran arrinconados con un mínimo porcentaje de aprobación, del mismo modo como otros mandatarios cuyas prioridades se alejan de los intereses de la ciudadanía para proteger los de las clases dominantes y las grandes multinacionales. Lo que está en juego, entonces, es la supervivencia de los Estados democráticos, asediados desde hace mucho por una especie de súper gobierno ejercido por la cúpula económica mundial bajo la sombrilla siempre alerta del Departamento de Estado.

El mayor peligro de este sistema depredador es la pérdida progresiva del poder ciudadano. Es decir, los sistemas se han modificado con el propósito de garantizar beneficios a sectores poderosos por medio de una legislación ad hoc cuyo objetivo es reducir las posibilidades de participación de las grandes mayorías en las políticas públicas; uno de los más importantes espacios en donde se aplican estas tácticas es la privación de acceso a educación de calidad y a servicios básicos, dado que en una ciudadanía informada y activa reside el mayor peligro para los planes hegemónicos de los grupos de poder. Por el contrario, una población reducida a la supervivencia jamás tendrá la energía ni el tiempo necesarios para ocupar el lugar que le corresponde en los asuntos públicos.

El caso de Chile se eleva como un ejemplo de cómo los abusos de poder logran sacar al pueblo de un estado de apatía para transformarlo en un fuerte protagonista en los asuntos que le competen. Es preciso resaltar el papel fundamental de la juventud chilena, cuya fortaleza y perseverancia ha sido capaz de poner en jaque al poderoso sistema que a lo largo de los años le ha ido quitando espacios de participación para mantener un estatus orientado a satisfacer intereses corporativos y guetos políticos contrarios a las más importantes iniciativas de desarrollo social. Otras naciones en similares circunstancias ven hacia el Sur como un espejo en donde aspiran reflejarse.

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La juventud es la protagonista indispensable en todo proceso de cambio.

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Un negocio muy privado

La transmisión de mando refleja ausencia de calidad moral. Mal fin para una mala comedia.

Las comedias suelen tener finales hilarantes. La que finaliza mañana en Guatemala, en cambio, es el epílogo de uno de los períodos presidenciales más catastróficos en ese país y más bien provoca un sentimiento de amargura y decepción. Se cierra un período durante el cual se consolidaron las organizaciones narco criminales, se cercenó el mejor y mayor esfuerzo para erradicar la corrupción en el seno de las instituciones con el cierre de la Cicig, se fortalecieron los pactos siniestros entre el sector privado, el ejército y los mandos políticos y se profundizó la brecha entre ricos y pobres, cobrándose muchas vidas humanas de líderes comunitarios y ambientalistas y condenando a la niñez a una despiadada vida de miseria.

Todas las instituciones –incluyendo aquellas de mayor credibilidad, como el Tribunal Supremo Electoral, TSE- fueron sistemáticamente permeadas por efectos del clientelismo, las presiones políticas y un conflicto de intereses capaz de dañar la esencia misma de su naturaleza, al extremo de haber perdido la confianza de la ciudadanía y creado un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del sistema democrático. A ello se sumó la preeminencia de intereses particulares en la labor legislativa de uno de las asambleas más cuestionadas de las últimas décadas y la oscura injerencia del ejército en las decisiones del Ejecutivo.

Lo que viene no parece diferenciarse de lo que se va, en términos de respeto por los derechos humanos y una visión de nación. Todo lo contrario, el nuevo discurso se asemeja demasiado a la dura huella de las dictaduras militares de tiempos pasados, con un autoritarismo divorciado del marco democrático y la promesa de más represión desde las instituciones armadas. A eso se añade una actitud mesiánica del nuevo mandatario, quien a pesar de haber alcanzado la meta de resultar electo después de varios intentos, logró su objetivo en un proceso dudoso y opaco, lo cual le resta solidez a su futuro desempeño.

Aun en esas condiciones, la ciudadanía espera algo mejor para los próximos cuatro años porque la administración que abandona el palacio de gobierno ha dejado un sentimiento de frustración sin precedentes, al haber echado por tierra algunos de los modestos avances logrados en las distintas dependencias del Estado y haberse erigido como el mayor de los obstáculos contra el desarrollo del país. El más inepto de los presidentes se ha lucido al destruir la integridad de su investidura sometiéndose sin vacilaciones a pactos nefastos –locales e internacionales- cuyo propósito es regresar al país a los tiempos del humillante colonialismo del que comenzaba a resurgir.

No es posible terminar el “panegírico” sin mencionar a las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción asesinadas por este gobierno saliente. Ese episodio siniestro le quitó definitivamente la careta a quienes detentan el poder y evidenció que la vida humana -para políticos, empresarios y jueces- es desechable cuando viene de los estratos en donde no existe ni siquiera la sombra de la justicia. El retroceso marcado por el gobierno saliente no podrá remontarse en los próximos cuatro años, a menos que el nuevo gobierno comience por reparar las fisuras que ponen en peligro a todo el sistema democrático, algo que no se percibe en el nuevo discurso y se reafirma en el modo de celebrar la transmisión de mando prohibiendo la presencia de la prensa, como si fuera un evento privado, lejos de la mirada de los verdaderos amos de la fiesta. Si así sucede, queda claro que gobernar no es más ni menos que un negocio sumamente productivo.

El nuevo gobierno inicia sobre una base institucional sumamente frágil.

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La divina ultraderecha

Bajo la consigna de dominar a través de la fe, se consolidan las doctrinas de diseño.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se produjo un crecimiento repentino de los cultos protestantes y pentecostales en todos los países de América Latina; este fenómeno tuvo su origen en estrategias de dominio geopolítico establecidas por Estados Unidos como una forma de incidir en los movimientos sociales de nuestro continente y neutralizar –en el marco de la Guerra Fría- todo brote de subversión en los sectores más pobres. Con una novedosa estrategia mercadológica nunca antes vista, estas sectas lograron llegar a la población por medio de programas de televisión, marchas, grandes concentraciones en sitios públicos y una labor de zapa, casa por casa, para conquistar nuevos adeptos.

El terreno estaba abonado; la iglesia católica -con su preeminencia indiscutible en las sociedades y gobiernos latinoamericanos- nunca se preocupó gran cosa por defender y aumentar su influencia, dado que esta se consideraba garantizada. Por lo tanto, su actitud monárquica le jugó la mala pasada y poco a poco su feligresía fue desgranándose para migrar hacia un culto más cercano a sus intereses y necesidades. Las estructuras elitistas del catolicismo conservador no pudieron evitar el auge de esta nueva ideología de la prosperidad cuya influencia fue creciendo a medida que aparecían por todos lados pequeños templos con una oferta más atractiva y cercana a los sectores populares.

Esta ideología representa uno de los instrumentos más audaces del sistema neoliberal para convencer al pueblo de la existencia de una relación entre su comunión con Dios y los beneficios materiales, generalmente destinados a enriquecer a su pastor y, por tanto, a engrandecer a su iglesia. De ahí procede la idea de que la prosperidad debe provenir del esfuerzo personal y no de una adecuada redistribución de la riqueza del país desde la administración del Estado. Otro de los fundamentos de estos credos es el énfasis en la negación de toda forma de equidad: de género, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, feminismo y todo cuanto signifique un desafío a sus doctrinas ultra conservadoras.

Esta estrategia -exitosa y eminentemente territorial- es hoy una amenaza contra los derechos civiles en la mayoría de países latinoamericanos, en donde se puede observar la infiltración de estas sectas en la política, hasta el extremo de determinar el rumbo de las decisiones que afectan a la ciudadanía en su conjunto; en cuenta, los derechos a la libertad de culto y la naturaleza laica de los Estados, establecidos en los textos constitucionales. La manipulación de la fe –fenómeno facilitado por restricción del acceso de los pueblos a una educación de calidad- es una de las formas más nefastas de neutralizar su participación consciente y analítica en los eventos políticos más decisivos de su país y ejercer así una ciudadanía consciente y responsable. 

Los sectores de extrema derecha, cuyo pensamiento siempre ha estado enfocado en obtener los mayores beneficios posible de un sistema depredador, injusto e individualista, se han subido a esta plataforma haciendo gala de una falsa religiosidad, por medio de la cual influyen en procesos electorales y en una labor legislativa cuyo propósito es ir eliminando espacios de participación de las grandes mayorías. Esto, con el fin de consolidar el sistema político-económico establecido desde hace décadas por Estados Unidos para los países de su patio trasero. Esos espectáculos de oración en los despachos de empresarios y gobernantes corruptos, rastreros y codiciosos, tan comunes en estos tiempos, constituyen la peor de las ofensas.

Los textos constitucionales establecen la laicidad de los Estados.

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La política de la tortura

El maltrato extremo es una forma cruel y degradante de hacer política y establecer límites.

El 10 de diciembre de 1984 la Asamblea General de la ONU adopta y abre -a la firma, ratificación y adhesión- la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Un título suficientemente explícito para invitar a los líderes políticos a poner fin a los abusos de los Estados y sus instituciones contra las personas, en cualquier circunstancia, y con el propósito de obligarlos a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Treinta y seis años después resulta evidente el desprecio de los Estados parte por un compromiso tan elemental como indispensable, cuyo propósito es erradicar la violencia y propiciar un camino hacia la paz.

La década cierra con un panorama progresivo de tortura y violación de derechos humanos convertidos en la herramienta estratégica de las potencias y sus aliados. Las manifestaciones ciudadanas contra los abusos de poder de los gobernantes son atacadas con una fuerza más propia de situaciones de guerra que de conflictos políticos surgidos dentro del marco civil. El propósito no puede ser más claro: la violación de los derechos de la población queda establecida como una acción disuasiva no sujeta a la ley y como una prueba de la permisividad de los gobiernos sometidos a presiones de poderosos sectores económicos locales e internacionales.

Los protocolos para enfrentar conflictos ciudadanos y fenómenos como las masivas olas de migrantes, resultado estas últimas de la violencia debida a la corrupción, el crimen organizado o acciones bélicas e invasión de otros Estados por intereses puramente geopolíticos y económicos de las potencias, son ignorados; y, por lo tanto, las fuerzas represivas y de orden actúan con total desapego a las convenciones que norman este tipo de situaciones, a pesar de la ratificación de esos países y su obligación de atender las disposiciones establecidas por ellas.

En suma, el siglo muestra su tendencia a la impune violación de toda ley existente sobre el trato digno y el respeto por los derechos humanos, desde un sistema global cuya prioridad es el expolio de la riqueza de las naciones, la eliminación de cualquier obstáculo en la consecución de esos objetivos –en cuenta el despojo de tierras y la agresión armada contra los pueblos originarios- y la institucionalización de la tortura como instrumento de control ciudadano, una estrategia sumamente efectiva para someter a los pueblos a la voluntad de gobernantes corruptos y dictaduras solapadas bajo marcos constitucionales elaborados a medida.

Uno de los ejemplos más claros de esta degradación en el respeto por leyes internacionales y convenciones firmadas y ratificadas por los Estados –como la ya mencionada Convención contra la Tortura- es lo actuado por el gobierno de Estados Unidos en relación con la niñez migrante. No es necesario ir muy lejos para comprobar las violaciones ejecutadas por las autoridades de migración, quienes obedeciendo disposiciones del mandatario estadounidense han separado a las familias, han internado a niñas, niños y adolescentes de toda edad y condición en campos de concentración, privándoles de todo contacto con su familia y sometiéndolos a un trato cruel e inhumano. En el caso de menores, la privación de su entorno familiar constituye el más claro ejemplo de tortura y una violación indiscutible de la Convención por los Derechos de la Niñez. Así termina el año y comienza otro menos promisorio y con enormes desafíos para los pueblos del mundo.

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Las felices navidades

Finaliza el año con manifestaciones de protesta y violenta represión policial.

“Por qué voy a enfrentarme con Carabineros sabiendo que no hay una movilización autorizada” fue la declaración que la ministra Karla Rubilar, secretaria general del gobierno de Sebastián Piñera ofreció a la prensa. La ministra justifica de este modo de manera implícita el actuar del cabo Ofriciano Mauricio Carrillo Castillo, el carabinero que literalmente aplastó al joven Oscar Pérez entre 2 vehículos blindados ocasionándole graves heridas internas y 4 fracturas de pelvis. El vídeo del momento del atropello perpetrado por Carrillo con toda intención, ha circulado por las redes y los medios de comunicación generando indignación y rechazo en el mundo entero contra la estrategia de violencia extrema instaurada por Sebastián Piñera como política de gobierno.

Es importante señalar que el carabinero en cuestión tiene antecedentes de cuasidelito de homicidio de un trabajador y lesiones en otras dos personas mientras se desempeñaba como miembro de la institución policial en la ciudad de Concepción. Su prontuario delictivo reviste especial importancia por el hecho de haberse incorporado nuevamente a un cuerpo encargado de la seguridad ciudadana, el cual supuestamente debería ser integrado por personas intachables. Sin embargo, Carabineros de Chile ha transitado durante años y sin el menor obstáculo hacia convertirse en un auténtico ejército de control ciudadano eximido de toda responsabilidad criminal, desde los escándalos de corrupción de su cúpula hasta la brutalidad con la cual agreden a la población desarmada.

Llama la atención la inercia y el silencio sostenido por las autoridades encargadas de mantener los marcos institucionales –parlamento, sistema de justicia- cuyo papel es resguardar los mecanismos de la democracia y velar por el correcto desempeño de todas las instancias involucradas en la administración del gobierno. Las manifestaciones de protesta de la ciudadanía han sido criminalizadas en una absoluta ruptura del marco constitucional que las ampara y el gobierno chileno ha transformado su debilidad en una guerra sucia, vil y sangrienta contra el pueblo, utilizando para ello a todos los cuerpos represivos que tiene a mano, mintiendo de manera descarada para descalificar y adjudicar a una supuesta intervención extranjera la lucha incansable y valiente de los millones de chilenos que siguen en las calles decididos a hacerse oír.

A estas alturas resulta muy difícil hacer un diagnóstico sobre el desarrollo de los acontecimientos en un Chile que de pronto ha salido del silencio y ha emprendido una lucha franca y decidida contra el modelo neoliberal que le está costando tan caro. De hecho, le cuesta vidas y una profunda frustración por la traición de sus cuadros políticos, históricamente responsables por el colapso social y económico en donde se encuentra actualmente. Lo que fue el modelo latinoamericano –gracias a una bien montada campaña internacional de imagen- ha mostrado todas sus hilachas y hoy sus “bienes de exportación” como las administradoras de fondos de pensiones, AFP, revelan su opacidad y experimentan el rechazo masivo de la población al quedar en evidencia cómo esos empresarios acumulan riqueza mientras los pensionados mueren de hambre, sin acceso a los ahorros de toda su vida laboral.

Las navidades chilenas vienen marcadas por la indignación popular contra los abusos de su gobierno. Niñas, niños y jóvenes experimentan, quizá por primera vez, la urgencia de rebelarse contra un sistema injusto, depredador y violento, por lo tanto su regalo para estas fiestas deberá venir envuelto en una nueva Constitución, con la renuncia de su Presidente.

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Los señores presidentes

Radicalización de derechas y mentiras sin disimulo: la política latinoamericana.

La criminalización de las protestas ciudadanas en el mundo ha sido la respuesta de los centros de poder económico y político, amenazados con la pérdida de privilegios y espacios de decisión. Las calles han hablado claro y, como respuesta, han recibido los duros golpes de la represión. Sin embargo, los diques van cediendo cada vez más y aquella ciudadanía indecisa y acomodada comienza ya a decantarse por la protesta. Sin embargo, aun cuando los cuerpos institucionales armados y entrenados para contener la frustración de los pueblos han causado muertes y daños severos a quienes expresan su descontento con el sistema, la dinámica es ya difícil de contener a pesar de tácticas represivas más propias de situaciones de guerra que de contención de manifestaciones ciudadanas.

Ante esta realidad, se han disparado desde el corazón del imperio neoliberal los mecanismos de la nueva Guerra Fría y, sin disimulo alguno, los presidentes sumisos al poder económico abren las compuertas y permiten la intervención de elementos capaces de hacerles la tarea sucia: acallar las protestas y fortalecer a esos gobiernos, no importando cómo ni a qué precio. Hoy Chile es un espejo en donde se puede ver la mano externa que viene al rescate de un sistema caduco y fracasado. Por supuesto, cuenta con la indudable complicidad del puñado de familias poderosas y sus círculos de influencia, aterrados con la perspectiva de ver afectados sus intereses en el corto plazo.

El presidente chileno, uno de los hombres más acaudalados del continente y también uno de los más despreciados en su propio país, se ha revelado en toda su pequeñez al sabotear la COP25, importante cumbre sobre el cambio climático, en donde el gobierno chileno dejó en evidencia su decisión de sacrificar el futuro del planeta en una balanza cuyo peso mayor es el beneficio particular de los sectores corporativos, en cuyas operaciones reside el mayor peso de la degradación ambiental del globo. La fracasada intervención de Chile en el evento y su presentación de un texto alejado de los Acuerdos de París fue la ratificación de una postura contraria a las evidencias científicas, pero sobre todo su indiferencia ante la creciente preocupación de los pueblos por los nocivos efectos de las emisiones de carbono provocadas por la industria.

En otros países de la región se comienza a perfilar un retroceso a los años de la Guerra Fría, cuando la estrategia de intervención desde Estados Unidos era totalmente abierta y descarada. En Bolivia, por ejemplo, puso a funcionar a su títere mayor –la OEA- hasta conseguir sacar del poder al único mandatario del continente que había realizado un trabajo sorprendente en uno de los países más golpeados y desiguales de América Latina. Esto, quizá, como respuesta a su fracaso en las elecciones de Argentina, en donde la balanza hacia el socialismo le asestó un duro revés. Mientras tanto, el discurso moralista –democracia, derechos humanos y lucha contra las drogas- no resiste el menor análisis cuando se observa la manera como el Departamento de Estado actúa frente a los crímenes cometidos por gobiernos mucho más débiles y corruptos, como el guatemalteco, para asegurarse el uso del territorio de esa nación en su política anti inmigrantes. Estos peleles, obedientes ante el poder supremo de las grandes corporaciones y los gobiernos del primer mundo, son incapaces de comprender los alcances de su traición y arrastran a sus naciones sin el menor escrúpulo, hacia la miseria y la destrucción.

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