El ser inteligente

La inteligencia humana está sobrevalorada; es la única especie que destruye su hábitat.

Cuando pensamos en los alcances de la inteligencia humana solemos referirnos a los grandes avances en la ciencia, la tecnología o las disciplinas intelectuales cuyo desarrollo ha dado grandes exponentes en la filosofía y las letras. Sin embargo, rara vez vemos ese despliegue de conocimientos combinados de modo de buscar el equilibrio necesario para conseguir una mejor calidad de vida para todos sin destruir aquello que nos rodea. Por el contrario, los avances más importantes suelen estar vinculados a una búsqueda incesante de riqueza y poder.

En estos días –así como ha sucedido en muchas ocasiones sin mayor repercusión global- han vuelto a surgir los temas ambientales a partir de una visión apocalíptica del futuro que espera al planeta y sus habitantes. Es innegable, aún cuando los líderes mundiales se resistan a aceptarlo, el hecho de que a partir del uso indiscriminado de los recursos de la naturaleza, el ser humano ha ocasionado un daño irreversible al equilibrio natural y, en su afán por acumular una riqueza mal habida, no solo exterminó a miles de especies; también a millones de sus semejantes.

Esto nos lleva a comprender cómo la concentración del poder político y económico ha permanecido en manos de pequeños grupos de individuos a quienes se debería pasar un test de inteligencia para evaluar qué tan capaces son de controlar tantísimo poder. Porque es imposible creer que mentes privilegiadas puedan destruir su futuro y el de otros, únicamente por acumular una riqueza de tal envergadura, que difícilmente podrán disfrutarla en medio del caos ambiental provocado por su desmedida ambición. La gran industria, esa que nos ha convencido de necesitar lo innecesario, ha sido su afilada espada de Damocles: no hay vuelta atrás, pero tampoco las posibilidades de avanzar cuando para hacerlo es necesario destruir lo poco que queda, incluyendo a quienes habitan los espacios en donde aún existe la riqueza indispensable para seguir produciendo.

El modo como estos centros de poder han controlado a la humanidad por medio de redes de influencia y el monopolio de la información, ha dado como resultado una ceguera colectiva sobre los peligros de la degradación ambiental y sus consecuencias. Lo que hoy aparece como resultado visible de la monstruosa anarquía en el desarrollo y uso de productos –como el plástico, por ejemplo-  durante décadas jamás fue tema de preocupación ni de limitación en su uso. Todo lo contrario, nos convencieron de sus bondades y las grandes corporaciones nos lo vendieron como un importante avance tecnológico, el cual supondría la solución perfecta para nuestras necesidades cotidianas.

Como borregos, aceptamos también el argumento de la minería como foco de desarrollo para nuestros países, la explotación inmoderada de los bosques nativos con la pobre compensación de plantaciones extensas de especies foráneas incapaces de revivir a la fauna extinguida y la privatización del agua, nuestro recurso vital. Tampoco se objetó de manera masiva y consciente el uso de armas de destrucción masiva financiadas y desarrolladas por los grandes centros de la ciencia para uso de gobiernos opresores y colonialistas. Todo lo contrario, se nos convenció de que en esos espeluznantes y mortíferos recursos bélicos descansaban su sueño perfecto la paz, la democracia y la libertad.

Hoy comenzamos a despertar del letargo con muchos años de atraso y lo que se ha perdido jamás se va a recuperar. Pero por lo menos tenemos la gran oportunidad –si alcanzamos la lucidez necesaria- de conservar lo poco que nos han dejado.

La verdadera inteligencia no busca riqueza para unos, sino bienestar para todos.

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Las fronteras urbanas

Más allá del pavimento, lejos de las luces y los grandes edificios, también existe nación.

La imagen muestra una escuelita rural perdida entre aldeas y caseríos, plantíos de maíz y laderas deforestadas, en donde la niñez recibe clases en medio del lodo (cuando llueve) o del intenso calor irradiado por la lámina que medio los cubre (cuando hay sol). Los materiales escolares disponibles para sus alumnos se reducen a lo mínimo, porque la pobreza no ofrece mucho más que un remedo de establecimiento educativo con tablas y bloques de cemento para apoyar los cuadernos, en donde a pesar de las carencias los niños se esfuerzan heroicamente por aprender los rudimentos de una enseñanza insuficiente.

La experiencia de millones de nuevos habitantes de nuestro continente suele estar marcada por el hambre y la indiferencia endémica de sus gobernantes, cuyo desempeño está condicionado por los grandes capitales. El marco de referencia para estos mandatarios encumbrados gracias a sistemas clientelares y corruptos se encuentra definido por los intereses de una clase empresarial inclemente y voraz, cuya visión de la infancia es la de un contingente de futuros nuevos trabajadores sometidos a explotación y sin recursos para tener acceso a una vida digna. Los pobres son pobres porque así les tocó, dicen algunos. Es la voluntad de Dios, dicen otros. Y lo predican en los templos para acallar pensamientos rebeldes, potencialmente peligrosos.

Las condiciones de vulnerabilidad de la niñez son, entonces, algunas de las tácticas más productivas para blindar el sistema neoliberal diseñado ad hoc para los países subdesarrollados y proteger así la continuidad de los círculos de poder económico y político. Privar a las nuevas generaciones de acceso a la salud, a la alimentación y a la educación responde a planes bien estructurados de control social, tal como sucede con la invasión de doctrinas supuestamente religiosas cuyo papel fue cuidadosamente diseñado por la CIA en los albores de la Guerra Fría para aplastar, biblia en mano, toda amenaza de subversión.

Sin embargo, así como resulta conveniente abortar en su germen toda posibilidad de desarrollo intelectual y social de este enorme segmento poblacional conformado por niñas, niños y jóvenes, también es un arma de doble filo en países cuyos sistemas productivos jamás podrán trascender el marco agroexportador por falta de un recurso humano tecnológico, creativo, emprendedor y capaz de hacer ese salto indispensable hacia una economía del tamaño del siglo actual. El desafío planteado, entonces, es transformar el modelo desde sus raíces y rescatar las riquezas naturales, pero también el timón del desarrollo; y desempolvar los conceptos arcaicos coloniales para convertir a estos países-finca en auténticas naciones.

Uno de los motores esenciales para generar estabilidad social y construir nación es la distribución equitativa de la riqueza. Pero no solo hacia los centros urbanos –como suele plantearse desde los centros políticos- sino poner atención de manera muy puntual en aquellas áreas en donde nunca alumbra el sol del presupuesto de inversión pública. El potencial humano ignorado existente en áreas rurales marginales, en donde ni siquiera hay presencia de Estado –mucho menos de justicia- guarda en su interior un gran reservorio de talentos cuya participación activa podría transformar la realidad actual. Abrir caminos de progreso para la niñez y la juventud de esas regiones no es, por lo tanto, un acto de caridad, sino uno de la más elemental justicia.

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Un país secuestrado

Contrabando de drogas, eliminación de opositores, crímenes y mentiras a granel…

El Estado de Guatemala está tomado por los cárteles de la droga y por un ejército que ha traicionado la naturaleza de su misión, claramente descrita en la Constitución como “…una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor  de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior” (CPR).  Dedicado durante más de 65 años a fortalecer su poder haciendo el trabajo sucio de los sectores de mayor influencia económica y política, ha logrado entronizarse sólidamente tras el sillón presidencial buscando no solo la cobertura de la impunidad, también la libertad y los medios para depredar al país en las actividades ilícitas más diversas.

Dueños de una buena –e inexplicable- porción del presupuesto de la nación gracias a su presión sobre los gobernantes de turno, los integrantes de la alta cúpula militar mantienen a la tropa con salarios de miseria y sufriendo la carga de su trabajo en condiciones infrahumanas. Expuestos estos frente a los cárteles de la droga y las organizaciones criminales de tráfico y trata de personas, cuyos nexos con altas autoridades les permiten premunirse de un equipo bélico infinitamente superior al de los soldados que a ellos se enfrentan, estos efectivos se cuentan también entre las víctimas de la codicia de una institución cuyos objetivos se han divorciado de manera radical de su misión original.

Por estas razones es comprensible, entonces, la debilidad endémica de la oposición política cuyas filas han sido sistemáticamente golpeadas por la represión y la persecución en todos los ámbitos. Amparados por un Estado débil, corrupto y vulnerable a las presiones externas, miembros de la alta oficialidad del ejército han aparecido con una frecuencia pavorosa como protagonistas en secuestros, desapariciones, organizaciones de robo y tráfico ilegal de vehículos, asesinatos de líderes políticos y comunitarios, genocidio, contrabando de piezas arqueológicas, invasión de territorios con expulsión de las comunidades que los ocupaban y un sinnúmero de otros delitos.

Por lo tanto, pretender aparecer como héroes ante una ciudadanía consciente de la verdadera naturaleza de sus operaciones no solo es indignante, también es una burla ante el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos por la violencia de la represión, sin tener el consuelo de darles una digna sepultura. El proceso experimentado por Guatemala desde el regreso a la democracia ha tenido indefectiblemente esa sombra negra del poder castrense sobre todas sus instituciones. Esta ha sido una forma de continuum de una dictadura solapada y nefasta, cuyos efectos en la psiquis de la ciudadanía se percibe en su temor a manifestarse, a opinar, a actuar de manera decidida y abierta contra los desmanes de sus autoridades. Más aún, su actitud pasiva frente a la participación política, se ha transformado en un factor capaz de abortar cualquier iniciativa de recuperación de la institucionalidad y la corrección política, de la justicia y el estado de Derecho.

El escenario solo deja una salida y es un nuevo despertar de la juventud, un renacer de la conciencia política y una mirada crítica a un sistema colapsado por los delitos y la complicidad de sus representantes en las Cortes, en el congreso y en todas las instituciones de cuyo desempeño depende el cumplimiento del orden constitucional, un ejercicio indispensable para salir de la ruta actual de pérdida de derechos civiles y libertades ciudadanas. La Constitución es, en la actualidad, letra muerta en un país que regresa a las épocas más oscuras de su historia. Una medida recomendable es leerla.

Leer la Constitución Política es lo mínimo que debe hacer un ciudadano consciente.

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Un huracán categoría 5

El fin de la lucha contra la impunidad será tan destructivo como el más poderoso de los huracanes.

En Guatemala se vivió un período extraordinario durante el cual salieron a la luz, por primera vez y con evidencias contundentes, las redes intocadas de corrupción e impunidad entre los sectores político y empresarial. Las escandalosas revelaciones de negocios ilícitos desde las organizaciones del sector privado y funcionarios públicos –algunas de las cuales se sospechaban desde mucho antes- abrieron un boquete en el sistema blindado construido por quienes poseen la riqueza y quienes operan los poderes del Estado. Este tsunami de denuncias, la mayoría de las cuales desembocaron en procesos judiciales y cárcel para un número inaudito de intocables, despertó la conciencia de la ciudadanía y sacudió una modorra de siglos.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, recibidas con expectación y esperanza por un pueblo agobiado por la pobreza, la injusticia y los abusos desde los círculos de poder fueron, sin embargo, el detonante que puso en marcha todos los recursos de las mafias.  Estas, conscientes de la amenaza que significaba la permanencia de la Comisión, utilizaron hábiles estrategias para dividir a la opinión pública debilitando así cualquier intento de movimiento popular capaz de poner en peligro sus planes. De este modo y de manera irregular, violando acuerdos internacionales, pusieron fin a la misión de la Cicig consolidando así su reino de la total impunidad.

Lo que espera a Guatemala a partir de la elección de un equipo de gobierno cuyo perfil revela el continuismo del sistema, es el acelerado empoderamiento de un sector económico enfocado en la explotación máxima de su influencia sobre las políticas públicas y la protección de sus redes en todos los estamentos del Estado, incluyendo por supuesto al sector justicia. Para el pueblo de Guatemala la salida de la Cicig –forzada por el gobierno más corrupto y descaradamente destructivo de los últimos tiempos- será un regreso a los períodos oscuros de los regímenes autoritarios, con la pérdida de libertades y derechos ciudadanos como primera medida de las nuevas autoridades.

Si la presencia de la Cicig fue dolorosa para las organizaciones criminales enquistadas en la institucionalidad, su ausencia constituye la amenaza de un huracán categoría 5 para la precaria sostenibilidad de los entes en donde se apoya el débil sistema democrático y la vida social, económica y política de ese país centroamericano. A ello es preciso añadir la amenaza implícita en el absurdo acuerdo de declarar “tercer país seguro” al más inseguro, peligroso y empobrecido de la región y convertirlo en centro de concentración para migrantes pobres, desesperados y perseguidos, cuyas mínimas perspectivas de conseguir la visa de ingreso a Estados Unidos auguran una estancia prolongada.

La contradicción entre los intereses de grupo y los de todo un país quedan en evidencia al observar cómo las huestes defensoras del sistema de privilegios y saqueo de los recursos nacionales han reaccionado ante el cierre de operaciones de la Comisión, pero especialmente ante el fin de la misión del Comisionado Iván Velásquez, quien representó para esas estructuras el mayor de los peligros. Sin embargo lo hecho, hecho está; y será muy difícil hacerse el desentendido ante un panorama que gracias a profundas y bien desarrolladas investigaciones, denuncias y procesos, es ya parte de la historia política y jurídica de Guatemala.

La Cicig marcó un antes y un después en la historia de Guatemala.

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La estrategia del hambre

La miseria en la cual viven millones de seres humanos no es natural ni justificable.

En mi memoria aún persiste la imagen del puerto de Valparaíso cubierto de bananos. Se retrasó el barco y entonces esa montaña de fruta en perfecto estado sería destruida a menos que los habitantes del área pudieran rescatarla. También recuerdo los miles de toneladas de productos lácteos arrojados al mar por una compañía estadounidense para “mantener el precio del producto” y proteger de ese modo un sistema comercial a la medida. El hambre, cuyos devastadores efectos cobra la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo, no tiene justificación alguna.

En la realidad, el sistema político impuesto por un rígido marco de intereses corporativos no deja espacio a las indispensables acciones de los Estados orientadas a satisfacer las necesidades básicas de la población. A partir de esos acuerdos solapados, resulta inevitable el incremento de la masa ciudadana obligada a vivir bajo la línea de la pobreza. Entre las consecuencias de este desajuste en las prioridades de gobiernos regidos por un neoliberalismo extremo que ha echado raíces la mayoría de naciones latinoamericanas, se encuentra también la pérdida acelerada de la biodiversidad con fines de explotación de recursos, cuyos efectos no solo tienen impacto en el medio ambiente, sino también en las posibilidades de desarrollo de los países y en la calidad de vida de sus habitantes.

En la destrucción de la Amazonia brasileña –un reservorio de oxígeno y biodiversidad cuya protección debería tener la máxima prioridad del gobierno de Brasil y de los países aledaños, cuyos territorios también se ven afectados- se puede observar cómo los intereses corporativos llegan al extremo de poner en riesgo la vida misma del planeta. Es decir, en tanto los proyectos extractivos y agroindustriales tengan el poder de condicionar las decisiones gubernamentales, deja de ser importante la conservación de uno de los territorios ya considerados patrimonio de la Humanidad, pero también la supervivencia de las comunidades autóctonas que en él habitan, las cuales han sufrido persecución, desalojos y asesinatos de sus líderes.

La estrategia del hambre en los países en vías de desarrollo ha sido efectiva y ha logrado neutralizar la fuerza del factor humano, con una fórmula propicia para desarticular cualquier intento de subversión ante el sistema impuesto por los países industrializados sobre aquellos sometidos a las normas dictadas por las agencias financieras y las organizaciones empresariales multinacionales. Es decir, los dueños legítimos de los territorios han observado desde el graderío cómo las grandes corporaciones se han adueñado de su agua, de su tierra, de su aire y de todo el mineral que les resulte útil para obtener inmensas utilidades; todo ello, gracias a leyes, convenios, tratados y cantidad de recursos legales ad hoc para convertir el despojo en una buena noticia: incentivos a la inversión extranjera.

Mientras tanto, ese gran contingente ciudadano cuyas carencias lo impulsan a aceptar cualquier limosna disfrazada de programa asistencialista, ignora los detalles del negocio y por lo tanto está en una posición de dependencia, conveniente para que su gobierno tome decisiones abiertamente lesivas a los intereses nacionales, sin que la oposición –debilitada ya por la falta de soporte popular- tenga la menor incidencia en la fiscalización de esas acciones. Si hay una herramienta capaz de corregir el rumbo de las naciones, es la organización ciudadana; y comprender que si el futuro del planeta está bajo semejante amenaza, sus habitantes también lo están.

Las decisiones políticas que nos afectan surgen en los despachos de las grandes multinacionales.

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Ases bajo la manga

Jugar con ventaja es de tramposos; propio de a quienes no favorece seguir las reglas.

El panorama mundial es desalentador. Los movimientos populares surgidos en distintos puntos del globo como protesta por los abusos del sistema económico imperante se han estrellado contra un muro de represión, cuya violencia demuestra que los dueños del capital están dispuestos a cualquier extremo con tal de impedir una vuelta a sistemas más democráticos y a un reparto justo de la riqueza. Aun cuando el sistema neoliberal ha sido puesto en cruda evidencia ante los pueblos que sufren sus abusos, estos todavía carecen de los medios y del espacio para recuperar el protagonismo político ante gobiernos totalmente secuestrados por grupos económicos y financieros, locales e internacionales.

El juego, hábilmente estructurado desde los despachos de las poderosas multinacionales y los estamentos políticos del primer mundo, cuenta con la complicidad de otros centros de poder entre los cuales destacan, por su influencia, los grandes consorcios periodísticos. Sin embargo, las consecuencias de esa voracidad comienzan a golpear con fuerza a los mismos que han apostado por el desequilibrio, el incremento de la pobreza y la sobreexplotación de los recursos. Esto, debido a políticas que han desatado una ola indetenible de movimientos migratorios y cuantiosas pérdidas humanas y económicas debido a los efectos devastadores de un cambio climático cuya existencia niegan con gran énfasis.

En América Latina, un continente transformado en laboratorio de un sistema neoliberal extremo, el esquema de poderes ha ido consolidándose alrededor de personajes cuyo papel no va más allá de agachar la cabeza y aceptar las condiciones impuestas desde la Casa Blanca. Para ello, cuentan con el aval para aprovechar el período y enriquecerse con los recursos públicos, amarrar lazos con grupos de élite empresarial y buscar la protección de ejércitos entrenados para mantener el estatus quo, todo ello siempre y cuando repriman toda posibilidad de rebelión popular. Así las cosas, la población de los países administrados bajo un sistema neoliberal -cuyo objetivo reside en explotar al máximo los privilegios otorgados por gobiernos corruptos- se encuentra imposibilitada de ejercer una ciudadanía activa y, mucho menos aún, de participar políticamente en iguales condiciones.

Cuando en alguno de nuestros países se les voltea la tortilla –como está sucediendo en la República Argentina- los poderes ocultos del sistema se ponen en “modo emergencia” y comienzan a echar mano de todos los mecanismos posibles para convencer a la ciudadanía de las bondades de su estilo de administración, utilizando tácticas populistas –tardías y evidentemente falsas- y echando mano al siempre bienvenido apoyo de los consorcios periodísticos y de las organizaciones gremiales que los apoyan. Ante esa arremetida de los poderes, el riesgo de retroceso está siempre presente.

Otro ejemplo es el resultado del proceso electoral en Guatemala, celebrado el mismo día que en el país sudamericano, solo que en este caso las cartas ya habían sido convenientemente marcadas para evitar cualquier desviación de la ruta establecida desde el Departamento de Estado. Por lo tanto, gracias a esos ases bajo la manga del gobierno actual, Guatemala no solo mantiene un estatus de “cero riesgos” para el sistema de explotación de sus recursos y cooptación de sus instituciones, sino además cuenta con la ventaja de un ambiente ciudadano temeroso y psicológicamente preparado para lo que viene: cuatro años más de lo mismo y, posiblemente, en peores condiciones para el ejercicio libre de sus derechos democráticos.

Una ciudadanía observante y pasiva no podrá jamás retomar el poder.

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Guatemala: El sueño estéril de la democracia

Cuando se han perdido esperanzas de cambio, solo queda insistir para lograrlo.

Las elecciones en Guatemala han dado una dura lección a la ciudadanía y sentado las bases del retroceso histórico más duro experimentado por un país de la región. El domingo no se vivió un proceso feliz sino doloroso, y con muchas más dudas que certezas. Tanto así, que en redes sociales y en prensa abundaron mensajes de hondo pesimismo. La democracia brilló por su ausencia desde el momento mismo cuando se impuso a la fuerza la elección entre dos candidatos sospechosos de delitos electorales, de vínculos con el narcotráfico y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un sistema judicial corrupto. Es decir, la peor de las perspectivas.

Ahora, lo que sigue en la agenda es la vigilancia ciudadana para evitar los abusos institucionalizados por un sistema desviado por completo de los objetivos fundamentales de cualquier propuesta política: no solo ajeno al interés de la nación, también divorciado de los derechos fundamentales de la población y comprometido con los cárteles empresariales asentados en su mayor organización gremial, cuyas maniobras han desvirtuado las bases institucionales con el resultado de consolidar el proceso de descomposición de la democracia y el estado de Derecho.

El mayor de los obstáculos será, por supuesto, la falta de información confiable hacia un público carente -en su mayoría- de elementos de juicio. La precariedad de la educación y el incremento de la pobreza han jugado un papel fundamental en el debilitamiento de la participación ciudadana y, con los nuevos elementos al mando, las perspectivas no son alentadoras dados sus fuertes compromisos con quienes han financiado sus aspiraciones de asumir las más altas investiduras. En otras palabras, cambian los bueyes pero la carreta es la misma y seguirá la dirección marcada por quienes poseen el control del Estado desde épocas lejanas.

Deberá despertar la mayor atención a partir de este relevo el destino de las nuevas generaciones: esas caravanas interminables de niñez y juventud que huyen hacia el norte buscando un respiro a una vida marcada por la miseria, la violencia criminal y el abuso. De hacerse realidad la inexplicable decisión de transformar a Guatemala en un campo de concentración para migrantes, la situación de niñas, niños y adolescentes pasará de gris a negro profundo por las inevitables amenazas contra su integridad y la reducción a cero de las míseras oportunidades con las cuales cuentan en la actualidad.

Durante la campaña ha quedado evidente la ausencia de programas de gobierno como la nueva marca de identidad de los partidos políticos. Sus plataformas populistas y cargadas de amenazas –pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales, penalización de derechos humanos y retroceso de conquistas ciudadanas- representan el nuevo rostro de la dictadura, disfrazada de nacionalismo. Los arrestos de caciquismo de algunos alcaldes, cuyos alardes de un autoritarismo tan ilegal como descarado han recorrido las redes sociales sin respuesta de las autoridades, hablan de un ambiente descompuesto y abiertamente amenazador para una ciudadanía decepcionada y vulnerable.

En suma, el cambio necesario y urgente quedó pospuesto otros cuatro años, un período durante el cual lo malo de la administración actual –lo cual ya es mucho decir- aún podrá caer en niveles extremos. El enfoque en la fiscalización ciudadana es un tema de máxima prioridad para un país tan castigado por la corrupción y el abuso de los sectores político y económicamente poderosos; por lo tanto, si se pretende recuperar la democracia, la unidad y el consenso son la única opción.

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