Los hijos de la guerra

Somos herederos de un sistema violento y deshumanizante del cual ignoramos casi todo.

La gran contradicción de nuestros tiempos es cómo, a pesar de la globalización, el acceso a la información y a los sistemas de comunicación eficientes y accesibles, los pueblos se encierran en la protección de su entorno cotidiano y, de manera progresiva y con profundo escepticismo, van perdiendo la capacidad de reflexión y análisis. Quizá esta es una de las consecuencias de la degradación ética y moral de las organizaciones políticas, pero sobre todo es resultado de las estrategias de inteligencia impuestas desde el extranjero, cuyo objetivo es entorpecer la participación popular en decisiones que le competen y centralizar estas en función de otros intereses. 

Desde siglo pasado, la eliminación de líderes carismáticos y comprometidos con el desarrollo de sus pueblos fue ganando impulso en los países latinoamericanos al extremo de cercenar los movimientos populares, abriendo paso a las más crueles dictaduras y obstaculizando cualquier intento de independencia de nuestros países. Al mismo tiempo, y mientras el imperio estadounidense daba un golpe de puño sobre la mesa para imponer sus intereses y los de sus consorcios, los gobernantes corruptos recibían prebendas y se les abrían las bóvedas de los bancos del primer mundo para depositar en ellas la riqueza de los pueblos.

La capacidad ciudadana para intervenir en la toma de decisiones trascendentales, de las cuales depende su presente y su futuro, fue derivando en una peligrosa apatía que permitió el traspaso de bienes públicos hacia grupos empresariales que se enriquecieron de manera grotesca con su explotación. De ese modo, se consolidaron tanto la debilidad de los Estados como el poder de los grupos económicos, favorecidos gracias a su influencia en los ámbitos político y judicial. A partir de ello, todas las políticas públicas se asociaron al nuevo sistema y, bajo la consigna de un nuevo modo de concebir el desarrollo –un neoliberalismo tropicalizado- perdieron terreno la educación, los sistemas de salud pública y las iniciativas de protección del territorio y sus riquezas.

Este nuevo modelo ha intentado apagar –con métodos violentos y también solapados- la chispa de resistencia que todavía brilla en algunos pueblos del continente. Muchos de los gobiernos, instalados en el poder por obra y gracia de los fondos recibidos de quienes se han beneficiado de la corrupción y del crimen organizado, han regido a nuestros países de manera ilegítima aunque legal –gracias a la manipulación legislativa- y han terminado por degradar hasta la idea misma de una democracia real, participativa e incluyente.

Somos hijos de la guerra. De una guerra cruel y solapada que ha condenado a las dos terceras partes de la población de nuestro continente a una miseria injusta, a la desnutrición crónica y a la pérdida de su dignidad humana. Esta masacre lenta y progresiva se ha perpetrado gracias a la eliminación física y moral de los verdaderos líderes populares; de aquellos hombres y mujeres que han puesto el pecho ante las balas y no han retrocedido ante las tácticas de desinformación y desprestigio elaboradas y divulgadas por quienes se han apropiado de nuestras tierras y de nuestras vidas. 

Los discursos populistas de las campañas que hoy culminan con elecciones de nuevos líderes en algunos países del continente no han cambiado en más de un siglo: son los cantos de sirena de un sistema deshumanizado cuyo poder se consolida a pasos agigantados, confiado en la certeza de que a la ciudadanía le han quitado todo: el último aliento de esperanza y el último arresto de rebeldía.  

El discurso populista no ha cambiado: es la mentira institucionalizada.

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La mujer violada

De mis archivos, publicado en Enero de 1998.

Los patrones culturales llevan a justificar al criminal y no a mostrar empatía hacia la víctima. 

            Pocos crímenes se prestan a tantas interpretaciones como la violación de una mujer. Este acto de violencia, humillación y sadismo, practicado por millones de hombres en todos los puntos del planeta, representa la manifestación máxima del machismo y, por lo tanto, es analizado o juzgado de acuerdo a los patrones estereotipados de la cultura patriarcal.

            Basta con analizar las reacciones de sociedades fundamentalmente conservadoras a un hecho criminal como la violación de una mujer o de varias, como sucede con frecuencia en nuestro medio, para constatar que el hecho en sí pierde paulatinamenter sus características de acto criminal al experimentar la manipulación conceptual de quienes actúan y piensan bajo el signo de sus patrones culturales y de una matriz valórica cuya fuerza ha distorsionado los principios fundamentales de la convivencia y el respeto entre los sexos.

            Una sociedad basada en estereotipos sexistas y actitudes moralistas rara vez se identifica con la víctima. Los patrones culturales la llevan a justificar a quien comete el crimen y no a mostrar empatía hacia quien lo sufre. 

            Su propia formación, dentro de la cultura en donde nos hemos desarrollado, conduce a justificar la violación. Y no cabe duda de que al encontrar más de un argumento que permita encontrar alguna razón que minimice el delito cometido, simultáneamente encuentra múltiples motivos para creer que la víctima no lo es tanto y en ella reside una parte importante de la responsabilidad.

            Entre tanto estereotipo e ignorancia, una de las peores es la afirmación de que la violación es un “atentado al recato” de una mujer. Una mujer no tiene por qué ser recatada. Podría no serlo, y el crimen cometido en su contra continuaría siendo el mismo. Es decir, que cuando se intenta analizar una violación desde el punto de vista de la cultura machista, se pretende hacer creer que existe una agresión a la moral femenina… a la integridad no sólo física, sino también espiritual, entendiéndose con eso que la mujer-víctima tiene que ser pura y virgen para ser víctima.

            Nada más falso y nada más deformante. La violación es un crimen, sea cometido contra quien sea. Es un crimen, además, que vulnera en lo más íntimo la autoestima, la integridad física y psicológica de la persona y nada tiene que ver con su experiencia sexual previa ni con su edad o su estilo de vida.

            Es lamentable que personas de un cierto nivel cultural pretendan hacer creer que es más condenable el crimen si es cometido contra una adolescente virgen que contra una mujer madura. No es extraño que, a raíz de la machacona insistencia sobre esas falacias, la mujer violada prefiera callar antes que enfrentar la condena general, que tiende a ponerla en tela de juicio a ella antes que al hechor.

            ¿Qué sucede, entonces, cuando una prostituta denuncia una violación? La respuesta es obvia. Sin duda las autoridades, siempre ubicadas en su papel de juzgadores, dirán que la cosa no es para tanto, dada la experiencia de la víctima.

            En otros aspectos, la violación continúa efectuándose una y otra vez en los procedimientos a los cuales se somete a la mujer agredida para reunir elementos que permitan enderezar una acusación formal contra el agresor.

            La mujer violada, después de haber sufrido un vejamen que la sume en una profunda crisis emocional y física, es obligada a exhibirse, desnuda y vulnerable, ante extraños que la examinarán basados en el principio de la duda. Es decir, si no se deja humillar esta segunda vez, existe la presunción de la mentira y cualquier intento de acusación cae por falta de evidencias.

            Luego, como si esa vejación no fuera suficiente, es la víctima quien debe volver a relatar el hecho y dar detalles de su propia pesadilla ante un auditorio que la observará esperando la contradicción o el tropiezo que brinde la oportunidad de dudar nuevamente.

            Así, la mujer es violada sistemáticamente una y otra vez. Ante las autoridades, ante los medios de comunicación, ante el público, ante sí misma. Indefensa, se somete a los procedimientos legales diseñados por quienes no tienen ni desean tener, obviamente, una idea lejana de lo que es ser víctima de un acto tan abominable, esperando que se haga justicia.

Sobre el arrepentimiento…

De mis archivos, publicado en Diciembre de 1998.

Para que exista un perdón verdadero,  también debe serlo el arrepentimiento. Es, por lo tanto, muy difícil establecer cuándo los sentimientos y actitudes de los involucrados coinciden en una auténtica superación del resentimiento.

Vuelvo al cobijo tranquilizador del diccionario, para confirmar mis sospechas. Ahí dice que cuando uno se arrepiente de algo, es porque le pesa haberlo hecho. Entonces, partiendo de esa idea, se podría suponer que el arrepentido no sólo lamenta su proceder, sino que, en parecidas circunstancias, no volvería a cometer el acto del que se arrepiente. Para hacerlo más fácil: el sujeto se descalifica a sí mismo en aquello que lo lleva a arrepentirse. 

Me gustaría saber cuántas personas que piden perdón han experimentado ese sentimiento. Creo que no muchas. Al final de cuentas, ni siquiera la educación religiosa ha logrado que los feligreses, al confesar sus pecados, se arrepientan efectivamente de ellos. No les preocupa mayor cosa volver a cometerlos porque, después de todo, existe el alivio del perdón, garantizado por la confesión.

Si estamos acostumbrados a mentir a niveles espiritualmente elevados, con mayor razón somos capaces de mentir a nuestros semejantes, si con ello se nos asegura que no habrá más represalias por aquellos actos con que los agredimos.

El arrepentimiento no debería estar condicionado por la severidad del castigo, sino por una auténtica toma de conciencia respecto a los errores cometidos. Es ahí donde se complica el perdón. Para que todo el proceso –arrepentirse, pedir perdón y perdonar- logre el objetivo final de la reconciliación, es absolutamente imprescindible que se cumplan sus etapas y no respondan únicamente a una estrategia política.

Por lo tanto, podríamos afirmar que el arrepentimiento –condición previa indispensable para alcanzar el perdón- también es un acto individual e íntimo, que no responde más que a un examen de conciencia que da como resultado el rechazo de una o varias acciones personales.

Cuando se trata de restaurar la estructura rota de una sociedad marcada por la violencia, integrada por vecinos que desconfían unos de los otros, es aún más importante que esa cadena esté firmemente afianzada antes de cantar victoria y declarar que se ha producido la reconciliación. De otro modo, la paz será frágil y la estabilidad continuará siendo un sueño irrealizable. 

Para complicar aún más el asunto, es necesario tomar en cuenta cómo las sociedades modernas del tercer mundo, han sido condicionadas por una ética basada en los intereses económicos de las potencias de las cuales dependen. Estas son las que, a la hora de los conflictos humanos provocados por sus muy colonialistas políticas, sólo se preocupan por salvar su reputación y abandonan a sus aliados a su suerte, dejándoles el peso de la reconstrucción de sociedades que sufren las consecuencias de sus intervenciones y, en algunos casos, colocándose incluso en el lado contrario del estrado desde donde juzgan, cual severos y prepotentes jueces, el producto de su propia invención.

Los comediantes

Publiqué esta columna en Abril de 1998, pero nunca tan actual como hoy…

La comedia social es el único referente que tenemos a mano para compararnos unos a otros.

             No es exclusivo del sector político. También lo encontramos en los ámbitos académicos, en la calle y, sobre todo, en la vida cotidiana. Es una máscara que nos colocamos para relacionarnos con los demás, y que responde -a veces, con una precisión sorprendente- a lo que deseamos proyectar.

            No existe ser humano social que no haya aprendido, desde la infancia, a utilizar una amplia colección de disfraces que le permitan identificarse con el papel que representa en cada momento de su vida. Generalmente, los escogemos entre aquellos que nos quedan amplios y que nos permiten ocultar los defectos con mayor holgura.

            Existen disfraces de rectitud y honestidad, para los que hay una amplia demanda en determinados grupos de la sociedad. Otros, representan la inteligencia y el talento. Los más, sólo se limitan a imitar las cualidades propias de la burguesía, y nos hablan de conductas apegadas a la tradición y a doctrinas inmutables. Pero en su mayoría, son sólo eso: disfraces para integrarse con mayor facilidad a una sociedad de comediantes.

             Esta necesidad de aparentar lo que no somos, es uno de los factores que nos inhabilita moralmente para juzgar a los demás, deporte que practicamos sin limitación ni escrúpulo alguno, sin haber agotado los medios de análisis y despreciando por completo la necesidad de realizar una prospección objetiva y cuidadosa de la situación sobre la que pretendemos emitir una sentencia, antes de darnos el lujo de abrir la boca.

            Pero más que nuestro papel de juzgadores empíricos, lo que nos distingue es esa manía de aparentar lo que no somos, y peor aún, aparentar que creemos que los demás creen que lo que aparentamos es real. Y los demás, a su vez, aparentan que nuestra manía de aparentar es -no un problema psicosocial- sino una elevada característica de nuestra muy personal personalidad.

            Así nos vamos enredando en apariencias que, a la larga, todos pretendemos confundir con valores humanos y que no son más que pantallas que ocultan precisamente la carencia de esas cualidades tan propias de nuestra especie.

            La trampa está en que la sociedad va tropezando en sus propias mentiras, y va creciendo en función de lo que no es real, y de lo que nunca significará un avance en su desarrollo. En otras palabras, todo lo que consideramos evolución de la humanidad es, en realidad, un proceso de distanciamiento acelerado entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, y las virtudes morales nada tienen que ver en el proceso.

            Sería mucho abundar en ejemplos, citar los escándalos de conducta en que han incurrido líderes políticos y religiosos en los últimos…. digamos, cinco años, apenas. Tampoco es necesario insistir en el doble discurso, en la inmoralidad de los moralistas ni en la venalidad de los administradores de justicia. Eso es un tema ya viejo y digerido.

            Lo que sí vale la pena destacar es cómo nos esforzamos en entrenar a los nuevos integrantes de la comunidad. Aquellos que vienen llegando, con su mente abierta y los ojos limpios, y que obviamente aprenderán todo aquellos que nosotros les inculquemos, sin oponer demasiadas objeciones, porque no poseen elementos de juicio para efectuar comparaciones.

            Su enfrentamiento con las  contradicciones de nuestro marco valórico empezará cuando ya se hayan empapado de la doble moral, del lenguaje sexista y de los estereotipos que nosotros ya manejamos con plena soltura y que rige, casi sin sentirlo, todo el universo de relaciones, desde las profesionales hasta las íntimas, sin dejar nada expuesto a la luz incómoda y enceguecedora de la verdad.

            La comedia social es el único referente que tenemos a mano para compararnos unos a otros. Es decir, sólo podemos comparar la máscara del gran ejecutivo con otra máscara igual de gran ejecutivo. Nunca sabremos cuál es, efectivamente, el gran ejecutivo, si es que hay uno. Lo mismo sucede con los artistas de talento, aunque hay que reconocer que en el campo del arte es más complicado esto de simular cualidades inexistentes, que en el mundo de la política o de las finanzas.

            Pero donde todo se deforma, es en la relación diaria, en el discurso que se repite machacando lo que creemos que debemos ser, aceptando ciegamente la careta que los demás nos exigen usar para poder seguir creyendo en las confortables apariencias.  

Maximón

(Publicado en Agosto de 1998)

En mis andanzas por la magia del altiplano…

            Caminamos un rato por el laberinto de casas irregulares, sobre un suelo de tierra extrañamente desigual. Era como si nunca hubieran intentado aplanarlo. Grandes piedras surgían por aquí y por allá, rompiendo la regularidad de la cami­nata y amenazando con torcernos los tobillos.

            Finalmente, alguien nos indicó la casa. Una como otra cualquiera. Metida hasta el fondo en un terreno plano, a veinte centímetros bajo el nivel de la calle. Eso era lo que la hacía parecer tan cha­parra. La precedía un patio delantero, donde correteaban unas gallinas que de­saparecían por las puertas oscuras donde se adivinaba la actividad domés­tica. Era temprano, pero ya había olor a masa y a comal caliente.

            No vimos ninguna señal que hiciera sospechar que allí estaba el san­tuario. Excepto, quizás, los vendedores que se habían instalado alrededor  y que ofrecían candelas de colores, relicarios de trapo, ataditos de papel celofán con semillas y polvo de ajo, botellas con líqui­dos y ungüentos (sospechosos de ser mágicos), montones de estampitas del santo en­marcadas en latón con volu­tas y adornos de plástico, en todos los tama­ños y ramitos de xilca para la limpia.

            A la entrada, sobre una banca de madera desvencijada que había pasado ahí mismo unos cuantos inviernos, dos hombres del pueblo que apenas habla­ban español, nos indicaron con la cabeza que teníamos que avanzar por un corre­dor de tierra apisonada, techado de ma­zorcas que daban al sitio un tono dorado.

            Poco antes, nos habían pedido dos quetzales por persona, quizás porque nuestra cara de extranjeros los había hecho sospechar que nuestro com­promiso espiritual no sería con el santo. Para los locales, es gratis.

            El culto de Maximón no es cual­quier cosa. Abundan las versiones sobre su origen y su connotación pa­gana, pero eso en nada disminuye la enorme in­fluencia que ejerce su presencia sobre los habitantes del altiplano. Creen en él, y le temen. Tejen a su alrededor toda un aura de misterio y poderes que compiten con ventaja contra aquellos de los santos tra­di­cionales, y le confían sus más recón­di­tos pensamientos en quekchí, cakchi­quel, mam o español, que no im­porta porque entiende de todo.

            El cuarto se reducía a cuatro pare­des y una ventana muy pequeña al fon­do. Por la misma puerta por la que en­tra­ba la gente, apenas salía el humo que inva­día el recinto y hacía el aire irres­pirable y la atmósfera irreal.  

            Sentado en una silla de madera, Maximón dominaba la escena. Vestido con su precioso traje de Zunil, soportaba impertérrito el chorro de invocaciones que salían de los labios de sus feligreses. Asistía a este su culto intenso con una naturalidad que subrayaba aún más la carga emocional que invadía la estancia.

            Es frecuente que junto a Maximón se vean más mujeres que hombres. Esa mañana también. Fumando puros, toman­do guaro, quemando candelas y todo eso al ritmo de la cantilena inter­minable de sus dolores y sus angustias y totalmente aje­nas a nuestra presencia que, a estas altu­ras, era más bien una burda intromisión.

            A pesar de que recién comenzaba la mañana, el suelo ya estaba cubierto de cera de roja para el amor, blanca para los niños, azul para la prosperidad, verde para el trabajo, negra para los maleficios, amarilla para la salud. Y nosotros, ex­traños y con la in­cómoda sensación de violar un espacio ajeno, parados en un rincón, aspirando el humo mezclado de vapores de aguardi­ente que volaba por sobre los hombros de los fieles, éramos testigos mudos con los ojos irritados y la piel er­izada de tanta magia, de tanta fé, de tanta intensidad…

            No, no se puede decir que las tradiciones mueren por inanición. Al menos, no todas. No después de haber entrado al santuario de Maximón y haber presen­ciado su modesta pero contun­dente manifestación de poder.

El plan de gobierno

A estas alturas, es preciso comprender que los gobernantes tienen planes definidos.

Acorralar a la población como hace el presidente guatemalteco, y crear un caos artificial en la administración de las pocas vacunas disponibles porque, pese a tener los recursos, el Estado ha sido incapaz de proveerse, no parece ser un mal manejo de la situación sino una hábil estrategia, diseñada para permitir al gobernante seguir enriqueciéndose a costa de la vida de sus conciudadanos y, de paso, pagar la deuda a los financistas de su campaña. En días recientes se han visto las imágenes de cientos de adultos mayores haciendo fila durante más de 6 u 8 horas, bajo un frío intenso, para tener acceso a la primera dosis. Frustrados y dolidos por semejante trato, muchos han regresado a su hogar sin vacuna y sin explicación.

Estas imágenes han impactado a la sociedad –aunque todavía no la motivan a reaccionar ante semejante abuso- pero sí la convencen de la supuesta ineficacia del Estado en el desarrollo de los planes de vacunación presentados por el ministerio de Salud de ese país. Sin embargo, piensa mal y acertarás: el verdadero objetivo del caos es allanar el terreno para permitir la administración de las vacunas desde el sector privado, cuyos más conspicuos representantes ya se restriegan las manos viendo cómo se hace posible ese próspero negocio. 

El presidente ha sido, en sus 14 meses de gobierno, un ejemplo vivo de la más abyecta sumisión ante el sector empresarial organizado, desde donde se delinean los caminos más tortuosos para convertir al país en un despojo institucional, carente de certeza jurídica y en manos de una burocracia improvisada y corrupta. Con la pandemia en pleno desarrollo y sin salvaguardas sanitarias ni de apoyo a los sectores más afectados, resulta inconcebible la permanencia del mandatario en un puesto de tanta responsabilidad. Sus acciones durante el año transcurrido han revelado su total desconexión con la realidad nacional, pero sobre todo su férreo compromiso con quienes continúan, desde tiempos de la Colonia, apoderándose de todas las riquezas nacionales. 

Sin embargo, no ha sido el único en hacer todo lo posible por regalarle los recursos estatales al sector privado. Esa clase de saqueo ya se había perpetrado con éxito, privatizando cuanto servicio público quisieran los empresarios: la línea aérea, la telefonía, la distribución de energía, la banca estatal, el ferrocarril… Todos estos recursos –o por lo menos aquellos que sobrevivieron- pasaron de la “ineficiencia estatal” a una prestación de servicio cara, poco eficiente y monopólica, la cual tampoco significó un beneficio para la población. 

Adjudicar a la administración actual todos los problemas que afectan a la ciudadanía no es totalmente justo. En Guatemala, la secuencia de gobernantes ha sido fatal desde el regreso al sistema democrático; y las trampas legislativas -con la ley electoral y de partidos políticos a la cabeza- han impedido de manera solapada y certera la participación política desde las bases mismas de la sociedad. Gracias a leyes casuísticas, cada cuatro años es posible observar la feria de oportunidades para individuos mediocres, pero cargados de recursos provistos por el empresariado organizado y, recientemente, también por las organizaciones criminales (narcotráfico, contrabando y tráfico de personas), quienes gobiernan desde las sombras.

Esta es la realidad de un Estado fallido. Por eso, cuando se imprime en la conciencia colectiva la farsa de la “ineficiencia del Estado” y se pavimenta de ese modo el camino para mayor enriquecimiento de las castas económicas, se apuñala una vez más a esa población cautiva de la mentira y del despojo.

La repetición de la mentira acaba por convencer al pueblo.

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Contra la corriente

De mis archivos. Publicado en Agosto 2003 (Y volvemos a las andadas)…

Los magistrados de la CC pretenden secuestrar a la justicia.

A pesar de que el último fallo de la Corte de Constitucionalidad tiene todas las características de un complot del FRG contra Guatemala, no cabe duda de que en la sociedad estas burdas maniobras han comenzado a crear divisiones y un ambiente de temor por las repercusiones que esto va a tener en los próximos meses. La manipulación de las leyes y la tergiversación del texto constitucional por parte de cuatro magistrados comprometidos con el pretendido candidato del partido oficial deben ser analizados desde cierta distancia, para comprender en toda su magnitud la aberración que se esta cometiendo contra el Estado de Derecho, y como apenas un puñado de individuos es capaz de -literalmente – secuestrar a la justicia, colocando a la nación frente a la disyuntiva de  aceptar un gobierno dictatorial y renunciar a sus anhelos democráticos, o simplemente permitir que las hordas manejadas por el FRG salgan a las calles a sembrar el pánico y a destruir lo poco que le va quedando al país.

En otras palabras, la cosa estaría, según los planes de ciertos estrategas, entre las llamas o las brasas, y no cabe duda de que muchos lo han entendido así.  Por ahora, lo que está sucediendo es un alarde de fuerza que podría transformarse fácilmente en la chispa que encienda la hoguera, que a estas alturas ya tiene suficiente combustible como para arder sin mucha ayuda. Es una lástima que un proceso de democratización que ha durado dieciocho años con muchos altibajos, terminará fracasando en manos de un grupo numéricamente pequeño de individuos incapaces de comprender las dimensiones de sus errores ni la trascendencia de su falta de integridad.  

Ahora, falta ver que sucederá con los demás, con todos aquellos ciudadanos que han participado, en menor o mayor grado, del proceso que ha vivido Guatemala durante las últimas décadas y que han delineado sus planes en un escenario participativo y democrático, sin el cual les sería imposible alcanzar ninguno de sus objetivos.  Habrá que esperar la reacción de otros sectores fundamentales en este proceso, sectores cuyo protagonismo es sólo posible dentro de un Estado de Derecho real y funcional, y en los cuales descansa una porción importante del sistema de legalidad que tanto ha costado alcanzar.

Finalmente, las cartas están sobre la mesa y las apuestas son altas.  Lo que queda por hacer es cualquier cosa, menos esperar a que la suerte decida, porque a estas alturas a nadie le cabe la menor duda de que las cartas están marcadas y el juego tiene un seguro perdedor: el pueblo de Guatemala.  

Los primeros 5

(Publicado en Abril, 2012)

La ventana de oportunidad para lograr un ser saludable es demasiado breve.

Cinco años pasan volando. Para un recién nacido, sin embargo, es la única ventana de oportunidad para alcanzar un desarrollo pleno del cerebro y una buena base de crecimiento para su cuerpo. Si durante ese período fundamental no recibe los nutrientes y los estímulos cerebral y psicomotriz necesarios, la ventana se cierra y nada puede revertir el daño ocasionado por esas carencias.

Aun cuando esto parece pertenecer al ámbito familiar, en realidad es el germen de una sociedad más saludable, productiva y emprendedora. Es el pequeño centro de un potencial universo de logros académicos y mentes creativas, capaces de cambiar la etiología de uno de los problemas más acuciantes de esta sociedad, que es la miseria llevada al extremo de genocidio. 

Uso a propósito el polémico término genocidio, consciente de las reacciones que puede provocar. Sin embargo me atengo a la definición del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual literalmente acota que genocidio es el “Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. De acuerdo con esta definición, las decisiones “intencionales” que conduzcan a la privación de alimento y otras condiciones mínimas de bienestar para la población de entre 0 y 5 años de edad, por razones político administrativas, serían imputables. Ahí entran todos los actos de corrupción, las transferencias de fondos de programas de alimentos a otros de índole electoral y una larga serie de manipulaciones presupuestarias cometidas por todos los gobiernos de turno.

El programa Hambre Cero propuesto por el actual mandatario coincide con otras propuestas de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en el sentido de dar prioridad a la niñez y entrarle de lleno al combate a la desnutrición crónica. Pero de la propuesta a la realidad concreta y palpable, hay una enorme distancia y el gobierno debe estar consciente de los alcances políticos de sus intenciones.

Atacar de lleno las causas de la desnutrición debe empezar por cambiar las prioridades del programa de gobierno, con el propósito de paliar los efectos de una política económica centralista y orientada a beneficiar a una clase llena de privilegios. Para revertir esa situación no solo hay que luchar contra la Hidra de mil cabezas bien afincada en el Cacif, sino también enfrentar el descontento de grandes sectores de la sociedad que se verán afectados por un incremento en impuestos y una serie de consecuencias derivadas de los ajustes que hará el sector privado a los precios de los bienes de consumo, con el fin de recuperarse del golpe a sus ganancias.

La lucha no es fácil, pero el objetivo es vital para el desarrollo y el progreso social y educativo de Guatemala en los próximos cincuenta años. No es políticamente responsable perder a otra generación en el analfabetismo, la desnutrición y el ambiente degradante en el cual viven actualmente millones de niñas, niños y adolescentes. Por ello, invertir en la niñez y la adolescencia sería una de las mejores inversiones a futuro, pero sobre todo la decisión más correcta.

La mirada selectiva

Cerca de medio millar de niñas, niños y adolescentes cruzan la frontera norte cada día.

Una de las grandes violaciones de derechos contra la niñez y la juventud se perpetra ante los ojos del mundo, sin provocar el menor movimiento de reparación ni la búsqueda urgente de soluciones. Para esta enorme cantidad de niñas, niños y adolescentes que huyen de sus países de origen buscando refugio lejos de su hogar, no hay resguardo. Con independencia de lo que motiva este éxodo, ha quedado claro ante la comunidad internacional cómo las autoridades estadounidenses desenfocaron su mirada y, bajo las políticas racistas y xenófobas del ex presidente Donald Trump, convirtieron las instalaciones fronterizas en un campo de concentración al estilo de las prisiones de Guantánamo.

Niñas, niños y adolescentes de todas las edades han sido recluidos en estas inmensas bodegas, separados de sus padres y sin atención psicológica, como una forma de desincentivar la inmigración, enviando ese duro mensaje a quienes pretenden buscar su supervivencia en el país del norte. La nueva administración se enfrenta ahora a la tarea monumental de deshacer los nudos legales anti inmigración instalados por el gobierno de Donald Trump, cuyas decisiones han ocasionado un daño irreparable en miles de familias centroamericanas que solo buscan un refugio contra la criminalidad desatada en sus países, perpetrada principalmente por las autoridades de turno.

Mientras la niñez es sacrificada en aras de la corrupción y la desidia de quienes gobiernan sus países de origen –especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador- estos líderes políticos han cerrado los ojos ante la inconcebible violación de los derechos humanos de su población más joven y la abandonan a su suerte, concentrados en acumular riqueza personal y utilizar los fondos públicos para la consolidación de sus redes de influencia. En esta tarea no están solos: cuentan con el irrestricto apoyo de las poderosas organizaciones empresariales y el respaldo de militares, congresistas, jueces y magistrados, cuya influencia en asuntos de Estado ha corrompido hasta la médula a los entes políticos y judiciales.

Antes de señalar con tanta dureza a las familias desde las cuales desertan estos miles de niñas, niños y adolescentes, es importante arrojar una mirada a la situación en la cual viven estas poblaciones. Privadas de atención estatal, de servicios básicos, de seguridad sanitaria y de fuentes de trabajo debido al derroche ofensivo y descarado de quienes tienen la responsabilidad y la decisión sobre las políticas públicas en educación, salud y alimentación, se encuentran acorraladas en un círculo vicioso de violencia del cual es imposible escapar. A ello se debe sumar la desnutrición crónica infantil, cuyo efecto sobre más de la mitad de la niñez la condena a una muerte lenta; y también la amenaza constante de las redes de tráfico de personas y de drogas, cuyas impunes operaciones cuentan con la protección de los gobiernos.

Para las sociedades de estos países, la situación de la niñez errante no es prioridad. Concentrada en asuntos que le tocan mucho más de cerca, como la propía supervivencia, tiene una mirada selectiva cuando de niñas, niños y adolescentes de sectores pobres se trata. Esta indiferencia es también un factor decisivo en el destino de este gran conglomerado, dado que sus problemas y carencias no afectan de manera contundente la sensibilidad colectiva, y la sociedad prefiere enfocarse en temas que le atañen de manera directa. Esta es una de las razones del abandono: la falta de incidencia en los asuntos del Estado y la escasa voluntad de luchar por recuperar la integridad de sus instituciones. En este escenario, la niñez tiene todas las de perder.

La niñez carece de oportunidades en donde su bienestar no es prioritario .

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Los conspiradores

Decidir sobre la propia salud es un acto de libertad y debe ser respetado. 

Desde los centros de poder político, económico y mediático nos intentan convencer de que las medidas de contención para frenar la pandemia, son las adecuadas. No dan razones, pero la ciudadanía observa con justificada desconfianza cómo estas estrategias se aplican de manera aleatoria y muchas veces en contradicción con el más elemental sentido común. Algo parecido sucede con la efectividad de las vacunas las cuales, todavía en proceso de investigación, ya se distribuyen masivamente.

Cuando alguien expresa dudas a partir de información divulgada por medios de comunicación y redes sociales –algunas veces desde fuentes no confiables, pero también desde la opinión calificada de científicos reconocidos por su trayectoria- de inmediato surge la reacción adversa para calificar estas reflexiones como “teorías conspiracionistas” de quienes no aceptan como válidas las explicaciones sobre la seguridad de estos recursos inmunitarios. A lo largo de la historia, ha sido innegable la efectividad y aporte de las vacunas que han pasado por procesos de investigación profundos y de larga data, cuyos resultados han constituido un aporte esencial a la salud pública desde cuando fueron descubiertas. Pero durante esta pandemia, también es una realidad que el proceso de elaboración ha sido demasiado breve y todavía sujeto a ensayos. De ahí la resistencia de personal sanitario, sobre todo en países de primer mundo, presumiblemente bien informados y con experiencia en su campo, a aceptar las nuevas vacunas y su inoculación masiva. 

La vida y la salud de la población mundial están en juego y, desde su escaso conocimiento sobre el tema sanitario, esta observa cómo a pesar de las medidas de confinamiento que van y vienen sin razones explícitas, los casos aumentan y también los decesos. Los gobiernos, especialmente de nuestros países tercermundistas, han convertido el tema de vacunas en una herramienta de negociación política y privilegios, dejando por un lado su enorme responsabilidad hacia la población a la cual están obligados a servir y responder. A eso se suma la falta de campañas de información para explicar de manera sencilla cuáles son las características, riesgos y condiciones de las vacunas, con el objetivo de facilitar una toma de decisión consciente por parte de la ciudadanía.

En este sentido, las grandes multinacionales farmacéuticas tienen la obligación de compartir información confiable –a pesar de su dudosa reputación como gigantes industriales de ética flexible- y abstenerse de participar en actos de corrupción con algunos gobiernos cuyas claras intenciones van hacia convertir las vacunas en un negocio próspero y privado, condenando a los más pobres a un destino incierto. Si la vacunación es la respuesta más razonable para consolidar la inmunidad de rebaño y detener esta emergencia sanitaria que ya dura más de un año, entonces debe ejecutarse bajo la consigna del derecho a la salud, suscrita en todos los textos constitucionales, así como a la información responsable sobre riesgos y beneficios. 

Para imponer este derecho sin excepciones, será necesaria la participación activa de las organizaciones ciudadanas y del ámbito sanitario, con el propósito de evitar lo que ya se perpetra, que es una grotesca manipulación en la información, distribución y aplicación de las vacunas, transformadas en instrumentos de proselitismo y discriminación. Oponerse a ello no es conspiración, sino un elemental ejercicio ciudadano. 

El acceso a información confiable sobre medidas sanitarias, es un derecho.

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Una prueba de resistencia

Llevamos un año enfrentados al encierro, miedo al contagio e incertidumbre sobre el futuro.

Nietzsche afirmaba que todos los acontecimientos: pasados, presentes y futuros, se repetirán continuamente, de manera inevitable, en un ciclo de eterno retorno. Es decir, la Humanidad se mantiene atada y fiel a su naturaleza y, aun cuando logra avances espectaculares en ciencia y tecnología, tiende a repetir sus errores y a aferrarse a un pensamiento hegemónico que le impide romper la tendencia al retroceso. Por su parte, Andre Gunder Frank, sociólogo germano-estadounidense quien propuso la teoría de la dependencia desde 1960, explica cómo la trayectoria de los países en desarrollo –o subdesarrollados- diverge de la recorrida por naciones que han alcanzado una evolución notable en su economía y, por tanto, es incorrecto extrapolar esas experiencias por tener una diferente ejecutoria. 

Quizá sea necesario volver a repasar la historia de los pueblos para comprender mejor al mundo que nos rodea y aprender algo más sobre las limitaciones humanas. Hoy enfrentamos una peste globalizada de la cual ignoramos casi todo. Nuestra falta de conocimiento nos lleva por caminos aleatorios para explicar, de algún modo medianamente razonable, el absoluto transtorno que nos ha golpeado. De ahí se deriva la diferencia, entre uno y otro país, en las normas impuestas para encarar la emergencia sanitaria y que los pueblos se encuentren sometidos a regulaciones muchas veces opuestas al sentido común, como surgidas de una novela de Kafka.

Pero la pandemia no solo ha golpeado la salud pública; ha tenido su mayor impacto en la cotidianidad, en la rutina doméstica, en las relaciones interpersonales y en el derecho a las libertades ciudadanas al impedir, desde las instancias oficiales, la continuidad de la vida a la cual estamos acostumbrados. Hoy la salud, además de ser un tema de políticas públicas, se ha transformado en un peligroso instrumento de poder en manos de gobernantes indeseables. El proceso de desarrollo y distribución de las vacunas, elemento indispensable para detener la extensión del mal, se rodea de misterio y de maniobras discriminatorias, a lo cual se añade la incertidumbre sobre el alcance de su cobertura y el destino que espera a países incapaces de administrarla.

Volviendo a Gunder Frank y a su afirmación de que el subdesarrollo de las naciones es una política de dominación desde países desarrollados –Estados Unidos a la cabeza- para mantener la dependencia de nuestros Estados, la actual coyuntura deja en claro cómo la supervivencia de los pueblos del tercer mundo se encuentra sometida a la limosna de las potencias y a la pobre capacidad de reacción de los gobernantes, a los cuales estas potencias han apoyado y financiado para conservar su hegemonía. En este sentido, aun cuando existen países del continente que han logrado avanzar en políticas positivas ante la pandemia, la mayoría de naciones en desarrollo se encuentran en un limbo provocado por la carencia de planes de contingencia, la inmoral desviación de recursos hacia las cuentas personales de sus gobernantes o, simplemente, por su absoluta incapacidad de ejecución.

Si el eterno retorno es un fenómeno inevitable, se hace necesaria una revisión de cómo enfrentar sus manifestaciones y plantearse la tarea de romper la tendencia al fatalismo. No es necesario cometer los errores pasados, una y otra vez. Para ello hay que instruirse; estudiar la historia y no aceptar las erráticas decisiones oficiales con resignación, perfecto mecanismo de dominación de quienes nos quieren atrapados y sumisos; por el contrario, prepararse para participar en un sensato regreso a la normalidad.   

El mundo no escapa a la constante repetición de su historia.

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El 8 de marzo de 2017 a las 8:45 de la mañana

La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue un crimen de Estado.

El Día Internacional de la Mujer, fecha simbólica para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, fue marcada hace cuatro años con la terrible muerte y graves lesiones sufridas por 56 niñas y adolescentes recluidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Durante el tiempo transcurrido desde esa fecha, las autoridades de ese país han eludido toda responsabilidad por el trágico suceso y tampoco su sistema de justicia ha dado respuesta pronta y cumplida a los reclamos de organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas. 

Las adolescentes calcinadas en el incendio que puso en evidencia los sórdidos entretelones de ese hogar y los turbios negocios allí realizados no solo sufrieron una muerte atroz; también la sociedad, conservadora y proclive a juzgar de manera superficial a los menos afortunados, terminó de victimizarlas calificándolas de delincuentes y revoltosas, cargándoles sin el menor titubeo el peso de la culpa por los eventos de ese día y obviando la historia personal de cada una de ellas. Durante estos años, sin embargo, han sido periodistas conscientes y comprometidos con la búsqueda de la verdad quienes han realizado exhaustivas investigaciones y dado seguimiento a los casos, con el fin de desvelar la oscura historia detrás de esos auténticos centros de tortura y trata de personas en que se han transformado los establecimientos administrados por el Estado. La serie de reportajes realizados por Mariela Castañón ya había puesto en evidencia las condiciones infrahumanas en esos centros.

Es muy del caso insistir en la verdadera naturaleza de la acción política en una nación. Porque la manera como se ha prostituido la actividad política y cómo los centros de poder se han vendido al mejor postor, cada día aleja a los gobernantes de metas, fundamentos éticos y mandatos constitucionales. El abandono en el cual se encuentran grandes sectores de la ciudadanía –mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores- demuestra a las claras la degradación de la actividad gubernamental y pone de manifiesto el peligro que amenaza a nuestras débiles democracias. A este cuadro de carencias y malos manejos se suman los efectos devastadores de una pandemia mal manejada y, muy probablemente, utilizada como palanca para establecer dictaduras y normativas de carácter discriminatorio.

Este Día Internacional de la Mujer nos recuerda la importancia de mantener una estrecha vigilancia sobre los gobiernos y sus decisiones; el retroceso actual en el goce de derechos civiles debido a nuevas normas de conducta frente a la pandemia, tiene un especial impacto en los grupos mencionados, especialmente en los derechos de las mujeres y la niñez, las principales víctimas ante cualquier transtorno del escenario social. Los gobiernos tienen la absoluta obligación de orientar sus planes y propuestas hacia el bienestar y la prosperidad de sus habitantes y, muy especialmente, atender las necesidades de los sectores más vulnerables. 

Asimismo, quienes ostentan altas posiciones en los tres principales poderes de un Estado son responsables directos por los actos cometidos por quienes se desempeñan en sus distintas instancias. Por lo tanto, la seguridad y la vida de sus habitantes recae directamente sobre sus hombros y están obligados a responder ante la ciudadanía cuando han traicionado su misión. Este 8 de marzo es una fecha para jamás olvidar; es el día señalado para volver la mirada hacia las 56 niñas guatemaltecas víctimas de un Estado fracturado, cooptado por las mafias y en inminente peligro de convertirse en el vivo ejemplo de país fracasado. 

Repasar la historia es el mejor modo de aprender y tomar conciencia.

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Era un niño llamado Tomás

La infancia debe ser una etapa feliz; un portal hacia el desarrollo y la realización de los sueños.

Tomás tenía 3 años y le sonreía a la vida cuando salió de su hogar acompañado de su tío abuelo. Iba con la confianza y la alegría propias de un niño saludable y feliz que encuentra, a cada paso, un nuevo descubrimiento, una nueva experiencia. Fue su último paseo; lo encontraron muerto en mitad del campo con señales de abuso, nueve días después. Durante ese lapso, la búsqueda fue intensa por tierra y aire mientras todo Chile clamaba por su aparición. No hay palabras para describir tanta atrocidad contra la niñez en cualquier lugar del planeta. La crueldad extrema implícita en el abuso sexual, la tortura y la impunidad que rodean a esos crímenes contra la niñez se encuentra, por lo general, avalada por un sistema de protección ineficiente y caduco, enmarcado en la absurda creencia de que ese importante segmento goza de la mayor protección en el hogar, la escuela, la iglesia o el vecindario. 

Así como Tomás salió de casa y nunca regresó, miles de niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo son violentados física y psicológicamente por el solo hecho de encontrarse bajo la autoridad de otros, sin ningún mecanismo de defensa. En la mayoría de países centroamericanos, especialmente aquellos gobernados por políticos corruptos en complicidad con las organizaciones dedicadas al negocio de la trata de personas, cientos de ellos desaparecen sin alterar el sueño de las autoridades, pero tampoco el sueño de esas sociedades acostumbradas a la tragedia y a la violencia provocada por un sistema que ha destruido por completo la institucionalidad, abandonando a la población en un ambiente de absoluto caos y anarquía.  

La violencia sexual, una patología social de enorme impacto en nuestras sociedades, es consentida de modo directo o indirecto por la ineficacia de los sistemas de administración de justicia, pero sobre todo por el sistema patriarcal. Este, aún con pruebas a la vista, minimiza los abusos y otorga privilegios a los perpetradores, especialmente cuando esos crímenes son cometidos contra adolescentes y mujeres adultas. Casos extremos como el de Tomás, el niño de Lebu, se multiplican amparados por el silencio y la complicidad de quienes les rodean, bajo la consigna de mantener la reputación familiar aunque el crimen cometido destruya por completo la vida y el futuro de la víctima.

Está probada y comprobada nuestra incapacidad, como sociedad, de proteger a las nuevas generaciones de la violencia en cualquiera de sus formas. Preferimos engañarnos acudiendo a instituciones corruptas a las cuales entregamos a cientos o miles de víctimas propiciatorias, como sucede con los “hogares seguros” en los cuales se institucionaliza a una niñez que merece protección, pero administrados por delincuentes dedicados a la trata y a la prostitución de menores.

El fracaso de un país se mide por el trato dado a la niñez y, por lo tanto, debemos declararnos fracasados a nivel planetario. No hay rincón del mundo en donde la niñez y la adolescencia gocen de una total protección contra los abusos. Estos abusos, en la mayoría de casos, tienen impacto certero en diferentes patologías que esos seres sufren a lo largo de su vida, muchas veces reproduciendo en otros los efectos de sus sórdidas experiencias. Hemos creado una verdadera cultura de abuso, propiciada por la indefensión de unos ante la aparente autoridad de otros. Es así como, aún en el siglo de las maravillas tecnológicas, se mantienen los prejuicios sexistas y las estructuras de privilegios para los agresores, destrozando el futuro de los más indefensos.

Somos sociedades enfermas de machismo, violencia sexual y misoginia.

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Educación: Selectiva y escasa

Las condiciones impuestas por los gobiernos limitan el acceso a la educación.

Entre los efectos más graves de la pandemia y sus restricciones, está el limitado acceso a la educación y el consiguiente enclaustramiento de los segmentos infantil y juvenil de la sociedad. En los países menos desarrollados y en donde se observan grandes desigualdades, el tema de las políticas públicas para la educación ha sido manipulado, no solo desde la conveniencia política de mantener a la ciudadanía incapacitada para comprender, evaluar y participar de forma activa y consciente en los procesos de gobernanza, sino también para instalar un sistema laboral a beneficio del sector económico. Es decir, a menor educación, más mano de obra barata y dispuesta a aceptar condiciones mínimas de trabajo.

Quienes terminan siendo sacrificados –como chivos expiatorios- son las nuevas generaciones. Si la educación pública en la mayoría de nuestros países ha sido deficiente y cada vez más escasa, la pandemia ha venido a poner en evidencia la miserable infraestructura educativa y la pobreza de todo el sistema. Las condiciones de los establecimientos son de terror y, definitivamente, imposibles de utilizar en un ambiente de emergencia sanitaria. Muchas de las escuelas carecen de servicios tan básicos como agua potable y sanitarios decentes, por lo cual enviar a los niños a la escuela sería condenarlos, a propósito, a un contagio seguro.

Las opciones, sin embargo, tampoco son la panacea para ese enorme contingente de niñas, niños y adolescentes en proceso de recibir instrucción. Los gobiernos empiezan a proponer medidas como la educación a distancia, sin considerar que, para una fuerte mayoría de hogares, la tecnología es inalcanzable por vivir en situación de pobreza y no haber tenido nunca acceso a ella. Pero esta realidad no solo afecta a la niñez, tampoco es una solución válida para miles de madres, padres y maestros incapaces de ingresar a un campo de códigos virtuales totalmente nuevo y desconocido. Por lo tanto, las soluciones planteadas desde las cúpulas resultan únicamente factibles para un porcentaje minoritario de la gran población estudiantil.

Sumado a ello está el confinamiento de este segmento, para el cual el ejercicio, el entretenimiento y el contacto con sus pares ha sido limitado al extremo de provocar depresión, alteración de la conducta y, en algunos casos, hasta intentos de suicidio por vivir encerrados en ambiente de violencia doméstica. Los niños, niñas y adolescentes necesitan el juego y el contacto social como una de las actividades más importantes para su desarrollo. Privarlos de ese factor fundamental durante un tiempo prolongado tendrá efectos de corto, mediano y largo plazos, con el agravante de provocar, como efecto colateral, una inevitable tensión en el seno del hogar.

Es imperativo poner la educación y los derechos inalienables de la niñez y la juventud en el centro del debate político y no subestimar el impacto que esto tendrá en la vida y el desarrollo de las naciones. Dado que es un sector históricamente marginado, cuyas demandas suelen ser acalladas por la fuerza y la represión, otorgarles un espacio de participación en la toma de decisiones podría representar un cambio positivo y necesario para encontrar alguna salida a la crisis actual. En países tan proclives a privilegiar los intereses del sector empresarial por encima de los intereses de la ciudadanía, los gobiernos se han sometido a la regla de “a menos educación, menos participación política” y, por lo tanto, menos peligro de perder cuotas de poder. Ya es hora de cambiar la polaridad política en la dirección correcta.

El confinamiento de la niñez y la juventud genera un grave problema social.

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Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan

En Guatemala se aplica la estrategia del terror en el cuerpo de niñas, niños y adolescentes.

Guatemala transita por uno de los episodios más negros de su historia reciente. Desamparada e impotente ante el poder de las mafias, la población se paraliza ante la realidad de un Estado secuestrado por organizaciones criminales que operan en connivencia con las más altas autoridades y la condenan al miedo y a la sumisión. Los esfuerzos de estos grupos por apoderarse del último bastión de la justicia –la Corte de Constitucionalidad- lleva un siniestro mensaje: la democracia, que tanta sangre y dolor ha costado desde los tiempos de las dictaduras, está a punto de ser aplastada por un pacto entre políticos, élites empresariales y militares ignorantes, codiciosos, obtusos y sedientos de poder.

El escenario actual parece haber sido planificado en detalle para borrar hasta el último intento de oposición ciudadana y comienza a delinearse como un intento de acabar con cualquier resquicio de respeto por la Constitución y sus mandatos. La ciudadanía –ese conglomerado en donde supuestamente reside el poder- se encuentra sitiada y niñas, niños, adolescentes y mujeres parecen haber sido cuidadosamente escogidos como víctimas propiciatorias de esta escandalosa maniobra, diseñada para acallar toda rebelión, silenciar a las masas y obligarlas a aceptar lo inaceptable. 

Los secuestros, desapariciones, violaciones y asesinatos de niñas, niños y adolescentes han alcanzado niveles de terror. Los mensajes de alerta se han convertido en un cuadro cotidiano y, por lo mismo, han dejado de provocar reacciones, creándose un ambiente de acostumbramiento a los peores actos de violencia contra el sector más inofensivo y vulnerable de la sociedad. Guatemala se presenta ante la comunidad internacional como un país de impunidad, como una nación en donde el crimen organizado impera y decide los destinos de la patria. Como un territorio carente de justicia, en donde la ley opera dependiendo del tamaño del soborno.

Esta vergüenza de nivel planetario no afecta el negocio de las mafias, pero constituye un lastre inmenso y una constante amenaza para el futuro del país, cuya población observa impotente cómo se van por el barranco sus escasas oportunidades de alcanzar un desarrollo que, hasta ahora, ha sido sistemáticamente saboteado por sus élites empresariales y los cuadros políticos más retrógrados y corruptos. Cualquier intento por revertir este estado de cosas -perfectamente consolidado para mantener los privilegios de estos sectores- requiere la intervención directa de la ciudadanía. Pero la gente tiene miedo y ese miedo representa el pase libre para los criminales en el poder.

A las niñas, niños y adolescentes les está secuestrando, violando y asesinando el sistema. Para estas vidas inocentes no existe justicia; su destino, depende de instituciones capturadas por individuos nefastos coludidos con los victimarios, cuya indiferencia e inoperancia parecen ser parte del pacto criminal. Las niñas y niños no se violan, no se tocan, no se asesinan. Quienes cometen estas atrocidades al amparo de una justicia apática y corrupta merecen castigos ejemplares y definitivos. Asimismo, quienes pretenden –con actitud paternalista y condescendiente- someter a niñas, niños, adolescentes y mujeres al encierro para no ser víctimas de estas acciones viles, se convierten en cómplices de los criminales. Pretender adjudicarles la culpa por los ataques siniestros que sufren en todos los espacios es una absoluta aberración. Las calles, escuelas, templos y hogares deben ser santuario de protección para lo más valioso de la sociedad y no rincones propicios para el abuso. 

El encierro de niñas, niños y adolescentes no es la respuesta.

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