Las oportunidades perdidas

La acción ciudadana es el arma mas efectiva contra el abuso de autoridad.

La posibilidad de generar cambios en un sistema político, económico y social, como los imperantes actualmente en nuestros países, que avanzan de modo tan precario bajo regímenes pseudo capitalistas, incapaces de generar oportunidades de desarrollo y menos aún de beneficiar a todos los sectores de la sociedad, depende en gran medida de la voluntad de los pueblos. Si estos tomaran al toro por los cuernos con el propósito de incidir en las decisiones que les afectan de manera directa, enfrentando a los poderes que lo reprimen, otro sería el escenario. 

Sin embargo, es evidente cómo esta falta de músculo político ha sido consecuencia de una estrategia combinada de manipulación ideológica y creación de obstáculos aparentemente legales para tener acceso a información veraz y confiable; pero, sobre todo, de marcos jurídicos diseñados para elevar muros contra una participación efectiva de la población en el quehacer político y en rutas cada vez más estrechas para su propio desarrollo.

La influencia decisiva de los medios de comunicación masiva, los cuales en su inmensa mayoría se encuentran en manos de grandes consorcios empresariales estrechamente comprometidos con el poder económico, ha sido uno de los factores determinantes para alejar del debate público y de la participación partidista a sectores tan importantes  como la juventud y las mujeres, cuya acción directa tendría el potencial suficiente para cambiar el rumbo de la historia de sus pueblos. A partir de políticas hábilmente diseñadas para desinformar, manipular y, de paso, satanizar a los movimientos populares, los grandes medios también han instalado -desde tiempos inmemoriales- un acendrado odio entre clases sociales. A ello se suma el ambiente de desprestigio de la función pública, el cual socava uno de los derechos fundamentales de la sociedad, como es el involucramiento en el desarrollo de sus sistemas democráticos.

En nuestra América han sido muchas las oportunidades perdidas frente a un sistema blindado contra los cambios de fondo, cambios estructurales imprescindibles para abrir caminos de desarrollo en sociedades igualitarias y verdaderamente democráticas. A pesar de nuevas políticas en naciones con gobiernos progresistas, las raíces del mal se mantienen inamovibles: los sectores más pobres quedan apartados de la ruta del progreso, junto con quienes alimentan a todo el sistema: el sector rural y campesino, en donde confluye la mayoría de las etnias originarias de nuestro continente.

Las razones son muchas y variadas; pero sin lugar a dudas uno de los mayores obstáculos contra el ejercicio pleno de una democracia efectiva, ha sido la excesiva concentración de la riqueza en manos de un círculo cada vez más estrecho y poderoso, cuya capacidad para imponer sus intereses por encima de los de las mayorías viene amparado por una cúpula ubicua de fuertes ramificaciones en el escenario mundial. Luchar contra ese monstruo ha significado, para nuestro continente, además de golpes de Estado y establecimiento de dictaduras, la pérdida de oportunidades únicas para transformar su destino y asumir los grandes desafíos implícitos en ese movimiento trascendental. Los pasos decisivos vienen de la mano de un nuevo marco jurídico a partir de conceptos integradores, nuevos textos constitucionales y leyes sólidas que garanticen los derechos para todos, sin excepción.

La depuración de las instancias políticas es fundamental para la democracia.

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Un antiguo campo de batalla

“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres” Simone de Beauvoir.

En los días recientes, tres decisiones de la Corte Suprema estadounidense han delineado la ruta de un retroceso radical en cuestión de derechos, pero también la constatación de una postura reiteradamente contradictoria en cuanto la defensa de la vida y la libertad. La derogación del derecho al aborto, al eliminar la histórica decisión Roe vs Wade, de 1973, la cual consagraba esta opción como un derecho constitucional, deja a millones de mujeres estadounidenses desprotegidas y sujetas a enfrentar serios riesgos para su salud, pero sobre todo expuestas como objeto de control político bajo la pobre excusa del derecho a la vida. Esta decisión de la Corte constituye otra de las formas de violación de los cuerpos de las mujeres, semejantes a las perpetradas en cualquier escenario bélico y, para más ironía, con los mismos propósitos.

La segunda decisión de la Suprema viene a ratificar el cinismo de los grupos de extrema derecha en ese país, al anular las restricciones sobre la tenencia de armas en la vía pública en el Estado de Nueva York. Es decir, mientras por un lado se restringen los derechos de las mujeres, por otro se relajan las normas sobre uno de los derechos constitucionales más peligrosos para la vida humana. Y la tercera decisión viene a confirmar una vez más la doble moral de las altas instancias jurídicas -reflejo, claro está, de toda una tradición de fundamentalismo- abriendo la puerta para subsidiar con fondos del Estado el adoctrinamiento religioso en las escuelas, lo cual contraviene la tradicional separación entre Iglesia y Estado.

Como espejo de este regreso a un marco normativo que vulnera gravemente derechos ya consagrados, se establece de modo agresivo un retorno a las prácticas restrictivas para grupos específicos de la sociedad -mujeres y niñez- desbaratando de golpe una labor de largo aliento que ha costado muchas vidas. La violencia implícita en estas decisiones delinea un giro histórico hacia un fascismo solapado, vestido de moral. Toda decisión dirigida a eliminar derechos ya conquistados a un grupo específico de la sociedad, es una práctica inmoral y carente de verdadera sustentación jurídica, toda vez que representa un acto de discriminación.

El cuerpo de las mujeres es y ha sido siempre un antiguo campo de batalla. Destruirlo físicamente -o destruir su esencia- equivale a aniquilar una parte fundamental del tejido social. Es por ello que la lucha por los derechos de las mujeres se mantiene siempre vigente: porque jamás estarán garantizados mientras existan bajo un sistema patriarcal, de dominación económica y política, en donde su sitio no tiene sustento sólido. Esta es una realidad en cualquier sociedad, no importa cuán elevado sea su nivel de desarrollo. 

El discurso pro vida, institucionalizado con fervor por gobiernos cuyos líderes amparan los crímenes de guerra bajo la bandera de intereses corporativos, choca de frente con iniciativas destinadas a poner un cepo contra la seguridad, la vida y la libertad de más de la mitad de su población. La intromisión de las doctrinas religiosas en esta muestra escandalosa de cinismo y abuso, incluso en países cuyos textos constitucionales establecen una división estricta de sus espacios de intervención, deja muy en claro cuánto impacto tendría la plena libertad de las mujeres en un sistema capaz de reconocer sus talentos y sus valores. Este, todavía es un tema pendiente.

La plena libertad para la mujer es un tema pendiente en todas las sociedades.

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El sutil engaño de las redes

Hemos llegado a la tecnología con un bajo nivel de entendimiento.

Las redes sociales nos tienen deslumbrados. Creemos, en nuestro estrecho margen de familiaridad con el mundo de la comunicación virtual, en una ilusión de influencia hacia un universo del cual desconocemos su magnitud, pero también su profundidad. En ese embobamiento en el cual hemos caído -por el mero hecho de tener un instrumento capaz de conectarnos con el mundo- olvidamos algo tan básico como la importancia de la acción directa y, en ese actuar, la responsabilidad que nos cabe hacia nuestro entorno inmediato.

De ese modo, lo que debería representar una participación activa en el sistema del cual formamos parte, se vuelca hacia un remedo de ejercicio ciudadano en mensajes, comunicados y protestas incorpóreas de monitor a monitor, todo lo cual muere al ritmo de nuevos mensajes, nuevos comunicados y nuevas protestas. En este flujo incesante cabe todo: desde los llamados a una acción que no se produce, hasta la ilusión de haber generado algún tipo de reacción entre quienes nos escuchan a la distancia.

En este transitar desde el sillón frente al ordenador, hemos olvidado lo más importante: y es que esas redes que tanto nos fascinan, no nos pertenecen. Son sistemas manejados desde sitios remotos por seres anónimos, altamente entrenados, divorciados por completo de nuestras ansias y preocupaciones, y muy conscientes de su poder. Esas redes, esos sistemas de alta tecnología que cruzan el mundo virtual están totalmente fuera de nuestro alcance y, por obvias razones, fuera de nuestra capacidad de ejercer sobre ellos ningún tipo de influencia.

Esto no significa alejarse de este recurso, el cual ha demostrado su enorme utilidad. Sin embargo, sí es importante tener presente que no sustituye, en ningún caso, el ejercicio ciudadano directo; aquel en cuyas acciones descansa todo el engranaje del sistema político y, por ende, nuestras débiles democracias. La presencia ciudadana nunca puede ser solamente virtual; es, no solamente física, sino también imponente, ruidosa y exigente de sus derechos. 

La capacidad humana de habituarse a distintos entornos -tal como sucede hoy con la tecnología- tiende a crear ilusiones y a perder de vista la realidad. Es imperativo comprender la urgencia de poner los pies sobre la tierra y luchar por la justicia y los derechos desde la misma plataforma desde donde se violan a diario. Esa es la enseñanza fuerte y vital desde los pueblos que, por su condición de pobreza, no tienen acceso a ese recurso tan sofisticado como discriminatorio.

La dependencia creada por estrategias de mercado agresivas y seductoras desde el mundo de la alta tecnología debe mantenerse bajo control, por su capacidad para alienarnos de nuestra realidad. La presencia en redes sociales, a la cual adjudicamos más importancia de la que corresponde, es una buena forma de comunicación, pero no el recurso mágico para generar cambios estructurales en sistemas políticos que han degenerado en abusos y corrupción. Dejarnos engañar por su dudosa efectividad es una forma de eludir un cúmulo importante de responsabilidades.

La fuerza de una ciudadanía consciente reside en su presencia, en su voz y su capacidad para imponer su autoridad, como se ha demostrado a lo largo de la Historia. Nada puede sustituir el poder de las masas cuando estas asumen la autoridad que les pertenece por derecho.

Nada puede sustituir el poder de la presencia física de una ciudadanía consciente.

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La brújula rota

La vida política y social del país parece haber perdido la ruta.

Entre los mayores problemas provocados por la anarquía y el desorden desde los ámbitos institucionales están la pérdida de confianza y de oportunidades de crecimiento. Guatemala sufre ese síndrome. Parece haber perdido la brújula con la cual definió, en algún momento, la ruta hacia la reconciliación entre sus diferentes sectores y la búsqueda de desarrollo sostenible en un marco de respeto por los derechos humanos.

Las instituciones fundamentales de una nación, aquellas cuyo papel se centra en la defensa de las normas constitucionales y la imposición de un marco valórico común a toda la sociedad, han colapsado de manera pública y notoria.

El Congreso de la República se ha transformado en un mercado en el cual se transa la riqueza y el futuro del país con total descaro e impunidad y el organismo encargado de administrar justicia, cuyas funciones están claramente definidas por ley, parece un conjunto de compartimientos estancos en donde cada quien maneja sus asuntos a su manera.

Mientras eso sucede en dos de los pilares de la democracia, otras instancias acusan una absoluta falta de control por parte de la ciudadanía. El ejemplo perfecto es la comuna capitalina, cuya máxima autoridad ignora por completo que existe un mecanismo llamado rendición de cuentas. Y ese cuadro se repite una y otra vez en ministerios y municipalidades, gobernaciones y secretarías. Algo así como una red de influencias orientadas de manera exclusiva a satisfacer intereses particulares con total desprecio por la gran masa poblacional de la cual obtienen su riqueza.

Pero no solo en los grandes despachos se produce esta pérdida de visión y dirección. También en las pequeñas organizaciones dirigidas por personas ineptas y carentes de ese concepto de bien común indispensable para tomar las decisiones correctas. Uno de los casos ejemplificadores es la administración del Parque Zoológico La Aurora, recinto destinado a conservar, proteger y exhibir a la fauna en condiciones adecuadas, con el propósito de brindar a la población un medio de educación y entretenimiento saludable y constructivo, con un fuerte concepto de respeto por la naturaleza.

Sin embargo, el Parque Zoológico se está transformando en una nueva Plaza Obelisco o, peor aun, algo así como el salón popular La Flor de Chinique, en donde la música estridente y la parranda desenfrenada marcan la pauta. La salud de los valiosos ejemplares de fauna refugiados en el parque no es un tema de interés para los genios del mercadeo cuyas pésimas decisiones y su evidente ignorancia violan todos los preceptos conservacionistas.

Así se podría enumerar a muchas dependencias del Estado cuyo desempeño presenta gravísimas deficiencias. Para no ir tan lejos en el tiempo, dar una mirada a la desorganización y falta de estructura en la celebración del B’aqtun, oportunidad de oro desperdiciada por las autoridades de turismo y de cultura, quienes no tuvieron los alcances para realizar un evento de transcendencia mundial, el cual hubiera significado un importante logro para la imagen del país en el exterior. La pregunta es ¿quién tiene el timón de esta nave?