Relaciones perversas

Semejante a los círculos de poder en el ámbito privado, así funcionan los Estados.

Sin que ello represente una gran novedad, el fortalecimiento de los estamentos oficiales en la mayoría de países ha venido a constituir un cambio sustancial en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Más o menos conscientes de que el poder máximo procede de los círculos económico-empresariales, los pueblos empiezan a percibir cómo sus derechos y el entorno jurídico en el cual se ha desarrollado su existencia, derrapa de la ruta conocida para adentrarse en terrenos mucho más pantanosos e inciertos. Los nuevos parámetros para contener una pandemia se van asemejando a las normas estrictas del más puro fascismo.

Los pueblos, sobre todo aquellos pertenecientes a países menos desarrollados, han comenzado a perder derechos reconocidos en sus textos constitucionales, observando cómo sus gobiernos aprovechan la coyuntura para cometer toda clase de abusos amparados por un estado de emergencia en el cual cabe casi todo: enriquecimiento ilícito, manipulación de las leyes, fortalecimiento de los cuerpos policiales y castrenses y, como consecuencia inmediata, el completo abandono de las políticas públicas referentes a la protección de la ciudadanía en aspectos vitales, como salud y nutrición. Estas políticas públicas, de las cuales depende en gran medida la supervivencia de grandes sectores son, desde hace mucho, territorio invadido por intereses corporativos.

El nuevo escenario pueblo-gobierno también se ha instalado en naciones poderosas, en donde sectores radicales adversos al poder ciudadano comienzan a marcar territorio y a instalar nuevos modelos de relación entre los estamentos políticos y la población. Visto desde la perspectiva de la necesidad innegable de imponer normas estrictas de conducta para detener la pandemia, estas adquieren un viso de pertinencia, lo cual hace que amplios sectores de la ciudadanía las acepten sin rechistar. Sin embargo, en ese nuevo estatus se deslizan, con demasiada frecuencia, medidas que afectan a derechos civiles históricamente reconocidos, tales como el derecho a manifestarse o el de escoger libremente opciones frente a la salud individual. 

La actitud de los gobiernos comienza a revelarse como un regreso a épocas de autoritarismo y represión, aun en países de fuerte raigambre democrática y en donde los derechos ciudadanos han constituido la columna toral de su institucionalidad. Este nuevo orden de cosas –también en Europa- comienza a despertar el temor a un regreso a las oscuras épocas del fascismo y fortalece a grupos extremistas que aspiran al poder. Esto provoca de manera inevitable la reacción de una ciudadanía decidida a proteger los valores democráticos, pero puesta contra las cuerdas por una situación sanitaria innegable y un nuevo marco reglamentario que le impide expresarse libremente.

El futuro inmediato, por lo tanto, constituye un enigma de proporciones épicas dada la manera como se mezclan en el mortero el deber ciudadano, la responsabilidad frente a los demás, la inconsistencia de muchas decisiones políticas y la ausencia de certeza con respecto a la verdad científica. En esa nebulosa, conveniente para ciertos sectores de poder, se desarrolla actualmente una relación perversa entre gobernantes y gobernados quienes, por una parte, buscan consolidar el poder contra aquellos que aspiran a conservar los derechos y libertades considerados justos e inviolables. Tras esta dicotomía, subyace un elemento aún más perverso: los intereses económicos de una cúpula corporativa de proporciones planetarias capaz de incidir, sin el menor escrúpulo, en el derecho a la vida.

El individuo, ante un poder sin límites, pierde todos sus derechos.

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La era del hambre

“El arma de los imperialismos es el hambre. Nosotros, los pueblos, sabemos lo que es.” (Evita)

Con retraso en el crecimiento, peso inferior al 60 por ciento del previsto para la edad, escasa o nula grasa subcutánea, extremidades delgadas, diarrea, infección respiratoria, tuberculosis y signos de otras carencias nutricionales como deficiencia de micro nutrientes, se manifiestan algunas características de un cuadro de desnutrición en la infancia. En nuestro continente, un continente rico en recursos pero sometido a un sistema económico y político criminal, discriminatorio y deshumanizante, las grandes mayorías enfrentan la peor de las pandemias: el hambre. 

El hambre, definido como el producto de la escasez generalizada de alimentos básicos que padece la población de forma intensa y prolongada, es una violación de un orden jurídico cuya premisa principal es la protección de la persona contra el abuso de autoridades, servidores públicos y particulares. Esta especie de patología política contraviene las garantías de los textos constitucionales y se encuentra presente con diferente intensidad y extensión en todos nuestros países, respondiendo a un sistema de reparto injusto de la riqueza pública y a la acumulación del patrimonio común en manos de una élite explotadora. La paradoja, es que el empobrecimiento resultante provoca un inevitable colapso de las capacidades productivas de la comunidad y, por ende, una disminución progresiva de los atributos intelectuales y físicos del recurso humano que pudiera contribuir al progreso de esa misma élite.

En América Latina, la pobreza impuesta de manera tan implacable a las grandes mayorías podría definirse como una fórmula estratégicamente concebida por los genios del sistema neoliberal: A mayor pobreza, menor poder ciudadano y, por ende, más oportunidades de enriquecimiento y concentración del poder para el sector privilegiado. La aplicación de esta norma perversa alcanza sus mayores cotas en países centroamericanos, en donde la carencia nutricional ha colocado a millones de niñas, niños y adolescentes ante un escenario de privaciones, enfermedad, dolor y muerte precoz por la carencia de algo tan básico como el alimento.

Para las élites en el poder, el hambre no es un problema. Es una realidad supuestamente inevitable reflejada en estadísticas más o menos manipuladas y asépticas, mediante las cuales la tragedia humanitaria se reduce a números. Esto, con el propósito de justificar políticas públicas sesgadas e ineficaces y así, mediante el uso de su poder mediático, endosar la responsabilidad en quienes lo padecen. De ese modo, para las castas políticas se abren nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito a través de donaciones de la comunidad internacional, préstamos cuyos fondos van a caletas y paraísos fiscales y otras argucias estratégicamente creadas con el mismo propósito. 

En un escenario ideal, el hambre como tragedia humanitaria no debería existir. El planeta tiene recursos suficientes para satisfacer esa necesidad y, de no imperar los intereses corporativos que obligan a desechar millones de toneladas de alimentos cada año, con el único propósito de mantener los precios de mercado, nadie debería morir por falta de nutrientes. En la realidad, la vida de la niñez condenada al peor de los destinos, tiene menos importancia para las clases privilegiadas que los índices económicos, sólidamente asentados sobre la base de la injusticia y el despojo. Nuestros países necesitan con urgencia un relevo político capaz de construir las bases de un sistema inclusivo y justo para todos, pero sobre todo la actuación de líderes inteligentes, capaces de comprender y asumir el desafío de romper las estructuras y construir auténticas naciones.

Para las élites en el poder, el hambre es un fenómeno “inevitable y natural”.

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La verdad, un bien escaso

Cada mañana, la sociedad enfrenta el enorme desafío de descubrir la verdad.

El virus ha marcado de manera rotunda un cambio de era a lo largo y ancho de este planeta. Ese parteaguas se ha producido a raíz de la invasión ocasionada por un accidente –premeditado o no- cuyo resultado ha sido la liberación de este elemento mortífero desde un centro de investigación cuyas consecuencias, a la par de las sanitarias, han devenido en un nuevo estatus social, político y económico. Ha sido entonces cuando el mundo se ha sumergido en una batalla comunicacional de dimensiones épicas y, para mayor confusión, con carencia de recursos para profundizar en las verdaderas causas y consecuencias de tan impactante fenómeno.

La verdad se nos escapa y, para mientras, nos entretenemos en desarrollar cuanta hipótesis se nos cruza por la cabeza para mantener cierto nivel de lucidez frente al caos y a la pérdida de algunos derechos civiles que creíamos inviolables. En el transcurrir de los meses, inmersos en esta broma macabra, nos hemos sometido a regañadientes a normas restrictivas cuya pertinencia es objeto de debate, pero que han adquirido fuerza de ley sin derecho a protesta. Es justo reconocer que la pandemia ha requerido medidas draconianas contra la libertad de la ciudadanía; sin embargo, la opacidad de la información al alcance de los pueblos provoca una enorme desconfianza hacia quienes poseen el poder para controlar la situación y manipular los mecanismos legales.

En este sentido, no es ningún misterio cómo algunos gobernantes han aprovechado de manera ilícita y con marcado sesgo criminal este riesgo sanitario, cuyos efectos no solo amenazan la salud sino han enlutado a millones de hogares alrededor del mundo, tanto en países ricos como en naciones pobres. Las estratagemas funcionan gracias al ocultamiento de la información sobre el manejo de fondos públicos, pero también con respecto de los sistemas de vacunación –otro tema cargado de misterio- y la atención de emergencia para las víctimas del contagio. A ello hay que sumar la carencia de recursos hospitalarios y, como uno de los mejores mecanismos de control social, el miedo colectivo.

El debate sobre la efectividad y características de las distintas vacunas es el gran tema del día. En corrillos de amigos, colegas o simples desconocidos, entusiasmados por aportar sus muy variadas teorías, las vacunas se han convertido en un sujeto propicio para evadir el hecho de que, por abundante y válida que sea la información captada en distintos medios físicos y virtuales, es contundente la ignorancia en la cual nos mantienen tanto autoridades como centros de investigación. Es imposible rebatir el hecho de que nuestros conocimientos sobre la materia derivan de un universo informativo susceptible de ser condicionado por cúpulas de poder político y económico, las mismas que han transformado a nuestros países en ejemplos de subdesarrollo. Nuestro acceso a la verdad es, por tanto, inexistente o muy reducido; y, por nuestra propia salud mental, hemos de asumir ese hecho. 

¿Cuál sería entonces la manera de tomar el control de nuestro papel en el escenario? Aun cuando existe una enorme dificultad para obtener información sobre las verdaderas características de las vacunas, todavía en desarrollo, y el único parapeto contra el poderoso virus, hay otros temas como el manejo de fondos públicos para hacer frente a esta emergencia y cuyos entretelones han de ser del dominio general. La realidad nos ha demostrado cómo las restricciones han abierto las puertas al saqueo y al completo abandono de la población y es en ese terreno en donde aún se puede luchar por la verdad.  

La opacidad de la información nos impide ejercer nuestros derechos.

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El síndrome de Estocolmo

Para enfrentar los abusos, es preciso perder el miedo a combatirlos.

Se utiliza el término “síndrome de Estocolmo” para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. A pesar de existir muchos estudios con respecto a sus características, los expertos parecen coincidir en el hecho de calificar el síndrome como una respuesta natural de supervivencia ante una situación en la cual la víctima no solo carece del control sobre su entorno, sino además intenta adaptarse a él. A nivel colectivo, se podría aplicar esta patología a ciertas naciones en las cuales se produce una situación de excesiva violencia desde el poder, contra una población incapaz de reaccionar para defender sus derechos, la cual incluso vuelve una y otra vez a otorgar el mando a quienes la someten.

Quizás el lazo afectivo sea algo que no se desarrolla en el marco de las relaciones pueblo-gobierno, pero sin duda se produce una forma de aceptación pasiva y resignada al comportamiento abusivo, discriminatorio y destructivo de quienes poseen las riendas del poder político-económico y cuyo desempeño en la gobernanza tiene todas las características de un secuestro: apoderarse de los mecanismos jurídicos para cometer toda clase de violaciones a los derechos de la ciudadanía, restándole a esta cualquier posibilidad de defenderlos mediante maniobras espurias y la aplicación de métodos represivos y trampas legales.

Las circunstancias que hacen posible la toma del poder político por parte de individuos corruptos y carentes de visión tienen mucho que ver con la manipulación de los recursos públicos con objetivos ilegales e ilegítimos; pero también con la infiltración de supuestas doctrinas religiosas, cuya misión es impedir el empoderamiento ciudadano y las cuales constituyen un poderoso aliado. De este modo, se consigue rebajar de manera sistemática las expectativas de desarrollo y supervivencia de grandes sectores de la población, quienes al final aceptan como algo natural otorgar no solo su aprobación sino también sus recursos económicos al sistema que coarta sus libertades y se apodera de sus riquezas. Como regalo adicional, alimentan el poder de sus captores con absoluta sumisión.

En sociedades con estas características –en donde predomina la actitud pasiva y resignada ante el abuso sistemático- resulta doblemente complicada la consolidación de movimientos colectivos organizados tendentes a desarticular los mecanismos opresores. Por un lado, por un temor arraigado e instalado en la conciencia colectiva sobre los riesgos implícitos en todo cuanto asemeje a la rebeldía y, por ende, a la destrucción del enemigo, sino también porque el sistema somete a la población a un régimen elemental de supervivencia. Por lo tanto, esta agradece cualquier concesión a sus necesidades, aun si esta no llega siquiera al mínimo establecido en leyes y tratados.

En la actualidad, con un escenario pavoroso de restricciones y pérdidas humanas provocadas por el ingreso de un virus mutante –cuyo origen aún es tema de controversia y manipulación informativa- son muchos los países de nuestro continente los sometidos a regímenes políticos cuyas autoridades se mueven en un terreno pantanoso y contrario a sus marcos institucionales. Ante esto, pocos son los ciudadanos comprometidos a ejercer un papel activo y de fiscalización, lo cual permite los excesos de organizaciones e individuos cuyos objetivos se enfocan en mantener un férreo control sobre pueblos y bienes públicos, ante la mirada cómplice de la comunidad internacional y de sus rehenes dentro de las fronteras. 

Agachar la cabeza es una de nuestras peores falencias como sociedad.

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Basura bajo la alfombra

Una de las peores fallas de nuestras débiles democracias está en el secreto oficial.

En igual medida como el poder político y económico -consagrado por un sistema neoliberal capaz de arrinconar la voluntad popular- se fortalece, así también se debilita el derecho ciudadano a conocer los entretelones de las decisiones que le afectan y le incumben. En América Latina, nuestro castigado continente, esta manera de administrar las muy variadas formas de secretividad oficial ha sido institucionalizada de tal modo, que los pueblos ya ni siquiera intentan romper los candados. Es por medio del silencio y la mentira como nuestros países han sido despojados, paulatinamente, de riquezas y oportunidades.

El secreto oficial ha transitado desde los ámbitos de la seguridad nacional –algo relativamente sensato- hasta el uso de los fondos públicos, amparando así a quienes tienen la obligación absoluta de rendir cuentas de su administración. Es decir, lo que en un sistema democrático está supuesto a servir como parámetro para medir procedimientos enmarcados en la ética y la transparencia, hoy se encuentra bajo secreto de Estado en muchas de nuestras naciones, en donde campea la corrupción. Esto, sin duda sujeto a severas sanciones administrativas y judiciales cuando el caso lo amerite, se ha convertido en un mecanismo de protección ante las prácticas inconfesables de las sucesivas administraciones de gobierno.

Una de las causas de este descalabro en el seguimiento de las decisiones políticas se debe en gran parte al debilitamiento de los marcos institucionales, para lo cual ha servido de machete la abolición progresiva del servicio civil. Este ente, concebido para registrar y preservar el historial de la administración pública, eximiéndolo de convertirse en botín de deudas electorales, ha sido prácticamente eliminado en nuestros países. De ahí que la destrucción de archivos cada fin de administración y la sistemática eliminación de funcionarios de carrera en cada inicio, asemeje a la pésima idea de quitar las columnas de un edificio porque estorban la vista.

Esos vacíos en el ordenamiento administrativo, especialmente en países supuestos a responder a lineamientos democráticos, representan un retroceso monumental hacia sistemas abiertos al abuso y a la inveterada costumbre de esconder la basura bajo la alfombra para evitar sanciones y auditorías. El libertinaje propiciado por la eliminación de límites a la corrupción ha sido ya parte integral de sistemas que han derivado en el empobrecimiento de los pueblos y el enriquecimiento escandaloso de sus cuadros políticos y sus cúpulas empresariales. A ello es preciso añadir el detalle adicional de fuerzas del orden y ejércitos comprometidos con esos grupos de poder hasta el extremo de amparar y compartir sus delitos.

De todo esto devienen, naturalmente, las acciones de persecución, amedrentamiento y eliminación física de miembros de la prensa no comprometidos con el sistema corrupto imperante. Acciones estas que muchas veces se extienden hacia miembros del sistema judicial cuya integridad se traduce en sentencias contra los agresores. Esta es una de las consecuencias más peligrosas del debilitamiento de las estructuras institucionales de nuestros Estados, al romper parámetros fundamentales de la democracia, como la libertad de pensamiento y el derecho de los pueblos a conocer hasta los más ínfimos detalles de las gestiones de su gobierno. La dificultad reside hoy en la enorme tarea de reconstruir lo perdido y restaurar por lo menos un mínimo de confianza en el sistema por el cual se ha luchado durante más de un siglo.

Un Estado corrupto es como un edificio sin columnas de soporte.

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Un mal prevenible

Nuestras sociedades sufren de males prevenibles y tratables. Solo falta la medicina.

Nuestros países destacan por la abundancia de investigaciones y denuncias por el incremento incesante de la corrupción y la violencia criminal y, aunque no han dado los resultados deseables, tampoco se pueden desconocer ciertos avances de gran impacto en la manera como se reordenan las fuerzas democráticas en algunos de ellos, con el potencial de revertir los orígenes de esas situaciones que tienen el poder de acabar con las democracias. Sin embargo, siempre hay excepciones dolorosas, como los ejemplos de dos países cuya situación geográfica y su historia de corrupción los han convertido en el pasadizo de la droga y en donde se concentra la incesante ruta migratoria. Estos son Honduras y Guatemala, dos naciones cuyos indicadores marcan las peores condiciones de vida para sus habitantes y en donde sus gobernantes lideran los índices de violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado.

¿Cómo se ha producido la descomposición -que hoy parece irreversible- en estas naciones? ¿Es que acaso no existen mecanismos de control capaces de sostener un mínimo de institucionalidad y justicia con el poder de reconstruir un remedo de Estado? Para comenzar a desentrañar los tejidos de la red que hoy atrapa a sus instituciones, es importante revisar la historia y desempolvar las evidencias sobre la inmensa influencia de intereses corporativos, cuyo poder sobre gobiernos mucho más poderosos ha puesto un “hasta aquí” a sus intentos de democratización. 

Sin embargo, estos no son los únicos países que encajan los golpes contra sus pretensiones de independencia política y económica. Durante las recientes elecciones en otras naciones del continente se ha podido apreciar el miedo de las clases medias al relevo en el control de sus políticas internas y sus relaciones con el gran capital internacional. Esto demuestra que la guerra solapada y sostenida durante décadas en contra de procesos democráticos, cuyo objetivo ha sido la independencia y la sostenibilidad económica de los países en desarrollo, ha causado un daño moral de tales dimensiones, que sus patrocinadores ni siquiera se toman la molestia de insistir con campañas tipo guerra fría para insertar en el cerebro de millones de seres humanos los prejuicios contra lo que huela a justicia social. Pareciera estar instalado el miedo al cambio y los esfuerzos por erradicarlo apenas tocan, si mucho, a la mitad de quienes deciden el curso de la política por medio de su voto, en donde el mérito sobre esa paridad positiva se lo lleva, en su mayoría, la juventud.

A este respecto, el de las generaciones ansiosas de nuevos aires, es importante recalcar cómo las estrategias dirigidas a mantener el estatus han ido chocando, una y otra vez, contra la necesidad de redirigir la marcha hacia formas de gobierno más sensibles a las necesidades de ese inmenso sector de nuevos ciudadanos. Aunque esto solo falla en aquellos países cuyos Estados son cautivos del crimen organizado, como los antes citados, la inevitable marcha hacia cambios favorables con la restauración de procesos democráticos parece ser inevitable. Nuestro continente ha experimentado la fuerza de los golpes en contra de sus intentos de independencia y, debido a ello, sufre de un mal endémico encarnado en una actitud recelosa hacia nuevas reglas de juego político. Sin embargo, los acontecimientos de los años recientes con el avance de la fuerza popular en la mayoría de países, revela que la medicina contra el conformismo y la apatía tiene resultados comprobables y, gracias a sus efectos, se abre la perspectiva de nuevos aires para los tiempos por venir. 

Existen esperanzas de cambio a pesar del manoseado recurso del miedo.

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Los eternos marginados

Niñas, niños y adolescentes encajan el cambio sin derecho a opinar ni a elegir.

Si hay un segmento de la sociedad carente de autoridad sobre su vida es el de niñas, niños y adolescentes, las grandes mayorías en prácticamente todos los países de nuestra América. Somos sociedades jóvenes y en crecimiento; sin embargo, la visión imperante entre quienes recae la responsabilidad de propiciar un desarrollo basado en la justicia, equidad y el mejor aprovechamiento de todos los recursos, suele ir en contraposición con aquello que dicta la razón y cuya esencia plasmó el filósofo estadounidense Jhon Dewey: “La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma.”

La historia de nuestros pueblos nos ha enseñado que somos sobrevivientes de sistemas adversos, hostiles e incapaces de comprender el enorme potencial implícito en el cambio generacional. Vemos a la niñez y la juventud como una carga impuesta y no una oportunidad maravillosa para generar transformaciones de gran escala, lo cual debería conducir a una consolidación de valores con la misión de fortalecer el tejido social. Y todo ello, con la educación como leit motiv de cualquier sistema de gobierno. De modo automático, asumimos la autoridad del adulto como si esta fuera una forma válida de actuar sobre quienes dependen de nosotros en la línea familiar o social, y lo hacemos sin cuestionar la validez de una autoridad muchas veces impuesta de manera legal, aunque su aplicación resulte, en muchos casos, ilegítima.

Al observar los efectos de la situación excepcional en la cual estamos inmersos desde hace ya año y medio, es posible constatar la situación riesgosa en la cual viven niñas, niños y adolescentes al enfrentarse a una pérdida de sus vínculos sociales y, simultáneamente, a un encierro obligado con adultos poco preparados para ofrecer un ambiente seguro, enriquecedor y libre de violencia. El ser adulto a cargo de personas jóvenes cuya custodia nos ha sido confiada por ley, no significa de ningún modo que tengamos el derecho para imponer nuestra voluntad de manera arbitraria ni para descargar en ellas nuestras frustraciones, sino más bien nos da una oportunidad para reforzar lazos de conocimiento mutuo, respeto y colaboración. 

Sin embargo, la violencia emocional generada por el forzoso cambio de hábitos y las limitaciones provocadas por las restricciones a la movilidad, al trabajo y al estudio, cobran sus mayores víctimas entre las nuevas generaciones, por estar estas sometidas a una situación sobre la cual no poseen voz ni voto. La impunidad imperante en casos de violencia doméstica es un elemento adicional, aunque poderoso, al trastorno psicológico ocasionado por la pérdida de lazos sociales, la falta de actividad lúdica y la tensión natural provocada por un fenómeno de alcance global sobre el cual no tenemos control.

En tanto no se recobre un cierto estado de normalidad, es imperativo aprovechar la ocasión para prestar atención a este enorme contingente de nuevas y nuevos ciudadanos, cuya vida y futuro dependen, en gran medida, de quienes están a cargo de su bienestar físico y emocional, así como de propiciarles una educación de calidad. El tema no es menor: la niñez y la juventud han sido los eternos marginados en nuestras sociedades y el impacto de esa agresión -naturalizada por un concepto equivocado de la autoridad de los adultos que les rodean- tiene secuelas de largo plazo en la pérdida de oportunidades de desarrollo, pero también en forma de abuso y marginación. No repitamos el cliché de que constituyen “el futuro de la patria” mientras no seamos capaces de honrar esa promesa.

La juventud tiene todo el potencial, pero de nosotros depende abrirles el camino.

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Qué se entiende por dignidad

Dignidad: “Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse” (RAE).

La palabra surge veloz, cual fórmula mágica para conjurar la amenaza de enfrentarse con la verdad. Está presente con abundancia en el discurso público, aunque también destaca pronto en el ámbito privado, cada vez que la contradicción se instala entre los actos y las intenciones. Los adultos ya deberíamos saber, a ciencia cierta, que la dignidad es un valor absoluto; porque no existe la opción de ser más o menos digno y tampoco la de jugar con el concepto como si este fuera un atributo flexible y acomodaticio. Lo que no tenemos muy claro es cómo cultivarla y mantenerla, si acaso alguna vez la hemos incluido en el tejido complejo de nuestro carácter y personalidad, pero sobre todo de nuestra conducta y modo de vida.

Lo más duro de aceptar ha sido, sin embargo, constatar cómo este importante concepto, gracias al cual nos garantizarnos una posición decorosa en nuestro entorno íntimo y social, se deforma debido a una actitud progresiva de aceptación de las más groseras iniquidades; de agresiones abiertas y descaradas de quienes, al gobernarnos o poseer los mecanismos del poder, son capaces de corromper nuestros valores y hacer tambalear la poca autoestima y dignidad que aún tratamos de conservar, pero también de derrumbar el entarimado de nuestras utopías.

Un pueblo digno lucha por su integridad. Un pueblo digno no permite la humillación de presenciar la destrucción de sus instituciones, el asesinato impune de sus líderes ni el despojo de sus riquezas. Sus valores constituyen una fuerza poderosa, indispensable para anular el poder de quienes destruyen, tanto como para reconstruir las bases sobre las cuales se sustentan esos valores. Aceptar con mansedumbre las violaciones a derechos consagrados por leyes consensuadas y sólidamente asentadas en el respeto por la integridad individual y social, representa una rendición y, por tanto, la aceptación tácita del fracaso.

En nuestros países, aun cuando han pasado muchas décadas, la impecable estrategia de la Guerra Fría dejó raíces vivas en el tejido político y económico, pero también muchas otras de carácter ideológico, todavía presentes en el imaginario colectivo, íntimamente enraizadas en el concepto de nación que nos quisieron vender: Un concepto de nación dependiente por conveniencia de intereses foráneos, fortalecido a lo largo del tiempo con la píldora de una globalización también orientada hacia el despojo del patrimonio natural de los continentes sometidos. 

Por eso es conveniente revisar cómo concebimos la dignidad y, también, muy ligadas a ese concepto, la soberanía y la independencia. Porque en realidad creemos en valores abstractos cuya mención no nos exige el menor esfuerzo de reflexión para ponerlos en perspectiva, por lo tanto los aceptamos como un hecho. Los damos por válidos y los traicionamos a diario. Estamos tan convencidos de su perpetuidad que no caemos en la cuenta de haberlos convertido en una moneda de intercambio cada vez que callamos por temor a no perder la ilusión de nación. 

La dignidad, integridad e independencia de una nación no se reflejan en un rectángulo de tela con símbolos. Tampoco se encarna en esos símbolos cuando estos dejan de ser un referente de identidad para un pueblo. Los atributos propios de un concepto de nación deben proceder de una sociedad tan consciente de su responsabilidad como capaz de responder a ella. Esa fortaleza no responde a la sumisión ante el abuso de poder, sino a la capacidad de enfrentarlo y recuperar la dignidad como el mejor ejemplo para las nuevas generaciones.

Vivimos bajo la ilusión de valores perdidos, que damos por válidos.

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El Sísifo que llevamos dentro

De nada sirven la frustración y la lucha callejera si se retrocede a las puertas del cambio.

De un modo solapado, el sistema impuesto por el gran capital internacional sobre los países falsamente llamados “en desarrollo” ha calado hondo en las bases de sus instituciones y del imaginario colectivo respecto de la democracia, la independencia y la libertad, hasta el extremo de condicionar de manera absoluta sus expectativas de futuro. Es como el mito de Sísifo: un esfuerzo sobrehumano, con cauda de integridad y vidas perdidas, para retroceder justo cuando se está a punto de alcanzar la victoria. El plan es mantener las esperanzas, pero no soltar las riendas y conservar así el remedo de justicia y democracia.

Los pueblos latinoamericanos conocen mucho de este incierto destino; la mayoría, por haberse enfrentado a algunas de las peores y más crueles dictaduras, seguidas por intentos de reconstruir el tejido institucional. Sin embargo, estos arrestos de cambio son tolerados únicamente cuando no pretenden cambiar de manera rotunda las reglas del juego, pero sobre todo si no representan la amenaza de establecer auténticos proyectos de independencia. Los esfuerzos ciudadanos, traducidos en protestas callejeras y organización de sectores sociales inconformes con el estatus y con el desempeño de las autoridades, resultan en música disonante en los oídos de quienes poseen las riendas del poder y también todos los medios para acallarla.

Si nuestros países estuvieran seriamente caminando por las “vías del desarrollo”, sería impensable la indiferencia de los sectores político y económico ante la real situación de las grandes mayorías. En apariencia, algunas naciones del continente poseen un estatus privilegiado por sus impresionantes cifras y su posición en algunos de los más importantes indicadores socio económicos. Pero en realidad, detrás del maquillaje solo existe un abismo profundo de inequidad, discriminación y miseria en donde están reflejados los auténticos índices, aquellos que jamás remontarán sin la abolición de las estructuras que hoy impiden a las capas más desfavorecidas salir de la pobreza.

El sacrificio de vidas humanas en la búsqueda de nuevos horizontes para los pueblos se estrella una y otra vez contra un esquema diseñado y fortalecido por los grandes capitales internacionales, con el férreo soporte de los gobiernos del primer mundo. Los sueños de independencia, por lo tanto, no tienen la menor oportunidad de consolidarse mientras esas estructuras no lo permitan. La manera como se engaña a los pueblos con medidas cosméticas de gobiernos espurios, cuya obediencia a consignas ajenas a los intereses nacionales es, más que una traición a la patria, un retroceso histórico a sus esperanzas de desarrollo, incomprensiblemente se ha transformado en un estilo de gobierno.

Ante esta realidad, el Sísifo que llevamos dentro decide salir a las calles para ofrecer sus flancos a la fuerza brutal de los cuerpos represivos y termina por sacrificar su integridad sólo para comprobar cómo le han engañado con el espejismo de la voluntad popular. Una y otra vez vuelve a la carga y, una y otra vez, la verdad le estalla en la cara. Los cambios indispensables para reparar los inmensos vacíos de la autoridad ciudadana no dependen de las redes de poder insertas en las instituciones, sino de su completo reemplazo por un contingente político y jurídico ético y comprometido con el cambio. En otras palabras –esas que a muchos provocan escalofríos- para retomar la ruta de la democracia, se necesita romper las estructuras e iniciar una auténtica revolución, una vuelta de tuerca a la política nefasta que nos gobierna.

Una verdadera rebelión solo funciona cuando provoca cambios de fondo.

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El mito de la libertad

La máquina política nos pilló fuera de forma, desactualizados y desprevenidos.

Convencidos de que las libertades ciudadanas estaban grabadas en piedra y eran inamovibles, hemos dado por hecho el goce de ese estatus ideal. Casi sin sentirlo, poquito a poco ha calado el desarrollo –sin pausas- de una ideología divorciada de los fundamentos de la democracia, con los falsos abalorios del bienestar económico y una reformulación de los entes políticos y económicos hacia la concentración casi absoluta del poder, con todo lo que ello significa en pérdida de derechos. 

Hay que reconocer que la estrategia es brillante. Tanto es así, que aquellos partidos políticos de izquierda, tan poderosos a mediados del siglo pasado, se han transformado paulatinamente en clubes sociales en donde se juega el juego de la derecha; aunque no al extremo de perder del todo la identidad, sí lo suficiente para no alterar el marco hegemónico del sistema neoliberal. Este sistema, que amarra con sus recursos a los países dependientes gracias a organismos financieros expertos en el arte de la negociación artera y condicionan incluso sus políticas públicas, ha dirigido durante décadas a los gobiernos desde el anonimato corporativo.

El problema es el cambio solapado de la polaridad. El pueblo ya no manda en nuestros países. De hecho, los gobernantes de extrema derecha han declarado la guerra a la ciudadanía y, con lujo de fuerza y haciendo caso omiso de sus mandatos constitucionales, prohiben a la población manifestar su descontento por los actos de sus gobernantes. Para ello cuentan con la potencia de sus ejércitos y sus cuerpos de policía, entrenados a fondo y con equipo bélico, enviados a apagar de una vez y para siempre el fuego de la protesta ciudadana dejando muy en claro cuáles son las reglas. En esta contienda desigual, la juventud resulta doblemente sacrificada en aras de un nuevo orden de cosas, en donde actuar en conciencia es un delito penado por la ley.

En este escenario de retrocesos, otra de las libertades bajo la bota es la de prensa. La mayoría de medios de comunicación masivos, aquellos de carácter empresarial cuyos intereses se encuentran estrechamente vinculados a los poderes político y económico, callan ante los abusos y se doblegan ante las presiones del estatu quo al cual pertenecen. Ese silencio ha obligado a muchos periodistas éticos a abandonar las grandes salas de redacción para conformar sus propios espacios de comunicación alternativa, asumiendo el riesgo de trabajar bajo la presión de las amenazas, la persecución y los intentos de sacarlos de circulación por medios violentos. En nuestro continente, la cifra de reporteros asesinados por su trabajo investigativo es de terror.

Hoy, la consigna desde la cúpula del poder es mantener silenciado al pueblo, impedirle cualquier forma de ejercicio ciudadano y blindar a los centros de poder con la complicidad de sus aliados en prensa, instituciones religiosas y organizaciones empresariales. Al mismo tiempo, se alinean los canales oficiales para limitar el acceso a las fuentes de información. De ese modo, se cierran espacios con el propósito de conservar un ámbito hermético en donde cualquier acto de corrupción goce de impunidad garantizada y sea fácil cooptar a los entes institucionales. El panorama nos demuestra que nuestros países nunca serán libres en tanto sus instituciones políticas –los partidos, verdadera cocina de la democracia- sean el laboratorio en donde se cometen los peores actos de corrupción, discriminación y abuso, con el único fin de impedir la participación del pueblo en los asuntos de su competencia. 

Hoy la consigna, desde la cúpula del poder, es aplastar al pueblo.

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Las guerras solapadas también son guerras

Los protocolos bélicos han cambiado. Ahora el arma más poderosa es el hambre.

La pandemia solo ha venido a favorecerlos. Ahí están, como pirañas, los grupos de poder marchando victoriosos hacia la apropiación absoluta y definitiva de los mecanismos creados con el propósito de sostener democracias tan débiles como engañosas. Esos mecanismos –llamémosles “institucionales”- en donde se administran la justicia, los derechos humanos, la riqueza de los pueblos y las oportunidades de desarrollo, han caído uno tras otro en manos de las élites económicas y de los conglomerados industriales ante la complicidad de organismos internacionales, supuestos estos a dar un tinte humanitario a la depredación.

No vemos el bosque porque los árboles ya se yerguen imponentes para ocultar la verdadera naturaleza de la devastación y la miseria a la cual han condenado a los territorios y los pueblos. La persecución de líderes, la violencia represiva contra las protestas populares, las tácticas de amedrentamiento contra todo aquel que se levante para denunciar los abusos; y los inconcebibles actos de traición de los políticos en las asambleas representativas de la voz popular, se multiplican a lo ancho y lo largo de este planeta en proceso de destrucción.

¿En qué momento perdimos de vista la trascendencia del ejercicio ciudadano? ¿Cómo permitimos el ascenso de seres tan nefastos y corruptos como quienes gobiernan aquí, en nuestro continente, y en países aparentemente mucho más desarrollados? Esos vacíos, permitidos por pura negligencia, se han ido rellenando gracias a sobornos producto del robo de nuestro patrimonio. El inmenso poder de los más acaudalados de la lista de Forbes no se reduce a la acumulación de capital; ellos también deciden nuestro destino. La muestra más palpable, en estos tiempos, es la negativa a liberar las patentes de las vacunas contra el Covid para hacerlas llegar a todos los rincones del planeta a precios accesibles y al más corto plazo, porque es una veta comercial que multiplica sus ingresos a un ritmo vertiginoso.

Los indicios del no tan nuevo orden de cosas venían dados desde el siglo pasado, cuando los tratados de libre comercio y los términos de las relaciones comerciales bilaterales pasaban primero por los despachos de los grandes consorcios. Ahí se cocinaban las vidas humanas y el destino de los pueblos, ahí se escogía a los dictadores obedientes al poder económico y ahí también se decidía quién vivía y quién no; cuándo invadir y cómo justificarlo, sin que pareciera otra cosa que una acción inevitable en defensa de los valores democráticos. Y ahí, también, se elaboraban los discursos para justificar las masacres de civiles –como “efecto colateral”- en esa carrera frenética para apoderarse de las materias primas necesarias para seguir dominando al mundo.

Hoy el proceso es casi irreversible y la perspectiva no es otra que más hambre para quienes ya lo han perdido todo, pero también para las capas medias a las que aún les sostiene la esperanza de mejores días. Esta guerra solapada y cruel avanza gracias a la fuerza de las armas esgrimidas sin el menor reparo en contra de pueblos indefensos, en contra de ciudadanos indignados pero incapaces de defender lo suyo sin caer en el intento. La farsa de las dictaduras del nuevo orden mundial: esas que aparentan ser lo que no es, pero actúan como lo que son, no tienen ni siquiera la decencia de fingir un carácter humanitario. Ante ellas, y sin ninguna protección desde los organismos internacionales creados para defender los derechos de la Humanidad, terminamos por ceder todos los espacios. Para recuperarlos, no bastará con el acto simbólico pero inefectivo de enarbolar banderas.

El poder económico mundial no tiene rostro, pero sí garras afiladas.

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Los agujeros en la red

Vivimos una época de desafíos nuevos y búsqueda incesante de relaciones humanas.

Este siglo de la tecnología avanzada ha dejado plasmada, más que nunca antes, la vacuidad de ciertas relaciones humanas. En las dos últimas décadas y gracias al mundo digital –ese universo tan próximo y ajeno- se ha impuesto la costumbre de obviar muchos pasos indispensables antes de estrechar lazos de amistad o relaciones sentimentales con quienes no se ha producido un encuentro cara a cara. Esta debilidad en el establecimiento de vínculos afectivos o sociales, con el transcurso del tiempo revela los vacíos implícitos en esa burbuja idealizada, formada a partir de señales difíciles de comprobar y las cuales, en muchos casos, solo reflejan carencias personales.

Las relaciones humanas son complejas y susceptibles de causar auténticas catástrofes en la autoestima y en la visión de nuestra trascendencia y nuestro lugar como miembros de la comunidad. Este es un motivo contundente para comenzar a pasar por el tamiz de la razón muchos de los actos –a veces totalmente irracionales- que impulsan a buscar en otros ese material íntimo capaz de rellenar vacíos existenciales. Con la excusa de la soledad, innumerables personas se aventuran en callejones creados ad hoc en los cuales existe siempre el riesgo de perder de vista cuál es el lugar que corresponde ocupar en estas esferas. Entre redes sociales y sitios de encuentro, hoy más recurridos que nunca por motivo del aislamiento social, suele haber trampas dolorosas para quien no alcanza a descubrir en ellos la verdadera estructura material y lucrativa propia de todo emprendimiento digital, y en donde la mentira es el elemento clave.

La auténtica riqueza de este universo comunicacional, sin embargo, existe. Además de los vericuetos oscuros, hay grandes avenidas llenas de posibilidades y algunas de ellas permiten disfrutar de contactos enriquecedores con seres humanos de comprobado valor. El truco es saber cómo identificarlas y no perderse en un tráfago peligroso por su opacidad. Esto resulta especialmente indicado para niñas, niños y adolescentes conectados al mundo etéreo de la red, carentes de puntos de referencia y de criterio para protegerse de los riesgos. Sin embargo, también muchos adultos caen en esa búsqueda de satisfactores emocionales y sociales perdiendo de vista la importancia de aplicar filtros protectores.

En estos tiempos la soledad, la tristeza, la sensación de impotencia y de pérdida frente a las adversidades hacen mella en lo más íntimo del ser humano. Entonces, su natural impulso es refugiarse en otras personas con similares desafíos y, de ese modo, encontrar un lazo de empatía. Esta búsqueda, sin embargo, reviste riesgos y decepciones con el potencial de hacer más profundo el aislamiento y detonar crisis emocionales especialmente poderosas. Para evitarlo, es indispensable reconstruir la base de la autoestima a través de un proceso íntimo y constante, una valoración de nuestra esencia capaz de blindarnos frente a las inevitables agresiones del entorno. 

El mundo digital no es bueno ni malo por naturaleza. Es un reflejo del mundo concreto con sus verdades y falsedades, con sus ventajas y riesgos. Aprender a navegarlo es un ejercicio complicado que requiere habilidades nuevas, sobre todo cuando se presenta como un recurso inevitable de supervivencia. Por ello es indispensable aprender a leerlo, a distinguir sus trampas y a evitar sus callejones oscuros, pero también a reconocer sus enormes beneficios en la construcción de vínculos sociales y afectivos capaces de ayudar a enfrentar los nuevos desafíos. Este es el reto de los años por venir.

El universo digital es un reflejo de la realidad, con sus fortalezas y debilidades.

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Los hijos de la guerra

Somos herederos de un sistema violento y deshumanizante del cual ignoramos casi todo.

La gran contradicción de nuestros tiempos es cómo, a pesar de la globalización, el acceso a la información y a los sistemas de comunicación eficientes y accesibles, los pueblos se encierran en la protección de su entorno cotidiano y, de manera progresiva y con profundo escepticismo, van perdiendo la capacidad de reflexión y análisis. Quizá esta es una de las consecuencias de la degradación ética y moral de las organizaciones políticas, pero sobre todo es resultado de las estrategias de inteligencia impuestas desde el extranjero, cuyo objetivo es entorpecer la participación popular en decisiones que le competen y centralizar estas en función de otros intereses. 

Desde siglo pasado, la eliminación de líderes carismáticos y comprometidos con el desarrollo de sus pueblos fue ganando impulso en los países latinoamericanos al extremo de cercenar los movimientos populares, abriendo paso a las más crueles dictaduras y obstaculizando cualquier intento de independencia de nuestros países. Al mismo tiempo, y mientras el imperio estadounidense daba un golpe de puño sobre la mesa para imponer sus intereses y los de sus consorcios, los gobernantes corruptos recibían prebendas y se les abrían las bóvedas de los bancos del primer mundo para depositar en ellas la riqueza de los pueblos.

La capacidad ciudadana para intervenir en la toma de decisiones trascendentales, de las cuales depende su presente y su futuro, fue derivando en una peligrosa apatía que permitió el traspaso de bienes públicos hacia grupos empresariales que se enriquecieron de manera grotesca con su explotación. De ese modo, se consolidaron tanto la debilidad de los Estados como el poder de los grupos económicos, favorecidos gracias a su influencia en los ámbitos político y judicial. A partir de ello, todas las políticas públicas se asociaron al nuevo sistema y, bajo la consigna de un nuevo modo de concebir el desarrollo –un neoliberalismo tropicalizado- perdieron terreno la educación, los sistemas de salud pública y las iniciativas de protección del territorio y sus riquezas.

Este nuevo modelo ha intentado apagar –con métodos violentos y también solapados- la chispa de resistencia que todavía brilla en algunos pueblos del continente. Muchos de los gobiernos, instalados en el poder por obra y gracia de los fondos recibidos de quienes se han beneficiado de la corrupción y del crimen organizado, han regido a nuestros países de manera ilegítima aunque legal –gracias a la manipulación legislativa- y han terminado por degradar hasta la idea misma de una democracia real, participativa e incluyente.

Somos hijos de la guerra. De una guerra cruel y solapada que ha condenado a las dos terceras partes de la población de nuestro continente a una miseria injusta, a la desnutrición crónica y a la pérdida de su dignidad humana. Esta masacre lenta y progresiva se ha perpetrado gracias a la eliminación física y moral de los verdaderos líderes populares; de aquellos hombres y mujeres que han puesto el pecho ante las balas y no han retrocedido ante las tácticas de desinformación y desprestigio elaboradas y divulgadas por quienes se han apropiado de nuestras tierras y de nuestras vidas. 

Los discursos populistas de las campañas que hoy culminan con elecciones de nuevos líderes en algunos países del continente no han cambiado en más de un siglo: son los cantos de sirena de un sistema deshumanizado cuyo poder se consolida a pasos agigantados, confiado en la certeza de que a la ciudadanía le han quitado todo: el último aliento de esperanza y el último arresto de rebeldía.  

El discurso populista no ha cambiado: es la mentira institucionalizada.

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El plan de gobierno

A estas alturas, es preciso comprender que los gobernantes tienen planes definidos.

Acorralar a la población como hace el presidente guatemalteco, y crear un caos artificial en la administración de las pocas vacunas disponibles porque, pese a tener los recursos, el Estado ha sido incapaz de proveerse, no parece ser un mal manejo de la situación sino una hábil estrategia, diseñada para permitir al gobernante seguir enriqueciéndose a costa de la vida de sus conciudadanos y, de paso, pagar la deuda a los financistas de su campaña. En días recientes se han visto las imágenes de cientos de adultos mayores haciendo fila durante más de 6 u 8 horas, bajo un frío intenso, para tener acceso a la primera dosis. Frustrados y dolidos por semejante trato, muchos han regresado a su hogar sin vacuna y sin explicación.

Estas imágenes han impactado a la sociedad –aunque todavía no la motivan a reaccionar ante semejante abuso- pero sí la convencen de la supuesta ineficacia del Estado en el desarrollo de los planes de vacunación presentados por el ministerio de Salud de ese país. Sin embargo, piensa mal y acertarás: el verdadero objetivo del caos es allanar el terreno para permitir la administración de las vacunas desde el sector privado, cuyos más conspicuos representantes ya se restriegan las manos viendo cómo se hace posible ese próspero negocio. 

El presidente ha sido, en sus 14 meses de gobierno, un ejemplo vivo de la más abyecta sumisión ante el sector empresarial organizado, desde donde se delinean los caminos más tortuosos para convertir al país en un despojo institucional, carente de certeza jurídica y en manos de una burocracia improvisada y corrupta. Con la pandemia en pleno desarrollo y sin salvaguardas sanitarias ni de apoyo a los sectores más afectados, resulta inconcebible la permanencia del mandatario en un puesto de tanta responsabilidad. Sus acciones durante el año transcurrido han revelado su total desconexión con la realidad nacional, pero sobre todo su férreo compromiso con quienes continúan, desde tiempos de la Colonia, apoderándose de todas las riquezas nacionales. 

Sin embargo, no ha sido el único en hacer todo lo posible por regalarle los recursos estatales al sector privado. Esa clase de saqueo ya se había perpetrado con éxito, privatizando cuanto servicio público quisieran los empresarios: la línea aérea, la telefonía, la distribución de energía, la banca estatal, el ferrocarril… Todos estos recursos –o por lo menos aquellos que sobrevivieron- pasaron de la “ineficiencia estatal” a una prestación de servicio cara, poco eficiente y monopólica, la cual tampoco significó un beneficio para la población. 

Adjudicar a la administración actual todos los problemas que afectan a la ciudadanía no es totalmente justo. En Guatemala, la secuencia de gobernantes ha sido fatal desde el regreso al sistema democrático; y las trampas legislativas -con la ley electoral y de partidos políticos a la cabeza- han impedido de manera solapada y certera la participación política desde las bases mismas de la sociedad. Gracias a leyes casuísticas, cada cuatro años es posible observar la feria de oportunidades para individuos mediocres, pero cargados de recursos provistos por el empresariado organizado y, recientemente, también por las organizaciones criminales (narcotráfico, contrabando y tráfico de personas), quienes gobiernan desde las sombras.

Esta es la realidad de un Estado fallido. Por eso, cuando se imprime en la conciencia colectiva la farsa de la “ineficiencia del Estado” y se pavimenta de ese modo el camino para mayor enriquecimiento de las castas económicas, se apuñala una vez más a esa población cautiva de la mentira y del despojo.

La repetición de la mentira acaba por convencer al pueblo.

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