El Quinto Patio

El recrudecimiento de violencia contra las mujeres no es más que una señal de temor

Mujeres apuñaladas en Chile en plena vía pública por exigir el respeto de sus derechos reproductivos; mujeres agredidas en Argentina, en medio de su exigencia por el derecho al aborto; mujeres lapidadas en los países musulmanes por demandar la libertad individual que les ha sido negada por mandato religioso; mujeres en Centro América asesinadas por protestar contra la destrucción de su hábitat, contra la corrupción gubernamental, contra el abuso de los dueños del capital; monjas de distintas congregaciones denunciando violaciones sexuales perpetradas por jerarcas de la iglesia católica. Mujeres, todas ellas, enfrentadas a un inmenso poder patriarcal cuya fuerza sanciona cada uno de sus pasos y se apodera de sus derechos para someterlas a una esclavitud naturalizada por las sociedades a las cuales pertenecen.

La ola feminista se erige como una demanda universal por la recuperación de la dignidad y la independencia de la mitad de la población mundial. A estas alturas de la historia, es imperativo comprender sus alcances y su lógica, abandonando los estereotipos tendentes a descalificar sus métodos y objetivos. Algunos escasos focos de equidad en países desarrollados o en comunidades incontaminadas por las ideologías externas representan un ejemplo de cómo las naciones se fortalecen cuando todos sus integrantes alcanzan un estatus similar en cuanto a derechos y respeto por su integridad. Sin embargo, lo prevalente –como comportamiento humano- es la represión de las libertades para el sector femenino, transformada en un mecanismo de defensa y una manifestación de temor del sector masculino ante la posibilidad de verse obligado a compartir cuotas de poder en todos los ámbitos de la vida ciudadana.

Esta lucha –cuyos alcances políticos, económicos y sociales constituyen una verdadera revolución- se ha intensificado de manera rotunda en los últimos años, rompiendo diques y dejando clara la voluntad de las mujeres de no dejarse avasallar; de romper los mecanismos de sometimiento; de batallar contra las injusticias de jueces y magistrados en casos probados de abuso sexual y crímenes en su contra; en fin, de poner un coto definitivo a un sistema que las ha doblegado durante siglos. El momento actual se define con mayor claridad: los asesinatos de mujeres y los ataques contra sus manifestaciones públicas de rechazo al sistema expresan, más que odio, un temor profundo de quienes detentan el poder. Al enfrentar la posibilidad de ser relegados a una posición de igualdad a la cual no están acostumbrados y consideran ofensiva hacia su posición de superioridad en todos los órdenes de la vida, rechazan de manera enfática y con lujo de violencia cualquier intento de cambio.

Los derechos de las mujeres, consignados en las cartas fundamentales de las naciones y en innumerables documentos firmados y ratificados por la mayoría de países, comenzarán a dejar de ser letra muerta para convertirse paulatinamente en realidades concretas. Las nuevas generaciones de hombres y mujeres tienen mucho más claro el panorama y eso representa uno de los grandes avances de la lucha feminista. Su concepto de la igualdad de derechos y obligaciones, la perspectiva de género en sus diversas manifestaciones y el rechazo a la imposición de un sexo por sobre el otro ya forman parte de una perspectiva distinta de las relaciones humanas. Solo falta el salto generacional de sistemas jurídicos de orden patriarcal y de quienes los administran, para que el paso hacia una justicia con enfoque de género se imponga y derrote los estereotipos imperantes en las cortes, despachos oficiales y millones de hogares.

Hace falta un salto generacional en los sistemas actuales de justicia.

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La represión contra los manifestantes nicaragüenses es señal inequívoca de pérdida de control político.

Más de 300 muertos y alrededor de 2 mil heridos ha dejado hasta la fecha la represión en las jornadas de protesta en Nicaragua. Esto refleja la profunda crisis de autoridad del gobierno de Daniel Ortega –el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional quien derrocó al dictador Anastasio Somoza hace ya 39 años- y marca la necesidad urgente de un cambio en el escenario político de ese país hacia un ambiente de diálogo y consenso, un umbral que ya parece difícil alcanzar. El perfil de las víctimas de la represión habla por sí solo: son jóvenes estudiantes, sacerdotes, niños, adolescentes, hombres, mujeres y personas mayores cuyo único delito es salir a las calles a manifestar su repudio contra el gobierno y sus políticas. Los ataques, de una violencia extrema, han sucedido en distintas localidades de ese país, protagonizados tanto por la Policía Nacional como por grupos parapoliciales.

La comunidad internacional ha expresado un blando repudio por los operativos del gobierno sandinista y a través de sus distintos organismos exige el respeto de los derechos humanos y el cese de la represión. Pero en el conflicto nicaragüense hay mucho más que dos bandos en pugna: existen intereses geopolíticos de enorme poder por parte de Estados Unidos, cuya influencia en la región resulta incuestionable y cuyas tácticas de intervención son ya ampliamente conocidas. Este factor es una de las razones por las cuales algunas organizaciones políticas de izquierda persisten en su apoyo al régimen, amparándose en un discurso desactualizado y rotundamente antiimperialista  cuyos argumentos de corte ideológico no logran justificar la gran debacle gubernamental ni sus acciones represivas.

Es imposible pasar por alto un hecho trascendental en esta lucha desigual: la fuerza y el valor de los nicaragüenses, quienes exponen su vida por defender sus derechos ante un sistema corrupto que ha traicionado los ideales que dieron origen a su plataforma de gobierno. Algo que comenzó con una simple protesta por las reformas a la seguridad social decantó en la exigencia de la renuncia de Daniel Ortega y su equipo de gobierno, saliéndose de los cauces pacíficos para desembocar en un enfrentamiento directo cuyas imágenes abundan en los medios de comunicación.

Existen denuncias de que en distintas localidades de Nicaragua se han producido arrestos injustificados y sin orden de aprehensión emitida por un juez, ciudadanos secuestrados para desaparecer por días sin dejar rastros, apareciendo luego muertos y torturados; familias completas atacadas en sus viviendas por individuos encapuchados, centros de detención saturados de civiles capturados durante las jornadas de protesta. El cuadro actual de la crisis nicaragüense es demasiado complejo como para explicarlo por medio de fórmulas de ideología política o un posicionamiento de apoyo a un régimen que no ha sabido apegarse a los principios democráticos y a sus promesas de fidelidad a la causa sandinista.

La Nicaragua de hoy va en una vía peligrosa que podría desembocar en una guerra civil, escenario propicio para que agentes internos y externos aprovechen el caos para echar por tierra los avances sociales que se hayan alcanzado durante estas cuatro décadas. Esto hace presumir que de no lograrse un acuerdo satisfactorio en un contexto de paz, la estabilidad de Nicaragua tomará años en recuperarse y tendrá un alto costo en sus perspectivas de desarrollo. Para salir de la crisis, un paso esencial es escuchar a su pueblo y atender sus legítimas demandas, para ello de nada sirven las armas ni la violencia.

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Las cifras de niñas embarazadas y mujeres muertas por abortos clandestinos exigen una revisión profunda y urgente de los marcos legales.

Las mujeres argentinas han marcado un hasta aquí en uno de los temas más sensibles y controversiales para las sociedades latinoamericanas: el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo –IVE- impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El emblema de la organización desde la cual se originó el movimiento hace ya 15 años es un pañuelo verde con una inscripción en blanco que reza “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, poniendo de relieve una de las causas principales de muertes evitables de mujeres en todos los países del continente.

El proyecto de la despenalización del aborto –ya aprobado por la Cámara de Diputados argentina luego de uno de los debates más apasionantes y reñidos de los últimos tiempos- busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando es producto de violación o existen malformaciones fetales graves. El debate, ampliamente difundido, estuvo marcado por intervenciones de carácter científico, ético y jurídico de muy alto nivel, lo cual establece una gran diferencia con las posturas de políticos y miembros de instituciones civiles en otros países, en donde los argumentos excluyen el marco de derechos de la mujer en un contexto real de riesgo de vida, desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos.

Los derechos de las mujeres en cuanto a sus libertades individuales han estado históricamente restringidos. No solo desde el seno del hogar, en donde experimenta la mayoría de las agresiones y limitaciones a su desarrollo, sino en todos los estamentos de la sociedad a la cual pertenezca, en donde se le exigen ciertas conductas predeterminadas por un sistema machista enfocado en privilegiar las aspiraciones del segmento masculino: virginidad, sumisión, entrega absoluta a un rol diseñado para garantizar la reproducción en un escenario lleno de mecanismos de control.

Una de las amenazas constantes en la vida de niñas y mujeres es la violación sexual, hecho consumado en su mayoría por hombres de la familia o conocidos y en cualquier ambiente de su entorno, provocando no solo embarazos no deseados sino también trauma psicológico permanente y toda clase de obstáculos a su normal desarrollo. En el caso de las niñas y adolescentes, un embarazo significa un elevado riesgo para su vida porque al no haber alcanzado su cuerpo una plena madurez, no está preparado para semejante trastorno físico y emocional. Sin embargo, la mayoría de nuestros países presentan cifras récord de niñas y adolescentes embarazadas sin la menor posibilidad de interrumpir un proceso de gestación provocado por un delito, porque sus legislaciones lo prohíben a partir de consideraciones de carácter religioso.

Uno de los resultados más notables de lo sucedido en Argentina con este colectivo que ha logrado mover a las masas en la exigencia de una apertura legal sobre el tema, es haber dejado establecida la condición laica del Estado en su toma de decisiones en una sociedad integrada por personas diversas, cuyos parámetros de vida no responden necesariamente a una visión única a partir de una doctrina religiosa.

La marea verde de las mujeres argentinas ha abierto los espacios de discusión con respeto y la decisión muy saludable de acabar con los mitos y los tabúes sobre la sexualidad femenina, sus derechos reproductivos y su determinación de no volver a cerrar esas compuertas. El diálogo con respeto pero, sobre todo, el diálogo informado, es la tarea pendiente para otros países de nuestro continente.

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Cuando una reacción ante la muerte marca la diferencia entre humanos.

 En cuanto vi las noticias sobre los niños atrapados en un sistema de cavernas en Tailandia regresaron a mi mente las imágenes de las niñas guatemaltecas quemadas en uno de los “hogares seguros” del sistema de protección de la niñez en Guatemala. Las vi tendidas en las camillas y escuché sus alaridos de dolor y pánico. Vi cómo los representantes de las autoridades de seguridad, supuestos a protegerlas, las observaban con desdén; y también regresaron a mi memoria los rostros angustiados de familiares y bomberos que acudieron a socorrerlas. Muchos vimos y escuchamos a través de los medios de comunicación  las declaraciones contradictorias de los responsables de su seguridad y seguimos el hilo de las noticias, incrédulos cuando las máximas autoridades intentaron endosar la culpa a las víctimas.

Es, entonces, ante la inmensa solidaridad y preocupación por la vida de los niños atrapados en las cavernas de Tailandia -no solo por la ciudadanía sino también por sus autoridades- cuando surgen las dudas respecto de la legitimidad y los valores humanos de quienes tienen a su cargo el enorme peso de dirigir los destinos de un país. Es allí, en los momentos álgidos de las decisiones oficiales en donde se define si una nación está en manos de seres humanos o de una estructura diseñada para explotar a fondo las oportunidades que ofrece la cooptación de un Estado. Es también cuando se marca el abismo entre sociedades, en donde ante una desgracia que afecta a un grupo de niños desaparecen las diferencias entre grupos para unirse con la solidez de la hermandad pura y simple.

Las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción tenían tanto derecho a vivir como los niños del equipo de fútbol atrapados en las cavernas tailandesas. La enorme diferencia es que mientras ellas fueron explotadas, maltratadas, víctimas de toda clase de acusaciones injustas y abandonadas a su suerte en un sistema perverso, ellos han sido arropados por una sociedad solidaria y empática, preocupada por salvarlos de la muerte. La comparación vale porque ni unas ni otros tienen culpa alguna por su situación. Ambos grupos de infantes pertenecen a una comunidad humana responsable por su bienestar, su seguridad y su integridad. Cómo se les trate y cuántas oportunidades de tener un futuro pleno y feliz depende de adultos y de las decisiones de gobernantes capaces o no de ofrecerles una vida digna.

Las actitudes revelan mucho. Los alegatos de falso cristianismo y los intentos de ocultar la verdad aun ante evidencias, dice todo respecto de las verdaderas intenciones de una persona. El auténtico valor humano no reside en un discurso machacón y plagado de lugares comunes para evadir responsabilidades, sino en acciones concretas dirigidas a consolidar a las instituciones cuya existencia es vital para resguardar la integridad de la justicia y la vida democrática.

Las niñas del Hogar Seguro, así como las víctimas del Volcán de Fuego abandonadas a su destino, se han convertido en un símbolo para Guatemala. Un símbolo acusatorio, una sombra en la conciencia de quienes, por su posición privilegiada en la cúpula del quehacer político y económico, son los máximos responsables por su seguridad y su vida. Podrán pasar los meses y los años, la memoria histórica no se borrará ni la falsedad de los gobernantes se convertirá en una verdad alternativa. Algún día se hará justicia.

Ninguna mentira dura para siempre; la verdad tiene un poder superior.

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Los libros son pequeños universos en donde a veces nos perdemos.

 Algunos de los recuerdos más poderosos de mi infancia tienen que ver con libros. Nací en una casa en donde abundaban y de padres cuyas preocupaciones, muy alejadas del contenido de las lecturas de sus hijas, nos daban total libertad; por eso, quizá, pude encontrarme con autores como Dostoievski a una edad ridículamente corta. Por eso también me adentré en un mundo fantástico en donde –aun sin comprenderlo- tuve contacto íntimo con las infinitas rutas del lenguaje, una aventura capaz de marcar mi vida para siempre.

Los libros me han acompañado desde entonces y tengo algunos tan antiguos como para deshacerse entre mis manos; pero son tesoros capaces de cambiar no solo un estado de ánimo, sino también una perspectiva de la vida y eso los convierte en un recurso valioso para comprender y afrontar los desafíos de nuestro entorno. ¿Cómo, entonces, vivir sin ellos? Sin embargo, millones de niñas, niños y adolescentes apenas tienen contacto con algún texto escolar de mínima calidad y habitan en aldeas y pueblos en donde una biblioteca es un lujo desconocido.

En el transcurso de mi vida he comprendido que aprender a leer y escribir nunca es suficiente, es apenas el inicio de un ejercicio de comunicación vital para el desarrollo humano. Por ello, privar de educación y de lecturas de calidad a la infancia es un pecado político muy caro, porque aquellas naciones en donde la niñez carece de oportunidades y de acceso a la lectura sufren las consecuencias en un marcado retraso de las posibilidades de desarrollo de sus nuevas generaciones. Guatemala es uno de esos países en donde la lectura está vedada para las grandes mayorías, no solo por el alto costo de los libros sino por el establecimiento –de muy antigua data- de estrategias puntuales para mantener a la población alejada de toda fuente de ejercicio intelectual y, por tanto, del desarrollo de sus capacidades ciudadanas en un marco de conocimiento del mundo que le rodea.

En este escenario, entonces, la celebración de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, representa un respiro importante; una ventana amplia e inclusiva para oxigenar las ideas y renovar el compromiso de compartirlas. Allí, en un ambiente festivo y dinámico de conferencias y lecturas, se produce ese encuentro entre las mentes jóvenes y ávidas de saber con quienes han hecho de la literatura su forma de vida. Lectores y autores en una plataforma de intercambio, cuyo resultado ideal es una cosecha de consumidores de buenos libros y, por ende, de obras que probablemente dejarán una huella profunda en sus vidas.

Filgua es la celebración del libro en un país de poetas, es la fiesta de las letras y las palabras, las ideas y los sueños para compartir. Durante muchos año acudí y algunas veces también participé de esa vorágine de actividades en entrevistas y presentaciones de obras literarias. Tuve el enorme privilegio de disfrutar la compañía y la amistad de autores nacionales y extranjeros de enorme valía y de editores que no han bajado la guardia para continuar luchando por la promoción de la lectura, aun contra los obstáculos de un entorno oficial hostil hacia la educación, la cultura y el arte.

Este año, la XIV Feria Internacional del Libro en Guatemala tendrá como invitado de honor a Francia y estará dedicada a celebrar “El Mundo de Asturias” para conmemorar el cincuentenario del Premio Nobel al escritor guatemalteco. A partir del 13 de julio, Filgua abrirá sus puertas y comenzará su ciclo de actividades. Te invito a disfrutar de esa fiesta literaria.

Cada libro abre tu mente hacia un universo lleno de nuevas ideas.

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Guatemala necesita un sacudón político para derribar las viejas estructuras.

 El sistema creado por las organizaciones criminales ensartadas en la institucionalidad del Estado guatemalteco –incluido el núcleo formado por el presidente y sus ministros- les permitirá continuar cometiendo actos de corrupción en tanto no exista una oposición ciudadana capaz de romper el cerco de la impunidad. Para ello, resulta indispensable derribar las barreras del miedo y la indecisión, así como asumir que sin participación y exigencia desde el ámbito civil solo se consigue ceder espacios de poder con la consiguiente pérdida de oportunidades de desarrollo para el país.

Algo al parecer incomprendido por la población urbana y ladina es el poder de la unidad y la necesidad urgente de un trabajo conjunto desde distintos sectores para construir objetivos comunes a toda la ciudadanía, sin excepción alguna. Las estrategias divisionistas de quienes se han aprovechado históricamente de los beneficios y las riquezas nacionales han dado resultados y crearon una nación fragmentada en constante enfrentamiento, permeada por prejuicios racistas y conflictos de clase. Justo el cuadro ideal para dominar económica y políticamente a todo un país.

Tanto como un ejercicio de unidad nacional, es importante comenzar un proceso de análisis de todo el marco jurídico cuyos resquicios han permitido la clase de abuso extremo presente en el gobierno actual y en las anteriores administraciones. El saqueo y las negociaciones ilícitas (pero legales) han debilitado a tal punto la integridad del Estado y sus recursos, que para recuperar lo perdido se necesitarían varias generaciones de gobernantes abiertamente revolucionarios. El subsuelo y sus riquezas, vaciados con total impunidad por compañías extranjeras asociadas con empresarios guatemaltecos que han vendido a su patria para enriquecerse a niveles obscenos, constituye un bien colectivo cuya explotación debería estar sujeta a procesos de consulta nacional y sistemas transparentes de gestión.

Los acontecimientos recientes, entre ellos la inconcebible actitud del gobierno guatemalteco frente a la separación de las familias en la frontera estadounidense y su perversa indiferencia ante la tragedia humana derivada de las erupciones del volcán de Fuego marcan, sin lugar a dudas, un límite a la pasividad de la ciudadanía y ponen de manifiesto la necesidad de sacudir de una vez por todas el complejo de “subordinación a la autoridad”, especialmente cuando esa autoridad ha dejado de serlo para transformarse en el peor de los enemigos de la nación y sus habitantes. Lo mismo sucede respecto de un sistema económico basado en los moldes medievales de explotación de los más pobres para beneficio de los más ricos.

Guatemala posee todos los atributos para salir del actual estado de colapso político y económico. Tiene ciudadanos de enorme valía, cuyas capacidades bien aprovechadas representarían un nuevo renacer. Pero eso exige un esfuerzo ciudadano para romper barreras, recuperar cuotas de poder, cerrar divisiones étnicas y comprender que sin unidad será virtualmente imposible enfrentar a las mafias enquistadas en el Estado.

Las nuevas generaciones de guatemaltecos merecen ese esfuerzo y mucho más para dejar de ser las víctimas de un país que los expulsa de su tierra y los empuja a enfrentar las vicisitudes de una emigración tan injusta como peligrosa. Guatemala es un país rico y podría ofrecer a sus habitantes un futuro promisorio, para ello bastaría un compromiso de quienes, con la capacidad y ética necesarias, pueden erradicar los males que hoy la tienen en la lista de los países peor catalogados.

Las nuevas generaciones merecen un esfuerzo ciudadano real y concreto.

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En Guatemala la vida se ha vuelto una prueba de resistencia contra adversidades.

 Al clausurar la zona devastada por las recientes erupciones del volcán de Fuego por ser de alto riesgo, las autoridades guatemaltecas ponen un sello a la búsqueda de víctimas y con ello impiden a los deudos cerrar su duelo. La tragedia, por lo tanto, continuará para cientos de familias sumidas en la incertidumbre y el dolor de haber perdido no solo sus hogares sino también a familiares, vecinos y amigos. Para quienes no hemos experimentado una pérdida semejante resulta imposible comprender la dimensión del drama de estas personas quienes, además de quedar a la deriva, se enfrentan a la dura realidad de depender de un Estado incapaz de ofrecer el apoyo mínimo que corresponde en estos casos.

Guatemala se ha convertido en zona de desastre y no alrededor de un volcán, sino alrededor de un congreso y un palacio de gobierno. Los extremos de ineptitud, indolencia y rapacidad (literal: adicto al robo y la rapiña) de sus autoridades han socavado las bases mismas de la institucionalidad y transformado al Estado en un monumento a la perfidia política. Hoy es imposible remontar hacia una ejecución transparente del presupuesto nacional o a la hipotética implementación de políticas públicas favorables al desarrollo de los sectores más necesitados. Quienes claman por un giro de timón de un presidente ausente e incapaz saben de antemano que no hay salida digna para esta administración, más que una renuncia en masa.

Para hacer el cuadro más ilustrativo del estado de la Nación hay que echar un vistazo al sector justicia, un pilar fundamental para la sostenibilidad del estado de Derecho en cualquier país del mundo. Las presiones descaradas contra los pocos jueces probos e incorruptibles dan testimonio del pánico presente entre los empresarios y políticos cuyas acciones han llevado al país al extremo de inestabilidad en el cual se encuentra. El avance de los procesos contra ex gobernantes, militares y miembros prominentes del sector empresarial ha sido torpedeado con recursos legales pero ilegítimos gracias a las trampas pergeñadas por los congresistas desde ya hace muchas décadas.

El acoso descarado de los magistrados de la Sala Tercera contra la jueza Erika Aifán, quien tiene a su cargo casos paradigmáticos contra la impunidad y la corrupción, demuestra sin lugar a dudas el nivel de pánico de quienes se ven afectados por el desempeño ético y probo de una representante del poder judicial y es una prueba contundente de los extremos a los cuales es capaz de llegar un pacto de corruptos cuyo único propósito es apoderarse de todos los estamentos del Estado y eliminar cualquier posibilidad de recuperación de la integridad institucional.

En Guatemala se habla de colapso del Estado, pero la realidad es una ausencia de Estado en toda su extensión. Es como si este hubiera sido reemplazado por una estructura paralela con intereses totalmente ajenos y opuestos al bienestar de la población, enseñando claramente cuáles son sus planes para la apropiación total de cualquier espacio de poder político y económico. La catástrofe no se avecina, ya está presente en el país y cualquier posibilidad de reversión de las malas decisiones ha sido bloqueada nada menos que desde las más altas instancias del gobierno. Se podría formular una ecuación matemática con los componentes actuales del poder (gobierno militar con careta civil) y desde ahí calcular las perspectivas de salir de la crisis actual sin perder del todo las oportunidades de consolidar un sistema democrático ya medio ausente del escenario. La crisis no viene, ya está instalada y solo queda buscarle la salida.

Las fumarolas anuncian desastre desde las instituciones mismas del Estado.

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Nunca la degradación de un gobierno guatemalteco había sido tan contundente como ahora.

 En la conducta de los gobernantes hay extremos imposibles de ignorar. Retrocesos capaces de aplastar no solo la dignidad de las personas sino también su integridad física y moral. Actos de tal magnitud como para despertar todas las alarmas, en especial si son cometidos por quienes están supuestos a administrar con ética y transparencia los bienes del Estado. El ejemplo más ilustrativo de tales desmanes está ahí, en Guatemala, y a la vista del mundo.

Alguna vez creí haber visto los extremos de la perversidad en los círculos del poder. Pero lo sucedido antes y durante la erupción del Volcán de Fuego la semana pasada ha sobrepasado todo lo imaginable. Las hordas gubernamentales no tardaron en organizarse, pero no para alertar a la población en riesgo, sino para apoderarse del flujo de ayuda recolectada por la ciudadanía y fingir, por medio de actos indignos de seres humanos, que esta provenía del gobierno. No contentos con esa farsa, algunos alcaldes han asumido un poder ilegítimo para prohibir la entrega directa de víveres y otros insumos a la población damnificada, obligando a los donantes a depositarlos en sus bodegas, quizá con el propósito de utilizarla a su favor en alguna próxima campaña electoral.

Pero lo más aberrante ha sido la actitud de las autoridades en su trato a la población infantil guatemalteca refugiada; son niños y niñas que lo han perdido todo. Son las víctimas de siempre, la infancia desprotegida por pobre, indígena y campesina. Tengo en la memoria la inconcebible imagen de la repartición de bananos y la marca con tinta en la frente de esos niños para que no osaran pedir otro. ¿Es acaso la instauración del Último Reich en Guatemala? ¿Coinciden estas atrocidades con las perversas intenciones del congreso, cuyo propósito es marginar legalmente toda diversidad sexual mediante oscuros pactos en medio del caos? ¿Es parte del nuevo régimen dictatorial legislar para eliminar las penas por crímenes de lesa humanidad? ¿Con qué autoridad esas pandillas arremeten contra los pequeños avances alcanzados en la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria?

En medio del dolor y la rabia es imposible pasar por alto que un funcionario aparentemente no identificado tuvo el gesto de alertar a primeras horas de la mañana del domingo a la gerencia de un exclusivo club de golf  porque ahí se hospedaban personas importantes. Evacuaron las instalaciones del club a las 10 de la mañana. Todos se salvaron. Mientras tanto, la Comisión para la Prevención de Desastres emitía un comunicado afirmando que no era necesaria la evacuación. ¿Acaso otra estrategia contra la población indígena? Cientos de víctimas fatales merecen ahora investigación, justicia y reparación por parte de un gobierno que les negó el derecho de tener una oportunidad de sobrevivir, aunque fuera mínima.

Viví el terremoto de 1976 y vi con mis propios ojos cómo el glorioso ejército se apropiaba de la ayuda internacional. Carpas de lujo, hospitales de campaña, mantas, víveres, ropa, medicinas… Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz pensé que jamás volvería a suceder semejante despojo pero he aquí la historia repetida con calculada maldad, solo que en esta ocasión con mayor desparpajo, si eso es posible. Médicos voluntarios clamando por medicinas porque las autoridades las embodegaron y no les permite el acceso a ellas. Rostros de cientos de ciudadanos solidarios marcados por la impotencia y el cansancio, siempre prestos a ofrecer lo poco que tienen para salvar la vida de otros, quedarán como imagen imborrable en nuestra memoria.

 ¿Es Guatemala un ensayo en probeta para repetir los desmanes del nazismo?

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Negar la situación de la niñez guatemalteca es un insulto inaceptable.

En Prensa Libre se publicó un reportaje-denuncia sobre el estado de la niñez en el país y de inmediato surgieron voces negando esa realidad cuyos efectos están a la vista de todos. Haber nacido en Guatemala es un castigo inmerecido para millones de niñas y niños cuya infancia permanece sumergida en la miseria, la desnutrición y la falta de acceso a lo que la Constitución promete y sus gobernantes ignoran. No es solo salud y educación la promesa violada, es protección integral en todos los aspectos del desarrollo.

Suelo revisar cuidadosamente las expresiones compartidas por internautas en redes sociales. Son variadas y reflejan en muchos aspectos la profunda crisis del Estado de Guatemala y de todas sus instituciones, públicas y privadas. Allí se estampa con prístina claridad el efecto catatónico provocado por un conflicto armado interno cuyos métodos represivos fueron científicamente calculados por los entrenadores estadounidenses para no dejar posibilidad alguna de rebelión en una sociedad acallada por el miedo.

La forma selectiva como se perpetraron los asesinatos de líderes y pueblos indígenas no fue un arrebato irracional de la soldadesca, sino una estrategia diseñada en el marco de la Guerra Fría. Esos métodos no han desaparecido y están patente en las estadísticas luctuosas de un país supuestamente democrático y en paz. Lo vivido en estas últimas décadas y sobre todo en el reciente año muestra cómo esa pasividad temerosa de la ciudadanía tiene un efecto directo en el empoderamiento de los sectores más corruptos y destructivos de la sociedad.

El impacto de las decisiones pergeñadas en los círculos poderosos de las organizaciones empresariales, el ejército, el Congreso de la República y el poder ejecutivo va directo al corazón mismo de la Nación. Guatemala es un país saqueado vilmente y sin el menor recato. Los acuerdos y compromisos internacionales son ignorados por los centros de poder y, peor aún, se emiten y modifican leyes cuyo único propósito es resguardar la impunidad de quienes cometen delitos desde esas instancias. Ante este escenario la ciudadanía espera a que alguien descienda de la Vía Láctea, tome la iniciativa y suceda el milagro del cambio.

Sin embargo, mientras eso suceda la niñez agoniza a la vista de todos. La pobreza, en Guatemala, es un crimen de lesa humanidad porque en Guatemala la riqueza abunda a manos llenas. El drama humano de la desnutrición, de la falta de vivienda, de la destrucción planificada de la infraestructura con fines de privatización, de la apropiación de bienes del Estado, del abandono de los migrantes y muchos otros actos abiertamente delictivos lleva al país hacia la pérdida total de la poca soberanía que aún le queda.

El nombramiento de amigos y cómplices en los puestos clave del gobierno incide de manera directa en la degradación ambiental, en el ocultamiento del saqueo, en garantías de impunidad para los involucrados en delitos fiscales y electorales, pero sobre todo en la cruda realidad de ese desfile interminable de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres de todas las edades hacia las fronteras, quienes prefieren arriesgar la vida en ese trayecto que hacerlo en su propia tierra. Claudia Patricia –la joven de Guatemala a quien asesinó de un disparo en la cabeza un agente de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos–es el símbolo de otras miles de jóvenes ansiosas por alcanzar un sueño fuera de su patria, porque en ella la han condenado a la miseria por mujer, pobre e indígena. Así es como Guatemala le responde a su pueblo. Lo más perverso de esta política de exclusión, es que al reducir drásticamente las perspectivas de desarrollo los expulsa del territorio para que, desde el norte, alimenten las arcas desde las cuales los gobernantes y su círculo de amigos obtienen su riqueza mal habida.

Si la gente buena espera a que suceda un milagro, terminará quedándose sin país.

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El fascismo es un movimiento poderoso y capaz de destruir todo sentimiento humanitario.

 Europa, Estados Unidos y ahora América Latina viven bajo la sombra de uno de los movimientos más destructivos de la historia de la Humanidad. El fascismo revivido hace estragos con cualquier intento de humanizar las políticas de los Estados y carcome el alma misma de las sociedades, creando una ola de rechazo por todo lo considerado “diferente” y segregando a los grupos más pobres como si fueran estos los culpables por todos los males del planeta.

En ese ambiente de desprecio y represión contra las personas por motivos de etnia, religión, nivel socio económico o simplemente por hablar otro idioma, son los cuerpos de choque –uniformados o mercenarios- quienes realizan la tarea de hacer saber cuáles son las reglas del juego. Por esas reglas de la discriminación y el racismo es como niñas, niños, hombres y mujeres del triángulo norte de Centro América sufren persecuciones, violaciones, tortura y muerte, por la sola audacia de haberse atrevido a cruzar fronteras que supuestamente los llevarían a encontrar mejores condiciones de vida. Así fue como una jovencita de apenas 20 años –Claudia Patricia Gómez González- perdió la vida de un balazo en la cabeza disparado por un guardia fronterizo al ingresar a territorio estadounidense.

Claudia Patricia encontró la muerte por mandato desde la cabeza misma del imperio, desde el momento que el presidente del país más poderoso del planeta emprendió la misión de “limpiar” su territorio de latinos y toda clase de extranjeros “indeseables” para sus planes de imponer un estilo fascista de gobierno. Al parecer ignorante de su propia historia, este mandatario se ha empeñado, con una persistencia digna de mejores causas, a la tarea de transformar a la sociedad estadounidense en una especie de modelo de su concepto de comunidad en la cual no tiene cabida la diversidad.

Claudia Patricia no encaja en el perfil aceptable para las leyes de inmigración de Estados Unidos. Tampoco encajó en los grupos objetivo de los planes de desarrollo de su país, Guatemala, en donde no tuvo oportunidad de tener acceso a una educación de calidad que le permitiera progresar en la vida. De haberla tenido, hoy probablemente viviría. En su pueblo, San Juan Ostuncalco, tal y como suele suceder en las áreas rurales guatemaltecas, los servicios estatales son deficientes; la población carece de agua potable, letrinas y cobertura educativa suficiente para una población en creciente aumento, con niveles inaceptables de pobreza y abandono.

Así como ella no encajaba en los planes de su gobierno, tampoco lo han hecho los miles de niños, niñas y adolescentes migrantes desde estas tierras, quienes atrapados en una cadena de horrores desde su nacimiento y ávidos de encontrar una ruta hacia el futuro, se lanzan en una aventura demencial. De ese desfile interminable hacia la tierra de la abundancia son pocos quienes logran su cometido. Muchos quedan en el camino sometidos a los más atroces abusos por las organizaciones criminales, dedicadas -con complicidad de las autoridades de todos los países involucrados- al muy productivo negocio de la trata de seres humanos. Otros, simplemente, son víctimas de su propia fragilidad y quedan tirados en el desierto, ahogados en los ríos durante una travesía para la cual nunca estarían preparados o muertos de un balazo, pero sin quien registrara el hecho para denunciarlo.

De este lado del continente su familia la llora y las redes hierven de justa indignación por este absurdo hecho de sangre. Las autoridades, por su parte, muy atareadas en luchar contra la Cicig para poner atención a este “hecho aislado”.

 A Claudia Patricia la condenaron su pobreza, su país y el fascismo revivido.

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En una de mis incursiones por El Centro histórico de la hermosa ciudad ecuatoriana de Cuenca, visité La Casa de las Palomas. Este edificio se comenzó a construir a mediados del siglo XIX y consistía en una sola planta conformada por dos habitaciones pequeñas y un patio central. Con el transcurrir de los años se le fueron agregando estructuras hasta llegar al edificio actual de dos pisos con profusa decoración de murales pintados a mano, habitaciones para la servidumbre, un tercer patio con huerto, horno de barro y caballerizas.

En 1987 la casa, abandonada durante muchos años por la muerte de su único propietario, fue adquirida por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, institución que al rescatarla inició trabajos de restauración los cuales continúan hasta la fecha. Un detalle curioso es el diseño del piso de la entrada y el patio principal, con piedras de río y vértebras de res.

La Casa de las Palomas está en Benigno Malo, entre Presidente Córdova y Juan Jaramillo, a dos cuadras del parque central de la ciudad de Cuenca, Ecuador.

 

Cuatro días o toda la vida para discutir políticas públicas con perspectiva de género.

 En el contexto de la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género celebrada recientemente en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, desfilaron en una rica secuencia los testimonios, relatos de experiencias, propuestas de cambio y análisis de la situación de equidad en distintos países del continente ante un auditorio atento y participativo. Este encuentro fue auspiciado por la alcaldía de la ciudad anfitriona, ONU Mujeres, la Unión Iberoamericana de Municipalistas y otras organizaciones.

En estas cuatro jornadas fue posible apreciar el enorme interés de las mujeres de comunidades rurales e indígenas –y también de quienes desarrollan sus actividades en centros urbanos- de participar en las decisiones políticas de su entorno; pero, sobre todo, fue un evento muy ilustrativo sobre los grandes obstáculos opuestos por un sistema patriarcal cuya fuerza y permanencia trasciende en mucho las posibilidades reales de cambio en las estructuras de poder. Las conferencias magistrales incluidas en el programa de actividades tocaron temas fundamentales, como la búsqueda de soluciones para la consecución de estructuras administrativas igualitarias en gobiernos locales –alcaldías- en donde se genera una gran parte de los proyectos de desarrollo de los países y la construcción de ciudades seguras para niñas y mujeres.

Quedó explícita durante las exposiciones la fuerte hostilidad contra quienes propugnan por sistemas igualitarios. Persecuciones, atentados, prensa sesgada y descalificación por género fueron algunos de los fuertes testimonios compartidos por mujeres que han traspasado las fronteras marcadas por el sistema para incursionar en posiciones de poder político. Esto debe poner a las organizaciones de mujeres en alerta constante y obligarlas a cerrar las brechas ideológicas para consolidar frentes más resistentes en la lucha por los derechos a la participación en todas sus expresiones.

En su conferencia de cierre una de las expositoras más sobresalientes, la antropóloga Rita Segato, fue enfática al afirmar que la única vía posible para alcanzar los objetivos de igualdad en todos los ámbitos, es el derrocamiento del sistema patriarcal; un ejercicio de reconstrucción desde las bases mismas de la convivencia humana, un trabajo pendiente de redefinición de la masculinidad y de las relaciones entre sexos bajo la premisa de una correspondencia equilibrada del poder en todas sus dimensiones. En este sentido, Rita Segato usa con enorme dosis de humor la parábola del “espejo de la reina mala” del cuento. Un instrumento para mirarse a sí mismo y preguntarse “¿Qué he hecho mal? ¿Cómo me veo? ¿Quién soy?” y a partir de ahí deshilar una serie de interrogantes fundamentales para entender por qué pensamos y actuamos de una determinada manera.

Los cambios propuestos, sin embargo, requieren de una voluntad colectiva de reparación de las inequidades más evidentes y limitantes para el desarrollo pleno de las sociedades. No existen las recetas y tampoco los milagros. En esta ruta será preciso abolir paradigmas que establecen categorías en todos los órdenes de la vida, empezando por la formación de las nuevas generaciones en un plano de plena igualdad, ya que será en quienes al final de cuentas se va a depositar la mayor carga para la realización de ese paso indispensable desde un sistema excluyente hacia una forma de vida justa e igualitaria. La Cumbre de Género ha dejado más preguntas que respuestas, ha depositado dudas y urgencias en quienes asistimos. Se han sembrado las semillas y dependerá de un esfuerzo constante y bien estructurado la calidad de los frutos a cosechar.

Las mujeres líderes sufren persecuciones por amenazar el monopolio del poder.

 

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Como en un juego de dominó van cayendo las fichas, una tras otra.

Resulta difícil ver cómo un país tan rico y lleno de posibilidades de desarrollo se hunde en la ignominia política, administrativa y económica por el solo hecho de haber caído en manos de una administración opaca y absolutamente incapaz de llevar las riendas del Estado, en un gobierno cuyos funcionarios tienen un nivel tan primario e ineficiente como pocas veces se había visto. Es preciso repetirlo, Guatemala es un país de riqueza inagotable pero la mayor parte de su población es pavorosamente pobre. Ese, paradójicamente, ha sido el sino que lo condenó a convertirse en lo que hoy es: una tierra de miseria e injusticia, de desigualdades y abusos, un vergel cuya naturaleza exuberante de antaño se ha transformado en enormes extensiones de palma africana, en ríos de basura, en sembradíos de caña, pastizales para ganado, cerros horadados por la minería y más allá, la deforestación y los cauces secos de antiguos ríos.

Quienes se han enriquecido a niveles difíciles de cuantificar han sido las grandes multinacionales y los depredadores locales, aquellos bien organizados en gremiales y cámaras cuyo talento más sobresaliente ha sido mantener un dominio histórico sobre la economía y la política sin haber hecho aportes sustantivos al desarrollo de su propio país sino, todo lo contrario, sirviéndose de sus recursos gracias a sus lacayos en el poder.

Guatemala está en quiebra moral y eso lo sabe cualquier hijo de vecino. Sus niñas, niños y jóvenes –grupo mayoritario de la población- se encuentran en un abandono total y, además de carecer del goce de sus derechos básicos, son el chivo expiatorio de las más perversas estrategias de dominación de los grupos de mayor influencia. En ellos recae el peso de las evasiones fiscales de las grandes empresas al ser los primeros renglones eliminados del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Su educación, en manos de un remedo de líder cuyos objetivos van en dirección opuesta a su discurso y de un gremio magisterial empobrecido y privado de incentivos profesionales para ejercer una labor digna, los lleva por vía directa hacia un futuro incierto y sin mayores perspectivas.

Por si eso fuera poco, una alta proporción de la niñez guatemalteca nace en estado de desnutrición y durante sus primeros años de existencia esa falta de alimento se hace crónica, arrastrando efectos devastadores e irreversibles sobre su salud y su futuro. Guatemala es un país en donde la pobreza de las tres cuartas partes de su población es decisión de quienes acaparan la riqueza desde sus despachos en el palacio de gobierno, desde las más altas posiciones de la administración pública y desde los puestos clave en todas las instituciones del Estado. Esto, porque el sistema avala el saqueo de los recursos nacionales en un sofisticado entramado de fórmulas que permiten tanto el enriquecimiento ilícito como la propiedad de los puestos públicos gracias a leyes casuísticas diseñadas por y para una casta política corrupta y oportunista.

Las decisiones presidenciales de los días recientes han revelado hasta qué extremo las autoridades han perdido la brújula –si alguna vez la tuvieron- y cómo comienzan a revelarse los temores de sus aliados. El sector empresarial organizado ya se ha definido por apoyar a quienes luchan contra la justicia y la transparencia, una movida de piezas fácil de prever dadas las características de su tradicional juego político. Ahora ya con las piezas en su lugar, será cuestión de tiempo que la ciudadanía recupere la voz y se haga escuchar una vez más, fuerte y claro.  

Los inocentes son los primeros sacrificados en este perverso juego de poderes.

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Las crecientes revelaciones de casos de violación de bebés obligan a reaccionar.

 Algo muy malo sucede con la especie humana cuando padres, hermanos, maestros, líderes espirituales o simples vecinos son capaces de violar. Pero algo mucho más perverso se revela ante las agresiones sexuales perpetradas contra seres tan indefensos como bebés, niñas y niños en sus primeros años de vida. Cuerpos y mentes aniquilados por ese embate violento y espeluznante que suele acabar con su vida.

Los casos recientes en Chile y Colombia de violaciones y asesinatos de bebés -por mencionar solo algunos- provocan un asco indescriptible. Sin embargo la repulsa social no es aún suficientemente rotunda para evidenciar el horror de estos hechos por existir una especie de pacto de silencio tendente a poner etiquetas grises sobre los atroces crímenes sexuales perpetrados por hombres. Eso es el patriarcado. Así es como se manifiesta a través de los medios de comunicación, los círculos sociales y los tribunales de justicia esa inconcebible complicidad ante las violaciones sexuales.

“No me lo cuentes” es la primera reacción ante la noticia de una bebé de poco más de un año de vida, prácticamente destrozada por la penetración del pene de su propio padre o de su protector asignado por un juez de familia. Eso, porque no queremos saber los detalles de uno de los episodios más crueles que es posible imaginar contra un ser indefenso. Entonces se nos agolpan las imágenes de nuestras propias hijas e inútilmente intentamos borrarlas para hacer como que nunca nos hubiéramos enterado. Pero estos hechos nos perseguirán porque, como sociedad, tenemos la responsabilidad de hacer algo para evitarlos.

La violación es un crimen convertido en costumbre, en una especie de derecho del macho, en una forma de diversión para jaurías de jóvenes o adultos capaces de asaltar, torturar e incluso asesinar a una niña o una mujer. La violación se considera una manera de reafirmar la virilidad imponiéndose física y psicológicamente sobre alguien del sexo opuesto o de su mismo sexo y por ello se ha utilizado históricamente como táctica de guerra. La violación ha sido la manera de someter a otro ser humano y arrebatarle la dignidad.

Esto es una realidad a la cual se enfrenta la mitad de la población mundial; esa mitad que para equiparar sus derechos humanos con los de sus pares masculinos ha tenido que arriesgar la vida y soportar múltiples campañas de desprestigio por tener los arrestos de intentar un cambio radical. Pero los avances, aunque importantes, no son suficientes. A las mujeres se les niegan sus derechos desde antes de nacer y esa desigualdad contribuye a colocarla en posición de inferioridad en su hogar, en su escuela y en su puesto de trabajo durante todo el resto de su vida. Por ello, cuando denuncia una violación o un acto de acoso, es la primera víctima del sistema. A ella se la interroga con dureza, en ella recaerán las dudas y será sancionada por ponerse en la situación objeto de su denuncia. De hecho, se la condenará por haber tenido el descaro de poner de manifiesto uno de los mayores vicios de la sociedad: la misoginia.

Si para las mujeres adultas el sistema patriarcal representa un atentado a su integridad como ser humano, la situación de una niña dependiente de las decisiones de los adultos que la rodean puede llegar a ser una de las peores pesadillas si esos adultos abusan de su debilidad y la convierten en una esclava sexual desde sus primeros años de vida. Para estas prácticas inhumanas, sin embargo, no existen obstáculos bien definidos porque la voz de las víctimas apenas ahora comienza a escucharse.

 Los depredadores sexuales son sujetos normales, respetados socialmente, amparados por el sistema.

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Un sistema patriarcal históricamente consolidado permea a toda la sociedad.

 No es necesario preguntarse por qué cuando hay que tomar decisiones importantes, como por ejemplo la elección de un presidente de la República, la mayoría se inclina por aquellas propuestas abiertamente patriarcales: mano dura, gobierno fuerte, figura masculina. Son los resabios de una colonización no solo operada desde los sistemas político y económico, sino también desde la actitud misma de sociedades acostumbradas a una estructura vertical de mando que no admite excepciones ni la apertura de espacios auténticamente democráticos. La respuesta está en una trayectoria histórica cuya principal característica es la concentración de poder y, de paso, en una idea errónea del concepto de liderazgo.

Quizá por esa razón resulta prácticamente imposible romper las estructuras ya establecidas desde la época colonial, cuando las olas de inmigrantes venidos desde España, con el respaldo de la corona y premunidos de un indudable halo de superioridad, arrasaron con las culturas autóctonas, esclavizaron a los habitantes de estas tierras –eso, cuando no los exterminaron de una buena vez- y se apoderaron de la riqueza de este continente. Esa sensación de pertenecer a una clase superior no ha desaparecido con los siglos. De hecho, se ha ido afianzando a pesar de las mezclas étnicas y a medida que los colonizados han perdido toda posibilidad de equipararse con sus colonizadores.

Es preciso tener muy confusas las ideas para hablar en Guatemala de buen gobierno, de un “legado”, de liderazgo o de grandes cualidades de estadista cuando más del 60 por ciento de la población del país sobrevive bajo la línea de la pobreza y los indicadores de desarrollo humano están por los suelos. Es preciso ser muy cínico para afirmar que algún ex presidente o actual gobernante tiene o ha tenido la menor intención de hacer de Guatemala una nación en pleno desarrollo. Hay que estar ciego –de ceguera absoluta- para no ver la miseria alrededor de los palacios de gobierno, nacional y municipal, con vecindarios carentes de servicios básicos, agua contaminada, redes de alcantarillado que se hunden por falta de mantenimiento, puentes que tiemblan amenazadoramente al paso de los vehículos, calles en ruinas y montañas de basura sin sistemas de tratamiento.

Un líder verdadero no es quien tiene mano dura y la capacidad operativa para hacer “limpieza social” mediante el uso de escuadrones de la muerte. Un auténtico líder es quien organiza a una sociedad para hacerla partícipe de sus políticas de desarrollo, para empoderarla y ponerla a trabajar a su lado en perfecta sintonía con sus ideales. Un líder no es quien grita y amenaza, sino quien ama a su pueblo y lo respeta. Venerar a un dictador, añorar épocas pasadas de dictaduras crueles, racistas y cuyo legado real fueron muertes y desapariciones, no es más que una patología. Una sociedad saludable no añora los regímenes autoritarios. Todo lo contrario, aspira a vivir en un sistema abierto a su participación ciudadana en la construcción de un mejor país, pero sobre todo en la integración real de todos sus ciudadanos sin distingos de clases ni etnias.

Quizá sea el momento de comprender que los cambios urgentes van más allá de la confrontación entre hermanos; los cambios deben comenzar desde el interior, desde el examen de actitudes y aspiraciones, desde los prejuicios y los estereotipos que impiden el desarrollo humano y condenan a una gran parte de la comunidad a vivir en la pobreza más denigrante. Quizá sea el momento de aceptar que la Colonia ya está en el pasado y se requiere del concurso de todos para construir una verdadera democracia.

Añorar las dictaduras del pasado es una patología, una sociedad debe aspirar a la plena democracia.

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