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Juegos peligrosos

Las derrotas estratégicas nunca son una sorpresa. Vienen determinadas desde el inicio.

Los países que definen el rumbo de la historia son tan fuertes como el más débil de sus líderes. Esto debería ser un axioma a tomar en consideración frente a los resultados catastróficos de la geopolítica de los imperios. De hecho, el rumbo de las acciones intervencionistas fuera de sus territorios suele estar determinado por un poderoso sentimiento de orgullo y la ambición sin límites de un grupo de individuos en un momento determinado, lo cual conduce al peligroso callejón del poder absoluto y la anonimia en la toma de decisiones. Es decir, sus instancias de control han alcanzado dimensiones y complejidades tan extremas, que en ellas se pierde la responsabilidad directa sobre las acciones que afectan de manera directa al presente y futuro de naciones en cualquier punto del globo. Durante siglos, el mundo ha presenciado cómo las grandes potencias se benefician con la miseria, la muerte y las riquezas robadas a pueblos más débiles sin pagar por ello.
De esas confrontaciones, diseñadas y manipuladas desde despachos inaccesibles lejos del terreno, se trazan los destinos de millones de seres humanos, quienes deben hacer frente a las peores amenazas, totalmente ajenos a los planes de dominación económica y política concebidos sobre un tablero. Cuando las cosas se tuercen -como sucede cada vez que se juega a dios- esos pueblos caen en la espiral de la destrucción de sus culturas, sus sueños y sus vidas. Los responsables del desastre solo retiran a sus peones, empacan sus instrumentos de aniquilamiento y, sin perder más que las vidas consideradas “daños colaterales propios”, terminan culpando a sus aliados por el fracaso de sus planes.
En donde reside el mayor peligro de estos juegos peligrosos es en la ruptura del hilo de las responsabilidades directas. La posibilidad de manipular los acontecimientos -gracias a la infinita capacidad económica de estas potencias- está al alcance de personajes poco o nada éticos e incluso intelectualmente mediocres, incapaces en su mayoría de medir las consecuencias de sus decisiones, dado que la vida humana tiene, para ellos, menor importancia que el dominio sobre los recursos estratégicos sobre los cuales se sustenta su hegemonía. Esta manera de controlar la acción política con base en la inmediatez de sus beneficios tiene consecuencias de tan largo plazo que los perpetradores terminarán, de manera inevitable, formando parte de las víctimas.
La reciente caída de Afganistán en manos de los talibanes no es más que otro ejemplo de la cadena de errores cometidos por la prepotencia y falta de perspectiva de una de las grandes potencias. El horror enfrentado hoy por el pueblo afgano es parecido al experimentado por otras naciones, víctimas de decisiones surgidas desde el otro lado del mundo. En esta carrera por el poder intervienen tantos actores, con tan increíbles recursos económicos, bélicos y tecnológicos, que da pavor pensar en la dudosa capacidad de cada uno de ellos para medir los alcances de sus acciones o, simplemente, para reflexionar sobre el impacto en la vida de seres tan ajenos a su entorno.
La restitución de un equilibrio de poderes capaz de impedir el abuso de los países más poderosos, es pura fantasía. Los hechos han demostrado cómo la vida humana es un factor ausente en los planes geopolíticos de naciones con un poder tan ilimitado como sus ambiciones. Lo más preocupante de la ecuación es la certeza de que esas naciones super desarrolladas han creado a sus propios monstruos, sistemas cuya infalibilidad no está garantizada y, como el axioma del inicio, su hegemonía es tan fuerte como el más débil de sus estrategas.

Jugar con el destino de los pueblos es una forma perversa de satisfacer ambiciones.

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El abuso de poder

Las decisiones políticas comienzan a revelarse como intentos de control absoluto.

Durante mucho tiempo las sociedades occidentales creyeron a pies juntillas en la prevalencia absoluta de sus valores democráticos, bien establecidos en sus textos constitucionales y, mejor aún, fuertemente impresos en el inconsciente colectivo. Sus derechos, sus espacios de libertad y sus responsabilidades sociales han sostenido -durante generaciones- un ideal sobre el cual se erigen proyectos de nación y se alimenta la ilusión de lograr sus aspiraciones colectivas. Dentro de ese marco ha tenido cabida la creación de instituciones confiables para la defensa de los valores cívicos, gracias a innumerables batallas en función de esos objetivos.

Hoy ya nadie está tan seguro de esa realidad. Poco a poco, y gracias a un estado de emergencia consecuencia directa de un sospechoso brote viral, ciudadanos de cualquier punto del planeta han visto cómo sus entornos vitales se han transformado, así como cuántas de sus libertades y derechos han pasado a ser objeto de medidas restrictivas; pero no desde las autoridades científicas y sanitarias, sino desde las plataformas políticas y los centros de poder económico, que han visto en esta catástrofe la oportunidad para ejercer un control absoluto.

La nueva realidad de hoy constituye una amenaza real a los sistemas de gobernanza fundados sobre el equilibrio de poderes. La imposición de medidas, en el contexto actual, se ha convertido en la nueva normalidad, dejando prácticamente sin recursos de oposición a millones de personas alrededor del mundo. Estas, sometidas a decisiones que muchas veces atentan contra los sagrados derechos establecidos en normas y tratados, en textos constitucionales y tradiciones, se ven atrapadas en una red de la cual les resulta difícil escapar.

En la actualidad, se observa con estupor a gobernantes carentes de autoridad científica alguna, establecer prohibiciones para el uso de medicinas o tratamientos, basándose en criterios de interés económico y en sus vínculos con grandes consorcios farmacéuticos. Se observa, también, la manera cómo con la mano derecha restringen la movilidad de la ciudadanía en áreas públicas y en horarios determinados, mientras con la mano izquierda se permiten favorecer a sus aliados del sector empresarial y ejercen una férrea represión contra cualquier intento de protesta ciudadana. 

El tema de las vacunas, por otro lado, un elemento objeto de innumerables discusiones en el campo académico científico y sobre el cual, después de más de dos años, aún no existe consenso ni un flujo de información totalmente confiable para la población, es hoy una piedra de toque capaz de provocar una grave escisión entre gobernantes y gobernados. Por un lado, porque los primeros poseen el mecanismo de la obligatoriedad y, por el otro, debido al criterio de libertad individual para decidir, cada quién, sobre lo que mejor le convenga en lo referente a su salud, de acuerdo con los valores democráticos.

La crisis está servida. El pulso entre los gobiernos administrados desde una visión incompatible con los valores democráticos y ciudadanías conscientes de cómo esos valores se evaporan bajo la amenaza de restricciones orientadas hacia el control absoluto, es el germen de un peligroso giro hacia sistemas dictatoriales ajenos a sus principios democráticos y, por supuesto, alejados de la búsqueda de diálogos y consensos. Lo que hoy espera a la ciudadanía es un verdadero enigma, dado el escaso espacio permitido a su participación en algo que le compete de manera tan directa. En esta delicada coyuntura se esperaría un mejor manejo de la crisis, pero desde las instancias científicas y no desde los intereses espurios de gobernantes cegados por su ambición de poder. Un objetivo nada fácil, pero indispensable para garantizar, a tantos habitantes de este planeta, que su vida vale.

El poder absoluto es un ideal capaz de convertir a democracias en crueles dictaduras.

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Verdades ocultas

El mundo secreto de la impunidad por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

La violencia implícita en el acercamiento de carácter sexual hacia un niño o una niña es algo que la sociedad adulta todavía no alcanza a comprender. Es como si aquellos hombres y mujeres que alguna vez sufrieron el acoso o la violación en carne propia hubieran enterrado la experiencia en un sitio tan remoto de sus memorias, como para haber borrado incluso su capacidad de empatía hacia quienes lo han experimentado después. Durante siglos, la tragedia oculta de esos crímenes ha sido el secreto mejor guardado y sus víctimas, aún cuando pueden contarse a nivel de un buen porcentaje de la población infantil, han debido enfrentar el silencio y la negación, o el castigo por tener el valor de denunciar.

He pasado muchas décadas vinculada a medios de comunicación escrita como para haber visto en primera fila cómo los reportajes y artículos de fondo relacionados con la violencia extrema hacia mujeres, niñas y niños han tenido que entrar a codazos en las salas de redacción. Un acercamiento consciente y con carácter analítico y preventivo parece haber sido considerado marginal frente a la coyuntura política, la economía e incluso el deporte; y, cuando se asume su importancia, rara vez se presenta en las primeras cinco páginas. Cuando comencé a darle prioridad en mis columnas, alguien del medio en donde las publicaba me dijo que esos no eran temas relevantes, eran “temas de mujeres”.

Al revisar estadísticas de agresión y abuso sexual es fácil comprender, entonces, por qué las víctimas deciden no denunciar y cómo desde ese momento comienza a funcionar el mecanismo de la negación. Lo primero que surge en una víctima de violación es la vergüenza -propia y de su entorno cercano- y han pasado siglos antes de que esa puerta se abriera para dejar constancia de este aberrante tipo de violencia. Sin embargo, aun cuando los textos jurídicos han incluido en sus códigos estos crímenes -después de fuertes y prolongadas luchas de quienes han creído en la igualdad de derechos entre personas de distinto sexo- todavía no existe una actitud decidida para atacarlos y castigar con firmeza a sus perpetradores, porque tampoco se ha desarrollado un criterio de justicia a nivel institucional.

De este modo, la niñez nace sin derechos. En términos generales, se encuentra sujeta -sin paliativo alguno- a la decisión y la autoridad de quienes les aventajan en edad. Sus padres, tíos, hermanos, maestros, sacerdotes, pastores, vecinos y quienquiera les puedan imponer su voluntad es un posible ejecutor de uno de los crímenes más impactantes y destructivos contra la niñez. Carente, esta, de la capacidad de defenderse frente a quien le supere en fuerza y credibilidad, se encuentra muchas veces, y en todos los ámbitos sociales y culturales, a merced de sus victimarios.  

La huella del abuso sexual en la mente de una niña o un niño en pleno proceso de desarrollo ocasiona un daño severo que se mantiene por el resto de su vida. Esa experiencia traumática, la cual muchas veces se repite durante largo tiempo sin posibilidad de resistencia por parte de quien la sufre, persiste en forma de rechazo, miedo y vergüenza, además de tener un impacto severo en la vida sexual y la visión de sí misma. El daño permea las relaciones humanas a un nivel tan profundo como persistente y solo esa cauda debería ser suficiente motivo para dar a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, una prioridad absoluta en la prevención, investigación y correcta administración de justicia. 

Las verdades ocultas en ese mundo siniestro y extendido en todos los ámbitos que es el abuso sexual contra la niñez, son el germen de sociedades incapaces de sostener sus valores, de sociedades trastornadas por un sistema patriarcal que las sume en el dolor y la injusticia y cuyos códigos han sido elaborados en función de un poder adulto cargado de misoginia y desprecio por un sector fundamental de la comunidad humana.  

No existirá entorno seguro para la niñez, en tanto no sea objeto del respeto que merece.

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La era del papel

Como nunca antes, es fundamental un amplio acceso al conocimiento y a la información.

El saber es poder: indiscutible verdad de la cual se desprende -desde los inicios de la Historia- toda clase de estrategias para vedar a las grandes mayorías el pleno acceso al conocimiento, con el simple propósito de mantenerla en la ignorancia y así consolidar los mecanismos de control social. Simple y llana como esta argucia política es la intención de manipular el pensamiento y alimentar a las masas desde plataformas informativas de alcance masivo, cuyos contenidos son cuidadosamente elaborados para reforzar conceptos e idearios afines al poder.

Por eso es tan importante retomar la ruta de la lectura y del intercambio de ideas mediante una búsqueda consciente e informada de las fuentes más confiables. Para ello -y gracias al inmenso caudal de recursos que nos ofrecen tanto los libros y otras publicaciones en papel como el mundo virtual- es preciso separar la paja del grano y comenzar a reflexionar seriamente en tejer redes de discusión, consolidar espacios de reflexión y construir, de manera amplia y constructiva, una nueva forma de relacionarnos con distintos grupos de la sociedad. 

Aun cuando la era del papel impreso ha perdido cierta predominancia frente a los medios virtuales, de ningún modo significa un reemplazo inevitable, en especial en sociedades de escasos recursos en las cuales el acceso a la tecnología se mantiene aún reducido a ciertos sectores de mayores ingresos y en entornos adecuados gracias a una mejor infraestructura. En estas sociedades, sin embargo, y por motivos estrictamente políticos, tanto la escolaridad como el acceso al conocimiento se han visto entorpecidos, por decisión de sus élites, con la intención de frenar toda forma de disenso desde las bases de la pirámide social.

De ahí la gran relevancia de los eventos literarios, como las ferias del libro, que se realizan en distintos países del continente y el mundo. Estas plataformas ofrecen -de manera gratuita- el acceso a un amplio abanico de experiencias capaces de abrir nuevas formas de entender el mundo que nos rodea. Una de ellas es la Feria internacional del libro, Filgua, organizada por la Gremial de Editores de Guatemala y la cual este año será celebrada en septiembre como homenaje al bicentenario de la independencia de ese país. Este evento, además, ha sido dedicado a la escritora guatemalteca Ana María Rodas, Premio Nacional de Literatura y una de las mayores exponentes de la poesía latinoamericana. 

Como parte esencial del programa de la primera versión virtual de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, acompañando a la presencia de relevantes exponentes de la literatura, provenientes de Guatemala y otros países, sus organizadores ponen especial énfasis en un amplio repertorio de actividades dedicadas a la niñez y la juventud, como una forma de incentivar la lectura y el acceso al conocimiento universal, mecanismos imprescindibles para reforzar el crecimiento intelectual de las nuevas generaciones de ciudadanos.

Guatemala, un país rico en cultura y tradiciones, ha debido enfrentar enormes obstáculos, a lo largo de su historia, en sus esfuerzos por hacer del conocimiento un patrimonio de libre acceso para todo su pueblo. Gobernantes y élites económicas, empecinados en frenar toda iniciativa en ese sentido han cercenado, a través de los siglos, sus oportunidades de desarrollo. La apertura hacia la educación es, todavía, uno de los más grandes desafíos para sus habitantes; por lo tanto, cualquier evento en esa dirección merece el apoyo de toda la sociedad.

La lectura no es solo un pasatiempo, sino un recurso vital para el desarrollo.

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Con la esperanza no basta

“Hechos son amores y no buenas razones”, un dicho popular que nos calza a la perfección.

Si algo empareja a los pueblos latinoamericanos, es un pasado cargado de frustraciones, lucha social, violencia, represión y abuso. También, por supuesto, una enorme dosis de esperanza que surge antes y después de cada relevo en sus gobiernos y de cada estallido social provocado por sus traiciones. El hilo de la historia en todos los países de nuestro continente presenta similares coincidencias, en un ir y venir que les impide avanzar con paso firme hacia el desarrollo. Sin embargo, una y otra vez se impone ese aliento optimista –esa necesidad de resurgir de las cenizas-  único consuelo ante la crudeza de una realidad tan inmerecida como deprimente.

La herencia colonial ha marcado de forma indeleble el destino de nuestros pueblos al establecer la división por clases sociales, económicas, étnicas y de género, como una brillante y sórdida estrategia destinada a preservar con mano de hierro los mecanismos de control. De ahí han surgido formas de vida y pensamiento impresos en su cultura como verdades absolutas y, peor aún, como valores dignos de acatarse. Entre esos supuestos valores, muchos de ellos originados desde los púlpitos, están aquellos destinados a subordinar a las mujeres a la autoridad patriarcal; a convencer a los estratos más pobres de la superioridad de los más ricos; a someter a la niñez y a la juventud a la autoridad adulta, sin derecho alguno a asumir sus propias aspiraciones; y, a creer sin dudar de un absurdo derecho humano a destruir la naturaleza en función de la acumulación de riqueza para beneficio de unos pocos.

Cuando los pueblos deciden tomar las riendas de su destino y detener los abusos de poder cometidos, sin obstáculo alguno, desde los centros de poder, entonces intervienen otros actores cuya incidencia, desde países poderosos y gigantes mediáticos, transforman el discurso y manipulan los conceptos abriendo el camino para la represión y el miedo. Esta argucia, tantas veces repetida y tantas veces exitosa, apaga la llama de la rebelión y, víctimas más, víctimas menos, arroja al silencio y la resignación a pueblos cada vez más impotentes y empobrecidos. Este escenario recurrente también representa un obstáculo de enorme magnitud para hacer de la ciudadanía una protagonista consciente y comprometida con su futuro.  

Hastiada de tanto abuso, carente en su mayoría de elementos de juicio y, en algunos países, de marcos legales para ejercer su derecho a participar libremente en la elección de autoridades éticas y competentes, la ciudadanía se ve enfrentada, una y otra vez, a una maquinaria poderosa manejada desde las sombras por pequeños círculos de poder que le impiden avanzar. De ahí, que solo acude al consuelo de una esquiva esperanza: la esperanza por un futuro mejor; la esperanza por un cambio del cual no se atreve a participar; la esperanza por que suceda algo milagroso y los corruptos paren en prisión; la esperanza porque el cielo se abra y caiga el rayo sobre sus cabezas… esa esperanza.

Pero, como reza el dicho: “Hechos son amores y no buenas razones”, esas esperanzas necesitan acciones y esas acciones, sin la voluntad y la participación popular, jamás se harán realidad. Los pueblos latinoamericanos han perdido mucho espacio debido a su progresivo divorcio con el ejercicio de la política. Decepcionados, una y otra vez, se han alejado de algo tan esencial para la democracia como la organización partidista, único recurso para garantizar su incidencia en las decisiones que les competen. Por eso, precisamente, los grupos de poder las han desestructurado con maña, muy conscientes de que para reinar, es preciso dividir.

La democracia depende de la organización ciudadana.

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La soledad del Quijote

El fiscal Juan Francisco Sandoval ha perdido una batalla en medio del silencio. 

Con una trayectoria impecable en su labor de investigador para esclarecer los casos más impactantes de tráfico de influencias, corrupción e impunidad, el fiscal Juan Francisco Sandoval –quien emprendía una lucha frontal contra los intentos de frenar sus investigaciones dentro del Ministerio Público- fue destituido de su cargo por la Fiscal General de Guatemala, persona quien en descarada alianza con las organizaciones criminales en el poder, ha saboteado todos los esfuerzos en pro de la justicia en ese país.

El fiscal Sandoval no solo ha contado con el respaldo de organizaciones sociales en su territorio, sino también ha recibido reconocimientos por parte de entidades internacionales en el ámbito de la justicia y los derechos humanos. Con su destitución, queda clara la posición de las autoridades guatemaltecas en su decisión de transformar de golpe a esa dependencia en un refugio para garantizar la impunidad de los delitos del presidente, sus ministros, sus allegados, de empresarios corruptos y de una buena parte de la asamblea legislativa y el organismo judicial, todos quienes actúan bajo la premisa del silencio y la complicidad. 

La acción -presuntamente ilegal, según indican expertos en la materia- realizada por la máxima autoridad del Ministerio Público, constituye la piedra fundamental para el establecimiento de un sistema de gobierno cooptado por el narcotráfico y el crimen organizado, bajo la sombrilla oportunista de un sector empresarial cuyo único afán es perpetuar sus privilegios a costa de la seguridad y la vida del resto de la población. La ciudadanía, ajena a los entretelones de la mañosa estructura consolidada durante las pasadas administraciones y reforzada por un ambiente de excesiva tolerancia, no ha sabido reaccionar con la firmeza esperada después de este golpe artero a la justicia.

Entre las investigaciones emprendidas por la fiscalìa contra la impunidad liderada por Juan Francisco Sandoval, se encuentra una atingente al mandatario sobre el oscuro negocio de las vacunas y el cual, supuestamente, ha sido la causa primaria de la destitución de este fiscal. Resulta bastante obvio que su labor ha representado, más que una piedra en el zapato, una seria amenaza contra quienes violan las leyes amparados por el poder. 

El miedo imperante entre quienes han abusado de manera descarada de los mecanismos legales para impedir la aplicación de la justicia, es hoy una real amenaza contra la débil estabilidad de los fundamentos institucionales en Guatemala. Ha quedado meridianamente claro que los corruptos –reunidos en un pacto perverso- son capaces de cometer cualquier violación a la Constitución y las leyes con tal de conservar sus bienes mal habidos y los privilegios conquistados a fuerza de abusos. Ellos no solo han entorpecido la labor de los investigadores, también han establecido un clima de terror y persecución contra jueces probos, periodistas éticos e independientes, activistas de derechos humanos y líderes de las distintas comunidades, quienes arriesgan su vida en la defensa de la justicia, sus territorios y sus derechos. 

Como un Quijote solitario se despide de su cargo uno de los mejores fiscales que han pasado por el Ministerio Público, pero las manifestaciones de repudio por su destitución no son suficiente. Es urgente una toma colectiva de conciencia para comprender, en toda su magnitud, la catástrofe institucional a la cual ha conducido al país el pacto de corruptos y, por lo tanto, actuar en consecuencia.

El miedo de los corruptos es un peligro inminente contra la democracia.

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Relaciones perversas

Semejante a los círculos de poder en el ámbito privado, así funcionan los Estados.

Sin que ello represente una gran novedad, el fortalecimiento de los estamentos oficiales en la mayoría de países ha venido a constituir un cambio sustancial en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Más o menos conscientes de que el poder máximo procede de los círculos económico-empresariales, los pueblos empiezan a percibir cómo sus derechos y el entorno jurídico en el cual se ha desarrollado su existencia, derrapa de la ruta conocida para adentrarse en terrenos mucho más pantanosos e inciertos. Los nuevos parámetros para contener una pandemia se van asemejando a las normas estrictas del más puro fascismo.

Los pueblos, sobre todo aquellos pertenecientes a países menos desarrollados, han comenzado a perder derechos reconocidos en sus textos constitucionales, observando cómo sus gobiernos aprovechan la coyuntura para cometer toda clase de abusos amparados por un estado de emergencia en el cual cabe casi todo: enriquecimiento ilícito, manipulación de las leyes, fortalecimiento de los cuerpos policiales y castrenses y, como consecuencia inmediata, el completo abandono de las políticas públicas referentes a la protección de la ciudadanía en aspectos vitales, como salud y nutrición. Estas políticas públicas, de las cuales depende en gran medida la supervivencia de grandes sectores son, desde hace mucho, territorio invadido por intereses corporativos.

El nuevo escenario pueblo-gobierno también se ha instalado en naciones poderosas, en donde sectores radicales adversos al poder ciudadano comienzan a marcar territorio y a instalar nuevos modelos de relación entre los estamentos políticos y la población. Visto desde la perspectiva de la necesidad innegable de imponer normas estrictas de conducta para detener la pandemia, estas adquieren un viso de pertinencia, lo cual hace que amplios sectores de la ciudadanía las acepten sin rechistar. Sin embargo, en ese nuevo estatus se deslizan, con demasiada frecuencia, medidas que afectan a derechos civiles históricamente reconocidos, tales como el derecho a manifestarse o el de escoger libremente opciones frente a la salud individual. 

La actitud de los gobiernos comienza a revelarse como un regreso a épocas de autoritarismo y represión, aun en países de fuerte raigambre democrática y en donde los derechos ciudadanos han constituido la columna toral de su institucionalidad. Este nuevo orden de cosas –también en Europa- comienza a despertar el temor a un regreso a las oscuras épocas del fascismo y fortalece a grupos extremistas que aspiran al poder. Esto provoca de manera inevitable la reacción de una ciudadanía decidida a proteger los valores democráticos, pero puesta contra las cuerdas por una situación sanitaria innegable y un nuevo marco reglamentario que le impide expresarse libremente.

El futuro inmediato, por lo tanto, constituye un enigma de proporciones épicas dada la manera como se mezclan en el mortero el deber ciudadano, la responsabilidad frente a los demás, la inconsistencia de muchas decisiones políticas y la ausencia de certeza con respecto a la verdad científica. En esa nebulosa, conveniente para ciertos sectores de poder, se desarrolla actualmente una relación perversa entre gobernantes y gobernados quienes, por una parte, buscan consolidar el poder contra aquellos que aspiran a conservar los derechos y libertades considerados justos e inviolables. Tras esta dicotomía, subyace un elemento aún más perverso: los intereses económicos de una cúpula corporativa de proporciones planetarias capaz de incidir, sin el menor escrúpulo, en el derecho a la vida.

El individuo, ante un poder sin límites, pierde todos sus derechos.

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La era del hambre

“El arma de los imperialismos es el hambre. Nosotros, los pueblos, sabemos lo que es.” (Evita)

Con retraso en el crecimiento, peso inferior al 60 por ciento del previsto para la edad, escasa o nula grasa subcutánea, extremidades delgadas, diarrea, infección respiratoria, tuberculosis y signos de otras carencias nutricionales como deficiencia de micro nutrientes, se manifiestan algunas características de un cuadro de desnutrición en la infancia. En nuestro continente, un continente rico en recursos pero sometido a un sistema económico y político criminal, discriminatorio y deshumanizante, las grandes mayorías enfrentan la peor de las pandemias: el hambre. 

El hambre, definido como el producto de la escasez generalizada de alimentos básicos que padece la población de forma intensa y prolongada, es una violación de un orden jurídico cuya premisa principal es la protección de la persona contra el abuso de autoridades, servidores públicos y particulares. Esta especie de patología política contraviene las garantías de los textos constitucionales y se encuentra presente con diferente intensidad y extensión en todos nuestros países, respondiendo a un sistema de reparto injusto de la riqueza pública y a la acumulación del patrimonio común en manos de una élite explotadora. La paradoja, es que el empobrecimiento resultante provoca un inevitable colapso de las capacidades productivas de la comunidad y, por ende, una disminución progresiva de los atributos intelectuales y físicos del recurso humano que pudiera contribuir al progreso de esa misma élite.

En América Latina, la pobreza impuesta de manera tan implacable a las grandes mayorías podría definirse como una fórmula estratégicamente concebida por los genios del sistema neoliberal: A mayor pobreza, menor poder ciudadano y, por ende, más oportunidades de enriquecimiento y concentración del poder para el sector privilegiado. La aplicación de esta norma perversa alcanza sus mayores cotas en países centroamericanos, en donde la carencia nutricional ha colocado a millones de niñas, niños y adolescentes ante un escenario de privaciones, enfermedad, dolor y muerte precoz por la carencia de algo tan básico como el alimento.

Para las élites en el poder, el hambre no es un problema. Es una realidad supuestamente inevitable reflejada en estadísticas más o menos manipuladas y asépticas, mediante las cuales la tragedia humanitaria se reduce a números. Esto, con el propósito de justificar políticas públicas sesgadas e ineficaces y así, mediante el uso de su poder mediático, endosar la responsabilidad en quienes lo padecen. De ese modo, para las castas políticas se abren nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito a través de donaciones de la comunidad internacional, préstamos cuyos fondos van a caletas y paraísos fiscales y otras argucias estratégicamente creadas con el mismo propósito. 

En un escenario ideal, el hambre como tragedia humanitaria no debería existir. El planeta tiene recursos suficientes para satisfacer esa necesidad y, de no imperar los intereses corporativos que obligan a desechar millones de toneladas de alimentos cada año, con el único propósito de mantener los precios de mercado, nadie debería morir por falta de nutrientes. En la realidad, la vida de la niñez condenada al peor de los destinos, tiene menos importancia para las clases privilegiadas que los índices económicos, sólidamente asentados sobre la base de la injusticia y el despojo. Nuestros países necesitan con urgencia un relevo político capaz de construir las bases de un sistema inclusivo y justo para todos, pero sobre todo la actuación de líderes inteligentes, capaces de comprender y asumir el desafío de romper las estructuras y construir auténticas naciones.

Para las élites en el poder, el hambre es un fenómeno “inevitable y natural”.

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La verdad, un bien escaso

Cada mañana, la sociedad enfrenta el enorme desafío de descubrir la verdad.

El virus ha marcado de manera rotunda un cambio de era a lo largo y ancho de este planeta. Ese parteaguas se ha producido a raíz de la invasión ocasionada por un accidente –premeditado o no- cuyo resultado ha sido la liberación de este elemento mortífero desde un centro de investigación cuyas consecuencias, a la par de las sanitarias, han devenido en un nuevo estatus social, político y económico. Ha sido entonces cuando el mundo se ha sumergido en una batalla comunicacional de dimensiones épicas y, para mayor confusión, con carencia de recursos para profundizar en las verdaderas causas y consecuencias de tan impactante fenómeno.

La verdad se nos escapa y, para mientras, nos entretenemos en desarrollar cuanta hipótesis se nos cruza por la cabeza para mantener cierto nivel de lucidez frente al caos y a la pérdida de algunos derechos civiles que creíamos inviolables. En el transcurrir de los meses, inmersos en esta broma macabra, nos hemos sometido a regañadientes a normas restrictivas cuya pertinencia es objeto de debate, pero que han adquirido fuerza de ley sin derecho a protesta. Es justo reconocer que la pandemia ha requerido medidas draconianas contra la libertad de la ciudadanía; sin embargo, la opacidad de la información al alcance de los pueblos provoca una enorme desconfianza hacia quienes poseen el poder para controlar la situación y manipular los mecanismos legales.

En este sentido, no es ningún misterio cómo algunos gobernantes han aprovechado de manera ilícita y con marcado sesgo criminal este riesgo sanitario, cuyos efectos no solo amenazan la salud sino han enlutado a millones de hogares alrededor del mundo, tanto en países ricos como en naciones pobres. Las estratagemas funcionan gracias al ocultamiento de la información sobre el manejo de fondos públicos, pero también con respecto de los sistemas de vacunación –otro tema cargado de misterio- y la atención de emergencia para las víctimas del contagio. A ello hay que sumar la carencia de recursos hospitalarios y, como uno de los mejores mecanismos de control social, el miedo colectivo.

El debate sobre la efectividad y características de las distintas vacunas es el gran tema del día. En corrillos de amigos, colegas o simples desconocidos, entusiasmados por aportar sus muy variadas teorías, las vacunas se han convertido en un sujeto propicio para evadir el hecho de que, por abundante y válida que sea la información captada en distintos medios físicos y virtuales, es contundente la ignorancia en la cual nos mantienen tanto autoridades como centros de investigación. Es imposible rebatir el hecho de que nuestros conocimientos sobre la materia derivan de un universo informativo susceptible de ser condicionado por cúpulas de poder político y económico, las mismas que han transformado a nuestros países en ejemplos de subdesarrollo. Nuestro acceso a la verdad es, por tanto, inexistente o muy reducido; y, por nuestra propia salud mental, hemos de asumir ese hecho. 

¿Cuál sería entonces la manera de tomar el control de nuestro papel en el escenario? Aun cuando existe una enorme dificultad para obtener información sobre las verdaderas características de las vacunas, todavía en desarrollo, y el único parapeto contra el poderoso virus, hay otros temas como el manejo de fondos públicos para hacer frente a esta emergencia y cuyos entretelones han de ser del dominio general. La realidad nos ha demostrado cómo las restricciones han abierto las puertas al saqueo y al completo abandono de la población y es en ese terreno en donde aún se puede luchar por la verdad.  

La opacidad de la información nos impide ejercer nuestros derechos.

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El síndrome de Estocolmo

Para enfrentar los abusos, es preciso perder el miedo a combatirlos.

Se utiliza el término “síndrome de Estocolmo” para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. A pesar de existir muchos estudios con respecto a sus características, los expertos parecen coincidir en el hecho de calificar el síndrome como una respuesta natural de supervivencia ante una situación en la cual la víctima no solo carece del control sobre su entorno, sino además intenta adaptarse a él. A nivel colectivo, se podría aplicar esta patología a ciertas naciones en las cuales se produce una situación de excesiva violencia desde el poder, contra una población incapaz de reaccionar para defender sus derechos, la cual incluso vuelve una y otra vez a otorgar el mando a quienes la someten.

Quizás el lazo afectivo sea algo que no se desarrolla en el marco de las relaciones pueblo-gobierno, pero sin duda se produce una forma de aceptación pasiva y resignada al comportamiento abusivo, discriminatorio y destructivo de quienes poseen las riendas del poder político-económico y cuyo desempeño en la gobernanza tiene todas las características de un secuestro: apoderarse de los mecanismos jurídicos para cometer toda clase de violaciones a los derechos de la ciudadanía, restándole a esta cualquier posibilidad de defenderlos mediante maniobras espurias y la aplicación de métodos represivos y trampas legales.

Las circunstancias que hacen posible la toma del poder político por parte de individuos corruptos y carentes de visión tienen mucho que ver con la manipulación de los recursos públicos con objetivos ilegales e ilegítimos; pero también con la infiltración de supuestas doctrinas religiosas, cuya misión es impedir el empoderamiento ciudadano y las cuales constituyen un poderoso aliado. De este modo, se consigue rebajar de manera sistemática las expectativas de desarrollo y supervivencia de grandes sectores de la población, quienes al final aceptan como algo natural otorgar no solo su aprobación sino también sus recursos económicos al sistema que coarta sus libertades y se apodera de sus riquezas. Como regalo adicional, alimentan el poder de sus captores con absoluta sumisión.

En sociedades con estas características –en donde predomina la actitud pasiva y resignada ante el abuso sistemático- resulta doblemente complicada la consolidación de movimientos colectivos organizados tendentes a desarticular los mecanismos opresores. Por un lado, por un temor arraigado e instalado en la conciencia colectiva sobre los riesgos implícitos en todo cuanto asemeje a la rebeldía y, por ende, a la destrucción del enemigo, sino también porque el sistema somete a la población a un régimen elemental de supervivencia. Por lo tanto, esta agradece cualquier concesión a sus necesidades, aun si esta no llega siquiera al mínimo establecido en leyes y tratados.

En la actualidad, con un escenario pavoroso de restricciones y pérdidas humanas provocadas por el ingreso de un virus mutante –cuyo origen aún es tema de controversia y manipulación informativa- son muchos los países de nuestro continente los sometidos a regímenes políticos cuyas autoridades se mueven en un terreno pantanoso y contrario a sus marcos institucionales. Ante esto, pocos son los ciudadanos comprometidos a ejercer un papel activo y de fiscalización, lo cual permite los excesos de organizaciones e individuos cuyos objetivos se enfocan en mantener un férreo control sobre pueblos y bienes públicos, ante la mirada cómplice de la comunidad internacional y de sus rehenes dentro de las fronteras. 

Agachar la cabeza es una de nuestras peores falencias como sociedad.

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Basura bajo la alfombra

Una de las peores fallas de nuestras débiles democracias está en el secreto oficial.

En igual medida como el poder político y económico -consagrado por un sistema neoliberal capaz de arrinconar la voluntad popular- se fortalece, así también se debilita el derecho ciudadano a conocer los entretelones de las decisiones que le afectan y le incumben. En América Latina, nuestro castigado continente, esta manera de administrar las muy variadas formas de secretividad oficial ha sido institucionalizada de tal modo, que los pueblos ya ni siquiera intentan romper los candados. Es por medio del silencio y la mentira como nuestros países han sido despojados, paulatinamente, de riquezas y oportunidades.

El secreto oficial ha transitado desde los ámbitos de la seguridad nacional –algo relativamente sensato- hasta el uso de los fondos públicos, amparando así a quienes tienen la obligación absoluta de rendir cuentas de su administración. Es decir, lo que en un sistema democrático está supuesto a servir como parámetro para medir procedimientos enmarcados en la ética y la transparencia, hoy se encuentra bajo secreto de Estado en muchas de nuestras naciones, en donde campea la corrupción. Esto, sin duda sujeto a severas sanciones administrativas y judiciales cuando el caso lo amerite, se ha convertido en un mecanismo de protección ante las prácticas inconfesables de las sucesivas administraciones de gobierno.

Una de las causas de este descalabro en el seguimiento de las decisiones políticas se debe en gran parte al debilitamiento de los marcos institucionales, para lo cual ha servido de machete la abolición progresiva del servicio civil. Este ente, concebido para registrar y preservar el historial de la administración pública, eximiéndolo de convertirse en botín de deudas electorales, ha sido prácticamente eliminado en nuestros países. De ahí que la destrucción de archivos cada fin de administración y la sistemática eliminación de funcionarios de carrera en cada inicio, asemeje a la pésima idea de quitar las columnas de un edificio porque estorban la vista.

Esos vacíos en el ordenamiento administrativo, especialmente en países supuestos a responder a lineamientos democráticos, representan un retroceso monumental hacia sistemas abiertos al abuso y a la inveterada costumbre de esconder la basura bajo la alfombra para evitar sanciones y auditorías. El libertinaje propiciado por la eliminación de límites a la corrupción ha sido ya parte integral de sistemas que han derivado en el empobrecimiento de los pueblos y el enriquecimiento escandaloso de sus cuadros políticos y sus cúpulas empresariales. A ello es preciso añadir el detalle adicional de fuerzas del orden y ejércitos comprometidos con esos grupos de poder hasta el extremo de amparar y compartir sus delitos.

De todo esto devienen, naturalmente, las acciones de persecución, amedrentamiento y eliminación física de miembros de la prensa no comprometidos con el sistema corrupto imperante. Acciones estas que muchas veces se extienden hacia miembros del sistema judicial cuya integridad se traduce en sentencias contra los agresores. Esta es una de las consecuencias más peligrosas del debilitamiento de las estructuras institucionales de nuestros Estados, al romper parámetros fundamentales de la democracia, como la libertad de pensamiento y el derecho de los pueblos a conocer hasta los más ínfimos detalles de las gestiones de su gobierno. La dificultad reside hoy en la enorme tarea de reconstruir lo perdido y restaurar por lo menos un mínimo de confianza en el sistema por el cual se ha luchado durante más de un siglo.

Un Estado corrupto es como un edificio sin columnas de soporte.

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Un mal prevenible

Nuestras sociedades sufren de males prevenibles y tratables. Solo falta la medicina.

Nuestros países destacan por la abundancia de investigaciones y denuncias por el incremento incesante de la corrupción y la violencia criminal y, aunque no han dado los resultados deseables, tampoco se pueden desconocer ciertos avances de gran impacto en la manera como se reordenan las fuerzas democráticas en algunos de ellos, con el potencial de revertir los orígenes de esas situaciones que tienen el poder de acabar con las democracias. Sin embargo, siempre hay excepciones dolorosas, como los ejemplos de dos países cuya situación geográfica y su historia de corrupción los han convertido en el pasadizo de la droga y en donde se concentra la incesante ruta migratoria. Estos son Honduras y Guatemala, dos naciones cuyos indicadores marcan las peores condiciones de vida para sus habitantes y en donde sus gobernantes lideran los índices de violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado.

¿Cómo se ha producido la descomposición -que hoy parece irreversible- en estas naciones? ¿Es que acaso no existen mecanismos de control capaces de sostener un mínimo de institucionalidad y justicia con el poder de reconstruir un remedo de Estado? Para comenzar a desentrañar los tejidos de la red que hoy atrapa a sus instituciones, es importante revisar la historia y desempolvar las evidencias sobre la inmensa influencia de intereses corporativos, cuyo poder sobre gobiernos mucho más poderosos ha puesto un “hasta aquí” a sus intentos de democratización. 

Sin embargo, estos no son los únicos países que encajan los golpes contra sus pretensiones de independencia política y económica. Durante las recientes elecciones en otras naciones del continente se ha podido apreciar el miedo de las clases medias al relevo en el control de sus políticas internas y sus relaciones con el gran capital internacional. Esto demuestra que la guerra solapada y sostenida durante décadas en contra de procesos democráticos, cuyo objetivo ha sido la independencia y la sostenibilidad económica de los países en desarrollo, ha causado un daño moral de tales dimensiones, que sus patrocinadores ni siquiera se toman la molestia de insistir con campañas tipo guerra fría para insertar en el cerebro de millones de seres humanos los prejuicios contra lo que huela a justicia social. Pareciera estar instalado el miedo al cambio y los esfuerzos por erradicarlo apenas tocan, si mucho, a la mitad de quienes deciden el curso de la política por medio de su voto, en donde el mérito sobre esa paridad positiva se lo lleva, en su mayoría, la juventud.

A este respecto, el de las generaciones ansiosas de nuevos aires, es importante recalcar cómo las estrategias dirigidas a mantener el estatus han ido chocando, una y otra vez, contra la necesidad de redirigir la marcha hacia formas de gobierno más sensibles a las necesidades de ese inmenso sector de nuevos ciudadanos. Aunque esto solo falla en aquellos países cuyos Estados son cautivos del crimen organizado, como los antes citados, la inevitable marcha hacia cambios favorables con la restauración de procesos democráticos parece ser inevitable. Nuestro continente ha experimentado la fuerza de los golpes en contra de sus intentos de independencia y, debido a ello, sufre de un mal endémico encarnado en una actitud recelosa hacia nuevas reglas de juego político. Sin embargo, los acontecimientos de los años recientes con el avance de la fuerza popular en la mayoría de países, revela que la medicina contra el conformismo y la apatía tiene resultados comprobables y, gracias a sus efectos, se abre la perspectiva de nuevos aires para los tiempos por venir. 

Existen esperanzas de cambio a pesar del manoseado recurso del miedo.

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El valor del trabajo

Un aporte esencial para la comunidad, pocas veces apreciado como corresponde.

La nueva forma de productividad ha venido a trastornar uno de los aspectos básicos de la vida humana: el trabajo. En este año y medio se ha producido un cambio profundo, no solo en el acceso al empleo –y todo lo que eso implica en términos de subsistencia- sino también en las relaciones laborales, ya desde siempre complicadas y frecuentemente rayanas en la injusticia; pero, sobre todo, en las estructuras sobre las cuales se sostienen la legalidad y legitimidad del trato entre las partes: es decir, entre quienes ofrecen su aporte en experiencia, conocimiento y esfuerzo físico, y quienes pagan por ello.

En estos meses ha quedado evidenciada la elasticidad de esos contratos. La necesidad de obtener los medios para subsistir ha llevado a millones de seres humanos a replantearse el valor de su aporte. De ahí surge un nuevo estilo de relación laboral, de acuerdo con el cual los nuevos métodos de trabajo en línea –gracias a las facilidades tecnológicas actuales- han sustituido, en algunos casos de manera definitiva, el esquema presencial al cual estábamos totalmente acostumbrados. Sin embargo, en esta nueva modalidad se establece una relación cuyas características vulneran el trato justo que debería primar entre las partes.

Se entiende de manera tácita que trabajar gratis y no pagar por el trabajo son dos extremos que se tocan. En ambos hace falta un elemento fundamental: la ética. Dado que el trabajo es una forma de intercambio a través del cual una persona entrega su energía, experiencia y conocimientos a cambio de una retribución económica, ofrecerlo sin ella por temor al despido, lo devalúa y traiciona la esencia del contrato. Esto sucede cada vez con mayor frecuencia en el nuevo esquema, al hacerse evidentes un par de elementos capaces de degradar la relación: el miedo a perder el empleo, por un lado; y la certeza sobre el poder para abusar, del otro.

Es importante reflexionar sobre la complejidad de esta relación productiva entre personas y entidades de diversa índole. Las actividades laborales, cualesquiera sean sus características, implican mucho más que el esfuerzo puntual para realizar una tarea. Detrás de ese acto hay tiempo invertido en la elaboración y transformación de los elementos indispensables para alcanzar un grado de desarrollo y eficiencia determinados; por ello, al dar ese esfuerzo de manera gratuita se cae en un acto de minusvaloración, aceptando que aquello que hacemos bien, no vale nada. Este esquema aplica de manera específica en los casos cada vez más numerosos del trabajo desde el hogar, para el cual la definición de horario laboral se pierde en una mezcla indeseable con el derecho a la privacidad doméstica, mezclándolo todo.

La obligación de ganarse la vida trabajando podría considerarse una maldición bíblica, sobre todo cuando –como sucede cada vez con mayor frecuencia- el esfuerzo es mucho mayor que la recompensa, o también cuando el trabajo incumple la premisa romántica de dignificar a quien lo realiza. O, para ir un poco más cerca de la realidad, cuando representa una forma de violación de ciertos derechos fundamentales de la persona. Esto último comienza a predominar e invadir espacios laborales antes regulados por un sistema de garantías legales, el cual en estos días comienza a perder su incidencia. La vigilancia de estas relaciones se percibe como una medida de urgencia durante la emergencia sanitaria, en donde la explotación laboral –incluido un desprecio injustificado por el esfuerzo de quienes aportan su experiencia y conocimientos- es la modalidad de los nuevos tiempos.

Es importante vigilar de cerca las relaciones laborales bajo la pandemia.

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Los eternos marginados

Niñas, niños y adolescentes encajan el cambio sin derecho a opinar ni a elegir.

Si hay un segmento de la sociedad carente de autoridad sobre su vida es el de niñas, niños y adolescentes, las grandes mayorías en prácticamente todos los países de nuestra América. Somos sociedades jóvenes y en crecimiento; sin embargo, la visión imperante entre quienes recae la responsabilidad de propiciar un desarrollo basado en la justicia, equidad y el mejor aprovechamiento de todos los recursos, suele ir en contraposición con aquello que dicta la razón y cuya esencia plasmó el filósofo estadounidense Jhon Dewey: “La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma.”

La historia de nuestros pueblos nos ha enseñado que somos sobrevivientes de sistemas adversos, hostiles e incapaces de comprender el enorme potencial implícito en el cambio generacional. Vemos a la niñez y la juventud como una carga impuesta y no una oportunidad maravillosa para generar transformaciones de gran escala, lo cual debería conducir a una consolidación de valores con la misión de fortalecer el tejido social. Y todo ello, con la educación como leit motiv de cualquier sistema de gobierno. De modo automático, asumimos la autoridad del adulto como si esta fuera una forma válida de actuar sobre quienes dependen de nosotros en la línea familiar o social, y lo hacemos sin cuestionar la validez de una autoridad muchas veces impuesta de manera legal, aunque su aplicación resulte, en muchos casos, ilegítima.

Al observar los efectos de la situación excepcional en la cual estamos inmersos desde hace ya año y medio, es posible constatar la situación riesgosa en la cual viven niñas, niños y adolescentes al enfrentarse a una pérdida de sus vínculos sociales y, simultáneamente, a un encierro obligado con adultos poco preparados para ofrecer un ambiente seguro, enriquecedor y libre de violencia. El ser adulto a cargo de personas jóvenes cuya custodia nos ha sido confiada por ley, no significa de ningún modo que tengamos el derecho para imponer nuestra voluntad de manera arbitraria ni para descargar en ellas nuestras frustraciones, sino más bien nos da una oportunidad para reforzar lazos de conocimiento mutuo, respeto y colaboración. 

Sin embargo, la violencia emocional generada por el forzoso cambio de hábitos y las limitaciones provocadas por las restricciones a la movilidad, al trabajo y al estudio, cobran sus mayores víctimas entre las nuevas generaciones, por estar estas sometidas a una situación sobre la cual no poseen voz ni voto. La impunidad imperante en casos de violencia doméstica es un elemento adicional, aunque poderoso, al trastorno psicológico ocasionado por la pérdida de lazos sociales, la falta de actividad lúdica y la tensión natural provocada por un fenómeno de alcance global sobre el cual no tenemos control.

En tanto no se recobre un cierto estado de normalidad, es imperativo aprovechar la ocasión para prestar atención a este enorme contingente de nuevas y nuevos ciudadanos, cuya vida y futuro dependen, en gran medida, de quienes están a cargo de su bienestar físico y emocional, así como de propiciarles una educación de calidad. El tema no es menor: la niñez y la juventud han sido los eternos marginados en nuestras sociedades y el impacto de esa agresión -naturalizada por un concepto equivocado de la autoridad de los adultos que les rodean- tiene secuelas de largo plazo en la pérdida de oportunidades de desarrollo, pero también en forma de abuso y marginación. No repitamos el cliché de que constituyen “el futuro de la patria” mientras no seamos capaces de honrar esa promesa.

La juventud tiene todo el potencial, pero de nosotros depende abrirles el camino.

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Qué se entiende por dignidad

Dignidad: “Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse” (RAE).

La palabra surge veloz, cual fórmula mágica para conjurar la amenaza de enfrentarse con la verdad. Está presente con abundancia en el discurso público, aunque también destaca pronto en el ámbito privado, cada vez que la contradicción se instala entre los actos y las intenciones. Los adultos ya deberíamos saber, a ciencia cierta, que la dignidad es un valor absoluto; porque no existe la opción de ser más o menos digno y tampoco la de jugar con el concepto como si este fuera un atributo flexible y acomodaticio. Lo que no tenemos muy claro es cómo cultivarla y mantenerla, si acaso alguna vez la hemos incluido en el tejido complejo de nuestro carácter y personalidad, pero sobre todo de nuestra conducta y modo de vida.

Lo más duro de aceptar ha sido, sin embargo, constatar cómo este importante concepto, gracias al cual nos garantizarnos una posición decorosa en nuestro entorno íntimo y social, se deforma debido a una actitud progresiva de aceptación de las más groseras iniquidades; de agresiones abiertas y descaradas de quienes, al gobernarnos o poseer los mecanismos del poder, son capaces de corromper nuestros valores y hacer tambalear la poca autoestima y dignidad que aún tratamos de conservar, pero también de derrumbar el entarimado de nuestras utopías.

Un pueblo digno lucha por su integridad. Un pueblo digno no permite la humillación de presenciar la destrucción de sus instituciones, el asesinato impune de sus líderes ni el despojo de sus riquezas. Sus valores constituyen una fuerza poderosa, indispensable para anular el poder de quienes destruyen, tanto como para reconstruir las bases sobre las cuales se sustentan esos valores. Aceptar con mansedumbre las violaciones a derechos consagrados por leyes consensuadas y sólidamente asentadas en el respeto por la integridad individual y social, representa una rendición y, por tanto, la aceptación tácita del fracaso.

En nuestros países, aun cuando han pasado muchas décadas, la impecable estrategia de la Guerra Fría dejó raíces vivas en el tejido político y económico, pero también muchas otras de carácter ideológico, todavía presentes en el imaginario colectivo, íntimamente enraizadas en el concepto de nación que nos quisieron vender: Un concepto de nación dependiente por conveniencia de intereses foráneos, fortalecido a lo largo del tiempo con la píldora de una globalización también orientada hacia el despojo del patrimonio natural de los continentes sometidos. 

Por eso es conveniente revisar cómo concebimos la dignidad y, también, muy ligadas a ese concepto, la soberanía y la independencia. Porque en realidad creemos en valores abstractos cuya mención no nos exige el menor esfuerzo de reflexión para ponerlos en perspectiva, por lo tanto los aceptamos como un hecho. Los damos por válidos y los traicionamos a diario. Estamos tan convencidos de su perpetuidad que no caemos en la cuenta de haberlos convertido en una moneda de intercambio cada vez que callamos por temor a no perder la ilusión de nación. 

La dignidad, integridad e independencia de una nación no se reflejan en un rectángulo de tela con símbolos. Tampoco se encarna en esos símbolos cuando estos dejan de ser un referente de identidad para un pueblo. Los atributos propios de un concepto de nación deben proceder de una sociedad tan consciente de su responsabilidad como capaz de responder a ella. Esa fortaleza no responde a la sumisión ante el abuso de poder, sino a la capacidad de enfrentarlo y recuperar la dignidad como el mejor ejemplo para las nuevas generaciones.

Vivimos bajo la ilusión de valores perdidos, que damos por válidos.

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