El Quinto Patio

Los cambios en el sistema de salud no dependen de una sola persona.

Sería injusto e irreal esperar mejoras inmediatas en el sistema de salud de Guatemala solo por haberse producido un relevo ministerial. Es de todos conocido el colapso en el cual se encuentra la atención sanitaria a nivel nacional, la manera como se ha administrado esa caja de Pandora de la que muchos han echado mano para llenarse los bolsillos, y los intereses involucrados en el manejo de su presupuesto.

La designación de la doctora Lucrecia Hernández Mack, sin embargo, ha lanzado un soplo de aire fresco en esa nube gris. Muchos esperan que dada su juventud, su integridad, su experiencia profesional y su calidad de médica salubrista -todo lo cual permite suponer una visión holística distinta al enfoque tradicional sobre los retos y posibles soluciones- las decisiones emanadas de esta nueva administración logren resultados en corto tiempo.

Eso es imposible. La restauración de la funcionalidad plena de los puestos y centros de salud, de los hospitales, el abastecimiento básico de instrumental, medicinas y otros suministros indispensables para la atención sanitaria a la población, no dependen de la capacidad de una sola persona al mando ni se verán sus efectos en un abrir y cerrar de ojos. Lo que suceda en los próximos meses dependerá fundamentalmente de la voluntad de los equipos humanos comprometidos con esa misión, siempre y cuando sean capaces de dejar por un lado sus intereses particulares para embarcarse en la aventura de trabajar con el claro propósito de reparar los serios daños ocasionados por la corrupción enquistada en ese importante ministerio.

La fórmula ganadora, de acuerdo con algunas opiniones vertidas en los medios de comunicación y redes sociales, sería un apoyo irrestricto del Ejecutivo, del Congreso, de las organizaciones civiles y de la ciudadanía a este nuevo intento de recuperación del enorme complejo nacional para la atención en salud. El acompañamiento no solo deberá ser constante, sino también consciente e informado sobre el estado real de las instalaciones, las condiciones de trabajo del personal, los detalles del gasto y los planes para poner todo eso en condiciones de supervivencia, dado que actualmente se encuentra en riesgo vital.

La ministra Hernández Mack ha de ser muy valiente para haber aceptado un reto que otros consideran prácticamente imposible de vencer. Hoy será su primer día de trabajo, ya directamente desde el despacho ministerial, y enfrentará los innumerables retos dentro y fuera de la cartera. Desde la distancia resulta difícil imaginar la reestructuración de ese laberinto poblado de amenazas, pero no deja de ser esperanzador pensar en la posibilidad de que, durante esta administración, la población más necesitada encuentre la atención necesaria con sensibilidad humana en el sistema, cuando acuda a él.

La ministra podría echar una mirada a su alrededor y, como sugería algún Presidente anterior, “buscar en las gavetas”, donde quizá encuentre recursos de programas irrealizables por falta de capacidad de ejecución, otra de las grandes deficiencias de un Estado clientelista y poblado de burócratas poco o nada preparados para cumplir sus funciones. La ciudadanía observa con expectación los primeros pasos de esta nueva funcionaria, pero hay que tener la suficiente lucidez para no esperar milagros, sobre todo cuando algunos de los problemas más acuciantes han permanecidos irresueltos por décadas de abandono, malos manejos y presiones malintencionadas de sectores de poder que han usado al sistema de salud como una fuente de enriquecimiento personal.

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…Y cómo las redes de corrupción utilizan los recursos de la tecnología

El asesinato de Byron Lima, en un operativo tan sofisticado y eficaz como misterioso, ha comenzado a develar una serie de intrigas en donde se vincula a varios personajes oscuros del mundo criminal, algunos instalados en posiciones de enorme influencia. Lo que la opinión pública ha visto desfilar son hipótesis de las cuales podría extraerse una miniserie de enorme impacto televisivo.

Lo curioso de este maremágnum de enredos a cuál más repugnante, es el hecho de no haber sorprendido gran cosa a la ciudadanía, la cual -después de tener a la cúpula del anterior gobierno a punto de caer estrepitosamente ante la montaña de evidencias esgrimidas por la parte acusadora- ya espera una nueva serie de escándalos.

Pero volviendo a lo anterior, llama la atención la manera cómo algunos estrategas del lado oscuro de la política han comenzado a utilizar las redes sociales en campañas negras con el objetivo de descalificar el trabajo realizado por el Ministerio Público y la Cicig, pero especialmente destinadas a bajar a la Fiscal General de su peana, convencidos de insertar una cuña suficientemente poderosa como para detener la ola de revelaciones y escándalos de corrupción, así como de crímenes de alto impacto puestos en evidencia por el MP.

Los recursos informáticos han sido la novedad en esta saga que el país observa con asombro. De algún modo, la tecnología tan útil para las organizaciones criminales en cuanto a llevar controles financieros y contables de sus innumerables actos de corrupción, ha sido también su delatora, proporcionando a investigadores y fiscales el material necesario para armar casos prácticamente blindados contra el tráfico de influencias dentro del sistema judicial.

Es pertinente preguntarse qué hubiera sucedido en investigaciones sobre el desempeño de gobiernos anteriores si toda la ruta de sus actos se hubiera grabado en plataformas digitales. Es de todos conocida la antigua tradición de eliminar archivos cada cuatro años con el propósito de borrar rastros y dejar un aparato administrativo del Estado casi en punto cero para el siguiente equipo al mando. Recuerdo haberle preguntado a un coronel -quien había servido en el Estado Mayor Presidencial- sobre los archivos de esa dependencia, y me respondió muy tranquilo: “Ahí no hay nada”.

El registro de los actos de un equipo de gobierno debería estar bajo la estricta vigilancia de una instancia independiente y altamente especializada en el uso de recursos tecnológicos. Los misterios ya no tienen cabida en un sistema democrático en donde impere el estado de Derecho, como tampoco los obstáculos para el acceso a la información pública por parte de la prensa o de cualquier ciudadano interesado en conocer las acciones y decisiones de sus autoridades.

En estos tiempos es imprescindible poner cada vez mayor énfasis en la importancia de la fiscalización y el control por medio de instancias creadas para el efecto, quizá como un apoyo adicional a la Contraloría General de Cuentas, la cual al parecer nunca ha tenido la capacidad para controlar a fondo lo que está bajo su jurisdicción. Es obvio que de haber hecho una labor exhaustiva, algunos casos de defraudación del Estado actualmente en proceso nunca se hubieran producido.

La naturaleza humana tiene ese lado material que la lleva a buscar ventajas y privilegios a costa de sus semejantes. Si esa fuerza es poderosa en el ciudadano común, en sus autoridades es avasalladora. Por lo tanto, el único freno posible a la ambición desmedida es un sistema de justicia probo y eficiente

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El sistema previsional debe responder a la realidad del país.

Una de las mayores preocupaciones de cualquier persona económicamente activa es qué sucederá cuando se retire de la actividad laboral. ¿Tendrá una jubilación adecuada para tener una vejez digna o se verá obligada a continuar luchando por sobrevivir en empleos informales y de corto plazo? Las discusiones sobre el futuro del sistema de previsión social está en el tablero, pero sin una participación real de quienes no solo lo financian, sino además son los más afectados por cualquier decisión relativa a las pensiones.

La población trabajadora en Guatemala es, en su mayoría, informal. Dentro de esa importante masa productiva se encuentra un sector femenino de enorme incidencia en la dinámica económica. Sin embargo, el trabajo de las mujeres en el campo, en el hogar y en el comercio pasa casi inadvertido en las estadísticas y en los sistemas de previsión social, a los cuales no tienen acceso.

Lo mismo sucede con un gran contingente de trabajadores del campo cuya labor depende de la estacionalidad de las cosechas o de la voluntad de sus patronos. Son invisibles para el sistema de previsión y, por supuesto, carentes de toda protección que les garantice una vejez digna. Esta es una de las muchas razones por las cuales se impone una revisión de la seguridad social, pero bajo la perspectiva del interés común y no desde una visión empresarial y de negocio.

El atractivo de los fondos del sistema de previsión resulta demasiado poderoso y el sector privado sabe bien cómo en Chile las Administradoras de Fondos de Pensión, AFP, han resultado unas gordas gallinas de huevos de oro para un puñado de empresarios. Éstas comenzaron a gestarse durante la época de Pinochet con la privatización de los fondos de pensiones, cuya promesa de un retorno importante al momento de la jubilación –un 70% del salario promedio de los últimos 5 años- jamás se cumplió. Hoy miles de pensionados reclaman por míseras pensiones apenas suficientes para lo básico.

No cabe duda de la necesidad urgente de realizar una reforma profunda en este tema. Sin embargo, dejar el paquete en manos privadas no es la respuesta más realista ni la más solidaria para quienes hoy se debaten en empleos mínimos y salarios de hambre, pero con largas y extenuantes jornadas de trabajo. Guatemala es un país con espeluznantes índices de desigualdad, por lo cual aplicar el modelo de un pais distinto, más desarrollado, con una fuerte clase media y con algunos de los mejores indicadores sociales de América Latina, es injusto y poco realista. Las condiciones de los trabajadores chilenos aun con estar lejos del ideal, son mucho mejores que las de la mayoría de los guatemaltecos y pasarán muchos años antes de ver una reducción de la enorme brecha que separa a ambas sociedades.

Resulta evidente la dificultad de pedir sensibilidad social a un sector tradicionalmente enfocado en la consolidación de su poder económico como objetivo único. Sin embargo, las decisiones sobre el futuro de los fondos aportados por los trabajadores no debería ser un tema reservado únicamente a las instancias políticas y empresariales, sino ser compartido ampliamente con la ciudadanía, en un proceso enriquecido con información veraz y documentada.

Los espejismos suelen terminar en grandes decepciones, en un encandilamiento temporal y luego una estrepitosa caída en la realidad. Los frutos del esfuerzo de toda una vida deben ser resguardados de manera ética, solidaria y enfocada a garantizar a los trabajadores –sus verdaderos dueños y beneficiarios- un futuro digno por el resto de su vida.

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Algunos casos se transforman en paradigma de impunidad.

En Guatemala comienzan a darse muestras de un proceso trascendental destinado a enderezar entuertos jurídicos. En la medida que pasan los meses y se descubre el nivel de impunidad bajo cuyo manto se han protegido desde delincuentes de poca monta hasta asesinos a gran escala, en la ciudadanía crece la esperanza por el establecimiento del muy ansiado estado de Derecho.

Tal aspiración no es gratuita. Durante poco más de un año se han visto desfilar por las Cortes a un ex Presidente y a una ex Vicepresidenta de la República, más un buen puñado de ex ministros de Estado y otros funcionarios afines, algo totalmente sorprendente en un país cuyo sistema ha sido diseñado para cobijar a los corruptos, sobre todo cuando éstos pertenecen a los círculos de poder.

La población va de asombro en asombro ante las capturas de políticos y empresarios, siguiendo con atención las extenuantes jornadas de interrogatorio presididas por el juez Miguel Ángel Gálvez. El papel jugado por la Cicig y el Ministerio Público ha sido fundamental para darle consistencia a los casos y mantener fuera de circulación a los individuos más poderosos del país.

Sin embargo, en el sistema de administración de justicia de Guatemala existe un caso que no avanza; uno que de manera inexplicable permanece detenido a pesar de todas las evidencias presentadas por la fiscalía. Es un caso paradigmático cuya resolución quitaría el tapón que impide el curso de la justicia y permitiría resolver otros casos similares de violencia femicida. Se trata del asesinato y desaparición de Cristina Siekavizza, una joven madre supuestamente golpeada hasta la muerte por su esposo, Roberto Barreda.

Lo que hace de este caso un paradigma es la influencia de los personajes involucrados. Para entenderlo, habría que remitirse a la trayectoria profesional de los padres del sindicado, quienes desde sus altas investiduras como magistrados de la Corte Suprema de Justicia han de haber cultivado amistades y sentimientos de gratitud tan profundos entre sus pares como para superar cualquier escollo jurídico, haciendo del tráfico de influencias un verdadero arte.

Treinta han sido las acciones y recursos presentados ante la Corte de Constitucionalidad por la familia Barreda De León en los 5 años transcurridos desde la desaparición del cuerpo de Cristina. Once de ellos por Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda; 9 por Beatriz Ofelia De León, madre de Barreda –uno de ellos para separar a la Fundación Sobrevivientes como querellante adhesivo-; 6 por el sindicado, con algunos de los cuales pretende retirar el caso del tribunal B de Mayor Riesgo; y 5 por otras personas ligadas al proceso.

Mientras la familia Barreda se afana por salir bien librada de este crimen deleznable, la familia Siekavizza, el Inacif y el Ministerio Público, con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes en su calidad de querellante adhesivo, continúan incansables su lucha contra la impunidad. Durante los 5 años transcurridos desde la desaparicion de Cristina la han buscado en fincas, ríos, lagos y terrenos baldíos, en donde el asesino –y quien lo asistiera en ese proceso- pudo haber enterrado o sumergido su cuerpo, sin hallarla.

Estas son las incongruencias de un sistema de administración de justicia aún pendiente de depuración. La nefasta tradición del encubrimiento entre pares –lo cual también sucede en otras disciplinas- constituye un obstáculo y se podría catalogar como un acto de complicidad criminal toda vez impide el imperio de la ley. La reforma del sector justicia es, más que una demanda ciudadana, una necesidad vital para Guatemala.

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Pienso en la Humanidad, así con mayúsculas, como un ideal fallido.

Debieron suceder muchos asesinatos, innumerables abusos y millones de violaciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas para que los medios de prensa comenzara a ceder sus privilegiados espacios a una de las mayores amenazas contra la vida y la integridad de más de la mitad de la población del continente. No era noticia. De hecho, la violencia intrafamiliar y las violaciones sexuales se consideraron, hasta hace pocos años, “un asunto privado” en el cual nadie tenía por qué intervenir.

Sin embargo y aun cuando se reconoce el gran valor de la apertura de esta línea noticiosa y de investigación, se observa un enfoque estereotipado en la forma -y patriarcal en el fondo- cuya perspectiva retrógrada se consolida por medio de un lenguaje ambiguo y la perenne sombra de sospecha sobre las víctimas como las primeras responsables de su propio drama.

Es decir, si las adolescentes descuartizadas no se hubieran ido de paseo al puerto…. Si Cristina hubiera denunciado a tiempo… Si la niña violada por su padrastro desde los 4 años hubiera hablado… Es decir, no se pone el dedo sobre el hechor sino sobre la víctima, una y otra vez no solo revictimizándola, sino transformando la violencia feminicida en una manifestación casi normal aunque perversa de la sociedad. Por lo tanto el mensaje oculto en este imaginario construido desde un sistema machista es: Mejor tomar precauciones y no exponerse. Ser casta y sumisa para no provocar. Anularse para no sobresalir.

¿Qué clase de humanos somos? ¿Este retroceso será otra Era de Extinción como la que acabó con los dinosaurios? ¿Dejamos asesinar a nuestras niñas como una ofrenda a alguna divinidad maldita? Porque hasta estas fechas avanzadas del siglo todavía se prohíbe a las mujeres salir libremente a las calles, disfrutar de un momento de esparcimiento en un sitio público sin temor a ser agredida, drogada, violada y abandonada en un cuartucho de hotel por un grupo de hombres que “solo se divertían”.

La mala noticia es que no hay escondite seguro para una niña, adolescente o mujer. Tampoco para los niños porque ellos también son presa fácil de un violador, un pedófilo, un delincuente sexual. De acuerdo con los organismos encargados de recabar datos y convertirlos en estadísticas, el escenario es aterrador. Lo que no aparece en esos cuadros es la parte más espeluznante de esta realidad de abusos continuados y de crímenes oportunistas. Son los no denunciados por miedo a la venganza, el recurso más utilizado por un violador en contra de sus víctimas.

Ese estado de indefensión en el cual sobreviven miles de mujeres en los sitios supuestamente seguros como su hogar, su escuela o su iglesia, marca de manera indeleble la vida futura de estas víctimas. ¿Será cuestión del Estado crear sistemas de protección o será responsabilidad de la sociedad vigilarse a sí misma? El Ministerio Público de Guatemala creó un Botón de Pánico (1572) como un recurso a la mano de las víctimas de abuso sexual o violencia. Pero hay miles de niñas y mujeres sin acceso a la tecnología y viviendo en un mundo de restricciones de todo tipo, al punto de creer en el imperio de la violencia como una maldición divina, a la cual debe someterse con resignación.

Es en esta involución de lo humano como un valor superior, en donde reside la maldición. Ninguna sociedad funcional y democrática se asienta sobre un sistema de violencia contra los más vulnerables, contra un sector debilitado a propósito mediante un sistema de discriminación, racismo y menosprecio capaz de cruzar generaciones, fortaleciéndose en el trayecto. Es hora de romper el silencio.

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No estamos entendiendo que los embarazos en niñas son producto de violación.

Sin duda mi columna ya les parece disco rayado, pero si no menciono en este espacio a Mariela Vásquez Díaz, su existencia pasará inadvertida porque una niña embarazada no es noticia hasta cuando muere. Mariela era una adolescente de 15 años. “No lloren por mí, tomé la decisión porque estaba embarazada” reza la escueta nota con la cual explica su decisión de suicidarse. El mismo procedimiento de colgarse de una soga fue utilizado por Diana Marisol Carrillo López, de 18 años y con siete meses de gestación, quien decidió poner fin a su vida en mayo del año pasado.

Así como Mariela y Diana, miles de menores son abusadas sexualmente por hombres de su entorno cercano, algunas desde sus primeros años de vida. Lo excepcional en estos casos es haber tomado la decisión de acabar con su vida. A muchas otras víctimas de violación la vida se les acaba más lentamente y de distinto modo: convirtiéndose en adultas sin haber disfrutado su niñez, cargando con un hijo cuando ni siquiera tienen conciencia de su propia infancia, enfrentando un futuro cortado de tajo por un adulto abusador cuyos crímenes quedarán impunes al ser tolerados por una sociedad patriarcal que mira hacia otro lado.

¿Recuerdan a la niña de 11 años rescatada por la Procuraduría General de la Nación hace pocos días, presuntamente embarazada por su padrastro? ¿Y otra de 13 años, originaria de Quiché, ingresada al hospital Roosevelt con 28 semanas de gestación? Son solo ejemplos de un problema de enormes dimensiones poco advertido por la ciudadanía. De acuerdo con el Observatorio de Salud Reproductiva, Osar, Guatemala registró aproximadamente 58 mil embarazos en niñas y adolescentes durante los primeros siete meses de 2015 y 71 mil en 2014. Por si fuera poco, de las 680 denuncias registradas en 2014 por abuso sexual contra menores, apenas se resolvieron 40 con condenas. Esos números tan marcadamente desiguales constituyen ya de por sí la evidencia de impunidad en uno de los delitos más recurrentes y perturbadores de esta sociedad. Se supone que el sub registro en este tema alcanza dimensiones dantescas, dadas las cifras de embarazos que los superan largamente.

Pero algo sucede que el Estado se abstiene de tomar acciones correctivas para reducir o eliminar esta pandemia de abusos contra la niñez guatemalteca. Si es presión de las instituciones eclesiásticas o simple desidia de las autoridades, no está tan claro, más parece una poderosa combinación de ambas con un componente adicional: el desprecio por esta importante mitad de la población conformada por niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Al no tener voz ni voto en las decisiones concernientes a su vida, su salud, su acceso a la educación, se encuentran en una tremenda desigualdad de condiciones en un sistema que las ha marginado históricamente y continúa haciéndolo por obra y gracia de una casta política corrupta y clientelista.

El sistema –con su paredón de influencias capaz de bloquear cualquier iniciativa paritaria- provoca un daño irreversible a estas generaciones de nuevas ciudadanas cuyo destino está sujeto a la desvalorización de su sexo, el desprecio por su esencia femenina, la discriminación profunda desde las bases de la cultura en la cual nacieron. Los intentos por desarrollar campañas de educación destinadas a erradicar la ignorancia sobre salud sexual y reproductiva se estrellan una y otra vez contra un machismo pasado de siglo. Es hora de entender que no es un asunto de moral sino de justicia y supervivencia. Y que de políticas correctas de un Estado laico depende la vida de miles de seres humanos.

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La modestia no figura entre las cualidades de los corruptos.

“Sobre la injuria, la ofensa” reza el dicho cuando se desea aludir a los extremos del descaro en actos contra la dignidad humana. Así ha de sentirse la ciudadanía guatemalteca cuando observa el desfile de individuos cuya posición de poder y privilegio les facilitó el acceso a los fondos públicos, de los cuales hicieron feria de la manera más descarada. Bien trajeados y pulcros, las lociones francesas pueden olerse a través del televisor.

El espectáculo que tiene perpleja a la opinión pública nacional e internacional –por lo inesperado y extenso de sus alcances- da material abundante para hacer comparaciones entre los déficit financieros de las dependencias estatales –hospitales, escuelas, programas de alimentación- y el derroche obsceno en costosos regalos para la pareja presidencial defenestrada, cuya ambición rebasa todo lo imaginable.

Los contrastes van mucho más allá. Atendiendo a presiones de las instituciones religiosas –cuya pasividad ante los desmanes de los gobernantes da mucho en qué pensar- los programas destinados a proveer a mujeres y adolescentes de métodos de planificación de embarazos y otros conocimientos en salud sexual y reproductiva, fueron sistemáticamente rezagados en las políticas públicas, cuando no eliminados del todo.

Esto no solo ha significado un incremento en embarazos de niñas y adolescentes, también es un factor de discriminación al comprometer el futuro de un amplio sector de la población cuyo destino queda marcado por una maternidad no deseada, producto de violaciones pocas veces investigadas.

Desde esas políticas restrictivas por razones doctrinarias, se obliga a las víctimas a conservar embarazos producto de actos de violencia sexual aun cuando ello represente un peligro de muerte, sin darles opción alguna de reparación de los daños físico, emocional y social derivados del hecho. Para ello no hay recursos.

Al observar la prepotencia de algunos sindicados concentrados en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, es posible colegir el nivel de influencia de estos personajes siniestros en una estructura diseñada y construida con el único objetivo de servir a sus intereses particulares, sin consideración alguna por el estado del Estado.

Es decir, sus posiciones de poder no solo les llevaron a las más altas cumbres del enriquecimiento ilícito, sino en proporción directa profundizaron las carencias de una ciudadanía abandonada a una suerte marcada por la violencia en un sistema creado para mantenerla ajena a las decisiones de los centros de poder político y económico.

En este escenario no resulta ajeno el destino de miles de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes, asesinados por estructuras criminales cuyo papel es crear inestabilidad y caos. Así, los ataques cotidianos a la seguridad de las personas contribuyen a consolidar propuestas de sectores cuyo papel en la historia del país se ha caracterizado por el secuestro de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

La vigilancia ciudadana es vital para rescatar la gobernabilidad y reestructurar sus instituciones, actualmente en crisis de credibilidad. Esa tarea titánica no puede realizarse sin la participación de esa masa crítica de ciudadanos cuya visión por fin empieza a aclararse a fuerza de denuncias y escandalosas revelaciones.

Este juego de contrastes entre la ostentación de unos y la miseria de otros debe ser el punto de partida para darle un giro rotundo al quehacer político, evitando acciones orientadas hacia un regreso al mismo punto cero.

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Algunas revelaciones provocan mayor indignación que otras.

Los jueves de Cicig y MP se han convertido en un punto de convergencia de la atención ciudadana. La sucesión indetenible de escándalos revelados con lujo de detalles por la Fiscal General y el Comisionado de la Cicig, junto con el ministro de Gobernación, en algunos casos, y los fiscales encargados del trabajo de base, constituyen una novedad en este país de los ocultamientos.

La transparencia con la cual han procedido las instancias encargadas de las investigaciones y el armado de los expedientes dista mucho de las manipulaciones usuales cuando los involucrados son individuos de gran poder político o económico, como en estos casos. Quizá ese ha sido uno de los factores que ha motivado a la población a volver a la plaza.

Sin embargo, duele constatar que algunas denuncias incluso más graves en incidencia y alcance pasen casi inadvertidas para la ciudadanía. Entre ellas, la de la trata de personas que afecta a miles de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, cuyo destino incierto a veces se decanta por la prostitución forzada, el tráfico de órganos, la esclavitud o la muerte.

Pero si devanamos los hilos llegaremos a la conclusión de que todo está conectado de un modo u otro. Veremos que los actos de corrupción no han sido solo el saqueo de los recursos del Estado por medio de argucias administrativas o descarados robos de caja, sino también una estrategia perversa de asesinato masivo de la institucionalidad en todos sus niveles. Amarrar las cosas de tal modo que la cooptación del Estado echara sus raíces para siempre en un sistema garante de la impunidad para sus amplias organizaciones criminales.

Los objetivos resultan cada vez más claros si nos remitimos a los inicios de la campaña que llevó al poder a esta clica criminal, aunque es indispensable incluir en la fórmula a toda la casta política y a sus jefes directos: los financistas. Esa mirada en perspectiva permite captar en toda su dimensión la profunda podredumbre mental y espiritual de quienes han gobernado al país con el único fin de servirse de ese privilegio para sus beneficios personales y de grupo.

La trata de personas, uno de los crímenes de lesa humanidad más repugnantes que conciba la mente humana, ha pasado por debajo del agua gracias al poder de sus redes. La inmensa estructura construida gracias al increíble capital amasado en esta actividad y al tráfico de influencias en sectores de decisión, tiene un alcance operativo que trasciende al de otras actividades delictivas –aunque asociadas- como el narcotráfico.

Por qué el informe divulgado por la Cicig, junto con el Ministerio Público y Unicef sobre el negocio de la trata no convocó a una plaza, resulta incomprensible. Cuando nos adentramos en la descripción de las experiencias de una sola de las víctimas de este negocio maldito cuesta comprender cómo es posible tanto silencio. Cómo las víctimas escogidas por esas redes aparezcan a diario en las alertas y no haya reacción masiva de la sociedad: niñas y niños que deberían estar seguros en sus hogares, asistir a la escuela y vivir felices y protegidos, perdidos muchas veces de manera definitiva en manos de explotadores, ellos sí acunados por el sistema.

¿Alguien lo recuerda? 33 personas captadas diariamente, 64 por ciento de ellas niñas y mujeres ofrecidas “por categoría” y obligadas a atender unos 30 servicios sexuales por día. Y esos son los casos denunciados o captados por quienes se han tomado la molestia de investigar. Hay, sin duda, muchos más perdidos en esta vorágine interminable de escándalos. ¿Qué haremos por ellos?

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Los esfuerzos de la Cicig y el Ministerio Público requieren apoyo ciudadano.

Habría que ser muy ciego para sorprenderse por los hallazgos que la dupla Cicig-MP han revelado durante el tiempo transcurrido desde la revelación de los escándalos protagonizados por Pérez y Baldetti. Aun cuando anteriormente no hubiera evidencias concretas, la sospecha rondaba por el aire y abundaban los comentarios sobre los abusos de la pareja presidencial y sus adláteres.

Ese conocimiento no oficial –o, por decirlo de otro modo: las sospechas razonables- constituye motivo más que suficiente para provocar una respuesta ciudadana rotunda, categórica, poderosa, capaz de imponer un modo distinto de participación política a través de la denuncia y el involucramiento.

La pasividad deja de tener lugar en el escenario político cuando la estabilidad de una nación depende de acciones correctivas en aquellas instancias que sostienen los pilares de la democracia. Esto aplica muy especialmente cuando esa democracia ha sido casi mortalmente herida por un sistema diseñado para garantizar la impunidad de los carteles de la corrupción y, de forma paralela, la incapacidad de respuesta de una ciudadanía amansada.

En medio de la tormenta desatada por instituciones destacadas por su voluntad de imponer la depuración y aplicar la justicia, llama la atención el incesante incremento de hechos criminales en todos los rincones de Guatemala. La manera como se cometen feminicidios y ataques contra niños y adolescentes, violaciones sexuales, trata de personas, abuso contra niñas así como el nivel de saña de los asesinatos y la elección aparentemente aleatoria de víctimas, hablan de una estrategia específicamente diseñada para intimidar imponiendo una política de terror típica de sectores antidemocráticos.

Las capturas de corruptos y corruptores constituye un enorme avance en la búsqueda de cambios sustanciales en las estructuras de poder político y económico. Lo que falta es un soporte institucional capaz de hacer de esa limpieza profunda una política de Estado, a modo de consolidar una nueva forma de hacer las cosas. La barrida de una administración todavía deja en el aire a los corruptos y corruptores de las demás. Y aún faltan mecanismos capaces de prevenir los actos ilícitos de presentes y futuros gobernantes.

Es ahí en donde la ciudadanía debe jugar el papel que le corresponde, fiscalizando, denunciando y colocándose en el lado positivo de la ecuación aunque ello le signifique perder ciertos privilegios creados y sostenidos a propósito para burlar las leyes. En síntesis, una ciudadanía cuya labor será rechazar y abandonar el sistema corrupto actual para ayudar a construir uno transparente y apegado a la ética.

En ese esfuerzo monumental no solo se benefician las finanzas del Estado, también impacta con fuerza en la construcción de una nueva manera de ejercer ciudadanía y de hacer política. Una democracia fortalecida cierra naturalmente espacios a las organizaciones criminales que actualmente se sostienen de las columnas institucionales para florecer. Solo ese avance permitiría establecer sistemas de protección para la vida de las personas, muy espacialmente niños, niñas y mujeres quienes son actualmente las víctimas propiciatorias de esas redes infames del crimen organizado.

La democracia no existe aún. Ese sueño constituye una idea imposible de concretar mientras existan estructuras criminales desde los despachos oficiales, amparadas por un concepto viciado del quehacer político. Por eso es preciso construirla desde las bases, aprovechando los espacios abiertos por la Cicig y el MP para involucrarse y participar de esa nueva visión.

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La pandemia de las violaciones sexuales cubre al planeta entero.

El caso más reciente: Una niña violada por 30 hombres adultos en una favela de Brasil, cuyo impacto provocó manifestaciones en ese país y repudio en todo lugar en donde llegó la noticia, nos enfrenta con una realidad de violencia tan extendida como impune. Ante esto, cabe preguntarse qué hubiera pasado si los violadores no hubieran compartido las imágenes de su perverso acto de crueldad, en su entusiasmo por divulgar su hazaña.

Lo más probable, hubiera pasado inadvertido. Si la niña denunciaba pondría en riesgo su vida y la de su familia, dado el carácter de 33 hombres adultos reunidos con el propósito de pasar un momento de “diversión” a costa de una adolescente indefensa. Es decir, la visión panorámica de una construcción cultural en la cual no existe el concepto de respeto por la vida, el cuerpo y la integridad de las mujeres, no importa cuál sea su condición.

Hemos visto agresiones de todo tipo, en todas partes. No es algo excepcional ni aislado. A un lector que criticó mi exposición del caso de Nabila en Chile, afirmando que estos temas –feminicidio, violaciones, acoso y violencia intrafamiliar- no tienen relevancia internacional, le respondo: Estos temas ya han ingresado en el listado de las políticas urgentes si queremos reparar el tejido de nuestras sociedades enfermas, y la comunidad internacional así lo considera. La violencia en contra de las mujeres es un rasgo cultural de toda sociedad patriarcal y urge combatirlo.

Las violaciones y otra clase de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes rebasan en mucho las cifras oficiales. Existen familias enteras integradas a fuerza de violaciones en cadena, como el caso de una niña de 12 años embarazada de su padre, quien a su vez violó y embarazó consecutivamente a 3 generaciones que siguen viviendo bajo el mismo techo. Es decir, la niña es también hermana de su madre y de su abuela. Estos casos, poco divulgados pero frecuentes en las áreas rurales, constituyen la muestra indiscutible de la situación de marginación en la cual crecen las niñas, cuyos cuerpos están a la disposición de quien quiera tomarlos, explotarlos y desecharlos.

En países como Guatemala, en donde falta la presencia del Estado en grandes extensiones del territorio y, por tanto, tampoco hay un sistema de justicia y protección, el escenario es aún más devastador. Quienes sufren los abusos sexuales y otras agresiones físicas, psicológicas y económicas, callan por temor o por un arcaico convencimiento –transmitido por generaciones- de que así es la vida para las mujeres.

El reciente informe divulgado por Unicef y Cicig sobre La Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en Guatemala, pone en claro la dimensión dantesca de este fenómeno y cómo existe y prospera gracias a sus poderosos nexos con las autoridades de Gobierno y algunas de sus instituciones. El análisis, sobre una muestra de sentencias judiciales –lo cual solo refleja parte de los casos reales- determina que un 57 por ciento de las víctimas son niños, niñas y adolescentes y, en el caso de las niñas, la mayoría destinadas a explotación sexual, muchas veces dando servicios a más de 30 hombres por día. Un horrendo escenario de esclavitud, de impunidad y una evidencia del subdesarrollo humano de nuestras sociedades.

Los números, sin embargo, son fríos. No reflejan el drama cotidiano de las víctimas, quienes pierden su vida y oportunidades en un sistema que las margina desde su nacimiento. Determinar la responsabilidad por este fracaso colectivo es la tarea pendiente para la ciudadanía.

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En América Latina, los casos de feminicidio ocurren con saña renovada…

Coyhaique es una comunidad relativamente pequeña -50 mil habitantes aproximadamente- situada en la maravillosa Patagonia chilena. La ciudad fue fundada recién en 1929 y su acceso terrestre debió esperar hasta los años 80, debido a que a los gobiernos de Chile no les interesaba gran cosa desarrollar esas regiones remotas del extremo sur. Sin embargo, la belleza de sus paisajes la han ido sumando a la agenda turística, convirtiéndola en uno de los puntos más atractivos de la región de Aysén.

En ese escenario bucólico de aires puros y cielos resplandecientes fue en donde Nabila sufrió el ataque que la dejó ciega y en coma profundo. Su pareja y padre de 2 de sus hijos la golpeó salvajemente y, no contento con ello, la arrastró a la calle y con la activa complicidad de un amigo le arrancó los ojos con una llave de automóvil, le fracturó el cráneo y le destrozó los dientes. Horas después, un adolescente que caminaba por el lugar dio la voz de alarma y fue rescatada aún con vida.

Desde enero hasta la fecha, en Chile se han reportado 16 feminicidios en los cuales mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, además de muchos otros ataques en los cuales estas agresiones no causaron la muerte de las víctimas. Como un detalle escalofriante, arrancarles los ojos parece ser una nueva forma de castigo contra las mujeres por parte de sus agresores.

El caso de Nabila despertó una ola de indignación en todo Chile y fueron muchas las organizaciones que le manifestaron su solidaridad. Pero así como sucede en todo el resto del continente, las muestras de apoyo no bastan para detener la creciente ola de violencia feminicida. Para combatir esta patología, cuyo origen se asienta sólido en sociedades patriarcales en donde el machismo continúa siendo un arma de destrucción a nivel doméstico y comunitario, la respuesta de la justicia debe ser rotunda y ejemplificadora.

Nabila, como Cristina, Candelaria, Reyna, Gregoria, Olga y otras cientos y miles de víctimas de violencia machista contabilizadas por los medios, arrojadas sobre las losas de las morgues después de ser mutiladas con saña indescriptible, van acumulándose como la mayor evidencia posible de desprecio por el género femenino. Un gesto colectivo –porque el volumen de casos así lo demuestra- cuyo origen reside en la institucionalización de la discriminación sexista en todos los escenarios de la vida.

Así como los índices se elevan, también los obstáculos para obtener justicia, ya sea por deficiencias o desconfianza en el sistema, por temor a las represalias o porque los hechores calcularon bien sus posibilidades de salir indemnes manipulando a jueces y fiscales. Existe, además, un paredón infranqueable de prejuicios orientados a culpar a las víctimas por su propia destrucción y justificar a los agresores a partir de supuestos “estados mentales” como origen de sus arrebatos de ira homicida.

Nabila es solo otra mujer para las estadísticas. Y lo seguirá siendo mientras no se eleven las alarmas ante una de las manifestaciones más extendidas del odio machista: el feminicidio en todas sus formas. Mujeres como Nabila Rifo en Aysén o Cristina Siekavizza en Guatemala seguirán sumándose a esta lista de las muertes tan injustas como innecesarias, amparadas por una cultura que las expone, sin mayores excusas, al exterminio en manos de su pareja.

El feminicidio no es un crimen común, es un crimen de odio contra mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Porque se las carga históricamente con el lastre de una sumisión inducida por la sociedad y sus múltiples doctrinas religiosas.

elquintopatio@gmail.com

@carvasar

 

En América Latina, los casos de feminicidio ocurren con saña renovada…

Coyhaique es una comunidad relativamente pequeña -50 mil habitantes aproximadamente- situada en la maravillosa Patagonia chilena. La ciudad fue fundada recién en 1929 y su acceso terrestre debió esperar hasta los años 80, debido a que a los gobiernos de Chile no les interesaba gran cosa desarrollar esas regiones remotas del extremo sur. Sin embargo, la belleza de sus paisajes la han ido sumando a la agenda turística, convirtiéndola en uno de los puntos más atractivos de la región de Aysén.

En ese escenario bucólico de aires puros y cielos resplandecientes fue en donde Nabila sufrió el ataque que la dejó ciega y en coma profundo. Su pareja y padre de 2 de sus hijos la golpeó salvajemente y, no contento con ello, la arrastró a la calle y con la activa complicidad de un amigo le arrancó los ojos con una llave de automóvil, le fracturó el cráneo y le destrozó los dientes. Horas después, un adolescente que caminaba por el lugar dio la voz de alarma y fue rescatada aún con vida.

Desde enero hasta la fecha, en Chile se han reportado 16 feminicidios en los cuales mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, además de muchos otros ataques en los cuales estas agresiones no causaron la muerte de las víctimas. Como un detalle escalofriante, arrancarles los ojos parece ser una nueva forma de castigo contra las mujeres por parte de sus agresores.

El caso de Nabila despertó una ola de indignación en todo Chile y fueron muchas las organizaciones que le manifestaron su solidaridad. Pero así como sucede en todo el resto del continente, las muestras de apoyo no bastan para detener la creciente ola de violencia feminicida. Para combatir esta patología, cuyo origen se asienta sólido en sociedades patriarcales en donde el machismo continúa siendo un arma de destrucción a nivel doméstico y comunitario, la respuesta de la justicia debe ser rotunda y ejemplificadora.

Nabila, como Cristina, Candelaria, Reyna, Gregoria, Olga y otras cientos y miles de víctimas de violencia machista contabilizadas por los medios, arrojadas sobre las losas de las morgues después de ser mutiladas con saña indescriptible, van acumulándose como la mayor evidencia posible de desprecio por el género femenino. Un gesto colectivo –porque el volumen de casos así lo demuestra- cuyo origen reside en la institucionalización de la discriminación sexista en todos los escenarios de la vida.

Así como los índices se elevan, también los obstáculos para obtener justicia, ya sea por deficiencias o desconfianza en el sistema, por temor a las represalias o porque los hechores calcularon bien sus posibilidades de salir indemnes manipulando a jueces y fiscales. Existe, además, un paredón infranqueable de prejuicios orientados a culpar a las víctimas por su propia destrucción y justificar a los agresores a partir de supuestos “estados mentales” como origen de sus arrebatos de ira homicida.

Nabila es solo otra mujer para las estadísticas. Y lo seguirá siendo mientras no se eleven las alarmas ante una de las manifestaciones más extendidas del odio machista: el feminicidio en todas sus formas. Mujeres como Nabila Rifo en Aysén o Cristina Siekavizza en Guatemala seguirán sumándose a esta lista de las muertes tan injustas como innecesarias, amparadas por una cultura que las expone, sin mayores excusas, al exterminio en manos de su pareja.

El feminicidio no es un crimen común, es un crimen de odio contra mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Porque se las carga históricamente con el lastre de una sumisión inducida por la sociedad y sus múltiples doctrinas religiosas.

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@carvasar

…No es democracia. Es un sistema diseñado para el abuso.

Muchas veces las personas se sienten agredidas ante la realidad de la violencia cuando se reproduce en los medios de comunicación y las redes sociales. “Es innecesario” dicen, “arrojarnos a la cara toda esa tragedia que ya conocemos”. Pero no es cierto, no se conoce porque se ha construido todo un imaginario para ignorar los dramas ajenos, fantasía de negación muy útil hasta cuando nos asesinan a un ser querido, nos extorsionan o nos golpean la ventanilla del automóvil con una escuadra calibre 44 Magnum adquirida en el mercado gris, solo para robarnos el celular.

Así es como nos vamos adaptando a una realidad paralela a nuestro espacio personal, cada vez más reducido en términos de espacio pero también de experiencias. Ya no socializamos, no conocemos a nuestros vecinos y somos incapaces de comprender toda la dimensión del absurdo escenario en el cual transcurre nuestra vida.

En el transcurso de unos pocos días, hemos visto el asesinato de un ciudadano por no ceder el paso a uno de esos energúmenos que utilizan el vehículo como arma de destrucción masiva. Hemos visto cómo el cuerpo de una joven fue a estrellarse contra el pavimento después de haber sido salvajemente agredida por su conviviente. Por supuesto, no ha sido la única ni será la última a pesar de los esfuerzos de algunos internautas para hacer visible el feminicidio, de algunas organizaciones para socorrer a las potenciales víctimas y de algunos ciudadanos para denunciar las agresiones.

Pero eso es solo una parte de la ecuación, la otra es la ausencia de seguimiento a esta clase de crímenes por la incapacidad del sisterma de administración de justicia para hacer frente a esta debacle social, cuyo impacto supera largamente las posibilidades de reacción de las instituciones del Estado. Los expedientes se acumulan tras las oleadas de denuncias, provocando un sentimiento de enorme frustración en las víctimas por la imposibilidad de resguardarse de posibles represalias. Y el sistema colapsa con un escandaloso porcentaje de casos no resueltos mientras se llenan las instalaciones del sistema penitenciario con individuos en prisión preventiva.

A todo esto, el concepto de democracia no ha sido objeto de un proceso consciente, colectivo y de participación ciudadana capaz de reformularlo. Eso provoca una ilusión de estabilidad en algunos sectores urbanos, cuya visión no va más allá de las barriadas populares. Por lo tanto, lo que sucede en el resto del país: el conflicto agrario, la destrucción provocada por las grandes compañías extractivas, la ausencia de instituciones del Estado y la miseria en la cual se desarrolla la vida de millones de seres humanos carentes de lo mínimo para subsistir, les resulta ajeno.

A ello se suma una especie de gobierno paralelo liderado por los capos del tráfico de droga, del contrabando y la trata de personas, quienes dominan grandes áreas del territorio y se pasean en sus vehículos blindados con la más absoluta impunidad, conscientes de poseer una fuerza superior a la de cualquier otra instancia de seguridad nacional. El terror generado por estos grupos en las comunidades es algo desconocido para los citadinos, quienes solo tienen atisbos de esa realidad.

¿En dónde está, entonces, la democracia? ¿A cuáles definiciones responde un sistema incapaz de proporcionar la menor esperanza de seguridad y justicia para sus ciudadanos? Los avances en la persecución de los delitos de alto impacto, aun con su enorme relevancia para la consolidación del sistema de justicia, no son suficientes para garantizar la paz en Guatemala.

elquintopatio@gmail.com

@carvasar

A ti, cuyo futuro quedó tirado en algún recodo del tiempo, irrecuperable…

Feliz día, te dirán con solemnidad como si hubieras realizado una proeza, pero no. Pariste un hijo sin quererlo, casi sin saberlo, un hijo cuya llegada –a tus 12 años apenas- marcó el inicio de una etapa sin perspectivas. El pequeño producto de un acto de bajeza infinita que acabó con tu infancia y la convirtió en una adultez indeseada. Peor aún, la transformó en la más injusta cadena de privaciones.

Feliz día, madre de uno de los 26 mil 400 niños y jóvenes varones asesinados en América Latina y El Caribe solo en el transcurso de un año por causas que aún no comprendes y cuyo dolor sientes con la misma intensidad de cuando te notificaron su muerte por un balazo certero. Nunca pudiste entender el porqué.

¿Y qué hay de ti, madre de ese joven en el umbral de sus sueños, desaparecido o muerto, quién sabe en dónde y cómo. Ese adolescente de cuyo rastro el gobierno mexicano, hondureño, salvadoreño o guatemalteco nunca quisieron darte razón porque no lo saben o quizá prefieren mantener el enigma que te perseguirá por siempre como una pesadilla sin fin? Ese joven que un día cualquiera salió del instituto o del trabajo o de su propio hogar para desvanecerse en el aire como un fantasma, dejándote sumida en la tristeza.

Feliz día de la madre, niña-mujer, ignorante de tus derechos porque nunca te permitieron asistir a la escuela. Así encadenaron tu libertad a un fogón, un estropajo, un surco en el campo. Tú, quien aprendiste desde tus primeros días de vida el papel que otros te asignaron en este mundo: el de una maternidad forzada y una esclavitud institucionalizada por una sociedad para la cual no tienes valor alguno.

Feliz día también para ti, abuela a los 25 porque tu niña de 10 salió embarazada por el hombre que creíste amar, el mismo que la engendró. Drama cotidiano marcado por tus carencias abismales en los países más ricos del planeta. Ricos en recursos, ricos en desigualdades. A ti te tocó la parte mala de la ecuación pero crees, muchas veces, que es cosa de Dios y no te rebelas porque ni siquiera conoces la dimensión de la injusticia.

Feliz día, madre marginada por un Estado que no responde a tus demandas porque son otras sus prioridades. Has visto a tus hijos languidecer por la desnutrición, perder el brillo de sus ojos y la fuerza de su cuerpo. Has perdido la cuenta de las veces que has solicitado ayuda y te la han negado por cualquier razón. Te has estrellado contra una burocracia inclemente y un sistema indiferente a tu dolor.

Feliz día, niña destinada a ejercer labores de madre por la fuerza de las circunstancias. Porque naciste niña en una sociedad permeada por tantos prejuicios sexistas y estereotipos que sería difícil enumerarlos para hacerte comprender la dimensión de tus desventajas. Porque ser niña es una condición para el abuso, la discriminación y la explotación en todas sus formas. No importa si naciste en un hogar acomodado o en una pobre choza de barranco. Igual marcarán tu lugar en la vida.

Feliz día, madres cuyo día se inicia desde el amanecer ante los portones de las cárceles, en los tribunales de justicia o, quizá, frente a hospitales y morgues buscando a un hijo, una hija, a quien vieron salir para nunca más regresar. Son esas madres que seguirán buscando, esperando sin plazo fijo, porque así son las cosas en nuestros países. Son esas madres aferradas a las excusas más absurdas. Son las mujeres sin voz en un mundo perfectamente diseñado para silenciarlas.

Feliz día…

Elquintopatio@gmail.com

@carvasar

Una manera de ver las injusticias en la vida de las mujeres.

Cansadas de lidiar con la presión en el trabajo y luego de un trayecto hostil durante el cual deben enfrentar el acoso en el autobús o en las calles, miles de mujeres trabajadoras están obligadas a hacerle frente a una montaña de labores domésticas para las cuales fueron entrenadas desde la niñez.

Es frecuente escuchar comentarios como: “Mi esposo me ayuda a veces” con cierto dejo de orgullo, como si fuera lo más normal que el compañero de hogar tuviera el derecho de desentenderse de las labores del hogar. Ese “me ayuda” es parte del problema. Al no considerarse el trabajo hogareño un deber de ambos, las mujeres tienden a sentir gratitud cuando su pareja lava los platos o cambia pañales, enfatizando así su situación de desventaja.

Por supuesto, eso no es todo. En el ambiente laboral las cosas resultan incluso más difíciles cuando de equidad se trata. Salarios diferenciados entre ambos sexos aun cuando se desempeñen las mismas labores, resulta una norma tácita en las políticas salariales. Del mismo modo, los ascensos hacia cargos de dirección o gerencia suelen concederse con preferencia a sus pares hombres, como parte de todo un condicionamiento derivado de prejuicios machistas: la desconfianza de las capacidades de una mujer para ejercer cargos de autoridad y liderazgo, las supuestas debilidades del sexo femenino a la hora de tomar decisiones importantes o incluso sus características biológicas puestas en una balanza cargada de estereotipos que convierten la menstruación o la maternidad en obstáculos insalvables para ejercer una carrera.

La educación en todos sus niveles trae los estereotipos tan bien arraigados, que aun entre mujeres profesionalmente activas y con una cierta independencia económica, es común la expresión de sumisión ante estas costumbres y tradiciones que las relegan a un segundo plano en el concierto familiar, social y laboral. De la política, ni hablar, ya que para saltar a esos escenarios es preciso haber vencido en los anteriores.

En otros estratos sociales la injusticia y la inequidad se muestran de manera mucho más violenta. Mujeres laboralmente activas suelen estar sujetas a un control estrecho por parte de su compañero, muchas veces de manera impositiva y cargada de restricciones. Esta situación por lo general se refuerza con una serie de condicionamientos del entorno inmediato, algunos provenientes de las doctrinas religiosas profesadas por el núcleo familiar que marcan los roles para ambos miembros de la pareja. Para la mujer, estos son de obediencia y servidumbre como mandato divino.

En ese entorno lleno de obstáculos para el logro de la realización personal, nace y se desarrolla una mitad de la población. Los avances en la consecución de normas legales y estructuras respetuosas de sus derechos fundamentales se han ido logrando por medio de luchas intensas, duras y muchas veces pagando con la vida por ellos. La ridiculización de las demandas por la paridad y la equidad de género –tanto a nivel individual como colectivo- se erige como el prototipo de la resistencia machista contra un sistema justo y con el potencial de transformar a la sociedad.

En un Día del Trabajo que transcurrió sin pena ni gloria, el tema fundamental debió ser la desigualdad, la derrota de un esquema de relaciones injustas, cuya preeminencia constituye una afrenta, pero sobre todo una muestra de temor ante la posibilidad de verse obligados, algún día, a compartir un poder que no les pertenece.

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