El Quinto Patio

La niña más bonita de la aldea será también la más infeliz

 

No se necesita un escenario de guerra para observar las múltiples amenazas que rodean, como si se tratara de algo natural, la vida de niñas, adolescentes y mujeres impidiéndoles desarrollarse de manera plena para gozar de su vida en libertad y con todas las garantías propias de un sistema de legalidad. Este tema es la denuncia constante de activistas de derechos humanos, académicos y estudiosos del fenómeno social en países en desarrollo y de quien quiera detenerse a echar una mirada curiosa en aldeas, caseríos y ciudades de nuestra América Latina.

Niñas embarazadas es la constante. Sus familias, pobres y privadas de todo beneficio por obra y gracia de un sistema de privilegios, prefieren entregar a sus hijas en matrimonios precoces –la mayoría forzados- en aras de quitarse el peso de alimentar una boca más, pero hacerlo de modo de evitar el bochorno ante el resto de la comunidad. Para ello las negocian con hombres maduros que ofrecen cualquier prebenda a cambio de esa niña cuya voluntad no cuenta en la transacción y cuyo destino es marcado con la huella estampada en el acta de matrimonio.

Los datos son espeluznantes y van en aumento. Pero no solo en matrimonios a temprana edad, sino en uniones forzadas, secuestros, violaciones y trata de niñas menores de 14 años, perpetrados tanto por sus familiares cercanos, quienes las consideran un sub producto útil para transar, como por autoridades de las comunidades en donde nacen y se desarrollan. Pero a esto se han sumado también las organizaciones criminales, cuyos territorios abarcan todo lo abandonado por los Estados de la región en términos de seguridad, protección de la infancia y establecimiento del estado de Derecho.

Esos matrimonios constituyen una patología social de larga data y para erradicarlos por completo no bastará una normativa legal que ponga un límite de edad para contraer nupcias. Y tampoco es cuestión de establecer castigos severos a los infractores, la mayoría de los cuales ni siquieran comprenden el concepto de estas restricciones, porque vienen a cuestionar una norma de vida comunitaria desde tiempos de sus ancestros.

El trabajo de cambiar la visión tiene desafíos casi imposibles desde el punto de vista logístico y eso lo saben todas las entidades nacionales e internacionales cuya misión es propiciar una transformación profunda de este estado de cosas. Los estudios de campo muestran un escenario, incomprensible para quienes tienen una perspectiva urbana e intelectual, en el cual tanto hombres como mujeres de sectores marginales, pobres y mayoritariamente rurales, consideran estas prácticas como algo perfectamente aceptable.

En aras de darle un vuelco de 90 grados a la situación de las niñas en condición de pobreza y exclusión -las principales víctimas de este tráfico muchas veces legalizado- la educación es la única herramienta posible. Pero la educación solo será efectiva en un contexto de respeto por los derechos humanos y una administración de gobierno capaz de priorizar las políticas orientadas a satisfacer las necesidades de este sector de la población.

El pensamiento patriarcal, patente y soberano en todas las instancias de las sociedades latinoamericanas, deberá dejar paso a un sistema de justicia social, el mismo que en la actualidad representa una amenaza para las naciones más desarrolladas. La triste suerte de millones de niñas, aunque a simple vista no lo parezca, es otro de los hilos de la trama de un sistema capitalista despiadado y voraz.

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@carvasar

La Corte de Constitucionalidad, como protagonista de la transformación…

 

Si algo plantea enormes desafíos para el sistema de justicia de Guatemala, es la envergadura y la cantidad de casos de corrupción, a través de los cuales se han perdido miles de millones de dólares de los fondos públicos. Desde la Presidencia de la República hasta la última de las dependencias estatales, pero también desde las más importantes entidades empresariales hasta el pequeño comercio, la evasión de tributos, la manipulación contable, el soborno o el contrabando se han establecido como una práctica normal.

En las calles se ofrecen abiertamente productos ilegales como las copias pirata de películas, música y vídeos pornográficos en las narices de las autoridades, quienes no parecen inmutarse. Y el público los compra sin ningún reparo, quizá porque la oferta bien vale cerrar los ojos y participar del negocio.

La reconstrucción de un sistema de legalidad en todos los niveles de la sociedad parece demandar, por un lado, la reeducación de la ciudadanía para hacer conciencia sobre cuál sería la vía correcta para iniciar un proceso de depuración de otras instancias, y por otro el establecimiento de un proceso de cambio sustantivo en aquellas instituciones de las cuales depende la transparencia de la gestión pública.

En este sentido, la elección de candidatos a magistrados para integrar la Corte de Constitucionalidad se presenta como una oportunidad valiosa para ir consolidando la independencia y probidad de esa dependencia clave, cuya misión es la defensa y el restablecimiento del orden constitucional y del estado de Derecho, marco fundamental para garantizar la sostenibilidad de la democracia.

Uno de los actores en este importante proceso –junto con representantes de los 3 poderes del Estado y la Universidad de San Carlos- es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, cuyo papel como entidad gremial tiene un fuerte impacto en el sistema de justicia del país y, por lo tanto, en la consolidación de los valores fundamentales que sustentan a todo el aparato jurídico.

La gran ola de participación ciudadana de los últimos meses ha conseguido despertar un inusitado interés sobre los asuntos administrativos y los procesos iniciados contra un buen número de ex funcionarios de gobierno, magistrados, jueces, miembros del Ejército y otros personajes, quienes han cometido delitos en el marco de sus funciones. Pero también es fundamental para esta masa ciudadana mantener la vista atenta en el proceso de selección de quienes, desde la más alta instancia legal del país, decidirán sobre amparos, impugnaciones y conflictos de ley, de manera definitiva e inapelable.

En este sentido, tanto los representantes de los poderes del Estado y la Universidad nacional, como los votantes del Cang, tendrán que actuar de manera consciente y responsable porque ahora tienen encima la atenta mirada de una ciudadanía más enterada de su papel fiscalizador y de su poder para ejercerlo. Esa ciudadanía mayoritariamente joven será la cuarta protagonista de ese proceso del cual depende en gran medida la estabilización de un progresivo fenómeno de cambio en toda la estructura del Estado.

Razones para elegir correctamente a los magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad hay muchas, pero entre las más importantes están frenar el abuso de los mecanismos legales para impedir el avance de los procesos, evitar el tráfico de influencias, garantizar la correcta interpretación del texto constitucional a favor de una administración transparente de la justicia y, con ello, evitar la discrecionalidad en la aplicación de la ley.

@carvasar

A 48 horas del traspaso de mando, la ciudadanía manifestó por la transparencia.

El presidente Jimmy Morales ya disfrutó de los honores en una tediosa ceremonia de traspaso de mando, rodeado por una corte pródiga en halagos y parabienes. También tuvo la satisfacción de caminar al compás de La Granadera –sin duda uno de los sueños más acariciados por los políticos- y compartir con un buen número de visitantes extranjeros, cuya presencia le dio mayor realce a tan trascendental jornada.

Pero mientras eso sucedía en las esferas del gobierno, la ciudadanía se mantenía seria, ajena, apática, apartada del bullicio propio de la asunción del mando por parte del equipo de gobierno. Eso deja ver la falta de motivación suficiente como para aplaudir la llegada de su nuevo líder, para quien no hubo canciones ni vítores en la Plaza de la Constitución, ni desfiles para celebrar, tampoco cohetes para demostrar al mundo el entusiasmo ciudadano por un cambio largamente deseado.

Esta actitud expresa mucho más que cualquier proclama. Con claridad meridiana le dice al nuevo mandatario una verdad incontestable: “No estamos convencidos, esperamos resultados y estaremos vigilantes. No creemos, ni vamos a confiar así como así.”

Y luego, 48 horas después de todo aquel barullo ceremonial, una manifestación pacífica destinada a despejar cualquier duda sobre el verdadero sentimiento ciudadano. La convocatoria aun cuando no llenó la plaza, como algunas del año pasado, sí logró el cometido de lanzar una advertencia al nuevo gobierno desde una plataforma más coherente y puntual.

Este acto de ejercicio ciudadano se manifiesta como un nuevo orden de cosas, una relación de mayor poder y menos sumisión por parte de la población y sus grupos organizados, sus líderes y especialmente su juventud. Es una manera de hacerse presente para recordar a las nuevas autoridades que no van a gobernar solos ni a escondidas, porque hay una comunidad humana capaz de participar pero, sobre todo, deseosa de hacerlo.

Esta nueva relación de poder todavía carece de la fuerza suficiente para obligar a ciertos sectores de gran poder e influencia a desistir de cometer actos de corrupción y otros delitos. Sin embargo, es como una suave marea capaz de anunciar un tsunami si se la provoca lo suficiente. Es un murmullo en clave creciente, cuya presencia constituye algo más que una molestia auditiva para quienes han convertido sus posiciones de privilegio en una cueva de ladrones.

Coincidentemente con los primeros días del año, el ejercicio de analizar, evaluar y someter a escrutinio a los nuevos funcionarios deberá extenderse hacia todos los sectores de la sociedad. No existe un solo puesto en el gobierno cuyas acciones no toquen de manera directa o indirecta los intereses de la ciudadanía y principalmente sus oportunidades de desarrollo. La población debe cuidar el futuro de sus hijos e hijas, exigiendo el cumplimiento estricto de los juramentos pronunciados en público y ante el mundo entero –establecidos por ley como condición para asumir un cargo oficial- durante los actos de toma de posesión para presidente, vicepresidente, diputados, secretarios, ministros, alcaldes y otros funcionarios.

Esos juramentos, constantemente irrespetados por los sectores de poder político y económico, constituyen un compromiso sancionado por la ley, e implican una obligatoriedad absoluta. Quienes los hayan pronunciado deberán estar conscientes de encontrarse bajo la mirada fiscalizadora de una sociedad más alerta, involucrada y dispuesta a actuar por la defensa, la integridad y el futuro de su país.

@carvasar

No es difícil predecir el futuro inmediato del nuevo gobierno guatemalteco, para ello basta echar una mirada a los indicadores de desarrollo –¿o quizá sería más correcto hablar de indicadores “de subdesarrollo”?- los cuales trazan un boceto claro e indiscutible de las condiciones en las cuales transcurre la vida de la población de este país.

Por ejemplo, ahí están las cifras de la desnutrición crónica abarcando a la mitad de las niñas y niños de Guatemala, quienes ya de por sí agrupan a casi un tercio de la población total. Esta situación se ha visto agravada durante los últimos años de manera significativa por la falta de implementación de políticas públicas, a lo cual se suma una sangría constante de las arcas nacionales.

Esto no habría podido mantenerse durante tanto tiempo de no haber sido por la pasiva complicidad de otros sectores como el empresarial, cuyos intereses van en sentido divergente al bienestar general de la ciudadanía. Esto se evidencia de manera indiscutible en su búsqueda constante de privilegios, exenciones tributarias y explotación al límite de su poder de maniobra en el ámbito político.

La reducción de la desigualdad, así como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que Guatemala no cumplió, constituyen la tara de una serie de administraciones caracterizadas por la corrupción y el clientelismo. En el tema de la salud, este país centroamericano ha visto colapsar sus hospitales por falta de insumos tan básicos como vendas y jeringas, jabón o alcohol. Ni qué decir del estado de sus instalaciones sanitarias, carentes de los elementos esenciales para dar una atención digna a quienes no tienen más remedio que acudir a ellas.

Al escarbar un poco más profundo en esta área, se encuentra una cantidad de víctimas mortales entre los pacientes, especialmente entre enfermos renales, personas con VIH/Sida, diabetes y otras enfermedades catastróficas como el cáncer, para quienes no hay suficientes medicinas ni equipos para tratamientos especializados, debido a actos de corrupción en el sistema de compra de insumos y malversación de fondos correspondientes al sector salud.

La educación no va por mejor camino. Durante el año que recién terminó, de acuerdo con declaraciones del ministro de educación, más de 80 mil niños desertaron del nivel primario y más de 60 mil del nivel secundario. Esto, por diversas causas, entre ellas la falta de recursos de sus familias, la falta de incentivo para permanecer en los establecimientos educativos –ausencia del personal docente, mal estado de las instalaciones, desnutrición- lo cual representa un retroceso importante de los pocos avances alcanzados en años anteriores.

En Guatemala, la macroeconomía está saludable y muchos se aferran a esos indicadores para afirmar que el país está en pleno desarrollo. Sin embargo, la realidad es que Guatemala es un país rico lleno de gente pobre, y las clases más poderosas no han comprendido aún el peligro implícito en esa verdad. Si un país no puede salir del atasco social por mantener un sistema esclavizante y basado en la discriminación y el racismo, difícilmente podrá generar desarrollo. Todo indicador de bienestar y progreso se mide de acuerdo a la satisfacción de las necesidades de las personas, de los habitantes en cuya fuerza de trabajo reside la riqueza de cualquier nación.

Para Guatemala el escenario no ofrece espacio al optimismo en tanto quienes tienen el poder de decidir no lo hagan con visión de futuro, con conciencia social y la inteligencia para saber que allí se encuentra la única salida viable.

@carvasar

 

Hace un año nadie hubiera vaticinado el triunfo de un total desconocido en las arenas políticas. Quien se alzó con la victoria en las elecciones generales de Guatemala era un personaje de comedia en un programa popular de la televisión, a quien difícilmente se le consideraba una carta ganadora en ese escenario tan disputado como nebuloso de la lucha por el poder. Empresario y productor, su única experiencia en un proceso electoral fue la candidatura a la alcaldía de Mixco hace 4 años.

Sin embargo, Jimmy Morales se fue afianzando a lo largo de los meses con una barra ascendente en las encuestas, mientras se desarrollaban en paralelo los escándalos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina, con el desenlace de su renuncia y la de su vice presidenta, Roxana Baldetti. Esta fue, probablemente, la plataforma de lanzamiento de un contendiente desconocido, nuevo y con un manejo de cámara muy propio de quien ha tenido una larga trayectoria en el medio televisivo. Su ventaja más obvia: su falta de presencia en la política tradicional.

De pensamiento ultra conservador, evangélico practicante y con formación académica en administración de empresas, Jimmy Morales se lanzó a la aventura con el apoyo del partido FCN, creado en 2008 por un grupo de ex militares de extrema derecha. Sin embargo, aun cuando el ya electo presidente ha afirmado en reiteradas ocasiones su independencia de pensamiento bajo el lema “ni corrupto ni ladrón”, analistas han señalado sus estrechos vínculos con este grupo del ala dura de la institución castrense, muchos de ellos bajo investigación por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.

Morales basó su campaña en mensajes bíblicos y arranques de humor, persuadiendo a los votantes de ser la mejor opción para rescatar al país de la profunda crisis de credibilidad de sus instancias políticas. Negó haber recibido financiamiento de grandes empresarios y prometió combatir la corrupción hasta erradicarla por completo.

En sus discursos de campaña, se declaró “nacionalista cristiano” y en algunos de sus postulados se pronunció en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte. Rechaza la legalización de las drogas y del mismo modo se decanta por la familia tradicional, descartando su aprobación al matrimonio homosexual. Esto, en un país profundamente religioso, fue una carta bien utilizada.

Con su ofrecimiento de transparencia y ante dos candidatos controversiales, una (Sandra Torres) por sus antecedentes políticos; el otro (Manuel Baldizón) por su opacidad financiera y ambos por su arrogancia, este personaje habitual en los televisores de muchos hogares canalizó de manera natural y sin mayor esfuerzo, la decepción y el rechazo de la ciudadanía por quienes no generaban confianza ni simpatía, garantizándose una ventaja progresiva durante los meses que duró la campaña.

Quizá con el fin de matizar su posición política de derecha conservadora, escogió como aliado en la vice presidencia a Jafeth Cabrera, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y conocido por su posición progresista. Sin embargo, hasta el momento de escribir este artículo, a dos días de asumir la Presidencia de la República, Jimmy Morales se ha negado a dar a conocer al gabinete de ministros que lo acompañará durante el inicio de su gestión. Una decisión ampliamente criticada y considerada una muestra de debilidad política de quien llevará el timón del país durante los proximos 4 años.

@carvasar

 

El gobierno de Jimmy Morales, quien asumirá el poder en Guatemala el próximo jueves 14 de enero, se iniciará en medio de un panorama poco promisorio y cargado de incógnitas. Los prolegómenos de su gestión han tenido de todo: renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vice presidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar una poderosa red de defraudación tributaria –conocida como La línea– quienes guardan prisión preventiva en espera de los juicios respectivos, en compañía de prácticamente toda la cúpula de su gobierno y, a partir de ahí, las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, quien en conjunto con el Ministerio Público y siguiendo el hilo de la trama, han logrado desarticular otras redes incrustadas en distintas dependencias del Estado.

Sin embargo, en este espectacular giro de los acontecimientos incidió de manera determinante la ciudadanía, movilizada de manera fulminante por medio de las redes sociales y potenciada por un escenario de escándalos de tal magnitud, que no le dejó otra opción más que lanzarse a las calles exigiendo justicia y transparencia. Estas protestas masivas, hecho insólito en una población poco acostumbrada a manifestarse y temerosa de las consecuencias, se dieron no solo en la capital sino también en las principales ciudades del país.

En ese contexto se realizó el proceso electoral, en el cual participaron 14 binomios presidenciales, quedando en los primeros lugares el partido FCN Nación con Jimmy Morales a la cabeza, actor cómico de un popular programa de televisión; UNE con Sandra Torres, una política sagaz y experimentada, ex cónyuge del ex presidente Álvaro Colom; y Lider, con Manuel Baldizón, un ambicioso empresario quien invirtió una enorme fortuna para asegurarse el mando del país. Estos dos últimos, muy cercanos en las encuestas.

Los resultados dieron pase a Torres y Morales hacia un balotaje difícil de predecir, el cual finalmente dio una estrecha victoria a un sorprendido Jimmy Morales, cuya elección se interpreta como la máxima expresión de repudio a la clase política y la esperanza de una población decepcionada y escéptica que apuesta por una posible perspectiva de cambio.

Los demás protagonistas

En otros espacios del escenario figuran diversos agentes de poder: las cámaras empresariales, cuyos privilegios y poder de maniobra las mantiene constantemente en la mesa de negociación; las organizaciones sindicales del sector público, en constante pie de batalla por consolidar sus conquistas económicas; Estados Unidos por medio de su embajada, presente durante toda la crisis de gobierno como uno de sus principales protagonistas; ciertas instituciones del Estado, como las Cortes Suprema y de Constitucionalidad, en cuyas manos están las decisiones fundamentales del proceso de justicia; y, de manera incipiente, una población empoderada y dispuesta a hacerse oír ante los abusos del sector político.

El papel antes protagónico de los medios de comunicación, sin embargo, por primera vez tuvo una contrapartida inesperada en las plataformas digitales, las cuales se convirtieron en el mecanismo de movilización popular por excelencia gracias al uso masivo de dispositivos inteligentes en todos los estratos de la población.

Pero uno de los sectores más influyentes es el militar, especialmente la vieja guardia conformada por oficiales de alto rango en situación de retiro –muchos de ellos organizados en Avemilgua, una asociación de veteranos militares del ala dura de la institución armada, quienes fundaron su partido en 1995, un año antes de la firma de los Acuerdos de Paz, plataforma política del presidente Morales. Muchos de estos oficiales, quienes han permanecido en posiciones estratégicas cerca de los más altos círculos de poder, han sido señalados de tener estrechos vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, y nada menos que una semana antes de la toma de posesión del nuevo mandatario de la nación, este sector se ha visto afectado de manera sorpresiva por la captura de 18 de sus miembros, todos en situación de retiro, acusados por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, el cual dejó en Guatemala más de 200 mil muertos y desaparecidos y uno de cuyos principales líderes, Efraín Ríos Montt, ha sido declarado culpable de genocidio.

El escenario de la toma de posesión de Jimmy Morales, en resumen, presenta pocos indicios de certidumbre a una sociedad que ha ido de decepción en decepción, testigo de una cadena de administraciones a cual más corrupta, pero sobre todo carentes de la voluntad política para consolidar una democracia endeble y un sistema de privilegios que la socava. 2016 será, sin duda, la prueba de fuego para un presidente novato al mando de una nave que hace agua.

@carvasar

 

Un cambio de gobierno no siempre significa cambio de ruta

 

El contexto no podía haber sido más complicado para la celebración de la ceremonia de relevo de las autoridades para el próximo período de gobierno. La captura de importantes militares en situación de retiro, acusados por crímenes de lesa humanidad, le resta brillo al brindis del futuro presidente, cuya campaña y posterior elección tuvo el apoyo cercano de ex miembros del ala dura del Ejército, lo cual no deja de arrojar una sombra de duda sobre la capacidad del nuevo mandatario para asumir una posición de respeto absoluto por la independencia del sector justicia.

En cuanto a los aspectos positivos de esta nueva etapa del quehacer político, el más relevante es la actitud ciudadana de vigilancia y fiscalización, la cual, aun cuando es incipiente y no ha alcanzado su madurez, es un inicio de cambio respecto de su pasividad acostumbrada. Este despertar, de mantenerse y crecer, podría representar el pivote sobre el cual gire el timón político. La sociedad deberá trabajar sobre estos nuevos términos y asumir su papel como contralor externo de un sistema usualmente corrupto y mediocre de administración del Estado.

Lo más urgente a partir del 14 a las 14 debería ser la revisión de los pesos y contrapesos en todo el sistema político y económico del país. Comenzar a revisar con lupa y machete los privilegios, los subsidios, los gastos de las distintas dependencias y los sistemas de control financiero, para que el poco dinero disponible se utilice en donde se necesita y no se vaya por las alcantarillas hacia los bancos nacionales y extranjeros, en cuentas privadas.

Con la misma acuciosidad con la cual el equipo de gobierno se acomoda en sus despachos, debe reenfocar las políticas públicas hacia el desarrollo integral del país, poniendo especial énfasis en los sectores de menores ingresos y en las nuevas generaciones. Guatemala no tiene por qué ser un país de tercer orden con una clase trabajadora semi o totalmente esclavizada por obra y gracia de malas prácticas legislativas, cuando con un acertado giro de su sistema educativo podría tener el talento suficiente para trascender como una nación productora de tecnología.

Del mismo modo como sucedió con las administraciones anteriores, esta tendrá a partir del jueves el futuro del país en sus manos. Si sigue la tradición y se monta al carro del tráfico de influencias, de las negociaciones bajo la mesa, de los privilegios fiscales, de la protección a los monopolios y realiza una selección de funcionarios basada en el clientelismo, el compadrazgo y el pago de favores –como suele suceder- entonces el fracaso está marcado y será uno más de los gobiernos señalados por la historia como gestores de miseria y subdesarrollo.

De proceder con inteligencia y visión de nación, podría convertirse en la primera administración capaz de alcanzar las metas de desarrollo mínimas para propiciar el avance en los indicadores de desarrollo social, actualmente en el sótano de las estadísticas y vergüenza nacional ante el resto de la región y el mundo.

Durante 2015 hubo cambios significativos en la dirección correcta. El comportamiento de algunas instituciones como el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia con la apertura de investigaciones y juicios emblemáticos contra personajes señalados por corrupción y otros delitos, las muestras de incorruptibilidad de algunos funcionarios, la decidida acción de la ciudadanía en sus demandas de transparencia, han sido una luz prometedora de nuevos logros. Que no se retroceda, que el avance se consolide con un ejercicio honesto y de compromiso real con el país y sus habitantes.

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Quién hubiera dicho que su vida dejaría de pertenecerle… 

Los embarazos en niñas y adolescentes son siempre forzados. Si no por la fuerza física, son consecuencia de un sistema patriarcal que las somete a la voluntad de otros en un círculo cerrado de decisiones ajenas. De ahí surgen los matrimonios de niñas con hombres adultos, sacralizados por una sociedad cuyos valores tienden a preservar los privilegios de quienes poseen el control económico y político en sus comunidades. La población, entonces, es incapaz de proteger a este sector tan importante al cual no se le reconoce derecho alguno a pesar de existir un marco jurídico rico en leyes cuyo fin es preservarlo del abuso y garantizar su desarrollo pleno, libre de violencia.

La mirada cínica del sector político sobre el grave problema de los embarazos precoces en Guatemala se traduce en expresiones de una profunda ignorancia, cuyo tono e intención señalan a las víctimas y justifican a los victimarios. Las violaciones sexuales, una práctica habitual en hogares, escuelas, campos deportivos e incluso en templos e iglesias, perpetrados por hombres acostumbrados a hacer su voluntad sin temor a las consecuencias, es el centro neurálgico de uno de los factores de retraso social más importantes del pais.

Una niña embarazada es una niña violada. Y una niña violada ha perdido no solo su integridad física sino también el equilibrio emocional y, por ende, su capacidad de administrar sus emociones para llevar una vida saludable. Pero hay otras consecuencias muy difíciles de asimilar por los estamentos políticos. Son las secuelas de un embarazo en un cuerpo inmaduro.

Se presenta anemia, infecciones urinarias, duplicación del riesgo de muerte materna en comparación con una mujer adulta, problemas de crecimiento intrauterino, bebés de bajo peso, hemorragia, complicaciones en el parto y otros trastornos asociados, a lo cual se suma la pérdida de oportunidades de educación que por lo general la reducen a realizar trabajos domésticos por el resto de su vida con el consiguiente freno en su desarrollo humano integral.

Por ello no es posible celebrar el parto de una niña a sus 17. Porque ello supone aceptar como válido un hecho patológico de una sociedad que no supera los obstáculos impuestos por un sistema de castas y privilegios, un sistema en el cual la corrupción se ha llevado a la banca extranjera los sueños y oportunidades de más del 50 por ciento de su población, el cual concentra a la juventud menor de 18 años.

Los embarazos en niñas menores de 18 aumentan de manera exponencial, en un ritmo similar a la violencia intrafamiliar, pero también en directa proporción con la pérdida de interés del Estado sobre planes destinados a proporcionar a este grupo los elementos indispensables para asegurarle un desarrollo adecuado para realizar sus sueños de vida. Es decir, si el entarimado institucional funcionara con la orientación social mínima para ejecutar planes derivados de buenas políticas públicas, los embarazos en niñas y adolescentes se reducirían de manera significativa.

Ninguna niña quiere ser madre a los 10, 11 o 17 años. Ellas no son estúpidas, saben que en la educación está su futuro y no en una maternidad forzada por presión de la comunidad y de las autoridades. Comprenden –porque muchas de ellas lo han vivido a través del ejemplo materno- que un embarazo es el fin de sus sueños y el principio de una ruta de esfuerzo y privaciones que no termina jamás. Si tiene la suerte de pertenecer a un estrato más privilegiado, de igual modo el hecho de tener un hijo significa la interrupción de una vida activa y con perspectivas personales de crecimiento y prosperidad, para entrar en un círculo de obligaciones propias de una mujer adulta.

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Puede ser pura ignorancia, pero es más probable la idea de que la vida nos pertenece venga de muy atrás, procedente de una ideología primitiva y fanáticamente centrada en el hombre como dueño absoluto de todo cuanto le rodea.

Por eso es que termina por no ser tan evidente el deformado sentido de propiedad que marca nuestra educación, iniciado desde la infancia, con el pollito de la piñata, descuartizado porque el niño quería ver “cómo funcionaba”, pero que, al fin y al cabo, sólo es un pollito descuartizado que se tira a la basura ¡y listo!… y aquí lo único que ha pasado es que papá ría de las gracias de su pequeño monstruo y mamá diga “no más pollitos de piñata”…. Pero del pollito, ¿qué? ¿qué sucede con esa vida cercenada en su primer día de existencia? Nada. Con ella podemos hacer lo que se nos dé la gana, porque al fin y al cabo, nos pertenece, y a nadie le importa.

Así, de la misma manera arbitraria e incomprensible, nos pertenece la vida del árbol que estorba la vista desde el balcón, pronto derribado por el jardinero, quien en un instante transformó en leña verde e inservible ese pujante almendro cargado de retoños. “Lástima, pero es mi jardín y es mi árbol. Y lo corto cuando quiero” es la respuesta.

Con los animales sucede otro tanto. Como es la moda tener perritos finos o gatos de exhibición, tengamos uno. No importa lo que hagamos con él, mientras nos pertenezca. Podremos llevarlo al campo si molesta mucho en casa y ahí que se encarguen los empleados. Y entonces, ahí va un ser vivo perteneciente a otros seres vivos no tan nobles pero con el poder suficiente para hacer de su pequeña vida un infierno o un paraíso. Sin embargo la vida, ese concepto con el poder para movilizar al máximo las neuronas de filósofos, de artistas, de científicos y de teólogos en todas las épocas, continúa siendo un misterio, un arcano que se nos escabulle y nos deja siempre perplejos ante su milagro.

Quizás de este trastocado sentido de propiedad, ha derivado también la costumbre de menospreciar la vida de las criaturas llamadas “inferiores” por cuestiones de fuerza física. Y ahí entran niños, ancianos y mujeres. ¿De qué protocolo machista deriva el estereotipo de que los seres físicamente más débiles son inferiores? Volviendo al pollito de la piñata. ¿cómo podemos aceptar que un ser vivo sea entregado a otro ser vivo para que practique sus juegos de poder y dominación?

No es necesario ir muy lejos para extraer de esta posición de prepotencia muchas de las peores acciones bélicas de todos los tiempos, y prácticamente todos los sistemas de esclavitud aún predominantes en países modelo de democracia.

La vida de los demás no nos pertenece. Si queremos ser depositarios de ella, como en el caso de los animales domésticos, o pretendemos disfrutar de su belleza, como sería el caso de las plantas, no estaría demás que comenzáramos a pensar en que al poseerlos adquirimos el compromiso de respetar su integridad y proveer los recursos más adecuados de subsistencia.

El caso de la familia es igual. No es “mi familia, y con ella hago lo que se me da la gana”. Es un grupo de seres interdependientes física y socialmente, quienes conviven pero no forman parte del patrimonio del más fuerte, como se estila creer en muchas de nuestras sociedades.

Al final de cuentas, resulta que los experimentos de clonación lo único que vienen a hacer, es a ratificar ese pretendido sentido de propiedad sobre la vida, sobre ese proceso misterioso del cual no poseemos ni siquiera los rudimentos de una respuesta.

Esta actitud eminentemente masculina y, por lo tanto, patriarcal, es uno de los factores más decisivos en el debilitamiento moral de la comunidad humana. El poder absoluto sobre la vida ajena es la vía más rápida hacia la pérdida de valores y la consolidación de un materialismo que justifica el horror de las guerras de exterminio, las acciones bélicas fundamentadas en el racismo, y cuya estrategia hacernos creer que los más fuertes cometen los peores crímenes  para protegernos, a los más débiles, de nosotros mismos.

La actual generación estrenó su ciudadanía exigiendo transparencia.

El cierre del año nos sorprende en medio de la incertidumbre por el futuro inmediato. En pocos días asumirá el nuevo gobierno y la ciudadanía carece de información veraz y precisa sobre las nuevas autoridades que regirán los destinos del país para los próximos 4 años. Los rumores se esparcen como mancha de aceite sobre una población dividida entre el escepticismo y la esperanza, pero también consciente de su responsabilidad en esta nueva etapa. Es importante recalcar que en un sistema deocrático, la administración del Estado no es asunto privado de un partido político ni grupo de funcionarios electos, sino un sistema en el cual la ciudadanía tiene la obligación de ser un ente fiscalizador, co-responsable -por participación u omisión- en los actos de sus autoridades. Esto significa que ningún funcionario puede ni debe eximirse de la rendición de cuentas, constante y comprobable, ante las organizaciones de la sociedad civil o como respuesta a cualquier ciudadano que lo demande.

La nefasta tradición de otorgar una tregua de 100 días a los nuevos huéspedes del despacho presidencial, a lo cual se suele añadir el beneficio de la duda, no ayuda en nada a establecer desde el principio una relación saludable entre gobernantes y gobernados. Esa manera de iniciar una etapa de tal trascendencia revela una de las mayores deficiencias del sistema político actual, que es el desconocimiento de los aspirantes al poder sobre los entresijos de una administración pública mal estructurada y peor organizada.

Los novatos en el arte de la política se enfrentan, por lo tanto, a una construcción endeble y a punto de colapsar, lo cual les demanda acciones inmediatas y bien diseñadas en función de evitar daños mayores. Ejemplos paradigmáticos son la red de servicios de salud, la infraestructura escolar y, como elemento esencial a la gestión, la transparencia en el sistema de compras y contrataciones del Estado, la mera caja de Pandora en donde se pierden los recursos junto con las esperanzas de un mejor futuro.

Las alturas del poder producen vértigo. Y ese vértigo se traduce en visión borrosa, audición selectiva y una sobrevaloración de las propias capacidades intelectuales. Por lo tanto se altera la capacidad de juicio y se empieza a cometer toda clase de errores. Quienes rodean de cerca a los nuevos gobernantes –ese famoso primer anillo- suelen ser los verdaderos autores de la dirección política y, por lo tanto, los mayores culpables por la pérdida de contacto con la realidad de quienes están al mando.

Sin embargo ya existe una masa empoderada y consciente capaz de movilizar a la población ante los abusos y los excesos. Aun cuando todavía no ha llegado a madurar lo suficiente como para evitar la infiltración del crimen organizado en las distintas instituciones del Estado, ya es capaz de identificarla y denunciarla a través de las redes sociales, un recurso para cuyo uso no se necesitan influencias ni permisos especiales.

Estas nuevas plataformas de comunicación han demostrado su valor durante 2015 con el acontecimiento más impactante y revelador de los últimos decenios, al defenestrar a la cúpula gobernante en pleno, enviar a la cárcel a una buena cantidad de funcionarios de distintas dependencias, demostrar que la justicia funciona cuando hay jueces incorruptibles y magistrados decididos a respetarla, pero sobre todo dejar bien establecido el poder de una ciudadanía empoderada y participativa. Como en todo, también en esta etapa será preciso alimentar el fuego para evitar que se apague y se conviertan en cenizas los sueños de prosperidad para todos.

Somos incapaces de comprender la enormidad de nuestras acciones más insignificantes.

 

El científico holandés Paul Crutzen, Premio Nóbel de Química 1995, advirtió hace ya varios años que el agujero en la capa de ozono instalado justamente encima del hemisferio austral, ya tenía el tamaño del territorio de los Estados Unidos.

Con esto, el eminente químico quiso llamar la atención de que cerca de diez millones de kilómetros cuadrados, o las tres cuartas partes de la superficie del inmenso continente antártico en donde el agujero cierne su amenaza, están recibiendo una radiación anormal como consecuencia de la destrucción de esa capa protectora.

A pesar de todo lo que se ha escrito y hablado al respecto, por ninguna parte se advierten las medidas de prevención para contrarrestar el fenómeno. Es como si los países consideraran esta enorme herida de la atmósfera uno de tantos problemas abstractos y lejanos, de los cuales ya se ocuparán en su momento otros gobernantes u otras entidades internacionales.

Los anaqueles de los supermercados continúan abarrotados de aerosoles que contienen los componentes químicos, a cuyo uso indiscriminado se adjudica una gran parte de la responsabilidad en esta catástrofe ecológica. También la industria continúa arrojando sus desechos a mares y ríos, mientras el habitante de las ciudades sigue su vida ordinaria, inconsciente e ignorante de las consecuencias que tendrá, en su salud, en su ambiente, en la vida de sus descendientes, un hecho del que quizás haya oído hablar, pero que no le quita el sueño.

Los problemas de ambiente -como la destrucción de la capa de ozono, la cual según cálculos muy conservadores llegará a ocasionar daños irreversibles a la vida del planeta- a partir de las actuales generaciones, se caracterizan por su extraña cualidad de mantenerse flotando en una especie de limbo en la conciencia de gobernantes y gobernados. Un limbo equidistante entre el olvido total y de las decisiones urgentes, porque al escapar al ámbito personal dejan de tener prioridad.

Esto sucede no sólo con las terribles amenazas a la salud, como son el cáncer, el SIDA, la hepatitis B o la tuberculosis, sino también con los grandes desastres que jalonan día a día la historia contemporánea y pueblan de muerte todos los puntos de la tierra. Hambrunas, catástrofes naturales, epidemias, pasan de largo por la vida cotidiana hasta que ésta llama, directamente, a la puerta de nuestra propia casa.

La indiferencia que nos caracteriza respecto a nuestra percepción de las catástrofes ambientales, se refleja en todos los aspectos de la vida. Y, al igual como frente a las guerras o las hambrunas que acaban con la vida de millones de seres humanos en continentes lejanos y nos llegan a retazos en los noticiarios de la noche, permanecemos pasivos ante la noticia de la pérdida constante de una parte de la capa protectora que envuelve a nuestro planeta, la cual nos resguarda de radiaciones potencialmente letales.

Uno de los rasgos distintivos de nuestra especie es la incapacidad de reaccionar ante lo que somos incapaces de comprender de inmediato. Y para comprender algo, a pesar de vanagloriarnos de nuestra mente especulativa capaz de procesar ideas complejas, requerimos la intervención de varios sentidos a la vez.

En otras palabras, somos incapaces de abstraer. No solemos aceptar que un proceso que toma más de cien años -lo cual ante nuestra pequeñez parece una eternidad- puede significar nuestra destrucción. Y como no logramos apreciarlo en perspectiva, pretendemos que no nos corresponde a nosotros detenerlo.

Esta forma inmediatista de proyectar nuestra vida, reflejada en los sistemas económicos a los que nos aferramos con ansiedad, terminará finalmente por demostrar que el proceso de degradación de la Tierra en que vivimos no es más que un mecanismo de defensa natural en el cual hacemos el triste papel de “cuerpos extraños”.

 

Cuando era pequeña dormía en la habitación en donde mi abuela tenía su máquina de coser. Era un cuarto pequeño, sin ventanas y daba a su dormitorio. Pero tenía un tragaluz. No era un gran tragaluz muy grande pero ahí, cada cierto tiempo que nunca pude calcular, aparecía una luna enorme y bañaba todo mi espacio con su resplandor.

Cuando eso sucedía, yo aprovechaba para tomar un libro de cuentos y leer bajo esa luz blanquecina que parecía formar parte de la fantasía.

Es, nada más, un recuerdo de tiempos muy lejanos en la vieja casona de tres patios.

Un buen segmento de la ciudadanía habita en otra dimensión

No se trata de negar el valor de las comunicaciones digitales. Todo lo contrario; éstas han transformado al mundo, se han erigido como la palestra en donde se discuten los asuntos trascendentales y todo eso sucede en foros accesibles a cualquier individuo capaz de manejar un mínimo de tecnología. Pero también es una vía de escape con filtro sensorial en la cual todo se vuelve abstracto y lejano: el hambre, la pobreza, la guerra, la violencia criminal, el narcotráfico, el abuso sexual y la trata de personas entre otras patologías propias de nuestras sociedades.

Aquí, desde el teclado, es fácil opinar y enfrentar a los círculos de poder. Pero en la realidad concreta ningún medio de comunicación –por más poderoso que crea ser- tendrá la fuerza suficiente para abrir agujeros en los muros de la impunidad o tendrá la palanca para derribarlos. Esto solo se consigue cuando algún acontecimiento extremo motiva a la ciudadanía a salir de su espacio de confort e incidir en la política aunque en su ámbito personal no tenga ninguna vinculación con el activismo. Es entonces cuando la comunicación virtual adquiere su protagonismo y pasa de ser una ventana de entretenimiento a convertirse en un motor de cambio.

En los últimos meses se ha visto de todo, pero lo más impactante ha sido caída del gobierno, cuyos principales funcionarios fueron a parar a la cárcel. Algo impensable en el pasado reciente, a pesar de haber tenido anteriormente gobiernos tanto o más corruptos que el defenestrado. Ese golpe maestro fue dado en parte a través de las redes sociales, cuyo efecto multiplicador generó una energía inédita entre la población. Lo más novedoso del fenómeno fue un sentimiento de reivindicación que cruzó transversalmente todos los sectores de la ciudadanía uniéndolos en una sola voz, lo cual para una de las sociedades más segmentadas de la región es todo un récord.

Han transcurrido ya varios meses del estallido y se ha ido apagando la resonancia de la rebelión ciudadana. Las redes hoy amanecen cubiertas de saludos navideños y los internautas parecen haber hecho un alto en su demanda de justicia y transparencia para celebrar esta tradición en familia. (De paso, sería pertinente preguntarse si el calendario de elecciones y transmisión de mando, un acontecimiento de vital importancia para la democracia, lleva implícita una estrategia para distraer a la ciudadanía programando algo tan importante en medio de las fiestas).

Pero volviendo al tema, es importante reconocer que el valor de las comunicaciones virtuales –hoy indispensables para un gran porcentaje de la población- nos están adormeciendo la sensibilidad respecto de los problemas más acuciantes de nuestros compatriotas. Hay que reflexionar sobre si no sería conveniente salir de la comodidad del desconocimiento sensorial para enfrentar la realidad en vivo y en directo, hablar con la gente cara a cara y escuchar sus experiencias de vida.

En otras palabras, emprender el desafío de convertirnos por unos momentos en reporteros de la vida real, apagar la computadora o el celular y abrir todas nuestras terminales nerviosas para conocer cómo se ve la miseria que nos rodea, allí nomás, al otro lado del barranco desde donde apreciamos la hermosa vista de la ciudad. Reconocer los olores de los vertederos de basura en donde transcurre la vida de familias enteras. Caminar por callejones bordeando un vacío de vértigo en donde se apiñan las chozas construidas con desechos. Consolar a la madre del niño que murió por falta de oxígeno en un hospital nacional. Escapar, por un momento, de la burbuja.

Una niña-madre y la perversa actitud de los dueños del poder.

Si se consigue –con gran esfuerzo mental- sacudirse el sopor provocado por el acostumbramiento, es posible percibir el terrible estado de estancamiento en el cual se encuentra Guatemala. Sus espeluznantes índices de pobreza, consecuencia directa e indiscutible de la corrupción rampante de las élites política y económica, han derivado en situaciones de emergencia como nunca antes se vieron. De ahí viene el colapso de toda la red hospitalaria nacional que no es más que la señal visible de algo mucho más profundo y preocupante: la pérdida de capacidad administrativa del Estado.

Ayer, en el programa Viva la Mañana de Guatevisión, mostraron el caso de Dani, un niño de 10 años internado desde hace 2 meses en el Hospital de Infectología. Su estado se revela en las cicatrices y deformaciones de sus manos y brazos causadas por varias intervenciones quirúrgicas. El niño presenta osteomielitis, además de un cuadro de tuberculosis en uno de sus pulmones y también en su columna vertebral, una enfermedad conocida como el mal de Pott.

Pero llama la atención, además del caso de Dani, la imagen de su madre, quien no aparenta más de 18 años, personificando una de las patologías de esta sociedad: el abuso contra las niñas. Esta joven mujer aparece en el programa solicitando ayuda porque el hospital de Infectología no cuenta con los recursos para atender a su hijo. Solicita apenas la cantidad de 33 mil quetzales para pagar la operación. Una nada si lo confrontamos con las cifras surrealistas que corrían por La Línea hacia las cuentas del ex presidente Pérez Molina, su poderosa vice y la camarilla que lo rodeaba.

El sufrimiento de la madre-niña de Dani y el calvario de este niño de apenas 10 años deberían sumarse al expediente de los corruptos perseguidos por el MP y la Cicig. Pero como eso no va a suceder porque la ley no lo permite, entonces quizás por lo menos quede como una evidencia más de las consecuencias del latrocinio desde los altos círculos del poder, como ejemplo para quienes asumirán en enero y como estímulo para quienes protesten en la plaza exigiendo justicia y transparencia.

Algo similar sucede con las familias desplazadas de El Cambray II, quienes ya están sufriendo los estragos del abandono estatal. Lo prometido es deuda, dicen, pero en las instancias de gobierno no existe ese concepto y las promesas se utilizan y desechan con igual facilidad. Tal es el mareo producido por las alturas del poder, que al Presidente no le ha costado ningún esfuerzo salir del paso del déficit de viviendas para quienes sufrieron la pérdida total de sus casas y familias en uno de los peores desastres de los últimos tiempos, prometiendo sortear entre ellos las pocas unidades disponibles.

La degradación moral de las instituciones fundamentales de una democracia queda en evidencia cuando la ciudadanía “espera” a que sucedan las cosas. Cuando “tiene la ilusión” de ver a un juez emitir una sentencia correcta en un caso obvio de criminalidad comprobada. Cuando “ruega” por servicios básicos en lugar de exigirlos. Cuando observa el enriquecimiento descarado de sus autoridades edilicias mientras se derrumba una obra en construcción que costó millones.

Todo ello se refleja patente en el caso de una niña-madre desesperada por conseguir miserables 33 mil quetzales para curar a su hijo, mientras en el Congreso se reparten un aguinaldo que no se han ganado y las autoridades negocian aún si dan a conocer el listado de la Línea 2 o si se lo guardan para presionar al sector privado durante los próximos cuatro años. No cabe duda que cuando el abuso excede lo tolerable, sucede lo mismo que con los sistemas de alarma: si nadie acude a atender la emergencia, se apagan solas.

No se trata de porcentajes, es cuestión de justicia y conciencia.

Después de los escándalos de corrupción que han marcado el año -de entre los cuales La Línea se llevó las palmas, aun cuando no es el único ni el peor- los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Encovi, no deben sorprender a nadie. Por supuesto, no ha sido la red criminal liderada y explotada por los altos mandos del Estado y del empresariado la mayor culpable de la pobreza en la cual se debate el 60 por ciento de los guatemaltecos.

Si echamos una mirada hacia atrás, nos daremos cuenta de una tendencia marcada a privar a la ciudadanía de oportunidades de desarrollo, una realidad presente en todas las administraciones anteriores en todo el período democrático. Por ende, el futuro de la población ha sido condicionado por un sistema que la empuja por debajo de la línea básica de satisfacción en su nivel de vida, sin posibilidades de remontarla.

Pero eso no es lo único que nos dice la Encovi. También entre sus líneas se revela el terrible estado de discriminación y racismo implícito en las políticas públicas y en los proyectos de inversión social. Los números lo dicen: 4 de cada 5 personas de las etnias indígenas se encuentran sumidas en la pobreza, un dato que guarda estrecha relación con los indicadores de migración interna y el flujo creciente de jóvenes cuya única meta es cruzar las fronteras en una aventura suicida para alcanzar el sueño americano. En comparación, 1 de cada 2 personas no indígenas se encuentran en estado de pobreza total.

Y hablando de jóvenes, ¿qué dice la Encovi sobre ese importantísimo segmento de la población? He aquí algunos datos para comenzar a pensar en la clase política y económica que marca las reglas en el país: 7 de cada 10 niños y niñas menores de 10 años viven en estado de pobreza. Es decir, ese vivero de nuevos ciudadanos ha llegado al mundo en una situación de desamparo y privaciones cuya fuerza les mantendrá en un estado precario y mínimo de sobrevivencia, lo cual para la mayoría resultará en la incapacidad permanente de realizar un proyecto exitoso de vida.

Estos datos lamentables de la situación nacional revelan algo más que las consecuencias de la corrupción, la incapacidad y la miserable actitud de los protagonistas en cuyas manos se encuentran las riendas del poder. También presenta un retrato del estado psicológico de una ciudadanía aplastada por hechos en los cuales no tiene incidencia alguna, porque su preocupación mayor no está enfocada en la participación política, sino en la supervivencia propia y de su núcleo familiar. Y de eso se aprovechan gustosos los dueños de la finca.

La información provista por la Encovi ofrece una vista panorámica de los enormes retos a enfrentar por la nueva administración que asumirá el 14 de enero. En las estadísticas frías y concisas se pierde de vista la dimensión humana del drama en el cual viven más de 9 millones de pobres, cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera para adquirir los alimentos básicos necesarios. De ahí a proveer de educación de calidad a sus hijas e hijos, tener acceso a una vivienda digna con servicios básicos, disponer de atención en salud adecuada y oportuna, es algo fuera de toda posibilidad.

Ante este panorama, las perspectivas de desarrollo dependen de un esfuerzo de generaciones, a partir de una política de reconstrucción integral de las capacidades del Estado, pero también del concurso de otros sectores directamente involucrados en el desastre reflejado en esta encuesta, secuelas de un comportamiento absolutamente inmoral de los sectores dominantes.