El Quinto Patio

Lástima por mi blog, pero el hecho de ser un sitio gratuito lo deja a merced de la pauta comercial y estoy viendo que en mi blog, algo que en algún momento tuve la ilusión de tener bajo control -por lo menos en su contenido- hay un enorme y destacado anuncio del PAN con el retrato de Gutiérrez.
Eso me trajo de golpe a la realidad de esta dependencia de los servicios sin costo que, de otro modo, terminan saliendo caros.
Así es que en cuanto tome la decisión de a dónde ir, voy a emigrar con mi quinto patio. Ya les avisaré a los cuatro (¿o tres, quizás?) amigos que me leen en esta solitaria página.

Es fundamental garantizar la participación de la mujer en las próximas elecciones. 

La resistencia a la participación femenina en política tiene muchas facetas. Una de ellas, sutil y poderosa, es el temor de las propias mujeres a enfrentar la oposición de su pareja, de su familia o de su comunidad y, de hacerlo, a pagar las consecuencias por su rebeldía. La cultura patriarcal tiene fuerte raigambre en amplios sectores de la sociedad y constituye un valladar importante para el desarrollo pleno de la democracia, la cual no existe mientras no haya participación igualitaria de la otra mitad de la población.

Cada vez que se plantea la posibilidad de establecer un sistema de cuotas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se escuchan los argumentos a favor y en contra de una medida considerada radical. Aún cuando esta política existe y se aplica en muchos países del mundo, en Guatemala los círculos de la política tradicional la rechazan por inconveniente, poco oportuna y difícil de implementar.

El fondo de la cuestión es un asunto de poder. Durante años se ha observado el tono despreciativo, peyorativo y sexista usado por los políticos para referirse a sus colegas mujeres. A las activistas políticas y a quienes han logrado puestos relevantes se las juzga por su condición de mujer y no por los resultados efectivos de su labor.

En la campaña actual, se percibe desde el interior de los partidos políticos una fuerte oposición a la participación femenina y a concederles espacios importantes en los listados para cargos de elección popular, los cuales se negocian entre los de siempre, quienes cierran filas para consolidar sus posiciones de privilegio.

La lucha de las mujeres por su derecho legítimo –garantizado, además, por la Constitución Política de la República- no debería ser una misión de alto riesgo. En la actualidad, se observa con preocupación que aquellas mujeres valientes y decididas a participar en representación de sus comunidades enfrentan amenazas contra su vida, intimidación y rechazo de oponentes ferozmente decididos a cerrarles el paso.

La mujer involucrada en el destino de su patria es, por lo general, más responsable, transparente y eficiente en su trabajo, como lo han demostrado la mayoría de diputadas y funcionarias en cargos de gran responsabilidad. El hecho de colocarles valladares a su intención de contribuir al desarrollo de la nación no es más que el miedo a perder esos anillos de complicidad que han llevado al país a convertirse en un paradigma de corrupción.

No se debe confundir con el hecho de que esta vez haya varias mujeres compitiendo por la presidencia, porque ése es un tema distinto que merece un análisis de fondo. Aquí hablamos de los impedimentos reales de esta sociedad machista contra el derecho de las mujeres a postularse para gobernadoras, alcaldesas, diputadas o dirigentes de los partidos políticos. Estamos en el siglo veintiuno, es tiempo de cambiar.

La libertad de prensa no puede existir donde no se respetan los derechos humanos.

A los teóricos les encanta presumir de la existencia de un ambiente de libertad de prensa, basados en la idea de que Guatemala es, de hecho, un estado democrático. La teoría, sin embargo, es una cosa y la realidad del ejercicio periodístico otra muy distinta, si se toman en cuenta las diversas formas de amedrentamiento que se ejercen en contra de quienes hacen de la divulgación y análisis de la información una forma de vida.

El acto simbólico de la firma de la paz en 1996 no significó el fin de los enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad guatemalteca. En la práctica, la guerra entre guerrilla y Ejército –o, como lo definen otros, entre guerrilla y Estado- evolucionó hacia otras formas de conflicto, transformándose en un escenario caracterizado por la violencia criminal, la corrupción y el abandono de políticas públicas orientadas al desarrollo social, económico y cultural del país.

En este contexto, la libertad de prensa no podía expandir sus alas como lo hubiera hecho de haberse establecido un verdadero estado de Derecho, garante del respeto a la integridad y exento de amenazas y actos de intimidación contra el periodismo de investigación y denuncia.

Es innegable que los periodistas en Guatemala, así como en la mayoría de países latinoamericanos y de otras partes del mundo, continúan practicando un cierto nivel de autocensura. Por un lado, respondiendo al instinto de supervivencia que les conmina a moderar sus palabras y la información que entregan al público, y por otro lado cediendo a presiones de sectores de influencia cuya amenaza contra la libertad de expresión es tan sutil como poderosa.

Se podría afirmar, entonces, que la libertad es un mito. El ejercicio de expresar el pensamiento de manera libre y sin censura topa siempre con el límite de lo conveniente. Pocos son –medios de comunicación, periodistas o analistas- quienes traspasan esos límites y arriesgan todo por una verdad personal no siempre compartida. Al final, esos raros ejemplares se convierten en ejemplo de irreverencia y audacia en sociedades particularmente pacatas y conservadoras.

No obstante estas limitaciones contra la libertad de prensa, este es uno de los derechos humanos más relevantes, fundamental en la construcción de una democracia real y efectiva. Sin libertad de prensa ejercida en su plenitud tampoco se puede hablar de un estado de Derecho o de una sociedad que goza de sus garantías constitucionales.

Por ello es tan importante seguir tras su conquista por medio de un ejercicio periodístico responsable, orientado a cumplir con su misión de informar de manera independiente, con rigor y veracidad, pues de la prensa depende en gran medida el avance de la sociedad en la consolidación de sus instituciones democráticas.

Hoy 1 de mayo de 2011, el presidente Obama anunció el asesinato de Osama Bin Laden preparado por un comando de la CIA. El suceso se produjo en una mansión en Pakistán y no en alguna cueva perdida en las montañas, como todos hubieran esperado.
La reacción no se hizo esperar. Así como fue el horror colectivo ante la destrucción de las Torres Gemelas, ha sido la euforia de los estadounidenses que consideran esta muerte como una victoria bélica y una revancha por los actos terroristas adjudicados a Bin Laden y su grupo.
Es interesante el fenómeno de la euforia colectiva de todo un pueblo ante la muerte de un solo hombre. Al elevar su figura a esas alturas de poder e influencia, le hacen un enorme favor a su imagen, lo cual será aprovechado para que sus partidarios construyan de su memoria un auténtico mito. ¿Victoria pírrica de Estados Unidos? Quizás. Lo interesante, sin embargo, es lo que vendrá después, cuando se comiencen a revelar los detalles y se produzcan los ecos de este episodio en los mercados internacionales, en la política de los países de Medio Oriente y en los operativos de la organización fundada por él.
Habrá mucho por ver, pero lo más seguro es que los ciudadanos inocentes del mundo entero pagaremos las consecuencias de esta muerte con protocolos de seguridad nunca vistos, limitaciones en nuestros derechos de locomoción y de expresión y muchas otras barreras elevadas a partir del miedo de quienes imponen sus políticas represivas en el mundo entero.

No se puede hablar de la “época de la guerra interna” como si hubiera terminado. 

La guerra está instalada. En nuestras calles y en los caminos del interior. Instalada en los buses atestados de trabajadores cansados, tanto como en las escuelas y universidades. En los hogares y en los ranchos destartalados donde reciben clases los niños de cualquier comunidad perdida.

La guerra, de acuerdo con algunas definiciones libres, es la forma de conflicto más grave entre dos o más grupos humanos. Por lo tanto, se podría afirmar que al existir un enfrentamiento entre la sociedad civil -conformada por una ciudadanía apegada a las leyes y responsable por el desarrollo social y económico de su país- y grupos criminales con gran poder de fuego y fuerte influencia en altos estratos políticos y empresariales, existe de hecho un conflicto bélico declarado.

La sociedad guatemalteca está indefensa ante este empoderamiento radical del crimen organizado en sus más elevados círculos. De acuerdo con el Mapa de Conflictividad 2011 divulgado por el Procurador de los Derechos Humanos, solo en 2010 se produjeron 5,347 casos de muertes por violencia, de las cuales 4,582 fueron por arma de fuego. En esta cifra están incluidas 42 muertes por linchamiento; 143 pilotos de autobuses, 52 ayudantes, 69 pasajeros, un guardia de seguridad y 11 presuntos delincuentes. Pero también están las atroces cifras del femicidio: alrededor de 700 mujeres asesinadas durante el año, un promedio de dos diarias.

El estado de guerra no se refleja únicamente en muertes por violencia física. También está la violencia ejercida desde el Estado en la toma de decisiones que afectan gravemente a la población en sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la educación, a la tierra, a la alimentación, a los servicios básicos y a la vivienda. En este sentido, la violencia se manifiesta en la negación de la dignidad de los habitantes más pobres del país a quienes se les reduce a ser actores de campañas de proselitismo desde el propio Estado mediante acciones paternalistas de asistencia en lugar de ser beneficiados con programas de desarrollo de largo plazo.

En otro orden de cosas, el cuadro de situación de guerra también incluye la absoluta falta de control en la tenencia de armas de grueso calibre en manos de niños y adolescentes pertenecientes a maras, clicas y otras organizaciones criminales, combinado esto con la distribución y el tránsito de drogas en todo el territorio nacional. Estos grupos, vinculados con otros de mayor envergadura y con nexos internacionales, conforman un retrato de la violencia y la anarquía nunca antes visto en Guatemala.

En un Estado en guerra, una de las características es la pérdida de control territorial. Esta situación ya se vive en varios departamentos del país, en donde grupos armados dominan y ejercen un poder casi ilimitado. La guerra interna, señores, no ha terminado.

Hay que poner atención al anuncio de que este año habrá un invierno riguroso. 

Guatemala es el único país en el mundo que pasa del verano al invierno en cosa de días o, como sucede este año, los vive en forma simultánea. Mientras la gente disfruta sus breves vacaciones de verano en las playas o en cualquier sitio donde haya mucho para comer, beber y suficiente agua para nadar bajo el sofocante sol de la época, las autoridades del Insivumeh anuncian que el invierno ya se instaló formalmente en la bocacosta y en el suroccidente del país.

Estas aparentes incongruencias se deben a la inveterada costumbre chapina de llamar invierno a la época de lluvias, la cual se desarrolla en pleno verano. El invierno formal, aquel definido por la posición geográfica de Guatemala, es generalmente seco y se caracteriza por ser la época más fría del año.

Este año, de acuerdo con los pronósticos de los expertos, la época pluvial viene cargada de malos augurios. Si creemos en las predicciones, el exceso de agua podría provocar inundaciones en varios departamentos de la Costa Sur, la mayoría de ellas causadas por el arrastre de sedimentos en ríos y el asolvamiento de sus cuencas, a lo cual se suman los resabios de la destrucción ocasionada por la tormenta Ágatha.

Este año, como todos, se anuncian desastres que casi siempre ocurren. Pero esta vez la falta de fondos en el presupuesto de la Nación, la ausencia de medidas de prevención y la poca inversión estatal en infraestructura, más el desinterés de las autoridades por resolver problemas nacionales, vuelve el panorama negro.

¿Quién le pondrá atención a los miles de niños desnutridos cuando vengan los primeros guacalazos violentos a ocupar las primeras planas? Triste, pero así es la cosa. Las noticias compiten y el tema de la crisis nutricional que acaparó la atención general hace una semana pasará a la historia, una vez más, hasta que venga una nueva ola de infantes muertos en las zonas más vulnerables de Guatemala.

Entonces el foco de atención se dirigirá hacia una situación que, por conocida, no es menos impactante: los efectos devastadores de un clima inestable sobre un país que carece de los recursos mínimos para defender a la población de sus rigores. Las entidades encargadas de atender emergencias no están preparadas –ni en recursos ni en infraestructura- para eventos de gran magnitud y si ya existe hoy una crisis nutricional severa, se puede colegir cuánto se acentuará con los efectos de los primeros desastres provocados por las lluvias.

Las autoridades de gobierno tienen la obligación de proteger la salud de la población y garantizar que los recursos se administren de manera eficiente, evitando el despilfarro en publicitar los magros logros de su gestión, tema que a nadie le interesa.

Agostado, reseco y explotado hasta el exterminio, nuestro planeta agoniza. 

Somos demasiado pequeños e insignificantes como para aprehender en toda su dimensión el drama de la Tierra. Como sujetos dependientes de los recursos naturales cuya mirada apenas abarca su mínimo entorno, creemos en su infinitud y en la imponderable generosidad de la naturaleza para reconstruirse una y otra vez a pesar de nuestra estúpida forma de vida, consumista e irresponsable.

Comprendo muy bien la decepción de ciudadanos visionarios quienes –como Magalí Rey Rosa, Rita Roesch y otros- han venido cantando verdades y dibujando paisajes yertos desde hace varias décadas sin obtener respuesta alguna a sus advertencias. La gerstión empresarial verde es una moda reciente. Y, como toda moda, es superficial.

Una auténtica gestión verde debería comenzar por el diagnóstico profundo de su impacto sobre los recursos naturales y el entorno, con la sincera intención de cambiar sus sistemas de producción de acuerdo a recomendaciones de seguridad ambiental. Pero eso es caro y complicado, por lo cual los buenos propósitos derivan en campañas de relaciones públicas y proyectos de poca monta.

Recibí hace poco el mensaje de un ciudadano indignado por la tala de árboles en la pinada de Martínez –entre San Juan Sacatepéquez y San Raymundo-, también en la aldea Sajcavillá por el camino de terracería que conduce hacia aldea Concepción Ciprés, San Raymundo y finalmente a lo largo de la aldea Montúfar, en el municipio de San Juan Sacatepéquez desde el cruce de Pachalí hacia Pachalum. De acuerdo con este ciudadano, la depredación de estos bosques se efectúa a plena luz y sin acción alguna por parte de las autoridades.

De este modo es como un país con vocación forestal se ha ido transformando en un territorio erosionado, cuyos cerros se deslizan hacia los poblados apenas aparece la primera lluvia de la temporada invernal. Un paraíso de fuentes de agua clara que tiene sus ríos y lagos gravemente contaminados por desechos tóxicos, productos químicos y corrientes de aguas negras. En resumen, un buen botín para la explotación irracional e impune de aquellas riquezas que podrían llevar a Guatemala hacia una etapa de desarrollo sostenible.

Ciertos sectores de pensamiento conservador y cortoplacista han tildado a los expertos ecologistas de histéricos y pretenden descalificar sus propuestas desde la perspectiva del beneficio inmediato, garantizando así los privilegios de explotación a grandes compañias que nada dejan a cambio, como las operadoras de extracción de minerales e hidrocarburos y las productoras de energía. Su argumento, el desarrollo económico y la creación de fuentes de empleo. Sin embargo los resultados están a la vista: el país vive el peor de los retrocesos y su pueblo está cada día más pobre y desnutrido.

Mi Quinto Patio: El Quinto Patio

Todavía resuena la euforia futbolística por la clasificación de la selección sub’20.

Catalogada como histórica, la victoria de Guatemala frente a la selección estadounidense abrió las puertas hacia el Mundial Sub’20 en Colombia creando una ola de entusiasmo deportivo en el límite del paroxismo. Comprensible, dada la mediocridad del fútbol nacional. Y oportuna también, dadas las circunstancias actuales de violencia y escepticismo en las cuales se debate el futuro del país.

Esta semana, como imagen contrastante con la algarabía de los fanáticos, se publicaron las declaraciones de Rafael Señán, representante de la Unión Europea en Guatemala, quien sin ambages habla sobre los problemas de seguridad alimentaria que colocan al país en primer lugar latinoamericano y quinto mundial en desnutrición infantil. Ante sus declaraciones, el presidente Colom justifica esta situación atribuyéndola al abandono institucional y a las desigualdades históricas, dos importantes componentes de sus promesas incumplidas de campaña.

El tema de la desnutrición crónica que padece más de la mitad de la población infantil de Guatemala parece no existir para los círculos políticos. Hoy se habla del aumento del salario de los maestros y del posible incremento del presupuesto de gastos solicitado por el Ejecutivo, Q2 mil millones que probablemente servirán para reforzar la candidatura oficial. En cuanto a programas dirigidos a paliar el gravísimo problema del hambre de niñas y niños guatemaltecos, nada.

La manipulación descarada de los fondos de la nación para favorecer una candidatura fuertemente cuestionada desde el punto de vista legal constituye, a estas alturas de la administración, una prueba fehaciente de la falta de interés del gobernante y su partido por el bienestar de la población. El hecho de que se comiencen a producir rupturas en la cúpula de la UNE revela, además, que la supuesta unidad comienza a rajarse por fuertes pugnas internas, lo cual desgastará aun más la empobrecida imagen del partido de gobierno.

Si al jefe del Ejecutivo le queda un poco de sentido común, en caso de obtener la ampliación presupuestaria debería invertir esos fondos en programas sostenibles destinados a paliar la deficiencia nutricional de la población más pobre, sin recurrir a una asistencia internacional cuestionable y poco efectiva. La niñez guatemalteca tiene pleno derecho a exigir la asistencia efectiva y oportuna del Estado, tal como lo consigna la Constitución Política de la República, y a recibir atención prioritaria para sus necesidades nutricionales, de educación y de salud.

Más propaganda del gobierno sería un gasto innecesario para su irreparable imagen, pero también un despilfarro inmoral que podría costar al mandatario y su cuestionada candidata presidencial un serio descenso de popularidad.

16.04.2011

Es curioso cómo la población se acostumbra de rápido a prescindir de propuestas serias. 

Se ha tratado con mucha abundancia el tema de las candidaturas a cargos de elección popular, sobre todo desde la perspectiva de las alianzas y las posiciones posibles en las papeletas de votación. Se discute sobre las posibilidades de los aspirantes por sus posibles impedimentos legales y se insiste en traer una y otra vez a colación las incidencias del divorcio presidencial. Sin embargo, no parece haber debate respecto de los programas de gobierno.

Los eventos electorales no pueden estar tan vacíos de sentido. Es casi un insulto a la integridad de la democracia plantear candidaturas carentes de bases programáticas –llevar a la selección al mundial de fútbol no lo es, créanlo o no- y se banaliza algo tan trascendental como la elección de quien lleve las riendas de la administración de un país al borde del Estado fallido.

Guatemala necesita con urgencia políticos capaces de debatir seriamente sobre su futuro inmediato porque se acabó el tiempo de las especulaciones idealistas. Lo que se necesita hoy es actuar con determinación y valentía en términos de la recuperación de espacios ya perdidos. Es de urgencia nacional restaurar un complejo institucional cuya integridad se ha visto amenazada por el clientelismo y la corrupción, la pérdida de prestigio y la mala elección de sus integrantes. A esta cúpula pertenecen el Congreso, las Cortes y otras instancias de enorme incidencia en el estado de salud de la democracia.

Los rostros de la política necesitan mucho más que cirugía estética y trucos de photoshop para lucir tersos y rozagantes en los mupis y las vallas panorámicas. Resulta más que vergonzoso, ofensivo, este afán por reducir la competencia a caras con sonrisas fingidas y frasecitas cliché. Guatemala en estos momentos críticos de su historia no se va a recuperar gracias a una señora más o menos bondadosa y sometida al canon de “esposa de”, ni a un político provinciano que pretende alegrar la miseria de este pueblo con utópicos triunfos futbolísticos. Tampoco a una promesa de mano dura que sólo traerá más confrontación que progreso.

Programas serios y consistentes, realistas y agresivos, planes de recuperación de una soberanía perdida y la reintegración de un país fragmentado, eso es lo que se requiere con urgencia. Las propuestas deben orientarse hacia la construcción de una democracia con énfasis en la educación de sus niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna, en la erradicación del femicidio, en la inclusión de todos los sectores abandonados para sentar las bases de un desarrollo sostenible.

De no existir esta plataforma de nada servirá todo el dinero invertido en propaganda, el cual sólo servirá para pavimentar el camino hacia más explotación, miseria y corrupción con la pérdida definitiva de control sobre la integridad de la nación.

Es difícil cuantificar los volúmenes de dinero que se mueven alrededor del crimen. 

Una buena porción de la economía nacional ha de estar subordinada a las redes organizadas del crimen. Esto, no solo con relación al dinero blanqueado por medio de la construcción y compraventa de inmuebles, adquisición de joyas de alto valor, piezas de arte, vehículos y toda clase de bienes suntuarios, sino también por medio del tráfico de armas de alto poder y, según investigaciones recientes, del pingüe negocio del alquiler de armamento a bajo costo, lo cual promueve el incremento de la demanda.

Guatemala ha cambiado y también lo ha hecho su escala de valores, pero entre las transformaciones más evidentes está la de su segmentación social con el advenimiento de nuevas fortunas acumuladas alrededor de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la trata de personas –incluidas en este grupo las adopciones irregulares- el contrabando, las extorsiones y otras menos agresivas pero igualmente ilegales como la venta libre y abierta de copias pirata de películas, música y programas de informática.

Hoy los nuevos ricos son, por lo general, hombres jóvenes que apenas rebasan la treintena y quienes de pronto aparecen luciendo aperos de millonario. En un país con un nivel mínimo de controles fiscales, esto no sería posible al detectarse con facilidad las irregularidades en movimientos bancarios inusuales, carencia de registros contables, transferencias misteriosas desde el extranjero y muchos otros indicios de que las cosas no han ido por el camino correcto.

El impacto de este dinero que entra y sale en cantidades astronómicas ha de provocar algún trastorno en el sistema bancario y, en general, en la economía del país como un todo. Sin embargo, no se habla del tema y aún más, parece que se omitiera deliberadamente entrar en esa clase de detalles, probablemente porque en un sistema institucionalmente débil resulta muy fácil que se contaminen todos los componentes. Es decir, resulta pertinente especular que esos millones de dólares de los grupos criminales pasan a través de entidades legítimas en su proceso de lavado, porque ese es justamente el procedimiento a seguir.

La cuestión es tan compleja que no parece posible encontrarle una respuesta concreta, pero sí despierta muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿será posible retornar al país a un estado de legalidad en el futuro mediato? ¿Cual será el costo social de un intento de esa naturaleza y cuánto tiempo podría llevar? ¿Hasta dónde influye en esta permeabilización de la economía la falta de controles en otros países, por ejemplo, aquellos que reciben gustosamente el dinero de las actividades ilegales?

No existe almuerzo gratis, dicen por ahí y es cierto. Esta ausencia de controles fiscales cuando se trata de grandes fortunas, está cavando un gran agujero en una economía que fue una de las más sólidas de la región. ¿Quién se atreverá a poner ese cascabel?

09.04.2011

Muchos se preguntan por qué el gobierno no logra controlar la inseguridad. 

Entre las estrategias políticas, la inseguridad ciudadana es la reina del ajedrez. Constituye la pieza clave en el control de los vaivenes de la noticia y sirve muy eficientemente para enfocar la atención de la ciudadanía lejos de aquellas acciones verdaderamente peligrosas para la supervivencia de la democracia. Treta perversa, sí, pero absolutamente ligada a toda política orientada a manipular las riendas del poder.

No es sorprendente, entonces, que Guatemala continúe inmersa en una guerra interna y en esa lucha siga perdiendo vidas valiosas, con una abundancia sólo comparable a la de un conflicto armado. Hay que reconocer que las artimañas del crimen organizado resultan burdas y evidentes si se las observa desde una perspectiva real. Su dominio de los centros carcelarios y de las fronteras no es justificable para un Estado cuyos recursos tecnológicos y humanos le permitirían aplicar candados y evitar muchas de las acciones delictivas emanadas desde esos lugares.

Lo mismo se puede deducir de la falta de voluntad de los legisladores para controlar la actitud permisiva y negligente del Ejecutivo en estos temas, aun teniendo en sus manos los mecanismos para corregir sus deficiencias. Esto permite colegir la existencia de un pacto de silencio, un acuerdo bajo la mesa para dejar hacer y dejar pasar los horrores de la delincuencia hasta que la ciudadanía clame por una dictadura militar o una tiranía civil, hasta que se someta a un estado de sitio con tal de acabar con la pesadilla actual.

En medio de ese caldo de tiburones, la población se siente impotente y no sabe hacia dónde orientar sus preferencias electorales, uno de los pocos recursos de participación que le dejan las tácticas malévolas de sus líderes políticos. En esta ruta está todavía por verse cómo se va a desarrollar la campaña en los meses que faltan para los comicios y cuántos ciudadanos perderán la vida como chivos expiatorios de esta cruenta batalla.

La propaganda gubernamental intenta convencer a la ciudadanía de sus esfuerzos por erradicar el crimen y la violencia, pero la propaganda altera la verdad en el acto mismo de formularla y su contenido es siempre contradictorio con la realidad. Por lo cual, mientras el discurso oficial dice una cosa, en las calles y en los hogares se vive otra y el desencanto y la frustración aumentan de manera sostenida.

Ya no hay excusa para la inacción de las autoridades en el tema de seguridad. Si tanto es el poder de los carteles mexicanos de la droga infiltrados en el país, y tanta la astucia de los funcionarios vinculados con las mafias, entonces es imperativo organizar un frente de resistencia capaz de retomar el control de la nación en todos sus ámbitos, empezando por una verdadera toma de conciencia entre los representantes de la población en el Congreso de la República.

04.04.2011

El gobierno conoce bien las estratagemas electoreras. 

“¡Ala… qué buena onda! Este gobierno es el primero que se preocupa por nosotros”, dirá probablemente un joven beneficiado con el cheque de 1,000 quetzales que recibirá a través del ministerio de Trabajo. Lo que ese joven no sabe es que, mientras el gobierno compra su voto con la mano derecha, con la izquierda destruye sus esperanzas de alcanzar un mejor futuro, ya que esos fondos irán en desmedro de planes estructurales mediante los cuales podría construirse un mejor sistema educativo y, por ende, crear oportunidades para el segmento joven de la población.

Los problemas del país no se resolverán repartiendo bolsas con víveres ni dinero en efectivo. Esa es una estrategia de emergencia para un gobierno prácticamente colapsado y carente de otros objetivos que no sean conseguir la continuidad en el poder. Un país alcanza el desarrollo sobre una plataforma de programas con alcance nacional, cuyas acciones sean de largo plazo y estén enfocadas en la creación de estructuras autosostenibles.

Los resultados y las pretensiones están a la vista: ¿qué ha conseguido el gobierno con la aplicación de los programas asistencialistas? Adeptos. ¿Qué pretende conseguir con la repartidera de quetzales entre los jóvenes desempleados? Votos. ¿Cuál ha sido el aporte de la administración de la UNE para el desarrollo nacional? Ninguno relevante. La seguridad de la nación ha sufrido el peor deterioro de los últimos 20 años. La infraestructura escolar está colapsada, igual como lo está la de salud.

Políticas públicas para la atención de los grupos más vulnerables, como la niñez y la adolescencia, el sector de mujeres, los ciudadanos en edad de retiro y la población agrícola y campesina, son inexistentes. El término más descriptivo de la actitud de este gobierno es “asistencialismo electorero”, dado que sus programas -dirigidos en su mayoría a los más necesitados- han tenido como objetivo primordial mantenerse en el poder y consolidar sus redes de influencia y no cambiar las condiciones de vida de ese grupo poblacional.

Lo que falta por ver es cuál será la metodología en la aplicación de este plan de empleo mínimo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El Presidente afirma no conocer los detalles, como si alguien pudiera creer semejante vacío de información. De hecho, si efectivamente no los conoce, significa que no está haciendo su trabajo y permite iniciativas fuera de su control. De cualquier modo, un análisis somero indica que esta estratagema costará cara a quienes pagan sus impuestos y restará fuerza a programas con visión de futuro, más coherentes con una democracia firme y duradera basada en la equidad de oportunidades.

02.04.2011

Hay un pacto entre medios de comunicación para el tratamiento de la noticia. 

No cabe duda de que el crimen organizado ha cambiado la manera de ver el mundo, las relaciones y el estilo de vida de millones de habitantes en este pequeño planeta. En los últimos días, ha despertado apasionadas discusiones la noticia de la firma de un pacto entre más de 700 medios de comunicación mexicanos. Muchas de ellas a favor de la medida, otras en contra, pero la mayoría bien fundadas en sólidos argumentos.

El pacto, inserto en la Iniciativa México, en síntesis llama a los medios a tratar con responsabilidad las noticias sobre actos delictivos, respetar a las víctimas en el manejo de la información y no publicitar de manera sensacionalista las acciones relacionadas con estos grupos al margen de la ley, estableciendo criterios para determinar los espacios y no exagerar su difusión.

Hasta ahí el acuerdo no sólo parece lógico sino muy civilizado, dado que el amarillismo en la prensa –uno de los aspectos a eliminar en el tratamiento de la noticia- no hace más que horadar la credibilidad de los medios y, al mismo tiempo, crear una coraza de acostumbramiento en la mente de la ciudadanía que sigue el curso de los acontecimientos a través de las distintas plataformas informativas.

El problema surge cuando se apunta sobre la diferencia entre medios y periodistas. Aun cuando pareciera existir un vínculo muy estrecho entre ambos sectores, es importante diferenciar entre los propietarios de las empresas periodísticas –quienes conforman el grupo de “medios”- y aquellos trabajadores que ejercen la profesión desde esas organizaciones.

Uno de los reparos al acuerdo vendría desde la perspectiva de estos últimos, enfocados sobre el derecho a la libertad de expresión, el cual además de irrenunciable es absolutamente individual. Es decir, un periodista debería tener el derecho a auto regular el tono de sus notas y no a depender de una directriz superior que le impida ejercer ese derecho fundamental. Sin embargo, una cosa es recabar y elaborar la noticia y otra muy distinta publicarla sobre un soporte físico o virtual que no le pertenece y sobre el cual no tiene control.

Otra consideración es el posible compromiso de ciertos medios con esas organizaciones, ya sea por conveniencia económica, presiones o miedo a las represalias. No se puede desconocer el enorme poder que el crimen organizado ha adquirido en toda la región, demostrado a diario con actos de una violencia descomunal. El tema es nuevo, ya que el pacto se firmó recién el jueves 24 y ya cobró su primera víctima con el secuestro y asesinato de José Luis Cerda, presentador de noticias de Televisa en Monterrey. Está por verse qué sucede en los otros países que integran el pasadizo de la droga.

28.03.2011

No es misterio que la población pobre y campesina es la última prioridad.

Mientras todos hablan de moral y familia, en el Valle del Polochic se gesta otro capítulo de la larga conflictividad agraria, demostrando de manera irrefutable el predominio de los intereses políticos y económicos de la cúpula empresarial por sobre cualquiera otra consideración de carácter social o humano.

Los desalojos de la población indígena y campesina recientemente realizados con uso masivo de las fuerzas combinadas y hombres armados al servicio de los finqueros, constituyen un episodio más de una saga cuyo origen se remonta a la época de la Conquista, con énfasis en las operaciones de despojo y esclavización de indígenas en tiempos de la Colonia y un renacimiento de sus tácticas –triste paradoja- en este período de gobiernos democráticos.

Resulta ocioso argüir que a los auténticos dueños los han despojado de sus tierras, porque la manera como se concentra la propiedad y los trucos utilizados por los latifundistas para ampiar sus enormes territorios han sido abundantemente estudiados. Aquí el problema toral reside en la profunda diferencia entre victimarios y víctimas, entre ricos y pobres, entre quienes pueden pagar por hacer desaparecer evidencias y quienes no tienen cómo resguardarlas.

Esta población marginada y empobrecida –el campesinado prácticamente en todo el territorio nacional- no sólo carece de los recursos para defender sus derechos, también es acosada por un sistema feudal apoyado con entusiasmo por gobiernos democráticamente electos que buscan asegurarse un lugar en los círculos de poder económico, para lo cual deben trabajar a favor de sus verdaderos patronos.

Lo que vuelve todo el panorama muy confuso es la manipulación ideológica que se hace del problema de la tierra y la conflictividad derivada de las profundas inequidades en el reparto de los recursos naturales. Ha sido muy fácil para los apóstoles del libre mercado regresar al discurso de la Guerra Fría impuesto durante decenios, mediante el cual se insistió en la descalificación de cualquier organización, movimiento o iniciativa tendente a defender los derechos sociales y humanos de la población. Junto con la satanización de cualquier acto de justicia se instauró un sistema de defensa territorial al cual se han plegado entusiastamente los gobiernos de turno, dándole una base de legalidad.

El problema es mucho más grave de lo que se trasluce a través de los medios y de la escasa información proveniente de las autoridades. El conflicto de tierras es un drama ancestral en aumento que ningún gobierno ha tenido el valor de abordar, ni siquiera el actual mandatario pese a sus proclamados vínculos con el sector indígena.