El Quinto Patio

¿Por qué en lugar de aumentar impuestos no recuperan lo robado? Eso bastaría para financiar el gasto público.

A Paredes prácticamente lo absolvieron. Sólo pagó 1 millón de fianza y conservó a buen resguardo todo el dinero defraudado al fisco por concepto de derechos aduanales, más lo que probablemente hizo en negocios con los gobiernos anteriores, en especial el de Portillo. Dicen las publicaciones de prensa que el Ministerio Público calcula su fortuna en unos 2 mil millones, pero veinte años de impunidad fueron borrados de un plumazo porque la ley no es suficientemente explícita para condenar esos delitos.

Ahora el gobierno pretende aumentar impuestos. Aún haciéndose pública la asignación de miles de millones de quetzales a empresas fantasma o compañías que sólo figuran en papel, no suficientemente legítimas como para operar con recursos del Estado, ahí van los cheques pagados con los tributos que al pueblo le están costando mucho más de lo obtenido por su esfuerzo.

El colmo es el silencio sobre los más evidentes y descarados casos de corrupción, como el del Crédito Hipotecario Nacional, la quiebra de los bancos privados, los fondos del Congreso de la República –cuyo responsable principal todavía ocupa una curul- y otros desfalcos a los cuales se les ha tendido un conveniente manto de silencio, porque los implicados probablemente llegan hasta las máximas alturas de la cúpula del poder.

Los decomisos de droga son otro tema singularmente manipulado. Se sabe que uno de los procedimientos para aceitar el paso de la droga en los países-corredor, como Guatemala, es el dinero contante y sonante que la acompaña. Cuando se habla de miles de toneladas, esos billetes constituyen sin duda un volumen significativo de la carga.

Sin embargo, en los decomisos de droga los dólares brillan por su ausencia. Es pertinente preguntarse ¿quién se queda con ellos? ¿entre cuántos se los reparten? Y, obviamente, ¿qué tan alto llega esa distribución de beneficios marginales?

En Guatemala el dinero no es lo que hace falta, lo que se necesita es un gobierno limpio, capaz de administrar los recursos de manera eficiente, efectiva y transparente sin hacer muecas cada vez que se le exigen cuentas. Un Congreso que cumpla con su papel fiscalizador y no se escude tras su inmunidad para concertar acuerdos oscuros y obtener beneficios personales a costa del pueblo.

La sociedad ya comienza a organizarse, pero aún le falta mucho para alcanzar el nivel de participación que requiere un proceso democrático verdadero. Las organizaciones de mujeres –que en otros países han tomado el toro por los cuernos- deben conformar un frente unido y evitar diluir su fuerza en una competencia mutua, estéril y destructiva. Hoy no se trata de adquirir protagonismo, sino de vencer en la lucha contra la impunidad, el abuso, la discriminación y todas esas lacras a las cuales los actuales dueños del poder son tan aficionados.

Más daño ha causado a este país la clase política que todos los criminales que prosperan a su sombra. 

Hoy el tema en boga es la ausencia de mujeres en la junta directiva del Congreso de la República, hecho coincidente con la noticia del triste papel de Guatemala a nivel mundial en los indicadores de equidad de género. Sin embargo, para analizarlo es preciso retroceder en la cadena de causa y efecto, y comprender la profunda influencia de los modos de gobierno prevalecientes en las últimas décadas, regidos por el interés particular, por prácticas discriminatorias, racistas y clasistas, por la ausencia de valores cívicos y el aprovechamiento de los cargos públicos como botín.

Esta visión acomodaticia de la política es el fundamento mismo del clientelismo, la corrupción y el abuso de poder que en Guatemala tienen prioridad por sobre el bienestar de la población y sus oportunidades de desarrollo. La relación de este hecho con la integración de la junta directiva del Congreso se comprende al considerar que la mayoría de las mujeres incorporadas a la función política carecen de vínculos de influencia o se han construido su espacio a fuerza de trabajo, perseverancia y claridad en sus objetivos.

Por lo tanto, estas representantes del sector femenino no encajan en el entramado de los políticos tradicionales, armado con negociaciones ilícitas –cuando no abiertamente ilegales-, con el uso indiscriminado de su inmunidad para cometer actos de corrupción, la mayoría de las veces inimputables gracias a mecanismos creados para ese propósito por ellos mismos y con una visión nula de su papel como gestores de desarrollo.

La presencia de la mujer nunca será bienvenida en esos círculos, por ser un elemento incómodo cuya sola existencia crea un factor de juicio incompatible con estas prácticas, resultando mucho más conveniente marginarla, ya que la ley así lo permite. Es decir, mientras no se legisle para reducir el abismo que separa a la mujer de posiciones de poder político –con un sistema de cuotas, como se ha hecho en países más desarrollados- jamás se podrá pretender siquiera un atisbo de equidad de género en Guatemala.

Pero el problema es quiénes legislan. De continuar el país en manos de una camarilla política ajena por completo a los intereses de la sociedad que les ha confiado los destinos de la Nación, cualquier intento por reducir los niveles de corrupción y fiscalizar la labor de quienes gobiernan, será en vano. Guatemala está en graves problemas, pero no por el narcotráfico ni por el crimen organizado, no por mareros ni asesinos, sino por la estulticia, la total falta de patriotismo de quienes les han permitido apoderarse del territorio al robarse, junto con los fondos públicos y la credibilidad de las instituciones, las oportunidades de construir un país educado, productivo y encaminado a un futuro próspero.

Las políticas públicas en salud sexual y reproductiva constituyen un instrumento de avance social y un reconocimiento de los derechos humanos.

La práctica inhumana de la ablación del clítoris en las niñas musulmanas es un aunto de fe. También lo es en algunas religiones la prohibición de recibir asistencia médica o sangre transfundida porque para ciertas doctrinas el destino de cada persona ha sido determinado por un ser superior y es preciso acatar su disposición con humildad y total subordinación.

Algo parecido sucede cuando se aborda el tema del aborto, cuyas connotaciones abarcan desde la discusión puramente política y conservadora que niega a la mujer el derecho a disponer de su propio cuerpo, criminalizando cualquier intento de poner término a la vida de un feto –con las consiguientes repercusiones legales, morales, éticas y sociológicas- hasta el hecho incontestable de que la práctica masiva de abortos clandestinos se debe en gran parte a la influencia religiosa en los asuntos de Estado, como por ejemplo su interferencia en las políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva.

América Latina es uno de los continentes –después de Africa- en donde el tema del aborto clandestino está oculto, acallado y prohibido, pero siempre presente. En nuestro continente se practican alrededor de 4 millones de abortos clandestinos al año y la cifra de mujeres muertas por esta causa sobrepasa las 4 mil en el mismo período. Aún así, las exigencias de la fe impiden la divulgación masiva de información sobre métodos anticonceptivos que podrían reducir esta masacre, basadas en principios que las propias instituciones eclesiásticas tienden a suavizar cuando se trata de casos que les tocan de cerca, como la violación de monjas o situaciones similares en familias pudientes muy cercanas a los grupos de poder.

El aborto, esa palabreja tan repugnante para los fundamentalistas religiosos que niegan ese y toda clase de derechos a la mujer por el sólo hecho de serlo, es una realidad palpable, constante y en perpetuo crecimiento. La fe por sí sola nunca será suficiente razón para que una niña dé a luz a un ser producto de un incesto o una violación. Tampoco para que una mujer arriesgue su propia vida por una criatura inviable o cuya supervivencia esté marcada por el sufrimiento.

El tema en sí constituye tal afrenta para ciertas personas que no vacilarán en manifestarme su repudio con un solo argumento: que nadie tiene derecho sobre la vida de otro. Sin embargo, son esos mismos apóstoles de la vida quienes condenan a muerte a miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas negándoles una adecuada educación sexual, influyendo en las legislaturas para frenar todo avance en el respeto a los derechos de esta mayoría de la población y criminalizando toda iniciativa tendente a reducir las grandes injusticias sociales, en una condena irracional que ninguna doctrina puede justificar.

El tema de la niñez y la adolescencia en riesgo no sólo debe conmovernos, sino alentarnos a emprender acciones efectivas.

Uno de los momentos más gratificantes de hacer periodismo y escribir columnas de opinión es la reacción del público ante determinados temas. El reportaje de Mariela Castañón en el vespertino La Hora -el cual me sirvió de inspiración para denunciar, a mi vez, las violaciones y los abusos cometidos contra niñas y adolescentes por los reclusos del sector 11 del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18- ha traído una saludable cauda de correos, comentarios de otros columnistas, como el de Carolina Escobar, y una que otra iniciativa particular orientada a crear conciencia sobre esos crímenes abominables.

La situación de la niñez y la adolescencia en un país donde las tres cuartas partes de la población es menor de 35 años, constituye la piedra angular de la estructura que sostiene todas las posibilidades de desarrollo para esta nación. Por eso es tan importante invertir en alimentación, educación, salud y vivienda, así como fortalecer los sistemas de seguridad y justicia.

Sin embargo, ha sido justamente este mayoritario sector de la población el más discriminado y marginado en los proyectos políticos de los últimos treinta años, aún cuando las promesas y las líneas de propaganda de cada campaña electoral lo usan como palanca emotiva de proselitismo. ¿Por qué será? Probablemente porque los menores de 18 años no tienen derecho a voto y eso los coloca automáticamente al final de las prioridades.

Las niñas violadas por los reclusos del Preventivo son apenas un punto en el universo de abuso e injusticia que rodea el ambiente de millones de potenciales víctimas de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, carencia de servicios básicos, discriminación escolar y muchas otras maneras de violación de los derechos fundamentales de la parte más vulnerable de una sociedad disfuncional como la nuestra.

Divulgar los casos, como éste del sector 11, nunca será suficiente. Hay que organizarse y actuar. Es vital para el futuro de Guatemala detener el abuso pero, sobre todo, convencernos a nosotros mismos del enorme peligro implícito en esta cultura de silencio que tanto daño ha ocasionado a la sociedad.

La denuncia oportuna y el seguimiento de los temas tendrán siempre más efecto que el comentario ocasional de sobremesa o el gesto de horror ante la noticia impresa. Nadie, ni uno solo de los ciudadanos de este país, está exento de responsabilidad cuando de la vida de niñas, niños y adolescentes se trata. El involucramiento directo implica salir de la burbuja, desprenderse de la zona de comodidad en la cual nos refugiamos para no ver aquello que ofende nuestra sensibilidad y no enterarnos de cuán poco hacemos por evitar que suceda.

Un reportaje de Mariela Castañón, publicado por La Hora, desnuda el tráfico de niñas y adolescentes en el sistema penitenciario.

No sólo provoca indignación. También incredulidad al comprobar que a casi una semana de haberse publicado el reportaje titulado “Niñas y adolescentes son violadas en Sector 11 del Preventivo”, no se ha sabido de una acción inmediata por parte del Ministerio Público, el Presidente no ha hecho declaración alguna sobre el tema, tampoco el Procurador de los Derechos Humanos y, a pesar de que el asunto huele a puro tráfico humano permitido por los guardias del sistema penitenciario, tampoco ha reaccionado la CICIG.

Para cualquier persona medianamente sensata, la medida obvia sería prohibir absolutamente el ingreso de menores a las instalaciones de las cárceles. El equipo de investigación del vespertino La Hora comprobó que ni siquiera los guardias se atreven a ingresar al sector 11, controlado por Los Cholos, pero sí permiten a niñas y adolescentes adentrarse en esas galeras y quedar a merced de los delincuentes más peligrosos, crueles y sanguinarios de que se tenga registro en este país.

Los detalles son espeluznantes: gritos y llantos incontrolables, niñas retiradas de las instalaciones por los bomberos porque ya no pueden caminar y, peor aún, la indiferencia de quienes podrían detener esa auténtica masacre que se comete a diario y con absoluta impunidad contra las infortunadas víctimas.

Se supone, por declaraciones de testigos, que son llevadas a la fuerza por algún adulto, o ingresan para evitar que las amenazas proferidas desde el interior de la prisión se vuelvan una realidad con el asesinato de sus padres o hermanos. De cualquier modo, no existe justificación alguna para el silencio y la pasividad de las autoridades ante una situación que se puede evitar con medidas mucho más restrictivas en el ingreso de visitas a las prisiones.

Como herramienta, existe la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas la cual, como todo avance legal para la protección de las minorías, costó años de intensa actividad política para que al fin se aprobara, porque evidentemente afectó los intereses de gente poderosa que ha hecho de esos crímenes una fructífera fuente de enriquecimiento.

Los monstruos del sector 11 ya no pueden seguir beneficiándose de la ineficacia de los controles del sistema penitenciario, recibiendo como premio la libertad de abusar, torturar y destruir la mente, el cuerpo y la vida de estas niñas y adolescentes. Sin embargo, las autoridades parecen esperar denuncias formales para actuar en este caso más que evidente de delito flagrante, lo cual convierte al Estado en cómplice y por tanto, co responsable de esta barbarie perpetrada a plena luz del día y sin obstáculo alguno.

Los diputados se recetan asuetos como si el tiempo les perteneciera, amparados por un reglamento ideado, redactado y aprobado por ellos mismos.

Si no fuera patético, daría risa. El comportamiento de los diputados al Congreso de la República, cuyas evidencias de corrupción, sospechas de acoso sexual, abusos de poder, viajes injustificables y derroche obsceno en comida y otros beneficios personales ha sido tema de crítica constante, representa una verdadera afrenta para el pueblo de Guatemala.

El trabajo parlamentario debería ser un ejemplo de responsabilidad y esfuerzo. Contrario a ello, el organismo legislativo refleja una imagen de negligencia imposible de entender en una nación con enormes carencias en el quehacer político y administrativo, cuya agenda cargada de asuntos pendientes se refleja en sus pobres indicadores de desarrollo. A eso hay que sumar un ambiente de violencia delincuencial jamás antes visto, con la mitad de la población bajo la línea de la pobreza y la mayor parte de su niñez y juventud en un grave estado de abandono y desnutrición.

Pero los señores diputados trabajaron demasiado durante las semanas que duró el proceso de elección de las Cortes -¡si hasta tuvieron que permanecer en sus curules pasada la medianoche!- razón más que suficiente para otorgarse a sí mismos unos días de descanso. De ello se deduce una capacidad física y mental insuficientes para la enorme tarea que le corresponde a un representante del pueblo y, si ése fuera el caso, gran favor le harían a la nación retirándose para dejar el espacio a ciudadanos honestos y capaces de cumplir con esa delicada y trascendental labor.

Ese organismo, pilar de la democracia, no sólo ha perdido la relevancia y dignidad propias de su naturaleza, sino además se ha transformado en un mercado donde se transa de todo, en el cual una buena alianza entre bancadas resulta suficiente para definir los temas prioritarios de acuerdo con los intereses de los partidos, a costa de los temas de mayor relevancia social.

De no haber sido por algunas y algunos diputados auténticamente comprometidos con el mandato constitucional y capaces de desarrollar un trabajo impecable y exhaustivo, la tan mentada asamblea del pueblo no sería más que un club privado al cual acuden los socios cuando les viene en gana y de cuya membresía obtienen jugosas ganancias.

Lo que el país necesita con urgencia es una nueva actitud ante los enormes retos que enfrenta. Para lograrlo es preciso acabar primero con el clientelismo político, paso indispensable para erradicar la corrupción y la impunidad; priorizar los temas de mayor impacto social; marginar el interés propio por el beneficio colectivo y, en suma, arrancar de raíz los vicios políticos que tienen a Guatemala al borde del abismo. De otro modo, ni siquiera los más privilegiados lograrán sobrevivir a la catástrofe a la cual los está conduciendo su propia e indefectible ceguera.

La participación de la sociedad y su rechazo a la elección manoseada de las Cortes, es parte del ejercicio democrático.

Es probable que las protestas de la sociedad civil y las impactantes denuncias de la CICIG ante la descarada manipulación de la elección de magistrados para la CSJ en el Congreso de la República -más el consecuente análisis de todo el proceso- llevaron a caer en la cuenta de que lo actuado anteriormente: elecciones en el Colegio de Abogados, Universidad de San Carlos y Comisiones de Postulación, habían construido las bases de una elección llena de irregularidades y la continuidad del régimen de impunidad que prevalece en el país.

Sin embargo, aún cuando la reacción popular tuvo sus efectos, es oportuno llamar la atención sobre la falta de control que siempre ha imperado sobre una instancia clave para el establecimiento del régimen de Derecho y, por tanto, pilar de la democracia, como es el sistema de administración de justicia.

La sociedad no puede darse nunca más el lujo de permitir la integración de las cortes con elementos de dudosa reputación. En los acontecimientos que han ocupado las principales páginas de la prensa nacional y provocaron la repulsa en masa de los columnistas y de las más diversas organizaciones de la sociedad civil, quedó muy clara la manera como los partidos políticos y algunos individuos con fuerte poder económico podían secuestrar a la justicia colocando a sus mandaderos en puestos clave.

Esta victoria parcial que tanto entusiasmo ha despertado en la población no es más que el principio de un camino lleno de obstáculos, la mayoría de ellos creados por los mismos legisladores para proteger sus áreas de poder. Porque así como hoy se ha logrado despertar en ellos un mínimo prurito de vergüenza, urge insistir en la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos, eliminando para siempre la posibilidad de garantizar la impunidad de sus acciones y sus abusos de poder.

La presión social puede ser un arma contundente cuando se actúa en función del bien común, más allá de los intereses particulares o las diferencias ideológicas. La justicia no tiene género ni pertenece a un nivel socio económico. No habla un idioma en particular, sino una lengua universal. Es patrimonio de la humanidad y se debe a ella. Por lo tanto, como pilar fundamental de una sociedad democrática su función es absolutamente ireeemplazable.

Hoy se ha dado un paso importante hacia adelante, pero aún falta mucho por hacer. Es imperativo, entonces, que la población se sume a ese esfuerzo y no delegue la responsabilidad que le corresponde en esta lucha. Gracias a su concurso, quizás un día Guatemala logre salir del vergonzoso lugar que ocupa en el concierto de naciones.

Un amplio grupo de columnistas decidimos manifestar nuestro repudio a la elección realizada por el Congreso de la República para integrar la Corte Suprema de Justicia. Nuestra protesta se inició el sábado 3 de octubre con la publicación de espacios vacíos bajo el título INJUSTICIA.

La participación de la población en temas de relevancia política es un ejercicio fundamental en la democracia.

La ciudadanía tiene todo el derecho de pronunciarse pública y efectivamente para impedir que el Congreso de la República consume una de sus frecuentes acciones en contra de los intereses nacionales: votar por planilla para elegir a los magistrados a las cortes Suprema y de Salas de Apelaciones, en lugar de hacerlo de manera individual, pública y transparente.
Este modo de esquivarle el bulto a la fiscalización y ganar espacios a costa del desarrollo nacional ha sido una de las patologías atávicas de las asambleas legislativas, trucos a los cuales la población ha terminado acostumbrándose como si la trampa y el engaño fueran inherentes a la naturaleza de esa función pública.
Sin embargo, el papel de los legisladores en el caso que los ocupa actualmente, marca un momento histórico en los esfuerzos por construir el devastado estado de Derecho, rescatar la institucionalidad del organismo legislativo, consolidar un sistema de justicia basado en la transparencia, honestidad y ética, y de este modo responder al mandato de sus representados, tal y como lo manda la Constitución.
Es importante señalar que las bancadas y diputados independientes han marcado su posición de manera categórica al hacer público su compromiso de actuar con independencia, publicidad y transparencia; asegurar que los magistrados electos sean profesionales capaces y honestos; rechazar la injerencia de los grupos de poder; comprobar el compromiso de los candidatos con los derechos humanos y contra la impunidad; garantizar la publicidad de los perfiles de los aspirantes a magistrados con el propósito de facilitar la auditoría social; celebrar audiencias públicas con el mismo propósito y, finalmente, elegirlos mediante voto nominativo y público.
De este modo, este pequeño grupo de legisladores se coloca en perfecta sintonía con las expectativas de las y los ciudadanos conscientes de que en Guatemala el cambio hacia una sociedad auténticamente democrática y pacífica, debe venir unido al compromiso personal de renunciar a las componendas y al oportunismo.
Esta postura deberá reflejarse –ya sea de manera voluntaria o por la fuerza de la presión popular- en la Asamblea Legislativa como un todo. No hay excusa posible que permita a los partidos políticos representados en las distintas bancadas, eludir el mandato constitucional que prohíbe a los diputados representar intereses de compañías o personas individuales, subrayando el hecho de que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Esto los deja solos con su conciencia, de cara al pueblo de Guatemala.

Miembros de la Comisión Internacional de Juristas pusieron el dedo en la llaga.

Los jueces han sido discriminados por las comisiones de postulación para ocupar los cargos de magistrados a las cortes Suprema y de Apelaciones. Esta fue una de las conclusiones de los miembros de la Comisión Internacional de Juristas, en conferencia de prensa celebrada ayer. A tan puntual señalamiento se podría añadir que mujeres e indígenas también han sido marginados de un proceso que debería ser modelo de transparencia, incorruptibilidad y equidad.
La misión de la CIJ, integrada por José Antonio Martín Pallín, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo de España, Philippe Texier, ex Magistrado de la Corte de Casación de Francia, José Zeitune, Consejero Jurídico Principal para Latinoamérica de la CIJ y Ramón Cadena, Director de la oficina de la CIJ en Centroamérica, manifestó su profunda preocupación por la forma como se está llevando a cabo esta elección.
En este sentido, los juristas se refirieron específicamente al cabildeo de los candidatos a magistrados con las distintas bancadas del Congreso de la República, lo cual no sólo vulnera su dignidad sino también contribuye a desvirtuar un proceso que debe reflejar absoluta transparencia dentro de un marco eminentemente institucional.
Es importante recalcar, una vez más, la trascendencia de rescatar una elección ya viciada por las Comisiones de Postulación y llevarla de vuelta a un marco de transparencia y publicidad capaz de despejar toda duda. En estos días el futuro del estado de Derecho en Guatemala se encuentra en manos de una asamblea legislativa señalada por actos anómalos y componendas torcidas, pero que tiene la oportunidad dorada de restituir su dañada imagen por medio de una conducta apegada al espíritu de esa ley planteada, discutida y aprobada en el seno mismo de su institución.
Para garantizar la pureza del proceso, es imprescindible el involucramiento directo de todos los sectores de la sociedad, incluso aquellos que tradicionalmente se abstienen de participar en los asuntos políticos. Hoy se trata de enderezar el sistema de justicia. De hacerlo viable, de depurar sus filas y rescatarlo de la degradación que tanto daño ha hecho al país. Es imperativo exigir al Congreso actuar con seriedad, hacer públicas las audiencias, estudiar a fondo los expedientes y dar valor a la experiencia de quienes han hecho de la judicatura una profesión honorable aún a riesgo de su propia vida.
Los legisladores deben actuar como representantes de un poder del Estado, no de una bancada ni de un partido político. Ya es tiempo de que sus decisiones obedezcan al mandato constitucional y no al de sus financistas de campaña. Y, por cierto… 35 columnistas fueron invitados a esta conferencia de prensa y sólo llegamos 2. ¿Será que el tema no es importante?

Al titular de Gobernación le costó admitirlo, pero lo dijo: los anteriores ministros improvisaron y ninguno puso en marcha el plan de seguridad.

La entrevista con el ministro de Gobernación publicada por Siglo Veintiuno el miércoles pasado nos da la certeza de que el Ejecutivo ha pospuesto el tema de seguridad para privilegiar proyectos con potencial para generar mayor capital político-electoral.
En ella queda patente el hecho de que, aparte de existir una peligrosa inestabilidad en esa cartera –Velásquez es el cuarto que la ocupa en menos de 2 años-, la autoridad presidencial no ha sido suficientemente poderosa para mantener la ruta trazada y evidencia la indiferencia de las autoridades ante el dramático cuadro de violencia criminal en el cual se encuentra hundida Guatemala.
Para los responsables de la seguridad nacional, según se deduce de la manera como el ministro trata de minimizar la situación, el número de muertos -4,064 personas entre el 1 de enero de 2008 y el 6 de septiembre de 2009, de acuerdo con los datos recabados por los reporteros de ese matutino, pero más de 6 mil según el Procurador de los Derechos Humanos- no constituye una tragedia.
Sin embargo, para la población sí es una tragedia constatar que las promesas de campaña del actual mandatario nunca pasaron de ser eso, y su publicitada estrategia de combatir la violencia con inteligencia fue un slogan carente de fundamento.
Las declaraciones del ministro adolecen de cierta incoherencia y revelan una de las mayores debilidades del equipo de gobierno: su cansona insistencia en hacerse las víctimas y echarle la culpa al empedrado por sus múltiples tropiezos. En otras palabras, nunca estuvieron preparados para enfrentar la realidad y ahora que la tienen enfrente no saben qué hacer con ella.
La sociedad guatemalteca no merece tanto menosprecio por parte de los individuos a quienes brindó la oportunidad de regir los destinos del país. La verdadera cara de ciertas instituciones como la Policía Nacional Civil, en cuyas filas se ha encontrado a la crema y nata de la criminalidad, constituye una radiografía de la crisis actual y no hay excusa que valga para no iniciar el proceso inmediato de depuración y reestructuración que tanto ha exigido la sociedad civil.
En tanto el Presidente y sus ministros continúen jugando al ejercicio de prueba y error con la vida de los guatemaltecos, tanto en el tema de seguridad como en los de salud y justicia, el deterioro en el cual se encuentra la función pública continuará su ruta descendente. Esto deberá servir de antecedente para cuando llegue el momento de decidir a quién se le entregará el poder por otros cuatro años, porque el punto de no retorno se encuentra ya peligrosamente cercano.

Es vergonzoso que la cooperación internacional tenga que prestar los fondos para financiar el plan de seguridad alimentaria y nutricional.

No parece llamar la atención de nadie, pero en un país democrático se supone que los programas básicos de atención a la población de escasos recursos provengan de fondos públicos y no de la limosna internacional. Para reunir esos fondos, debería establecerse un sistema adecuado y estricto de recaudación fiscal que en Guatemala es, simplemente, una utopía.
Durante el proceso de las negociaciones para la firma de la paz, hace ya más de una década, la comunidad internacional planteó su preocupación por el hecho de que los fondos destinados a ayudar a Guatemala vinieran de los contribuyentes de sus respectivos países, mientras los grandes capitales guatemaltecos evadían su contribución al fisco. Es decir, que paguen los contribuyentes extranjeros lo que los chapines no quieren aportar.
Lo mismo se puede deducir de la situación actual: una sequía prolongada que ha transformado los campos de cultivo en un estéril paisaje de ramas secas, con el pronóstico de posible pérdida de la segunda cosecha del año lo cual, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, coloca a Guatemala en una situación de riesgo extremo para la población de la casi totalidad de los departamentos del país.
El comportamiento de ciertos países se asemeja, en muchos casos, al de algunos individuos: les resulta más cómodo echar mano del crédito que poner en orden sus finanzas, recaudar impuestos, recuperar fondos robados y enderezar su presupuesto para colocarlo a la par de sus expectativas de desarrollo. Como las deudas traen un período de gracia, será el siguiente período de gobierno el que cargará con el fardo de los intereses, y éste a su vez lo echará sobre los hombros de la población.
Es más que evidente que la supuesta social democracia del gobierno actual no resiste el menor análisis. La muchas veces anunciada crisis explotó y los ministerios a cargo de los temas de alimentación y salud no pudieron enfrentarla. Grandes cantidades de dinero se habían comprometido ya en los programas proselitistas de la esposa del Presidente y entonces resultó más fácil hacerse la víctima y pedir ayuda a los países amigos.
En este mes de la patria mucho se ha hablado de independencia y dignidad, pero éstos son conceptos ausentes en el proceder de una administración que ha sido capaz de condenar al hambre y a la muerte por inanición a millones de seres humanos, en su afán por respetar compromisos con financistas de campaña y con el sector que siempre ha tenido la sartén por el mango.

Las leyes no pueden cambiar la cultura de un pueblo. Esa labor corresponde a un sistema educativo coherente con la realidad y los valores humanos.

Por más que se hable de independencia en estas fechas septembrinas, las cosas no han cambiado mucho desde cuando el imperio español dominaba política, económica y militarmente nuestro continente. Por lo menos, no en Guatemala donde la concentración de riqueza persiste en manos de unas pocas familias y la población indígena depende de la voluntad de esos pocos para tener acceso al desarrollo.
En tiempos de la Colonia, los indígenas guatemaltecos eran considerados propiedad privada de los dueños de las tierras que les habían sido expropiadas a la fuerza. Esto figura en los libros de historia y existen testimonios escritos de la época, en los cuales se consigna hasta el más mínimo detalle de esas transacciones y registros de propiedad. La violencia contra la población empobrecida de aquellos tiempos, sin embargo, no cambió con la llegada de la revolución industrial ni con las consignas humanitarias de la Revolución Francesa, sino se transformó en parte de la cultura y las tradiciones que prevalecen hasta nuestros días.
Uno de los episodios más ilustrativos de este desprecio por un porcentaje mayoritario de la ciudadanía –por cuestiones de etnia y nivel socioeconómico- fue el exterminio de comunidades enteras por parte del Estado –el Ejército pertenece a esta estructura y obedeció a las órdenes emanadas por su jefe- con el doble propósito de apoderarse de sus tierras y eliminar cualquier intento de rebelión política. Lo más chocante en esta guerra fue que, contrario a la distancia cultural característica de las tropas españolas, los soldados de los años ochenta pertenecían a las mismas etnias que sus víctimas.
Hablar de independencia no es, por lo tanto, muy adecuado en una situación como la que vive el país. No sólo tiene una estructura político-administrativa prácticamente secuestrada por poderes fácticos y organizaciones criminales, sino también impotente frente al deterioro progresivo de sus instituciones más importantes por el elevado nivel de corrupción e ineficacia de sus cuadros políticos.
La bandera no tiene la capacidad de elevar, por sí sola, el espíritu patriótico en una situación de extrema debilidad como la que atraviesa Guatemala. Es preciso tomar decisiones que muy probablemente tengan un elevado costo político, pero absolutamente indispensables para restaurar el equilibrio democrático y dar a la población una pauta ideológica más próxima a los valores humanos con su componente de tolerancia, solidaridad y oportunidad de participación.
La justicia en un país independiente no reside sólo en meter a la cárcel a narcos y asesinos. Hay que actuar contra las estructuras de discriminación, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, monopolio y apropiación ilegal de tierras.

Existe una confusión entre autoridad y autoritarismo, así como entre valores cívicos y la obediencia ciega a las órdenes superiores.

Se escuchan por ahí ecos de viejas consignas militaristas y, lo peor de todo, es que vienen desde sectores civiles. Añoranza, quizás, de aquellos tiempos en los cuales el ejército represor y dictatorial le hacía el favor a las clases dominantes de eliminar enemigos políticos, “limpiar” territorios que servirían para sus grandes proyectos agroindustriales y otras tareas de menor envergadura.
Por ejemplo, el alcalde metropolitano Álvaro Arzú, en un discurso pronunciado ante la asamblea legislativa con ocasión del aniversario de la independencia nacional, se quejó de que en Guatemala la democracia se considere un valor incuestionable, afirmó que la comunidad internacional no es más que una carga y que sería mucho mejor regresar a un modelo cívico militar de educación para regenerar a las instituciones.
Interesante afirmación en un ex mandatario que firmó los Acuerdos de Paz y cuyo gobierno gozó de todos los privilegios del sistema democrático. Sin embargo, es necesario recordar que su incorporación a la administración pública se produjo durante el gobierno de Romeo Lucas, el gobernante militar represor y corrupto por excelencia, y desde ahí consolidó la plataforma política que lo llevó al poder.
La apología del militarismo no es un tema nuevo ni será Arzú el último que lo proponga. Sin embargo, es importante señalar que nada tiene que ver la militarización de una sociedad con sus valores morales, su capacidad de organización ni su disciplina de trabajo. De hecho, no es precisamente el Ejército de Guatemala la institución más calificada para enseñar valores, después de haber sido señalada del exterminio y la desaparición de cientos de miles de hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos y de las peores atrocidades que un cuerpo armado es capaz de infligir a una comunidad indefensa.
Además de eso, de entre sus filas surgieron muchos altos oficiales señalados por la desaparición de enormes cantidades de dinero de las arcas nacionales en una serie de actos de corrupción que permanecen en la impunidad por la fuerza del poder de quienes los cometieron.
De moral, son muy pocos los políticos que pueden hablar. Y esos pocos no lo hacen porque saben muy bien que de nada sirve arar en el mar y conocen el riesgo de escupir al cielo. Así es que los discursos apologéticos que llaman a descalificar a la democracia como sistema sólo por los abusos que cometen quienes detentan el poder, son una manera muy burda de encaminar al país a un desastre aún mayor y a una división más radical de la sociedad. Es decir, es una total irresponsabilidad.

La consigna es no mezclarse, mantenerse apartado tras muros y púas del resto de esa sociedad a la cual no se pertenece.

No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que la fragmentación social corresponde a una manera extremadamente hábil de conservar el privilegio para unos, y la pobreza, la dependencia y el sometimiento de otros. El problema está en el acostumbramiento a ese marco de referencia que nos hace ver la segregación como algo connatural a esto que se tiende a llamar guatemalidad.
Cuando algunas mentes lúcidas reclaman una revolución en el sistema actual –léase ese término como lo que es: “Cambio rápido y profundo en cualquier cosa” (DRAE)- de inmediato se estrechan las filas entre quienes prefieren la comodidad del estatus a los desafíos de un nuevo estilo de vida que no garantice su bienestar a través de una legislación casuística o una cadena de favores políticos.
De ahí proceden muchas de las que se podrían catalogar como aberraciones políticas, las cuales han transformado a este país rico y privilegiado en un conjunto de guetos que no se mezclan más que para observar sus mutuas diferencias, aborrecer al destino que los colocó en el mismo territorio y, a partir de ahí, afianzar aún más las divergencias que les impiden comunicarse.
El discurso tibio y ampuloso de los grupos de poder económico, que por lo general sólo repite las fórmulas de una corrección política condescendiente y elaborada a su medida, deja muy clara esa conciencia de dominio a niveles territorial, patriarcal e ideológico que se ha ido configurando desde la Colonia como un cepo inhibidor de cualquier expresión de libertad ciudadana.
Quizás por esto último existe esa especie de conformismo, ese temor a manifestar públicamente su descontento y ese impulso de fundirse en el gris del anonimato que caracteriza al pequeño segmento de clase media, metido como el jamón del sandwich entre los poquísimos miembros de la alta burguesía y el enorme contingente de seres humanos que sobreviven a fuerza de milagros, trabajo informal mal pagado y carencias de todo tipo.
Como apunta muy certeramente Raúl De la Horra en su columna del sábado en ElPeriódico, “Colectivamente como nación, como gobierno y como ciudadanos, todos hemos fracasado ante Dios y ante la Historia al propiciar o no impedir este holocausto. Así que, por favor ¡más vergüenza y menos blablabla!”
La identidad nacional ausente durante décadas no se va a reparar por decreto para restaurar un tejido social hecho jirones. Todo lo contrario, es imperioso unir esfuerzos por derribar esos muros y construir una verdadera Nación en donde todos tengan acceso a las oportunidades que brinda una riqueza bien distribuida.