Predicciones

Escribí esto antes del domingo y prefiero no presumir de vidente, sobre todo en una contienda tan impredecible.

Muchos han lanzado sus doctas predicciones sobre quién ganará, algunas adornadas con unos impresionantes análisis cargados de sabiduría política. Sin embargo, en un ambiente tan poco amable como el que ha rodeado a estos comicios y con márgenes tan estrechos entre ambos candidatos, vaticinar es como tirar una moneda al aire.
Hoy lunes, sin embargo, ya debe haber resultados. Si no son definitivos, por lo menos marcarán alguna tendencia. A decir verdad, eso no es tan importante como lo que seguirá después de esta elección polarizada, cundida de insultos y amenazas, pobre en propuestas realistas y aterrizando en un sistema moral e institucionalmente debilitado.
En general, las predicciones se han detenido en el conteo de votos. No han abundado los análisis por medio de los cuales los expertos pronostiquen el posible escenario de los próximos cuatro años: por dónde se orientará el gasto público, cuáles serán los ministerios –ni siquiera se sabe cuáles serán los ministros- más fuertes en esta nueva administración, quiénes serán los niños mimados del futuro gobernante, qué sucederá con las incipientes investigaciones sobre casos de corrupción y qué con algunos de los proyectos en marcha del gobierno anterior.
Para la población, cada cambio de gobierno es como firmar un cheque en blanco. Es tal la dimensión del poder presidencial, que al final resulta como si fueran dictadores electos democráticamente. Deciden sobre el destino de más de doce millones de personas, sin contar a las generaciones futuras, careciendo de un sistema real de contrapesos que permita a la población expresar su opinión sobre los asuntos que le conciernen y, gracias al libertinaje en el uso de transfuguismo político, tampoco existe una oposición consistente a nivel parlamentario.
Luego de observar la agresividad y total ausencia de clase con la cual se atacaron ambos candidatos, es de suponer que no habrá mucho refinamiento en el abordaje de los asuntos del Estado. Aquello que no les “guste” –ya sea porque no fue su idea o porque tiene la firma de otro- será eliminado de un plumazo o relegado a la última de las prioridades, como ha sucedido con los proyectos de beneficio para la mujer o con la infraestructura sanitaria y educativa durante la actual administración.
En cuanto a la atención a los millones de guatemaltecos que viven bajo la línea de la extrema pobreza, es probable que ni uno ni otro tenga la lucidez de ponerlos en primera fila a la hora de repartir los fondos para inversión en proyectos de beneficio social. Tienen tantos y tan grandes compromisos con sus financistas que es mucho más probable que le den ese primer puesto a los grandes proyectos de inversión extranjera, los cuales no siempre (la verdad es casi nunca) traen riqueza alguna para el país.

Noviembre 1 de 2007.

El nombre de las cosas

Quienes se dedican a defender los derechos humanos y de la mujer, impulsan otro estilo de comunicación.

En aquellos años de la represión extrema, era impensable hablar sobre ciertos temas. Uno de ellos, el abuso intrafamiliar, era considerado la reacción irracional de ciertas personas influenciadas por costumbres extranjeras contra una tradición poco menos que sagrada de la sociedad. Otro -como el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes- era visto como la fantasía calenturienta de un puñado de locos subversivos, para colmo, comunistas.
Todo esto buscaba descalificar cualquier intento de persecución contra aquellos vicios y delitos ocultos que han constituido, durante décadas, un territorio liberado del machismo consuetudinario consagrado hasta en las leyes de la República.
Ya están llegando los tiempos en los cuales por fin se puede hablar de incesto sin escandalizar a los oídos castos y sin levantar un muro de negación. Y de acoso sexual, a pesar de que aún los diputados se resistan a legislar al respecto. También ya se pueden empezar a denunciar violaciones y actos de pederastia cometidos por sacerdotes y pastores en contra de indefensos integrantes de su grey, y ya se da cierta publicidad a los delitos sexuales de maestros en contra de alumnas y alumnos en escuelas y colegios.
Estas patologías sociales existen en Guatemala como en cualquier país del mundo. La diferencia reside en que aquí los crímenes de carácter sexual y la violencia en el seno de la familia, al igual que el feminicidio, se cometen a vista y paciencia de la sociedad y de las autoridades, sin que éstas reaccionen con la preparación, los recursos ni interés por perseguirlos.
Pero aunque sea estimulante saber que por fin esta clase de delitos se comienzan a denunciar y las mujeres, entre quienes se cuenta la mayoría de víctimas, ya son capaces de describir una agresión sin hundirse en la vergüenza y los sentimientos de culpa, todavía falta mucho para abrir las compuertas de la autocensura.
Para realizar cambios de fondo, además de una campaña de concienciación general es preciso modificar las técnicas forenses y los procedimientos judiciales. Es importante tipificar estos delitos y evaluar las penas adjudicadas a los crímenes sexuales, evitando aquellas condenas irrisorias que constituyen una nueva ofensa para las víctimas.
Por eso es tan importante elevar la voz y decir las cosas por su nombre. Quizás esa apertura lenta pero constante hacia el uso de un lenguaje claro sea la palanca que finalmente logre mover al anquilosado e inefectivo sistema de justicia. Hablar para visibilizar esta patología social es el mejor recurso –quizás el único- para sacudir la inercia de las autoridades y obligarlas a afrontar la realidad, de una vez por todas.

Asuntos pendientes

Los detalles y las incidencias del relevo de poder están acaparando una atención que debería enfocarse en los asuntos pendientes de la actual administración.

Se va un gobierno cuyo desempeño transcurrió entre denuncias de abandono de la agenda social, profundización de la extrema pobreza, ausencia de justicia, corrupción en todos los organismos del Estado, falta de capacidad de gestión del presupuesto, privilegios para unos pequeños grupos de poder afines al mandatario y, en suma, todo cuanto caracteriza a una administración incapaz de enfrentar -y mucho menos de comprender- la realidad nacional.
Y entra otro grupo cuyo arraigo popular es altamente discutible, ya que además del elevado abstencionismo en la segunda vuelta de votaciones, existe el detalle significativo del voto en contra, es decir, todos los electores indecisos que prefirieron a un civil en el poder antes que a otro militar de cuyos antecedentes no existe un conocimiento suficientemente extenso y cuyo mensaje de mano dura no logró convencerlos.
Por lo tanto, no parece ser un tiempo de aplausos, sino de análisis del porqué de tantas carencias en un país lo suficientemente rico como para haber soportado el saqueo contínuo durante tantos decenios. Guatemala no es pobre. La pobreza está en sus líderes, individuos incapaces de asumir el riesgo de ejercer un auténtico liderazgo y cambiar las cosas de una vez por todas.
El ejemplo está en los mensajes prepotentes del sector privado, apenas transcurridas unas horas de la publicación de los resultados de las elecciones. Para estos magnates, el empobrecimiento de las clases populares parece ser un objetivo central. Cualquier intento de reducir el déficit del presupuesto nacional con una reforma fiscal justa y necesaria, es una amenaza a sus intereses y éstos, por lo visto, han sido prioritarios para todas las administraciones de la era democrática.
Entre los asuntos que deja pendientes el gobierno actual están los vergonzosos índices de extrema pobreza, la desnutrición que acaba con la niñez de Guatemala, un inexplicable abandono de los jóvenes guatemaltecos quienes, sin posibilidad alguna de educación o capacitación laboral, ven como su única salida la delincuencia o las drogas; y un sistema de seguridad nacional, investigación de casos y administración de justicia propios de alguna república africana de principios del siglo veinte.
Esta realidad no merece grandes actos de autobombo ni fastuosas recepciones en el Palacio Nacional de la Cultura. La transmisión de mando que le corresponde debe ser modesta y silenciosa. Los asuntos pendientes constituyen una carga demasiado pesada y, si la historia hace justicia, este gobierno pasará a sus registros como otro período gris.

Negocio sucio

El terremoto en el norte de Chile dejó en evidencia una de las lacras producto de nuestro frágil concepto de los derechos humanos.

Quillagua es una pequeña localidad aymara de unos 100 habitantes, situada justo en la región más rica en minerales y la más dominada por las grandes compañías mineras. Por eso, quizás los quillagüenses hayan agradecido, muy en el fondo, que la Tierra se estremeciera desde lo más profundo y les dejara sus viviendas convertidas en polvo. Porque, de no haber sido por el terremoto de 7.7 grados, quizás en pocos años ya no existirían, muertos de sed y de olvido.
Esta comunidad indígena no es la única que sufre las consecuencias de la contaminación de sus aguas, de sus tierras y la invasión de su entorno por las grandes compañías mineras, sin recibir el menor beneficio por la explotación del subsuelo que por derecho les pertenece. También en San Marcos, Guatemala, a miles de kilómetros de distancia, existen pequeñas comunidades sufriendo la misma agresión y padeciendo similares injusticias.
No importa de dónde proviene el nombre de las mineras. Son como los barcos que surcan los océanos dejando una estela de muerte pestilente: Liberia, Canadá, Estados Unidos o Grecia les prestan su bandera y su respaldo para que estos modernos piratas se transformen, por obra y gracia de las influencias y de su inmensa capacidad financiera, en supuestos salvadores de la economía de los países en desarrollo.
Lo que no dicen es cuánta destrucción dejan a su paso, cuán pequeño es su aporte a la riqueza nacional y hasta dónde alcanzan las repercusiones ecológicas de sus operaciones de explotación.
Ahora se empieza a mencionar en Guatemala la peregrina idea de explorar con mayor intensidad el recurso petrolero. Con la visión estrecha y cortoplacista de quienes tienen el poder de tomar semejantes decisiones, se pretende explorar –y explotar, por consiguiente- un recurso que ya está cuestionado hasta en los propios países productores.
Si Guatemala tiene oportunidades de desarrollo, éstas no están en cavar agujeros gigantescos y llenarlos de cianuro, destruyendo el entorno y agotando las fuentes de agua. Tampoco en llenar la selva petenera de torres de extracción ni crear otro desierto allí donde hubiera podido existir una fuente inagotable de riqueza turística.
Es tiempo de reflexionar sobre los planes a futuro, pero hacerlo con responsabilidad y no permitir que vengan gobiernos extranjeros apoyados por la cúpula económica a decidir sobre el destino de más de 12 millones de habitantes que desean vivir en paz en un país sobresaliente por su belleza natural. Es hora, como en Quillagua, de pensar por fin en función de los derechos de las personas y no de pequeños círculos privilegiados.

Responsabilidad compartida

La complejidad de las sociedades actuales obliga a mantener sistemas de información masiva eficientes y responsables para tomar decisiones acertadas.

Esta semana fui invitada a la entrega del informe final sobre monitoreo de medios, realizado durante 2007 por la agencia de noticias La Nana, organización dedicada a temas de niñez y adolescencia. Además de la notable ausencia de periodistas y representantes de medios de comunicación, me llamó mucho la atención el resultado mismo de ese monitoreo, porque aún cuando la prensa nacional ya empieza a incluir estos temas en su agenda noticiosa, todavía falta profundidad en la manera de abordarlos, lo cual redunda en sensacionalismo y no aporta soluciones.
La responsabilidad de la prensa en el cambio hacia una sociedad con orientación democrática y hacia la eliminación de las barreras de discriminación y prejuicios en el tratamiento de la noticia, es enorme. Precisamente por esa razón preocupa su indiferencia hacia aquellas fuentes de información que la podrían orientar mejor respecto a la percepción de sus audiencias.
Durante la misma semana recibí una invitación de la Vicepresidencia de la República para la presentación del estudio de casos sobre 553 homicidios cometidos en 2005-2006 y el desempeño del sistema de justicia, elaborado por un equipo independiente coordinado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional.
Los resultados de este importantísimo trabajo merecen un análisis aparte. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar la indiferencia de los medios de comunicación por conocerlo de primera mano. Sin exagerar, acudimos apenas media docena de periodistas a la presentación, a pesar de que la prensa nacional ha hecho de la impunidad, la ineficiencia del Ministerio Público, del sistema de administración de justicia y de la Policía Nacional Civil, toda una agenda noticiosa per se.
Los comunicadores tenemos algunos privilegios –entre ellos el acceso a fuentes de información vedadas al grueso de la población y la posibilidad de publicar nuestros hallazgos- pero también la obligación fundamental de mantener informada a la población de manera responsable y veraz. Todos sabemos que lo que no se publica, por alguna misteriosa razón, parece no existir. Ésa fue la experiencia de décadas de silencio, mordaza e impunidad, durante las cuales se obligó a los periodistas a callar por miedo o por la fuerza.
Debemos comprender que si la sociedad no recibe insumos informativos de primera calidad, disminuye ostensiblemente su capacidad de participar en las decisiones que la afectan y de incidir en el rumbo de su propio destino. Democracia plena, ése es el tema al cual todos debemos contribuir con eficacia y transparencia.