¿Cómo tapar el sol?

Ocultar información a la ciudadanía es la mejor forma de potenciar la hegemonía de quienes intentan destruir al país.

El conocimiento es poder. Por eso la ciudadanía necesita saber todo respecto a la administración de los recursos que le proporciona al Estado a través de sus impuestos. Eso se llama ejercer ciudadanía y es una de las herramientas más potentes para neutralizar a los grupos ilegales que intentan detener la acción de la justicia, corromper a las instituciones y entorpecer los esfuerzos de la sociedad por recuperar la confianza en sus autoridades.

La negativa del ministro de Gobernación a proporcionar información sobre la distribución de las fuerzas policíacas en el territorio nacional bajo la excusa de que eso dará armas al crimen organizado para atacar con mayor eficacia, resulta el colmo de la ingenuidad. El ministro ya debería saber que las fuerzas policíacas –y muy probablemente otros funcionarios de esa cartera- están íntimamente conectados con las redes criminales, a quienes surten generosamente de toda clase de información privilegiada.

A la prensa le bastaría con recorrer las delegaciones en el territorio nacional para constatar de primera mano cuán pobre es el sistema de seguridad, y cuán vulnerable es la población en la capital y en el interior del país. Además, la ciudadanía sabe muy bien, por dolorosas experiencias propias, cómo actúa la mayoría de estos agentes y cuán poco protegen a la población civil, unos por corruptos y otros por no tener la capacitación adecuada ni el equipo necesario para hacer frente a la delincuencia.

Las organizaciones criminales no necesitan leer la prensa para enterarse de la pobreza de recursos del cuerpo policial. Si ya operan a sus anchas en todo el territorio nacional y ni siquiera el ejército mejor entrenado de Centroamérica les hace cosquillas, cómo pretende el ministro que le teman a un puñado de agentes montados en vehículos destartalados y cuyas armas parecen de juguete comparadas con las de última tecnología compradas con dinero de la droga.

Mejor dé la información y pida a la población que se le una en el esfuerzo por denunciar a quienes deberían vivir enjaulados. Es una estrategia más inteligente y mucho más efectiva que encerrarse tras una negativa irracional y además dudosamente legal, dado que ya existe una normativa que obliga a las entidades del Estado a entregar esa clase de información.

La maniobra de buscar el amparo de la secretividad cada vez que resulta incómodo abrir los registros oficiales, debe combatirse de manera frontal por medio de leyes bien elaboradas, desde el Congreso de la República. Es hora de que los diputados hagan algo por su patria.

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