La salida fácil

Para el gobierno resulta más fácil crear impuestos nuevos que recaudar los que ya existen. Es la salida fácil a un problema difícil. 

Hay quienes le echan la culpa al comercio informal, pero la realidad del déficit presupuestario es mucho más de fondo. Tiene que ver con negociaciones ocultas para beneficiar a empresas o sectores productivos específicos, tiene que ver con ciertos acuerdos para dejar pasar el contrabando sin control por las fronteras y, por supuesto, tiene que ver con la ineficiencia de las entidades responsables de realizar la recaudación tributaria de manera justa y oportuna.

Cuando el presupuesto de la Nación no alcanza, cuando la oposición se niega a conceder su voto para aprobar una reforma tributaria que de todos modos es necesaria, la respuesta automática del gobierno es inventar un impuesto capaz de cubrir el universo en su totalidad –como el recientemente propuesto sobre las telecomunicaciones, dado que en Guatemala hay prácticamente un teléfono celular por habitante- para recaudar la mayor cantidad posible de fondos con un impacto indiscriminado en la economía de los guatemaltecos.

Eso no sólo es injusto con la población de niveles medio y bajo, sino además poco inteligente desde el punto de vista político, porque acusa a las empresas de evasión pero mantiene una actitud pasiva y permisiva hacia los miles de revendedores de tarjetas que jamás pagan el IVA por sus ventas y ni siquiera están registrados como comerciantes en la SAT. Para comprobarlo, basta pedirle factura a quien ofrece las tarjetas en los semáforos o en las tiendas de barrio.

En síntesis, para alimentar la campaña electoral que están haciendo ya algunos funcionarios y ciudadanos afines al partido oficial por medio del incesante cacareo de cada huevo que ponen, los contribuyentes deben apretarse el cinturón y pagar más por los servicios básicos. Encima de eso, el gobierno se da el lujo de transferir fondos de unos programas de beneficio social a otros de mayor conveniencia proselitista, sin que la población pueda hacer nada para defenderse de esa manipulación.

Una vez más, el Estado se transforma en la finca de la cual se saca el mayor provecho posible durante los cuatro años que dura el período presidencial. En ella todos quienes carecen de poder político o económico, son los peones que deben producir para que el patrón y sus allegados se harten de riqueza y privilegios bajo la mirada protectora de la comunidad internacional, que llama a esto democracia.

Es probable que el Estado requiera de mucho dinero para ejecutar sus planes de desarrollo social y crear las condiciones para que el país salga adelante. Pero antes, debe demostrar capacidad, ética y transparencia, valores que hasta la fecha han estado completamente fuera del cuadro.

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