El castigo ancestral


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Ser indígena y pobre es, para la sociedad ladina, un estigma imperdonable. 

En cada una de las manifestaciones de rechazo a las políticas de marginación impuestas por el poder político y económico contra amplios sectores de campesinos e indígenas, resurge ese racismo visceral de quienes se creen los únicos y legítimos dueños del territorio y poseedores de la verdad.

En esa visión estrecha y discriminatoria entran desde los insultos contra quienes ejercen su derecho a la protesta, como las decisiones unilaterales y absurdas de celebrar una fecha de trascendencia histórica para la cultura maya –como sucederá con el 13 Baktún- convirtiéndola en un espectáculo superficial y mundano, propio de la ignorancia de quienes tienen en sus manos el desarrollo del turismo en el país.

Los recientes acontecimientos de Totonicapán, la represión violenta en contra de campesinos indígenas con cauda de seis muertos y más de 30 heridos, seguidos por declaraciones engañosas y contradictorias de las autoridades responsables, no solo revelan la poca importancia que para la cúpula de poder tiene la vida humana, sino cuánto menosprecian a la ciudadanía si ni siquiera se cuidan de disimular sus inconsistencias y, menos aún, sus propósitos de establecer un gobierno eminentemente represivo.

Guatemala se precia de ser uno de los países con mayores avances tecnológicos en la región, algo así como la capital del desarrollo centroamericano. Pero su realidad muestra algo muy diferente. La escasa capacidad de diálogo y la nula voluntad política de construir una democracia asentada en el desarrollo humano, sumados a la resistencia a reforzar el marco jurídico para detener la corrupción y el tráfico de influencias, dejan en evidencia un proceso de involución cada vez más acelerado en el cual la vida y los derechos de la ciudadanía son relegados a un segundo plano.

No importa cuánto presuma el Estado de los esfuerzos por reducir los índices de mortalidad materna, desnutrición infantil o analfabetismo. Todas esas acciones serán cosméticas en tanto no se resuelvan los temas sustantivos como los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, las políticas públicas en educación, la atención prioritaria a las graves deficiencias del sector salud, la carencia de acceso a los servicios básicos y otras muchas que deterioran la calidad de vida de las grandes mayorías.

Aquí no se puede hablar de democracia si niñas de 10 años llegan a parir a los centros de salud y el sistema ni siquiera reporta estas violaciones. Y no lo hace por indiferencia, o porque así es la costumbre, o por pura desidia ya que si no se ha hecho antes, por algo será.

Entonces, si el Estado no acata los mandatos consignados en la Constitución de la República y la sociedad no tiene la palanca suficiente para exigírselo, es perfectamente lógico concluir que los sectores más rezagados en la pirámide social se encuentran totalmente desprotegidos. En ese multitudinario contingente, uno de los grupos más olvidados continuará siendo el de las mujeres y las niñas, porque el lejano círculo de los privilegiados, quienes poseen los recursos y el poder de decidir el destino de la nación, así lo ha decidido.
El castigo ancestral

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