Un día aciago

Seis cuerpos sin vida, seis mujeres asesinadas y un país a la deriva.

 Los datos de la violencia en Guatemala parecen indicar que las estadísticas deben analizarse por períodos prolongados para establecer una curva más o menos real. Si se tabulan anualmente, como ha sucedido hasta ahora, esas ínfimas oscilaciones a la baja tienden a utilizarse para justificar políticas y hacer creer en la consecución de avances.

Pero en esto de las estadísticas también existen problemas de fondo. Sin un organismo oficial confiable, capaz de proporcionar la información real sobre los indicadores de país, se carece de una herramienta vital para diseñar políticas públicas y establecer prioridades sobre distintos temas de gran impacto social, como son los de seguridad y justicia.

Sin embargo, cuando se habla de femicidio no se trata de un simple asunto de números. Detrás de la violencia contra la mujer existe toda una cultura de opresión no reflejada en cifras. De hecho, la inmensa mayoría de abusos jamás se denuncia ni mucho menos es sujeto de sanción. Es ahí precisamente en donde reside uno de los grandes obstáculos para el avance de la democracia y la igualdad de derechos para el mayoritario segmento de la población femenina.

El vil asesinato de dos niñas, capítulo estremecedor para cualquier persona decente, pone una vez más en evidencia la falta de protección de la niñez en Guatemala. Y entre esa niñez desprotegida, son las niñas las más vulnerables. En ellas se refleja la imposición del patrón patriarcal de esta sociedad, al remitirlas al último peldaño de la escala del valor humano. Porque ellas no solo sufren abuso y carecen de mecanismos legales efectivos para defenderse por ser menores, sino también experimentan la discriminación adicional por su condición femenina, socialmente desvalorizada y, por tanto, relegada a una posición de completa marginación.

Una de las medidas políticas más urgentes es un masivo ataque contra la criminalidad que tiene a la población en vilo. Pero no mediante ejecuciones extrajudiciales como sugieren algunos ciudadanos indignados, sino por medio de la investigación oportuna y la aplicación efectiva de la justicia. Si estos individuos supieran que les espera un castigo seguro, sin duda lo pensarían dos veces antes de cometer las atrocidades a las cuales ya se han habituado, tanto como se han habituado a la impunidad.

El miedo de esta sociedad se hace más y más evidente a medida que avanzan los días. Ya se levantan voces exigiendo la pena de muerte, sugiriendo linchamientos y otras medidas de violencia extrema a través de las cuales se percibe un profundo escepticismo sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad y de los administradores de justicia. La población ha dejado de creer en sus instituciones y ese constituye un portal propicio para la anarquía y las desviaciones oportunistas de los sectores de poder.

El miércoles fue un día aciago. No solo por los asesinatos de estas dos criaturas inocentes aun sin identificar, sino por el significado detrás del hecho mismo como una declaración de guerra, como la ratificación del poder supremo del crimen organizado sobre la vida y la muerte de la ciudadanía. 

(Publicado en Prensa Libre el 19/01/2013)

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