Perplejos y estupefactos

(Publicado el 28/03/2009)

Las declaraciones oficiales sobre la violencia han dejado a la población con una abrumadora sensación de incredulidad.

La rotunda afirmación de que “el Smiley”, un jovencito de 18 años, ha sido el único responsable de la jornada de violencia del martes pasado, parece una broma siniestra del ministro de Gobernación. Sin embargo, no lo es. De hecho, la actitud y las palabras del Presidente y de su ministro han dado la impresión de una absoluta falta de información y no responden a las exigencias de la población, cuya demanda de tomar medidas inmediatas está subiendo de tono.
En contraste con el discurso tibio y ambiguo de estos funcionarios, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala señala claramente la participación directa o indirecta de agentes estatales en ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de reclusos en las cárceles y operativos de limpieza social, y señala que los índices de violencia para un país oficialmente sin guerra, están entre los más altos del mundo.
En este escenario, con un aparato de justicia incapaz de contribuir de manera expedita a la resolución de casos y totalmente permeable a la corrupción, resulta incongruente pedir la prolongación del mandato de la CICIG, dado que las investigaciones de este ente continuarán estrellándose contra un muro de impunidad infranqueable.
La realidad es difícil de creer y aún más difícil de aceptar. La cifra de muertos aumenta, el temor de la población crece por extorsiones, asaltos, violaciones, secuestros y asesinatos con muestras de extrema crueldad, mientras políticos y autoridades aún discuten sobre la necesidad de un plan de seguridad que debería existir desde hace ya muchos años y el cual debió implementarse en los inicios de la actual administración, ya que fue su tema de campaña.
Después de transferir casi 300 millones de su presupuesto a otras dependencias con el argumento de que no los necesita, y luego de sus inaceptables declaraciones sobre el origen de los sucesos de violencia del martes pasado –el Smiley-, es incomprensible que el titular de Gobernación siga en el cargo. Incapaz de establecer el orden en las prisiones, desde donde se gestan los peores actos delictivos, y sin la capacidad de gestión para invertir los fondos de ese ministerio en la adquisición de equipo y la contratación y capacitación de personal, recursos indispensables para hacer frente a la criminalidad, nada tiene que hacer allí.
Echar la culpa a gobiernos pasados ya no es excusa. Tanto el Presidente como sus allegados han tenido incidencia durante años en la política local y suficiente tiempo para preparar un plan efectivo.

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