Esa vieja esclavitud

Entre las manifestaciones más claras del desprecio por el género femenino está la manera de abordar el tema del servicio doméstico.

Guatemala es uno de esos países donde aún existe el servicio doméstico casi como un derecho adquirido, sin regulación legal alguna, fuente de explotación laboral y de abuso físico y económico contra las mujeres cuya situación les impide tener acceso a otras fuentes de trabajo, principalmente porque jamás tuvieron acceso a la educación.
El tema de las regulaciones legales del trabajo doméstico, en Guatemala, es casi como discutir la legalización del aborto en una asamblea de fundamentalistas religiosos: casi imposible. Existe una resistencia atávica de un fuerte sector de la población cuyos ingresos les permiten conservar el privilegio de tener una empleada trabajando a tiempo completo por un sueldo de miseria, y no será fácil cambiar su visión de las cosas.
Uno de los mayores obstáculos lo constituye la grada socio económica entre patrones y empleadas, con toda la carga de menosprecio y discriminación que ello involucra. La mayoría de las mujeres trabajadoras en casas particulares pertenecen a la población indígena. Son jóvenes que emigraron hacia las ciudades en la búsqueda de mejores oportunidades para ganarse la vida y se encontraron, la mayoria de las veces, enfrentadas a una situación de dependencia y explotación fomentada por los altos índices de desempleo y la enorme competencia por encontrar una fuente de ingresos.
Obligadas a iniciar el día durante las primeras horas del alba y a mantenerse atenta a servir hasta que el último miembro de la familia decida lo contrario a avanzadas horas de la noche, la mayoría de trabajadoras recibe a cambio un sueldo inferior al mínimo fijado por ley.
Mantenido a capricho de la sociedad como una actividad informal, el servicio doméstico se ha convertido en una de las más humillantes formas de esclavitud para miles de mujeres cuyas limitadas opciones de supervivencia las someten a la aceptación forzada de unas condiciones de vida tan precarias como humillantes.
En este contexto, el maltrato contra la mujer toma una forma de convivencia natural e indiscutible. So pretexto de proporcionarles trabajo, casa y comida, sus patrones tranquilizan su conciencia ante las variadas forma de abuso a las cuales las someten de manera consuetudinaria.
Por supuesto, las excepciones existen y eso hace la regla. Sin embargo, el sólo hecho de comenzar a discutir recién en el siglo veintiuno el tema de las regulaciones laborales para este numeroso contingente de trabajadoras, demuestra lo poco que se las valora en el ámbito de la productividad y la generación de riqueza. En estos tiempos de búsqueda de la justicia y la equidad de género, es imperioso enderezar estos entuertos, resabios de la época colonial, y eliminar esta degradante forma de discriminación.

La ley no basta

Cuatrocientas mujeres asesinadas durante el primer semestre del año son la prueba palpable de que se requiere algo más que una ley para detener el femicidio.

El tema del femicidio ha pasado a tercer plano. Se desgastó por su recurrencia, tal como sucede con todo lo que se repite una y otra y otra vez, hasta que la conciencia se anestesia y deja de reaccionar ante la miseria humana. A las mujeres las torturan y las matan por ser mujeres, eso es un hecho. Y es parte de nuestra cultura, como las tortillas y los tamales.
Las 16 muertes violentas –entre hombres y mujeres- por día en promedio en el primer semestre del año, hacen que el femicidio pierda protagonismo y se confunda en el contexto de la criminalidad incontrolable que agobia a la ciudadanía. A los asesinatos hay que sumar los secuestros, las violaciones, las extorsiones, los asaltos a mano armada y un sinnúmero de otros delitos que se cometen a diario.
De acuerdo con investigaciones realizadas por la Fundación Myrna Mack, el Ministerio Público sólo presenta acusaciones ante un juez en el 3% de los casos y, de ese número irrisorio, pocos son los que llegan a una sentencia condenatoria. El hilo procesal de esa ínfima proporción de casos remata en un centro carcelario desde el cual, por medio de sobornos o amenazas, los reos tienen total libertad para continuar cometiendo fechorías.
En esta abrumadora inseguridad, los integrantes de las fuerzas del orden tienen una participación activa y creciente. Los cambios en Gobernación no han contribuido en nada a la estabilidad de esa cartera, la mayor responsable de contrarrestar la violencia en el país, y sus funcionarios han fracasado rotundamente en la tarea de integrar un cuerpo policial limpio de antecedentes, bien entrenado y capaz de inspirar confianza.
Por eso cuando se asesina a una mujer, nada sucede. Los casos quedan enterrados bajo toneladas de expedientes paralizados por la burocracia. La escena del crimen no se investiga, no se busca identificar a los culpables y el crimen simplemente se suma a otros en la lista de la impunidad. Si esto sucede con los asesinatos, a nadie puede extrañar que para fiscales y jueces, los casos de violaciones y de abuso contra las mujeres no pasen de ser hechos anecdóticos que apenas merecen un comentario sarcástico.
¿De qué sirven entonces los cacareados programas de cohesión social? ¿A quién benefician? ¿A una sociedad carente de líderes, de gobernantes capaces, de funcionarios honestos y eficientes? En Guatemala se requiere de un plan integral de desarrollo, una total reingeniería del aparato estatal con la depuración de toda la lacra acumulada durante las últimas décadas y no de campañas de autobombo que no involucran una voluntad real de transparentar el gasto público ni acabar con la anarquía.

La industria de la ponzoña

No hay presupuesto de publicidad capaz de sostener las mentiras y engañarlos a todos, todo el tiempo.

La minera Marlin, cuya instalación en Guatemala fue ferozmente defendida en su momento por los gobiernos canadiense y guatemalteco, está demostrando cómo sus operaciones constituyen un motor para el desarrollo, pero sólo para el de su propio crecimiento.
El informe elaborado por la Comisión Pastoral Paz y Ecología, presentado por monseñor Álvaro Ramazzini el jueves pasado, revela detalles de las graves repercusiones ambientales de esa decisión. En él se detalla el alto nivel de contaminación de los ríos Tzalá y Quivichil, los cuales son fuente de abastecimiento de agua para consumo humano y uso agrícola en la zona que rodea a la mina, lo cual contradice con pruebas el alegato de inocuidad en el permanente discurso mediático de los ejecutivos de Montana Exploradora.
Los contaminantes, entre ellos cobre, aluminio, arsénico, hierro, manganeso y nitrato alcanzan niveles superiores a los estándares permitidos por el Banco Mundial y por las instituciones de control ambiental de Canadá y Estados Unidos. Estas sustancias podrían aumentar de manera exponencial si en la presa de colas se produjera una fisura por la inestabilidad del terreno –es un país de terremotos- alguna falla en su construcción o el efecto residual de los ácidos que en ella se acumulan con el tiempo.
De manera casi simultánea a la presentación de este informe, se produjo una acción del ministro de Ambiente y Recursos Naturales para impedir la importación de cianuro de sodio por Montana Exploradora S. A., debido al adeudo de más de 12 millones de quetzales por haber realizado importaciones anteriores sin contar con la licencia ambiental respectiva.
Es decir, la compañía minera no sólo destruye lo que toca desde el punto de vista ambiental, lo cual es concomitante con la naturaleza de sus actividades de extracción y refinación de los metales, sino también intenta evadir el pago de ciertos tributos usando resquicios legales.
Las operaciones mineras no sólo traen consigo el envenenamiento de las fuentes de agua y las tierras circundantes, sus grandes intereses económicos también propician una cadena de favoritismos cuyo efecto es aumentar aún más los graves niveles de corrupción en el aparato del Estado. No importa qué digan sus relacionistas públicos, Montana Exploradora S. A. ha venido a extraer la riqueza del subsuelo a cambio de migajas para el erario nacional y la devastación de un gran trozo de territorio cuya vocación productiva pudo haber tenido una orientación más amigable con sus habitantes y mucho menos ponzoñosa.

Más allá del abandono

Puede ser cuestión de percepción, pero no parece posible rescatar a Guatemala de la espiral descendente que se la traga.

Para quienes viven en la capital es muy difícil visualizar en su conjunto la realidad del país. Los abismales contrastes entre ricos y pobres van mucho más allá de una comparación superficial y urbana entre los asentamientos en las laderas de los barrancos y las lujosas mansiones de La Cañada, aunque este ejemplo permita hacerse una idea de la diferencia de dos mundos que cohabitan sin tocarse, como si se cruzaran en un juego de espejos sin encontrarse jamás.
A la falta de programas destinados específicamente a reducir las desigualdades sociales y económicas mediante inversiones inteligentes con un carácter más permanente que transitorio, se suma la incapacidad del aparato estatal para hacer frente a los desafíos que plantea la ejecución del presupuesto. Carentes de técnicos y profesionales capacitados, las distintas dependencias –invadidas por amigos, parientes, compadres y acreedores de los funcionarios de turno- sólo sirven para satisfacer de manera temporal los deseos de riqueza y poder de un grupo de privilegiados. Y no hay ley que lo impida.
Los problemas de Guatemala son, por lo tanto, estructurales. El aparato político tiene una visión distorsionada de su papel y la sociedad no parece comprender aún su poder potencial para exigir el cumplimiento de las políticas públicas en los temas de mayor trascendencia, como educación y salud. Entonces, todo queda en manos de la dirigencia de los partidos políticos cuyos objetivos se alejan cada vez más de las metas de desarrollo nacional.
A esto se añaden las bien planificadas debilidades del sector justicia, las cuales no responden solamente a la incapacidad de sus integrantes, sino a una estrategia diseñada específicamente con el fin de hacerlo inoperante para beneficio de quienes durante décadas han aprovechado las ventajas de la impunidad. Esto demuestra que existe el talento suficiente para hacer funcionar la maquinaria, pero se encuentra enfocado en la dirección equivocada.
En este escenario, es poco lo que se puede esperar de ciertos programas muy publicitados que pretenden convencer a la población del interés del gobierno por satisfacer las necesidades de los más pobres. Para hacerlo creíble, tendrían que empezar por emprender acciones legales contra todos aquellos empresarios que durante años se han valido de su influencia para evadir miles de millones de dólares en impuestos, dejando toda la carga tributaria sobre los hombros de una clase media cada vez más empobrecida.
Para enderezar las cosas no basta con las intenciones, se necesita de una voluntad política y una fuerza nacionalista que aglutine a todos los sectores, con la clara conciencia de que será preciso hacer grandes sacrificios para salir de este agujero.

Educación de calidad

Es uno de los sueños de los ciudadanos conscientes. Saben del poder de la educación y quieren eso para su país.

De nada servirá la propaganda oficial sobre gratuidad en la educación si no se crean las condiciones para facilitar el acceso a niñas, niños y adolescentes mejor nutridos a escuelas bien equipadas, con maestros capacitados. No importa qué traten de aparentar los gobernantes cada vez que inauguran una obra, la realidad es que sólo cumplen –poco y mal- con su mandato constitucional y no es un arrebato de generosa solidaridad.
La propaganda oficial es engañosa y las obras realizadas por un gobierno no son más que la continuación de planes ya iniciados por otros. Claro es que hay excepciones, pero en lo que va del período democrático, esas excepciones por lo general también implican una cadena bien montada de actos de corrupción en la contratación de empresas fantasma, pagos de comisiones y otra serie de irregularidades que convierten a esas obras en una fuente de enriquecimiento ilícito y no en un paso hacia el desarrollo.
Cada vez que se aborda el tema de la educación –y esto sucede antes de cada proceso electoral-, la ciudadanía ha sido testigo del estado lamentable en que se encuentra la casi totalidad de la infraestructura educativa del país, pero también de los obstáculos burocráticos ante la posibilidad de una reestructuración y actualización de los programas educativos. En el caso de la infraestructura, es recurrente la imagen de niñas y niños sentados en blocks de cemento, recibiendo clases en pasillos porque las aulas son inhabitables, sin servicios sanitarios y carentes de una alimentación adecuada a sus necesidades nutricionales
Es evidente que para proporcionar una educación de calidad se necesita elevar el nivel de los contenidos en el pensum con un programa equivalente de capacitación para maestros, pero también es preciso ir a la base de todo: la precaria calidad de vida de esas niñas y niños, quienes muchas veces están obligados a trabajar al salir de la escuela para contribuir a la economía familiar y carecen de la atención básica que les garantice un desarrollo físico y mental saludable.
Si la situación es difícil para la población infantil en los centros urbanos, para quienes viven en aldeas y caseríos es aún peor. En esos casos, el trabajo infantil es prácticamente la norma y la asistencia a la escuela está condicionada al cumplimiento de otras obligaciones, siendo las niñas quienes tienen menos acceso al estudio.
Las organizaciones de la sociedad civil tienen el derecho y el deber de exigir al gobierno el incremento sustancial del presupuesto destinado a la educación, uno de los más bajos de la región. Sin embargo, deben demandar también la ejecución correcta de esos fondos, fiscalizar su distribución y generar, de este modo, un cambio sustancial en las condiciones de abandono en las cuales se encuentra la niñez guatemalteca.

El gran fiasco

El Presidente lo dijo: “no fue fuga de información, sino una falla de inteligencia” y probablemente tenía razón.

El show fue digno de una cobertura de CNN. Dos helicópteros Chinook y 5 Black Hawk llenos de G.I.Joe armados hasta las cejas, más un nutrido contingente local integrado por elementos del Ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público invadieron con todo su poder las mansiones zacapanecas de los Lorenzana, sólo para constatar que viven como monarcas africanos, rodeados de lujo, guardaespaldas y armas convenientemente registradas de acuerdo a la ley.
Pero los hombres buscados por la DEA no estaban en casa. Buenos ciudadanos, habían salido a realizar sus labores diarias como honrados empresarios que son, según se desprende de las declaraciones de uno de ellos, el único que no tiene orden de detención. Así es que a los helicópteros, G.I.Joes, soldados, policías y fiscales no les quedó más que retirarse cabizbajos y avergonzados por su sonado fracaso, lamentándose de haber convocado a la prensa, la cual publicó el fiasco en grandes titulares.
Varios días después del intento de captura de estos magnates orientales, uno de los temas que no parece despertar curiosidad es cuál habría sido el epílogo de la historia si la aventura hubiera tenido el éxito esperado. ¿Habrían sido entregados directamente a la DEA para ser juzgados en Estados Unidos? ¿Ya se dio curso a la solicitud de extradición o el trámite simplemente se obvia para garantizar que no se les escapen de las cárceles guatemaltecas?
Mientras el gobierno trata de aminorar el golpe a su imagen tratando de justificar este sonado fracaso, surge otro escándalo que también involucra al narcotráfico y a las autoridades, con la desaparición de 300 mil dólares en otra requisa, en la cual estaría involucrado nada menos que el nuevo director de la PNC y/o alguno de sus subalternos. Tampoco olvidemos que está en el aire el tema del hallazgo de un suculento paquete de 590 mil dólares en un automóvil BMW, los que poco después resultaron ser algo así como 1 millón y medio. En conclusión, hay casi un millón de dólares adicionales desaparecidos por arte de magia en los bolsillos de algunos elementos uniformados.
Habida cuenta de tan extrañas formas de realizar el trabajo para acabar con las redes del narcotráfico, es dable suponer que esas organizaciones no sólo se afanan en la decoración rococó de sus mansiones, sino también tienen la habilidad y la inteligencia para prever cualquier amenaza en su contra, aceitando de manera constante y generosa los mecanismos de seguridad del Estado y de administración de justicia.
Por lo tanto, hay que coincidir con el mandatario guatemalteco en que aquí hubo una seria falla de inteligencia. De otro modo, Guatemala no estaría en la situación actual.

Agenda noticiosa

Es preciso insistir en la calidad institucional de los medios de comunicación, su responsabilidad social y su papel en la democracia.

Recuerdo una antigua campaña publicitaria del directorio telefónico que decía “si no estás en nuestras páginas, es porque no existes”. Lo mismo sucede con los acontecimientos que afectan la vida de la sociedad. Si no se ventilan a través de los medios, es como si nunca hubieran sucedido y entonces, al pasar inadvertidos para las mayorías, quedan en la total oscuridad.
Así era la vida durante las crueles dictaduras militares. Como la prensa estaba controlada por medio de atentados, asesinatos, secuestros y amenazas, las masacres y otros actos de barbarie, al no ser publicados y a veces ni siquiera investigados, eran desconocidos por el grueso de la población y de esa forma muchas personas llegaban a convencerse de que vivían en un paraíso de seguridad. Aquella ignorancia, que en esos tiempos de represión tenía alguna justificación, en época de democracia no tiene ninguna. La libertad de prensa es un derecho y un deber: el derecho de la ciudadanía a ser informada y el deber de la prensa de informar.
Es evidente que cada medio tiene su propia agenda noticiosa. Unos dan más espacio que otros a determinados temas y seleccionan de una manera particular sus prioridades. Sin embargo, existen ciertos tópicos a los cuales les ha costado décadas llegar a ocupar un espacio en esa agenda. Por ejemplo, los temas de género y los conflictos sociales –en especial cuando se trata de la tenencia de tierras o la defensa de las áreas protegidas- han recorrido mucho camino para ser tomados en cuenta como parte del entorno político y social de Guatemala y aún no logran su lugar entre las prioridades.
Debemos ser curiosos y exigir más de esos medios que tienen la obligación de informarnos. Guatemala no es sólo una capital repleta de centros comerciales y cafés boutique. Es mucho más que eso, es un territorio poblado por seres humanos cuyas carencias o logros sólo llaman la atención periodística cuando hay asesinatos, linchamientos o accidentes mortales. La prensa es uno de los pilares fundamentales de la democracia precisamente por su poder de denunciar, de poner a disposición de todos la información a la cual no tienen acceso; tiene esa virtud de acercar a las distintas comunidades para conectarlas y generar, de ese modo, un cierto espíritu de conjunto.
La increíble segmentación de este país, cuyos habitantes llevan más de 500 años lidiando con una identidad dividida en una sociedad que difícilmente reconoce sus hermandades históricas, ha sido uno de los mayores obstáculos para salir del subdesarrollo. En este aspecto, el papel de un periodismo responsable e incluyente es crucial y puede marcar una enorme diferencia para el futuro del país.