Day: August 8, 2009

Entre las manifestaciones más claras del desprecio por el género femenino está la manera de abordar el tema del servicio doméstico.

Guatemala es uno de esos países donde aún existe el servicio doméstico casi como un derecho adquirido, sin regulación legal alguna, fuente de explotación laboral y de abuso físico y económico contra las mujeres cuya situación les impide tener acceso a otras fuentes de trabajo, principalmente porque jamás tuvieron acceso a la educación.
El tema de las regulaciones legales del trabajo doméstico, en Guatemala, es casi como discutir la legalización del aborto en una asamblea de fundamentalistas religiosos: casi imposible. Existe una resistencia atávica de un fuerte sector de la población cuyos ingresos les permiten conservar el privilegio de tener una empleada trabajando a tiempo completo por un sueldo de miseria, y no será fácil cambiar su visión de las cosas.
Uno de los mayores obstáculos lo constituye la grada socio económica entre patrones y empleadas, con toda la carga de menosprecio y discriminación que ello involucra. La mayoría de las mujeres trabajadoras en casas particulares pertenecen a la población indígena. Son jóvenes que emigraron hacia las ciudades en la búsqueda de mejores oportunidades para ganarse la vida y se encontraron, la mayoria de las veces, enfrentadas a una situación de dependencia y explotación fomentada por los altos índices de desempleo y la enorme competencia por encontrar una fuente de ingresos.
Obligadas a iniciar el día durante las primeras horas del alba y a mantenerse atenta a servir hasta que el último miembro de la familia decida lo contrario a avanzadas horas de la noche, la mayoría de trabajadoras recibe a cambio un sueldo inferior al mínimo fijado por ley.
Mantenido a capricho de la sociedad como una actividad informal, el servicio doméstico se ha convertido en una de las más humillantes formas de esclavitud para miles de mujeres cuyas limitadas opciones de supervivencia las someten a la aceptación forzada de unas condiciones de vida tan precarias como humillantes.
En este contexto, el maltrato contra la mujer toma una forma de convivencia natural e indiscutible. So pretexto de proporcionarles trabajo, casa y comida, sus patrones tranquilizan su conciencia ante las variadas forma de abuso a las cuales las someten de manera consuetudinaria.
Por supuesto, las excepciones existen y eso hace la regla. Sin embargo, el sólo hecho de comenzar a discutir recién en el siglo veintiuno el tema de las regulaciones laborales para este numeroso contingente de trabajadoras, demuestra lo poco que se las valora en el ámbito de la productividad y la generación de riqueza. En estos tiempos de búsqueda de la justicia y la equidad de género, es imperioso enderezar estos entuertos, resabios de la época colonial, y eliminar esta degradante forma de discriminación.

Cuatrocientas mujeres asesinadas durante el primer semestre del año son la prueba palpable de que se requiere algo más que una ley para detener el femicidio.

El tema del femicidio ha pasado a tercer plano. Se desgastó por su recurrencia, tal como sucede con todo lo que se repite una y otra y otra vez, hasta que la conciencia se anestesia y deja de reaccionar ante la miseria humana. A las mujeres las torturan y las matan por ser mujeres, eso es un hecho. Y es parte de nuestra cultura, como las tortillas y los tamales.
Las 16 muertes violentas –entre hombres y mujeres- por día en promedio en el primer semestre del año, hacen que el femicidio pierda protagonismo y se confunda en el contexto de la criminalidad incontrolable que agobia a la ciudadanía. A los asesinatos hay que sumar los secuestros, las violaciones, las extorsiones, los asaltos a mano armada y un sinnúmero de otros delitos que se cometen a diario.
De acuerdo con investigaciones realizadas por la Fundación Myrna Mack, el Ministerio Público sólo presenta acusaciones ante un juez en el 3% de los casos y, de ese número irrisorio, pocos son los que llegan a una sentencia condenatoria. El hilo procesal de esa ínfima proporción de casos remata en un centro carcelario desde el cual, por medio de sobornos o amenazas, los reos tienen total libertad para continuar cometiendo fechorías.
En esta abrumadora inseguridad, los integrantes de las fuerzas del orden tienen una participación activa y creciente. Los cambios en Gobernación no han contribuido en nada a la estabilidad de esa cartera, la mayor responsable de contrarrestar la violencia en el país, y sus funcionarios han fracasado rotundamente en la tarea de integrar un cuerpo policial limpio de antecedentes, bien entrenado y capaz de inspirar confianza.
Por eso cuando se asesina a una mujer, nada sucede. Los casos quedan enterrados bajo toneladas de expedientes paralizados por la burocracia. La escena del crimen no se investiga, no se busca identificar a los culpables y el crimen simplemente se suma a otros en la lista de la impunidad. Si esto sucede con los asesinatos, a nadie puede extrañar que para fiscales y jueces, los casos de violaciones y de abuso contra las mujeres no pasen de ser hechos anecdóticos que apenas merecen un comentario sarcástico.
¿De qué sirven entonces los cacareados programas de cohesión social? ¿A quién benefician? ¿A una sociedad carente de líderes, de gobernantes capaces, de funcionarios honestos y eficientes? En Guatemala se requiere de un plan integral de desarrollo, una total reingeniería del aparato estatal con la depuración de toda la lacra acumulada durante las últimas décadas y no de campañas de autobombo que no involucran una voluntad real de transparentar el gasto público ni acabar con la anarquía.

No hay presupuesto de publicidad capaz de sostener las mentiras y engañarlos a todos, todo el tiempo.

La minera Marlin, cuya instalación en Guatemala fue ferozmente defendida en su momento por los gobiernos canadiense y guatemalteco, está demostrando cómo sus operaciones constituyen un motor para el desarrollo, pero sólo para el de su propio crecimiento.
El informe elaborado por la Comisión Pastoral Paz y Ecología, presentado por monseñor Álvaro Ramazzini el jueves pasado, revela detalles de las graves repercusiones ambientales de esa decisión. En él se detalla el alto nivel de contaminación de los ríos Tzalá y Quivichil, los cuales son fuente de abastecimiento de agua para consumo humano y uso agrícola en la zona que rodea a la mina, lo cual contradice con pruebas el alegato de inocuidad en el permanente discurso mediático de los ejecutivos de Montana Exploradora.
Los contaminantes, entre ellos cobre, aluminio, arsénico, hierro, manganeso y nitrato alcanzan niveles superiores a los estándares permitidos por el Banco Mundial y por las instituciones de control ambiental de Canadá y Estados Unidos. Estas sustancias podrían aumentar de manera exponencial si en la presa de colas se produjera una fisura por la inestabilidad del terreno –es un país de terremotos- alguna falla en su construcción o el efecto residual de los ácidos que en ella se acumulan con el tiempo.
De manera casi simultánea a la presentación de este informe, se produjo una acción del ministro de Ambiente y Recursos Naturales para impedir la importación de cianuro de sodio por Montana Exploradora S. A., debido al adeudo de más de 12 millones de quetzales por haber realizado importaciones anteriores sin contar con la licencia ambiental respectiva.
Es decir, la compañía minera no sólo destruye lo que toca desde el punto de vista ambiental, lo cual es concomitante con la naturaleza de sus actividades de extracción y refinación de los metales, sino también intenta evadir el pago de ciertos tributos usando resquicios legales.
Las operaciones mineras no sólo traen consigo el envenenamiento de las fuentes de agua y las tierras circundantes, sus grandes intereses económicos también propician una cadena de favoritismos cuyo efecto es aumentar aún más los graves niveles de corrupción en el aparato del Estado. No importa qué digan sus relacionistas públicos, Montana Exploradora S. A. ha venido a extraer la riqueza del subsuelo a cambio de migajas para el erario nacional y la devastación de un gran trozo de territorio cuya vocación productiva pudo haber tenido una orientación más amigable con sus habitantes y mucho menos ponzoñosa.

Puede ser cuestión de percepción, pero no parece posible rescatar a Guatemala de la espiral descendente que se la traga.

Para quienes viven en la capital es muy difícil visualizar en su conjunto la realidad del país. Los abismales contrastes entre ricos y pobres van mucho más allá de una comparación superficial y urbana entre los asentamientos en las laderas de los barrancos y las lujosas mansiones de La Cañada, aunque este ejemplo permita hacerse una idea de la diferencia de dos mundos que cohabitan sin tocarse, como si se cruzaran en un juego de espejos sin encontrarse jamás.
A la falta de programas destinados específicamente a reducir las desigualdades sociales y económicas mediante inversiones inteligentes con un carácter más permanente que transitorio, se suma la incapacidad del aparato estatal para hacer frente a los desafíos que plantea la ejecución del presupuesto. Carentes de técnicos y profesionales capacitados, las distintas dependencias –invadidas por amigos, parientes, compadres y acreedores de los funcionarios de turno- sólo sirven para satisfacer de manera temporal los deseos de riqueza y poder de un grupo de privilegiados. Y no hay ley que lo impida.
Los problemas de Guatemala son, por lo tanto, estructurales. El aparato político tiene una visión distorsionada de su papel y la sociedad no parece comprender aún su poder potencial para exigir el cumplimiento de las políticas públicas en los temas de mayor trascendencia, como educación y salud. Entonces, todo queda en manos de la dirigencia de los partidos políticos cuyos objetivos se alejan cada vez más de las metas de desarrollo nacional.
A esto se añaden las bien planificadas debilidades del sector justicia, las cuales no responden solamente a la incapacidad de sus integrantes, sino a una estrategia diseñada específicamente con el fin de hacerlo inoperante para beneficio de quienes durante décadas han aprovechado las ventajas de la impunidad. Esto demuestra que existe el talento suficiente para hacer funcionar la maquinaria, pero se encuentra enfocado en la dirección equivocada.
En este escenario, es poco lo que se puede esperar de ciertos programas muy publicitados que pretenden convencer a la población del interés del gobierno por satisfacer las necesidades de los más pobres. Para hacerlo creíble, tendrían que empezar por emprender acciones legales contra todos aquellos empresarios que durante años se han valido de su influencia para evadir miles de millones de dólares en impuestos, dejando toda la carga tributaria sobre los hombros de una clase media cada vez más empobrecida.
Para enderezar las cosas no basta con las intenciones, se necesita de una voluntad política y una fuerza nacionalista que aglutine a todos los sectores, con la clara conciencia de que será preciso hacer grandes sacrificios para salir de este agujero.

Es uno de los sueños de los ciudadanos conscientes. Saben del poder de la educación y quieren eso para su país.

De nada servirá la propaganda oficial sobre gratuidad en la educación si no se crean las condiciones para facilitar el acceso a niñas, niños y adolescentes mejor nutridos a escuelas bien equipadas, con maestros capacitados. No importa qué traten de aparentar los gobernantes cada vez que inauguran una obra, la realidad es que sólo cumplen –poco y mal- con su mandato constitucional y no es un arrebato de generosa solidaridad.
La propaganda oficial es engañosa y las obras realizadas por un gobierno no son más que la continuación de planes ya iniciados por otros. Claro es que hay excepciones, pero en lo que va del período democrático, esas excepciones por lo general también implican una cadena bien montada de actos de corrupción en la contratación de empresas fantasma, pagos de comisiones y otra serie de irregularidades que convierten a esas obras en una fuente de enriquecimiento ilícito y no en un paso hacia el desarrollo.
Cada vez que se aborda el tema de la educación –y esto sucede antes de cada proceso electoral-, la ciudadanía ha sido testigo del estado lamentable en que se encuentra la casi totalidad de la infraestructura educativa del país, pero también de los obstáculos burocráticos ante la posibilidad de una reestructuración y actualización de los programas educativos. En el caso de la infraestructura, es recurrente la imagen de niñas y niños sentados en blocks de cemento, recibiendo clases en pasillos porque las aulas son inhabitables, sin servicios sanitarios y carentes de una alimentación adecuada a sus necesidades nutricionales
Es evidente que para proporcionar una educación de calidad se necesita elevar el nivel de los contenidos en el pensum con un programa equivalente de capacitación para maestros, pero también es preciso ir a la base de todo: la precaria calidad de vida de esas niñas y niños, quienes muchas veces están obligados a trabajar al salir de la escuela para contribuir a la economía familiar y carecen de la atención básica que les garantice un desarrollo físico y mental saludable.
Si la situación es difícil para la población infantil en los centros urbanos, para quienes viven en aldeas y caseríos es aún peor. En esos casos, el trabajo infantil es prácticamente la norma y la asistencia a la escuela está condicionada al cumplimiento de otras obligaciones, siendo las niñas quienes tienen menos acceso al estudio.
Las organizaciones de la sociedad civil tienen el derecho y el deber de exigir al gobierno el incremento sustancial del presupuesto destinado a la educación, uno de los más bajos de la región. Sin embargo, deben demandar también la ejecución correcta de esos fondos, fiscalizar su distribución y generar, de este modo, un cambio sustancial en las condiciones de abandono en las cuales se encuentra la niñez guatemalteca.

El Presidente lo dijo: “no fue fuga de información, sino una falla de inteligencia” y probablemente tenía razón.

El show fue digno de una cobertura de CNN. Dos helicópteros Chinook y 5 Black Hawk llenos de G.I.Joe armados hasta las cejas, más un nutrido contingente local integrado por elementos del Ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público invadieron con todo su poder las mansiones zacapanecas de los Lorenzana, sólo para constatar que viven como monarcas africanos, rodeados de lujo, guardaespaldas y armas convenientemente registradas de acuerdo a la ley.
Pero los hombres buscados por la DEA no estaban en casa. Buenos ciudadanos, habían salido a realizar sus labores diarias como honrados empresarios que son, según se desprende de las declaraciones de uno de ellos, el único que no tiene orden de detención. Así es que a los helicópteros, G.I.Joes, soldados, policías y fiscales no les quedó más que retirarse cabizbajos y avergonzados por su sonado fracaso, lamentándose de haber convocado a la prensa, la cual publicó el fiasco en grandes titulares.
Varios días después del intento de captura de estos magnates orientales, uno de los temas que no parece despertar curiosidad es cuál habría sido el epílogo de la historia si la aventura hubiera tenido el éxito esperado. ¿Habrían sido entregados directamente a la DEA para ser juzgados en Estados Unidos? ¿Ya se dio curso a la solicitud de extradición o el trámite simplemente se obvia para garantizar que no se les escapen de las cárceles guatemaltecas?
Mientras el gobierno trata de aminorar el golpe a su imagen tratando de justificar este sonado fracaso, surge otro escándalo que también involucra al narcotráfico y a las autoridades, con la desaparición de 300 mil dólares en otra requisa, en la cual estaría involucrado nada menos que el nuevo director de la PNC y/o alguno de sus subalternos. Tampoco olvidemos que está en el aire el tema del hallazgo de un suculento paquete de 590 mil dólares en un automóvil BMW, los que poco después resultaron ser algo así como 1 millón y medio. En conclusión, hay casi un millón de dólares adicionales desaparecidos por arte de magia en los bolsillos de algunos elementos uniformados.
Habida cuenta de tan extrañas formas de realizar el trabajo para acabar con las redes del narcotráfico, es dable suponer que esas organizaciones no sólo se afanan en la decoración rococó de sus mansiones, sino también tienen la habilidad y la inteligencia para prever cualquier amenaza en su contra, aceitando de manera constante y generosa los mecanismos de seguridad del Estado y de administración de justicia.
Por lo tanto, hay que coincidir con el mandatario guatemalteco en que aquí hubo una seria falla de inteligencia. De otro modo, Guatemala no estaría en la situación actual.

Es preciso insistir en la calidad institucional de los medios de comunicación, su responsabilidad social y su papel en la democracia.

Recuerdo una antigua campaña publicitaria del directorio telefónico que decía “si no estás en nuestras páginas, es porque no existes”. Lo mismo sucede con los acontecimientos que afectan la vida de la sociedad. Si no se ventilan a través de los medios, es como si nunca hubieran sucedido y entonces, al pasar inadvertidos para las mayorías, quedan en la total oscuridad.
Así era la vida durante las crueles dictaduras militares. Como la prensa estaba controlada por medio de atentados, asesinatos, secuestros y amenazas, las masacres y otros actos de barbarie, al no ser publicados y a veces ni siquiera investigados, eran desconocidos por el grueso de la población y de esa forma muchas personas llegaban a convencerse de que vivían en un paraíso de seguridad. Aquella ignorancia, que en esos tiempos de represión tenía alguna justificación, en época de democracia no tiene ninguna. La libertad de prensa es un derecho y un deber: el derecho de la ciudadanía a ser informada y el deber de la prensa de informar.
Es evidente que cada medio tiene su propia agenda noticiosa. Unos dan más espacio que otros a determinados temas y seleccionan de una manera particular sus prioridades. Sin embargo, existen ciertos tópicos a los cuales les ha costado décadas llegar a ocupar un espacio en esa agenda. Por ejemplo, los temas de género y los conflictos sociales –en especial cuando se trata de la tenencia de tierras o la defensa de las áreas protegidas- han recorrido mucho camino para ser tomados en cuenta como parte del entorno político y social de Guatemala y aún no logran su lugar entre las prioridades.
Debemos ser curiosos y exigir más de esos medios que tienen la obligación de informarnos. Guatemala no es sólo una capital repleta de centros comerciales y cafés boutique. Es mucho más que eso, es un territorio poblado por seres humanos cuyas carencias o logros sólo llaman la atención periodística cuando hay asesinatos, linchamientos o accidentes mortales. La prensa es uno de los pilares fundamentales de la democracia precisamente por su poder de denunciar, de poner a disposición de todos la información a la cual no tienen acceso; tiene esa virtud de acercar a las distintas comunidades para conectarlas y generar, de ese modo, un cierto espíritu de conjunto.
La increíble segmentación de este país, cuyos habitantes llevan más de 500 años lidiando con una identidad dividida en una sociedad que difícilmente reconoce sus hermandades históricas, ha sido uno de los mayores obstáculos para salir del subdesarrollo. En este aspecto, el papel de un periodismo responsable e incluyente es crucial y puede marcar una enorme diferencia para el futuro del país.

La ciudadanía se ejerce no sólo con acciones puntuales como elección de autoridades, también es una forma de vida y participación social.

En estos días se ha debatido ampliamente el tema de la elección de integrantes para las Comisiones de Postulación, pero podría apostar a que muy pocos ciudadanos comprenden a fondo cuáles son las implicaciones de este hecho y, menos aún, quienes se interesan por conocer todos los detalles.
Esta apatía colectiva tiene su origen en el elevado nivel de escepticismo que priva en la sociedad cuando se menciona cualquier proceso político-institucional. Y no es para menos si el proceso involucra al sector justicia, uno de los más señalados por corrupción y falta de profesionalismo dentro de las estructuras de gobierno.
Con esto volvemos al tema de la necesidad de impulsar una total reingeniería de la función pública, tal y como sugiere el Informe Barómetro, presentado por el Plan Regional para fortalecimiento y profesionalización de los servicios civiles y función pública en Centro América y República Dominicana. Este informe deja en evidencia las deficiencias de todos los países de la región en sus estructuras burocráticas, con excepción de Costa Rica, y señala los progresos alcanzados por República Dominicana gracias a la aprobación de una nueva ley que regula esta materia.
Las precarias condiciones en las cuales funciona el sector justicia, por lo tanto, son otra de las consecuencias de un pobre concepto de la importancia de contar con un sistema estricto y bien diseñado de elección de funcionarios para todas las posiciones del escalafón, cuya oportunidad de hacer carrera esté garantizada por la calidad de su trabajo y la solidez de sus valores como factores clave de su estabilidad laboral, y no estén sujetos a la amenaza del clientelismo y la politización de los cuadros administrativos.
Este punto, vital para construir un verdadero estado de Derecho capaz de sostener el proceso democrático, también es mencionado por el doctor José Antonio Martín, de la Comisión Internacional de Juristas. En otros aspectos, el experto también insiste en la importancia de involucrar a la ciudadanía como ente activo en los procesos de administración de justicia, remarcando que “un abogado que pretenda que no debe rendir cuentas frente a la sociedad, (…) está un poco desorientado dentro de la democracia”.
En suma, tanto la profesionalización de la función pública como el involucramiento activo de la sociedad en la fiscalización de los procesos que garanticen la transparencia de esta función, constituyen ejes fundamentales para la recuperación de la credibilidad en las instituciones del Estado.

La fragilidad del ser humano lo expone constantemente a la pérdida de sus capacidades físicas o intelectuales.

En el proceso de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, sobresale la carencia absoluta de información y experimentación respecto a las limitaciones físicas o intelectuales a las cuales todos estamos expuestos. No digamos la injustificable ausencia de facilidades para personas discapacitadas en la infraestructura de los centros urbanos con sus colonias residenciales, condominios, edificios públicos y privados, calles y transporte público diseñados y construídos de tal manera, que en ellos una persona con problemas de movilidad o incapacidad visual enfrenta un medio absolutamente hostil.
Esta falta de empatía hacia las personas con limitaciones físicas parece una reacción de rechazo a la posibilidad de que algo así le suceda a uno mismo. Sin embargo, vivimos en un país cuyas características nos colocan a diario en situación de riesgo extremo de sufrir lesiones incapacitantes. Para ello, basta con cuantificar las consecuencias de los accidentes viales, la mayoría de ellos provocados por la circulación de vehículos en condiciones de alto riesgo y la falta de controles en la capacitación de los pilotos, tanto en el transporte personal como en el colectivo.
Cualquier día, en cualquier lugar, podemos sufrir un asalto a mano armada que nos deje parapléjicos o con alguna lesión incapacitante que implique un cambio total de nuestra forma de vida. Por supuesto, la posibilidad nos es ajena hasta cuando enfrentamos la realidad de sus implicaciones. Sin embargo, esa cierta conciencia de la amenaza presente en nuestro medio no es suficiente para volvernos solidarios ante el calvario de quienes ya se encuentran en una situación de desventaja y deben lidiar a diario con severos obstáculos en cada momento de su vida.
El aparato gubernamental ha resultado ciego y sordo a las demandas de organizaciones dedicadas a defender los derechos de las personas con limitaciones físicas. Se ha planteado en infinidad de ocasiones la necesidad de adecuar aceras, semáforos, acceso a edificios y al transporte público a los requerimientos de quienes usan sillas de ruedas, muletas o perros lazarillos.
A pesar de ello, las municipalidades parecen no comprender que existe un derecho de la ciudadanía a tener un ambiente urbano amigable con las capacidades humanas, incluidos quienes sufren limitaciones por problemas congénitos, accidentes o lesiones. Este tema no debe seguir pospuesto con excusas económicas, porque en un país con los niveles de violencia y anarquía que imperan en Guatemala, estamos todos expuestos a experimentar la pérdida de alguna capacidad física y nadie merece ser discriminado en su propio país ni volverse un recluso de por vida, por no contar con el apoyo mínimo que merece su condición.

Existe la peligrosa tendencia a menospreciar la importancia de la función pública en el desarrollo del país.

Ha sido un trabajo de relojería. Preciso hasta en el menor de los detalles, con una perfecta sincronía con el devenir político. Me refiero a la cuidadosa estrategia de los gobiernos del periodo democrático, los cuales -sin excepción- han logrado desmantelar el complejo engranaje de la burocracia estatal para convertirla en un recurso de uso personal en el pago de deudas políticas, para ubicar a personas de confianza en puestos clave con miras a encubrir actos de corrupción y, en algunos casos recientes, simplemente con la intención de debilitarla como mecanismo de consolidación del poder económico en el sector privado.
Las consecuencias de estas tácticas, no obstante su enorme incidencia en la calidad de vida de la población, han sido casi ignoradas por los medios de comunicación y la sociedad civil organizada. El estado lamentable en el cual se encuentra la estructura burocrática del Estado y el enorme desafío que implica reconstruir el tejido funcional del servicio civil para que sea capaz de dar soporte a las políticas públicas de manera eficaz y eficiente, constituye uno de los grandes obstáculos en el desarrollo nacional.
Esto no es pura teoría. Basta imaginar un Estado sólido, con instituciones administradas por funcionarios de carrera, cuya estabilidad laboral no dependa de la pertenencia a un partido político ni de la amistad con un funcionario electo. Es decir, un sistema burocrático diseñado y construído para servir de vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, y no para transformarse en una herramienta que ampare toda clase de abusos de poder, tal como es actualmente.
El desprestigio que rodea a la imagen de los funcionarios estatales no es necesariamente parte de la naturaleza de la función pública. Ha sido el resultado de décadas de abandono de la compleja ingeniería del sistema, del uso inmoderado de la discrecionalidad en la elección de empleados para puestos de responsabilidad, la falta de planes de capacitación y profesionalización que permitan ir avanzando en la calidad del servicio a la sociedad en todas las dependencias públicas, pero sobre todo del silencio que ha rodeado a este sector en cuyas manos se encuentra una buena parte de los recursos que hacen posible el avance de los planes de desarrollo y la correcta aplicación de las políticas públicas.
Hay que poner más atención a las estrategias perversas de debilitamiento del aparato estatal. No hay que creer en las supuestas ventajas de una reducción del Estado. En el mundo no existe país desarrollado sin un Estado fuerte, bien estructurado y capaz de hacer respetar los límites marcados por la ley a los derechos y obligaciones de cada uno de los sectores que componen el tejido político, social y productivo de una Nación.

Oportuna y necesaria decisión de las organizaciones civiles, al unirse para defender el estado de derecho.

Pocos avances se van a lograr en la lucha contra la impunidad y la corrupción, si las fuerzas civiles no se unen en acciones coordinadas para presionar a las instituciones a actuar dentro del marco de la ley. Por ello, el acto realizado el pasado jueves en el cual 38 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su apoyo a la CICIG, reviste una especial importancia, sobre todo tomando en cuenta los peligrosos aires golpistas que se respiran en el vecindario.
Con esta acción, la CICIG ha recibido un respaldo valioso en su misión de determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar con el Estado en la desarticulación de dichos cuerpos y recomendar políticas públicas para erradicarlos y prevenir su reorganización.
Estas estructuras ilegales han sido el factor determinante en la crítica situación en que se encuentra el país en términos de seguridad ciudadana. Sus estrategias han promovido una inconcebible permisividad del Estado frente a los operativos de los carteles del narcotráfico y por medio de amenazas y sobornos han incidido directamente en la falta de eficacia de las investigaciones y la persecución penal de los culpables.
Guatemala ha sufrido un debilitamiento progresivo de su capacidad de reacción frente al crimen organizado, el cual ha tenido todo el espacio y la ayuda oficial y no oficial para entronizarse en instituciones y partidos políticos, desde los cuales opera con total impunidad. El sistema financiero y productivo del país tampoco se ha conservado indemne ante esta acometida frontal y se ha vuelto permeable a toda clase de operaciones de lavado de dinero proveniente de las redes internacionales del tráfico de drogas.
Este apoyo a la CICIG manifestado por diversas organizaciones de la sociedad civil se contrapone de manera radical a los intentos del ex presidente Portillo y de otros personajes de la política local quienes intentan descalificar su actuación en Guatemala para sacudírsela de encima y salir indemnes de serias acusaciones de corrupción y otros delitos.
Sin embargo, es importante subrayar que la conformación de un bloque de entidades defensoras de derechos humanos, grupos religiosos, organizaciones campesinas, de jóvenes, de mujeres y otras que integran este frente de apoyo, por contundente que parezca, no será suficiente para neutralizar el deterioro de la situación de impunidad que predomina en Guatemala mientras no se sume a él el resto de la sociedad –organizada o dispersa- para enviar un mensaje rotundo de rechazo a los abusos y a la corrupción.

Sobre Centro América se cierne la amenaza golpista por la insensatez de políticos inmaduros que olvidan el valor elemental del consenso.

Algunos líderes de izquierda actúan como si tuvieran el derecho de romper las normas establecidas por la Constitución y las leyes, al igual como los grupos de derecha creen ser dueños de sus países por el solo hecho de haber dominado la política desde la época colonial. Esta pugna insensata resta fuerza y legitimidad a las plataformas reformistas que buscan un sistema democrático justo y participativo, el cual jamás se va a lograr si los políticos y gobernantes no se apegan a las leyes y buscan consensos dentro de su marco constitucional.
En esta última semana hemos presenciado una lucha ciega entre contrincantes políticos que sostienen una pugna cerrada de intereses particulares. Por un lado está Chávez y sus discípulos, por el otro los movimientos de extrema derecha que ven en los golpes de Estado la herramienta ideal para perpetuar sus privilegios.
De este modo, América Latina está escenificando su propia versión de la Guerra Fría en un estilo ramplón, con un total desprecio por los límites que dicta la razón y con una codicia por el poder político y económico que vuelve aún más inaccesible cualquier acuerdo social que reduzca el abismo entre ricos y pobres.
Las decisiones, entonces, se centran en consolidar sus propias cuotas de poder y abandonan todo interés por establecer las medidas urgentes que se necesita implementar para reducir los vergonzosos índices de analfabetismo, pobreza y desnutrición que se han convertido en la firma de identidad de la mayoría de países latinoamericanos.
De esta manera están actuando los políticos hondureños en pleno, en una cadena de errores iniciada por el uso del ejército para consumar un golpe de Estado y luego continuada por la legitimación de ese golpe a través de un acuerdo unánime de los congresistas. La reacción ha sido inmediata: Europa, Estados Unidos y América Latina se oponen a reconocer al nuevo presidente hondureño y los organismos internacionales exigen una casi imposible vuelta atrás en la defenestración de Zelaya.
Honduras no se merece tan violento retroceso, pero es imprescindible comenzar a reflexionar respecto a las debilidades endémicas de la institucionalidad en éste y otros países de la región. De ahí arranca el abuso de poder, las decisiones marcadas por el aprovechamiento personal y la apertura a la intervención inmoderada de caudillos como Chávez, quien gracias al poder petrolero que lo sostiene, pretende convertirse en líder continental cueste lo que cueste.
Hoy el Secretario General de la OEA da muestras de ceder ante la aparente firmeza de Micheletti y de quienes lo apoyan. El regreso de Zelaya, por lo tanto, comienza a ser un tema negociable.

El olor a pólvora provoca pesadillas en quienes experimentaron la represión militar en carne propia y también en quienes la conocen sólo de oídas.

Casi puedo oir el razonamiento: “Nosotros seremos quienes demos legitimidad al relevo de poder, porque somos los representantes del pueblo y los garantes de la institucionalidad”. Con esa lógica ramplona de los políticos latinoamericanos acostumbrados a hacer de su túnica un sayal y del poder un instrumento de usos varios, el Congreso hondureño en pleno declaró la victoria de un rompimiento del estado de derecho el cual, de romplón y sin paliativos, trasladó a Honduras a un pasado de violencia que parecía superado.
Por supuesto, los representantes de la asambles legislativa hondureña nunca imaginaron el poder de la diplomacia ni la fuerza del miedo al retroceso. Asumieron, sin más, que al coronar al sucesor de entre los funcionarios civiles, el acento militarista iba a pasar a segundo plano. No contaban con la globalización de las comunicaciones que colocaron en primera plana del mundo entero las imágenes de sus fuerzas armadas agrediendo a la población en resistencia.
Como todo golpe de Estado, éste también tiene sus aliados internos y, como toda asonada fascista, el apoyo viene desde la extrema derecha dueña del poder económico, lo cual lo convierte en un movimiento peligroso no sólo para la democracia hondureña sino también para los países fronterizos cuyas características similares desde muchos puntos de vista resultan amenazantes para la estabilidad de toda la región.
El hecho de que Mel Zelaya haya cometido la imprudencia de presionar más allá de lo razonable con sus pretensiones de ser reelecto, no justifica la decisión de enviar a un pelotón de soldados a echar abajo la puerta de su residencia, sacarlo de su cama a punta de ametralladora y enviarlo al exilio. Esta acción únicamente demuestra la total estupidez de la clase política hondureña que apañó semejante despropósito.
La comunidad internacional no tardó ni cinco minutos en ponerse en sintonía para condenar la asonada, consciente de que una sola voz discordante pondría en peligro no sólo la deseada estabilidad democrática en América Latina, sino también la delicada trama financiera, comercial y diplomática cuyas bases se asientan en el apoyo a la institucionalidad y al respeto por los derechos humanos.
La saga hondureña le ha puesto los pelos de punta a sus vecinos inmediatos. El olor de la pólvora remueve imágenes truculentas de un pasado demasiado sangriento como para que merezca olvido. Los ejércitos de la región son, con mucho, la peor de las instituciones en lo que respecta a corrupción y abuso de autoridad y nadie quiere verlos paseándose por los pasillos de los palacios presidenciales, no importa cuántos errores cometan los civiles en el poder.

¡Vaya galería de notables la de Guatemala! Ladrones, corruptos e inmorales capaces de engañar a toda una nación.

Acostumbrados a ingresar a los salones al son de la Granadera, rodeándose de lujos nunca antes vistos, custodiados por una corte de guardaespaldas y usando el presupuesto público como si se tratara de su propia cuenta bancaria, los funcionarios de antes y de ahora constituyen una plaga de langostas capaces de arrasar con todo.
De acuerdo con publicaciones de prensa y, por supuesto, a partir de investigaciones judiciales, en los bolsillos de apenas cinco personajes pertenecientes al Ejército de Guatemala: Alfonso Portillo, Moisés Galindo, Eduardo Arévalo Lacs, Enrique Ríos Sosa y Luis Alberto Gómez –no olvidemos que Portillo fue Comandante en Jefe- parecen haberse perdido más de mil doscientos millones de quetzales del erario nacional. Eso, sin contar los cientos de miles de quetzales que se han de haber deslizado hacia las cuentas más modestas de sus allegados, quienes sin duda consideraron justo compartir una cuota de tan enormes privilegios.
Lo vergonzoso de esta situación no es tanto la comisión de los delitos como la impunidad que ha rodeado a estos y otros individuos, amparados por un sistema incapaz de enderezar la acción de la justicia para castigarlos y sin ningún mecanismo realmente eficaz que permita recuperar lo robado.
Esta galería de notables -obviamente satisfechos de su hazaña- confirma la hipótesis de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Basta con analizar las carreras de estos personajes y el alcance de sus actos delictivos bajo la sombrilla protectora de la institución armada, para darse cuenta de cuán vulnerable es la supuesta democracia de la cual tan orgullosos están los políticos actuales.
Pero, ¿de cuál democracia hablan? En Guatemala no existe un estado de derecho, el poder judicial y las fuerzas del orden están totalmente infiltrados por grupos de poder y organizaciones criminales de altos vuelos y las instituciones más sólidas parecen haber sufrido un proceso acelerado de descomposición perdiendo a sus mejores elementos. Esta situación provocada por la clase política y tolerada por la sociedad, establece las bases para la impunidad en la comisión de delitos desde el interior mismo de la administración pública.
El descaro con el cual los sindicados se pasean juntos por los estadios y el cinismo de sus declaraciones evidencia algo aún peor, y es que poseen información y contactos suficientemente potentes para no temer a la acción de la justicia. Al final de cuentas, ¿para qué pagar una fianza millonaria si unos cuantos cientos de miles bien ubicados garantizan su libertad?

Los 11 rectores de las universidades sacaron las uñas y, para no dejar duda, actuaron en grupo contra la Ley de Comisiones de Postulación.

Asombrados deben estar muchos guatemaltecos al ver que los rectores de las universidades, en pleno, han decidido boicotear la Ley de Comisiones de Postulación porque no están de acuerdo con la elección de los presidentes de dichas comisiones a través de un sorteo público. Con razón se preguntarán: “¿Y no que querían transparencia, pues?”.
Es importante señalar que pocas instituciones tienen mayor credibilidad que las universidades, en términos generales. Es evidente que hay excepciones, unas defienden con mayor entusiasmo los privilegios de ciertos sectores y otras se han perdido en su laberinto de concesiones políticas y burocracia. Sin embargo, en general el ámbito académico tiene la reputación de congregar a lo mejor de la intelectualidad y eso, sin duda, constituye una de sus mayores virtudes.
Pero la realidad parece ser muy diferente. Si alguien esperaba encontrar en estos centros del saber una actitud congruente con su elaborado discurso sobre la búsqueda de respuestas a los problemas nacionales, la relevancia del papel de las universidades en el desarrollo educativo, intelectual, técnico y profesional del país o su aparente neutralidad ante la pugna política, puede empezar a aterrizar en el suelo firme porque las cosas no van por ese lado.
No cabe la menor duda de que la Ley de Comisiones de Postulación altera los nervios de algunos rectores cuyas ambiciones políticas son de dominio público. No quieren transparencia. Prefieren que las cosas se hagan a puerta cerrada sin testigos incómodos que puedan cuestionar sus maneras de negociar. Es decir, todo al más puro estilo del Congreso de la República, con ases en la manga y papelitos bajo la mesa porque lo que hoy hago por ti mañana te lo voy a cobrar.
Con esta actitud y la connivencia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que les han dado el sí, los rectores han opacado uno de los procesos más importantes en el establecimiento del estado de derecho, como la elección de los magistrados de las cortes. Conscientes de los vicios en este proceso, resulta altamente sospechoso que este grupo de alto nivel –cuyos integrantes deben ser ejemplo de rectitud y ética- se confabule de manera rotunda y sistemática en contra de la transparencia.
Resulta burlesca la maniobra de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante un grupo de magistrados que obviamente se han beneficiado con el actual mecanismo de elección. Sin embargo, es imperioso seguir luchando por hacer valer la razón en un asunto fundamental para la transparencia, la legalidad y la ética en las instancias fundamentales de este proyecto de democracia.