Presión de grupo

Oportuna y necesaria decisión de las organizaciones civiles, al unirse para defender el estado de derecho.

Pocos avances se van a lograr en la lucha contra la impunidad y la corrupción, si las fuerzas civiles no se unen en acciones coordinadas para presionar a las instituciones a actuar dentro del marco de la ley. Por ello, el acto realizado el pasado jueves en el cual 38 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su apoyo a la CICIG, reviste una especial importancia, sobre todo tomando en cuenta los peligrosos aires golpistas que se respiran en el vecindario.
Con esta acción, la CICIG ha recibido un respaldo valioso en su misión de determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar con el Estado en la desarticulación de dichos cuerpos y recomendar políticas públicas para erradicarlos y prevenir su reorganización.
Estas estructuras ilegales han sido el factor determinante en la crítica situación en que se encuentra el país en términos de seguridad ciudadana. Sus estrategias han promovido una inconcebible permisividad del Estado frente a los operativos de los carteles del narcotráfico y por medio de amenazas y sobornos han incidido directamente en la falta de eficacia de las investigaciones y la persecución penal de los culpables.
Guatemala ha sufrido un debilitamiento progresivo de su capacidad de reacción frente al crimen organizado, el cual ha tenido todo el espacio y la ayuda oficial y no oficial para entronizarse en instituciones y partidos políticos, desde los cuales opera con total impunidad. El sistema financiero y productivo del país tampoco se ha conservado indemne ante esta acometida frontal y se ha vuelto permeable a toda clase de operaciones de lavado de dinero proveniente de las redes internacionales del tráfico de drogas.
Este apoyo a la CICIG manifestado por diversas organizaciones de la sociedad civil se contrapone de manera radical a los intentos del ex presidente Portillo y de otros personajes de la política local quienes intentan descalificar su actuación en Guatemala para sacudírsela de encima y salir indemnes de serias acusaciones de corrupción y otros delitos.
Sin embargo, es importante subrayar que la conformación de un bloque de entidades defensoras de derechos humanos, grupos religiosos, organizaciones campesinas, de jóvenes, de mujeres y otras que integran este frente de apoyo, por contundente que parezca, no será suficiente para neutralizar el deterioro de la situación de impunidad que predomina en Guatemala mientras no se sume a él el resto de la sociedad –organizada o dispersa- para enviar un mensaje rotundo de rechazo a los abusos y a la corrupción.

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