Defecto congénito

Las patologías políticas han pasado de generación en generación y hasta ahora no se vislumbra posibilidad alguna de corregirlas.

Lo dijo Castresana con claridad meridiana. No recuerdo las palabras precisas, pero en el fondo el mensaje es que en los países colonizados por españoles y portugueses, el sistema político fue diseñado por pequeñas castas dirigentes, corruptas, ávidas de poder y decididas a conservar sus privilegios.
De ahí que resulte fácil colegir por qué en Guatemala el analfabetismo ha sido siempre política de Estado, por qué los servidores del gran capital –funcionarios y políticos de todas las épocas- luchan con tal denuedo por servir a sus patrones, financistas de sus campañas electorales. De ahí, entonces, la tremenda resistencia a emitir leyes que corrijan las deficiencias en el sistema de justicia y su comprensible molestia ante los movimientos de protesta de la sociedad civil, a la cual ven como enemiga declarada.
El antagonismo entre ricos y pobres resulta, entonces, una estrategia bien programada por una pequeña élite que no está dispuesta a soltar las riendas del poder. Ya les sirvieron en su momento las fuerzas armadas como frente de choque contra un pueblo hastiado de abusos y manipulaciones y también sus aliados de la Casa Blanca con generoso apoyo financiero y logístico, en una guerra focalizada en el exterminio de la intelectualidad y de las poblaciones indígenas.
Hoy el esfuerzo está centrado en impedir la construcción de un estado de derecho y, sobre todo, entorpecer cualquier intento de consolidar un sistema de gobierno funcional cuyos mecanismos de control garanticen la transparencia y la legalidad.
Todo esto ha conformado una sociedad acostumbrada a observar impotente cómo su país es destruido y sus riquezas expoliadas por un pequeño grupo invisible e inaccesible, inmune a la acción de la justicia porque las leyes fueron escritas por ellos y para su protección.
De ahí que resulte imposible, casi, oponerse a la repartición de bienes nacionales –como la ocupación y destrucción de los bosques nativos en las áreas protegidas, la apropiación ilegítima de los recursos naturales, hasta algo aparentemente tan insignificante como la construcción de casas y edificios en las prometidas áreas verdes de las colonias residenciales.
Entonces, no deberíamos asombrarnos por la resistencia de algunos rectores y otros dirigentes académicos a transparentar el trabajo de las Comisiones de Postulación para la elección de jueces y magistrados. No les conviene. De lograrse semejante adelanto hacia la democratización del sistema de justicia, no les quedaría mucho espacio para contubernios y manipulaciones. Y eso, sepámoslo bien, no figura en sus planes de carrera.

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