Corrientes ocultas

Publicado el 13/06/2011

El estado de Derecho depende de la fortaleza y estabilidad de las instituciones. 


Desde palcos y galerías, lejos de los toros, es fácil emitir opiniones y criticar el desempeño de jueces y fiscales. Pero cuando se escarba un poco en la metodología de los criminales y las consecuencias que provoca cualquier acción contra su impunidad, las cosas cambian.

Guatemala está en guerra, y en una guerra como ésta –ubicua, sucia, solapada- toda la ciudadanía debe mantenerse en constante alerta. Un golpe en la puerta o un automóvil sospechoso son suficiente motivo para que se dispare la adrenalina y se erice la piel. Ningún habitante de este país es inmune ante la violencia, sobre todo desde que el Estado fue desmantelado por políticos oportunistas y carentes de visión de nación, como todos los que se han turnado en la Presidencia de la República para hacerse ricos ¡por fin! o más ricos de lo que ya eran.

Desde nuestras tribunas hemos criticado hasta la saciedad el desempeño de los servidores públicos en las áreas de seguridad y justicia. Sin embargo, no se hace suficiente presión sobre el Ejecutivo y sobre el Congreso para detener el derroche de recursos en estrategias de beneficio personal o partidista. Hoy vemos con repugnancia la prodigalidad de la UNE en su campaña proselitista, decorada con elementos pagados con los impuestos del pueblo y premunida de regalos sacados mágicamente del presupuesto de la Nación.

Como si esto no fuera suficiente evidencia de corrupción, están las patéticas imágenes del hospital general San Juan de Dios en donde a diario mueren las personas que no tienen otro centro de salud al cual acudir. ¿Dónde están las investigaciones y auditorías para establecer responsabilidades en el mal manejo de los recursos? ¿Hasta dónde llegan los hilos de la corrupción en la adjudicación de contratos?

El Ministerio Público denunció el recorte presupuestario que le quitó una tajada de 300 millones de quetzales a principios de este año. Con las carencias actuales, esa entidad es impotente para proteger a sus fiscales y cubrir todo el territorio nacional, donde la narcoactividad se mueve con entera libertad gracias a sus inagotables recursos económicos.

A esto es imperioso agregar la campaña de desprestigio que algunos sectores de poder han mantenido en contra de la CICIG, una entidad cuya presencia es indispensable para ayudar a desmantelar las fortalezas de impunidad y los cuerpos clandestinos establecidos desde hace algunos años con el entusiasta concurso de algunos ex presidentes. Las corrientes ocultas del tráfico de influencias calan hasta en los más recónditos rincones de la vida nacional. Si no se enfrentan con la voluntad de derrotarlas, Guatemala será muy pronto un narcoestado más, pero un paraíso menos.

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