Justicia, cuándo y cómo

 

El actual sistema de administración de justicia impide el desarrollo. 

Es imposible pretender avanzar en la construcción del estado de Derecho si el sistema de administración de justicia es incapaz de garantizar la transparencia, la corrección en los procesos y un recurso humano inmune a la corrupción, o por lo menos resistente a su poder de seducción.

El año cierra con un incremento en las denuncias de delitos sexuales y delitos contra la vida, pero la efectividad en las investigaciones es insuficiente para frenar el aumento de estos indicadores. El Ministerio Público, aun cuando ha realizado una labor mucho más eficiente en estos últimos años que en muchas décadas anteriores, necesita blindarse contra la influencia y el poder de las organizaciones criminales cuyas acciones tienen un fuerte impacto en el desempeño de fiscales e investigadores.

Para ello es imprescindible el acompañamiento de un Organismo Judicial sólido y probo. Ya se ha visto cómo el tráfico de influencias en este sector continúa ejerciendo una presión nefasta –el caso Siekavizza es su ejemplo más reciente- cuando jueces y magistrados traicionan su juramento para beneficiar a una de las partes violando todos los preceptos jurídicos y éticos.

Un país no puede vivir sin un andamiaje institucional sólido, con una credibilidad más allá de toda duda. Si la ciudadanía conoce la porosidad de las entidades de las cuales dependen las decisiones más importantes de la sociedad, entonces tomará extravíos indeseables con el propósito de asegurarse un resultado que le favorezca. Es así como la debilidad moral de quienes establecen la ruta a seguir corrompe hasta los cimientos a una nación.

Pero la justicia no parece haber sido una prioridad para la ciudadanía guatemalteca, al extremo que la mayoría ignora incluso la estructura misma del Organismo Judicial, así como el funcionamiento y propósito de sus distintas instancias. Hace apenas unos años, no muchos, la opinión pública desconocía la importancia de la elección de su máxima autoridad y eran raros los debates sobre ese tema trascendental, a diferencia de lo que ocurre durante la elección de los presidentes de los otros dos organismos del Estado.

Es imperativo cambiar esa percepción y empezar a observar más de cerca el desempeño de ese pilar fundamental de la democracia y el estado de Derecho para exigirle resultados tangibles. De otro modo, el proceso de revertir los índices de criminalidad no avanzará lo suficiente como para estabilizar el precario equilibrio psicológico en el cual está sumida la población guatemalteca, temerosa de no sobrevivir el día.

La Fiscal General, durante su informe anual, reportó la captura de 250 funcionarios policiales, más 25 funcionarios fiscales y administrativos, señalados de delitos. Pero eso es solo el comienzo de la depuración. La experiencia ha demostrado que no son suficiente las capturas si el sistema judicial no actúa con la transparencia y rigor debidos. Ese pequeño traslape entre dependencias ha demostrado ser el salto cuántico en donde se pierde el valor de la justicia. Por eso la consolidación del sistema debe ser completo, integral, holístico. Es la vida humana lo que figura en el plato de la balanza. 

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