El Quinto Patio

Cual modernos Herodes, los políticos locales han condenado a la niñez a vivir una infancia sin presente y una juventud sin futuro.

¿Qué otra cosa podría inspirar mejor un artículo en el Día de los Inocentes que la niñez abandonada de Guatemala? Resulta obvio. También llama a la reflexión el hecho de tener una de las poblaciones más jóvenes y con menores perspectivas de alcanzar un futuro promisorio por culpa de la debilidad del Estado, sus instituciones inoperantes y una total ausencia de voluntad política en los líderes para remediar todo esto.

Guatemala es un país hermoso, con un inmenso potencial de desarrollo totalmente desperdiciado en negocios turbios y negociaciones poco transparentes de las autoridades de turno, el sector empresarial y la mayoría de los líderes políticos; enfrentamientos estériles entre los distintos partidos; un abandono casi total de las políticas públicas y los programas de desarrollo comunitario; y ninguna intención de cambiar de actitud hacia una más positiva, propositiva y congruente con las necesidades del país.

Las primeras víctimas de este calamitoso estado de cosas son los grupos vulnerables por excelencia: la niñez, la juventud y las mujeres. Estos tres sectores son, sin embargo, los de mayor potencial para sacar adelante proyectos eficaces de desarrollo y para generar los cambios que Guatemala necesita realizar para detener la curva descendente que la tiene al borde del colapso. Una niñez protegida y bien alimentada es el semillero de una juventud pujante, idealista, creativa y dispuesta a trabajar por su patria.

Las mujeres, por su parte, tienen el poder de crear las condiciones apropiadas para ese desarrollo, ya que en sus manos se encuentra la educación y la formación integral de los primeros años de las nuevas generaciones. Para ello, también en este grupo debe prevalecer un clima de respeto, igualdad de oportunidades y facilidades para tener acceso a los servicios básicos, al crédito y a la educación, herramientas fundamentales para consolidar una base sólida generadora de oportunidades.

Pero no. A la niñez abandonada desde antes de nacer, desnutrida y privada de asistencia, le sigue una juventud sin acceso a una formación técnica o vocacional que le permita dirigir sus pasos hacia la senda correcta y no la deje a merced de las presiones ejercidas por grupos criminales. Esta juventud sin futuro constituye el retrato vivo de un país disfuncional, encaminado hacia el fracaso.

En cuanto a las mujeres, sobre cuyas virtudes, fuerza y temple se ha escrito tanto pero se ha hecho tan poco, bastaría con un cambio de actitud desde el campo legislativo y desde el interior de los distintos sectores sociales para que se abrieran esas puertas cerradas y se les reconociera el derecho legítimo a ser parte de la sociedad activa, a ser personas apreciadas como miembros valiosos de su propia comunidad.

Los países en desarrollo, débiles y vulnerables frente al cambio climático, fueron ignorados de la manera más grosera. 

Nuestros problemas domésticos quedan cortos ante la perspectiva aterradora de un clima trastornado por algo que podría llamarse el “efecto Wall Street”: es decir, un mundo en el cual la actividad industrial y financiera se considera el eje absoluto del progreso, cuya cultura depende de cuanta riqueza es capaz de producir un país a cualquier costo, incluso en vidas humanas –veamos el ejemplo de África- y cuya tendencia debe llevar a una concentración extrema de la acumulación de bienes en manos de un puñado de magnates indiferentes ante las consecuencias de sus actividades, todo lo cual se denomina desarrollo.

Si desarrollo es el consumismo compulsivo de bienes y servicios que no son esenciales para vivir ni son amigables con la naturaleza, dado su enorme impacto en el medio ambiente, entonces quizás hemos crecido bajo la premisa de que la muerte por contaminación, deforestación, sequía, trastornos climáticos y pobreza es parte de nuestro destino natural como especie.

Lo sucedido en Copenhagen es un ejemplo de cuán desequilibrado está el poder en el mundo actual. Un puñado de países, todos enriquecidos a costa de haber explotado hasta el agotamiento los recursos de los países más pobres, decidieron por sí y ante sí bloquear toda posibilidad de establecer un nivel de compromiso que les pusiera ante la perspectiva de reducir sus operaciones de alto impacto ambiental.

A este puñado de países industrializados pertenecen las poderosas compañías multinacionales que vienen a nuestros continentes a extraer los minerales, a alterar el equilibrio ambiental con sus productos agroquímicos, a cambiar las reglas ancestrales de la agricultura con su manipulación genética, a contaminar los océanos con su chatarra petrolera y sus desechos nucleares y, en resumen, a destruir todo aquello que no les pertenece con las consecuencias de una devastación planetaria.

Si el mundo fuera una sociedad anónima, esto sería el caso típico de mala administración, abuso de poder y corrupción, por lo cual los actuales directivos ya deberían haber sido destituidos por la asamblea general y procesados por sus delitos. Sin embargo, los países industrializados son los dueños y señores de las organizaciones mundiales que deberían servir de fiscales y jueces, de contrapeso para frenar el abuso contra los más débiles. Los foros internacionales no cumplen su misión, esto es proteger al ser humano de toda condición, edad, género, raza, ideología política y credo religioso contra el abuso y la discriminación. Este es el mensaje oculto de Copenhagen a los miles de millones de seres humanos que habitan la Tierra.

Al otro lado de la moneda están la juventud y la infancia ávidas de conocimiento, de inventar su propio mundo y hacerlo realidad. 

Cuando un país es joven –cuando su población está compuesta mayoritariamente por personas menores de 35 años- se podría afirmar que tiene mejores perspectivas de cambio que una población adulta, como sucede en la casi totalidad de países desarrollados, cuya tasa de natalidad es prácticamente recesiva.

Guatemala es un país joven; es una nación casi recién salida de un conflicto armado que la desangró por más de tres décadas, cuya cauda aún se manifiesta en una violencia fratricida que continúa marcando círculos concéntricos y no parece detenerse jamás. Sin embargo, hay un gran contingente de niñas, niños y jóvenes que esperan una oportunidad para marcar un cambio de rumbo que haga de la suya una sociedad viable, pacífica y educada, respetuosa de los derechos humanos y capaz de reinventarse a partir de sus propias debilidades.

Un ejemplo de esto es la respuesta entusiasta de innumerables grupos de jóvenes ante la necesidad de vivienda de sus compatriotas, ante la carencia de alimentos en zonas de riesgo alimentario, ante la urgencia de rescatar lo que queda de los recursos naturales. Estos jóvenes han elegido construir en lugar de destruir y, en un país cuyas instituciones los han abandonado por completo y no responden a sus requerimientos básicos, esta actitud tiene un mérito sobresaliente.

Ya mucho se ha especulado sobre las graves consecuencias de escatimar recursos para mejorar el acceso de la niñez y la juventud a la educación. En este tema no queda nada por analizar, excepto que mientras más tiempo tarde el Estado en responder a sus necesidades, mayor será la pérdida de oportunidades y mucho mayor el abismo que separe a Guatemala del resto de naciones, incluso de otras con menos recursos pero con mejores políticas públicas.

Se acerca la fecha de vencimiento para cumplir con las Metas del Milenio y Guatemala no tiene mucho qué enseñar al resto del mundo. Su juventud, sí. El esfuerzo independiente que realizan niñas, niños y jóvenes por trazarse metas, por construirse un destino mejor en un país que sólo les ofrece frustración y malas noticias, es algo que merece destacarse, pero sobre todo merece todo el apoyo que se le pueda brindar.

Resulta penoso constatar la poca visión de los gobernantes y otros grupos de poder, quienes han desestimado el poder de la juventud y han sido incapaces de respaldar sus iniciativas y proteger su patrimonio. En estos últimos años, los adultos responsables han dilapidado los recursos del futuro y continúan repartiéndose riquezas que no les pertenecen, indiferentes ante la catástrofe que provoca su insaciable ambición. Es hora de reaccionar.

Los linchamientos son la expresión de una sociedad enferma de violencia, con un Estado en peligro de extinción. 

Los linchamientos en Guatemala han sido analizados con el mayor rigor científico por sociólogos, antropólogos y otros estudiosos del comportamiento social. Estos documentos han arrojado muchas luces sobre las causas y características de este fenómeno colectivo pero, como todo estudio académico, lamentablemente no han tenido incidencia alguna en la toma de decisiones ni en el cambio de rumbo de ciertas políticas con potencial efecto sobre la erradicación de esta macabra forma de asesinato.

En Guatemala, la muerte ronda por las esquinas y cualquier ciudadano es capaz de percibirla. Asaltos, violaciones, amenazas, secuestros, extorsiones y homicidios a plena luz del día acorralan a una sociedad cuyo temor crece cada día hasta alcanzar peligrosos niveles de paranoia. En este punto, los ciudadanos se premunen de armas de fuego con la ilusa esperanza de aumentar su capacidad de defensa personal pero, por el contrario, con esto sólo incrementan el riesgo y construyen un peldaño más en la escalada de la violencia.

Guatemala ha llegado a convertirse en el prototipo de país patológicamente débil, desde todo punto de vista. Su estructura social, plagada de desigualdades y carente de mecanismos de balance, representa en el siglo veintiuno todas las carencias de un estado primitivo. Con una legislación impotente para erradicar las injusticias sociales y económicas, Guatemala ha venido arrastrando siglos de frustraciones y abusos, los cuales necesitan sólo una chispa para convertirse en una fuerza devastadora.

Ciento cincuenta mil muertos durante el conflicto armado interno, más una constante represión política, constituyeron el ambiente de inseguridad y temor sobre el cual se fueron gestando sentimientos de odio racista y clasista, discriminación y, sobre todo, el debilitamiento del Estado y de sus instituciones, al punto que ya no tienen siquiera la capacidad para gobernar y servir al país en toda su extensión.

Los linchamientos perpetrados en los últimos años coronan un cuadro ya de por sí peligroso. A ellos se suman –y no son fenómenos independientes- la debilidad de las instituciones, su ausencia en el interior del país, altos niveles de corrupción en las instancias políticas y económicas y el abandono casi total de programas de beneficio social, escenario extremadamente peligroso para la estabilidad democrática del país.

Los linchamientos son asesinatos. Simple y llanamente. No son actos de justicia ni formas de castigo. No importa el ángulo de observación, semejante acto de salvajismo sólo retrata a una sociedad disfuncional y profundamente enferma. Es hora de que reaccionen quienes tienen el poder de restaurar los valores esenciales de la sociedad.

Ocultar información a la ciudadanía es la mejor forma de potenciar la hegemonía de quienes intentan destruir al país.

El conocimiento es poder. Por eso la ciudadanía necesita saber todo respecto a la administración de los recursos que le proporciona al Estado a través de sus impuestos. Eso se llama ejercer ciudadanía y es una de las herramientas más potentes para neutralizar a los grupos ilegales que intentan detener la acción de la justicia, corromper a las instituciones y entorpecer los esfuerzos de la sociedad por recuperar la confianza en sus autoridades.

La negativa del ministro de Gobernación a proporcionar información sobre la distribución de las fuerzas policíacas en el territorio nacional bajo la excusa de que eso dará armas al crimen organizado para atacar con mayor eficacia, resulta el colmo de la ingenuidad. El ministro ya debería saber que las fuerzas policíacas –y muy probablemente otros funcionarios de esa cartera- están íntimamente conectados con las redes criminales, a quienes surten generosamente de toda clase de información privilegiada.

A la prensa le bastaría con recorrer las delegaciones en el territorio nacional para constatar de primera mano cuán pobre es el sistema de seguridad, y cuán vulnerable es la población en la capital y en el interior del país. Además, la ciudadanía sabe muy bien, por dolorosas experiencias propias, cómo actúa la mayoría de estos agentes y cuán poco protegen a la población civil, unos por corruptos y otros por no tener la capacitación adecuada ni el equipo necesario para hacer frente a la delincuencia.

Las organizaciones criminales no necesitan leer la prensa para enterarse de la pobreza de recursos del cuerpo policial. Si ya operan a sus anchas en todo el territorio nacional y ni siquiera el ejército mejor entrenado de Centroamérica les hace cosquillas, cómo pretende el ministro que le teman a un puñado de agentes montados en vehículos destartalados y cuyas armas parecen de juguete comparadas con las de última tecnología compradas con dinero de la droga.

Mejor dé la información y pida a la población que se le una en el esfuerzo por denunciar a quienes deberían vivir enjaulados. Es una estrategia más inteligente y mucho más efectiva que encerrarse tras una negativa irracional y además dudosamente legal, dado que ya existe una normativa que obliga a las entidades del Estado a entregar esa clase de información.

La maniobra de buscar el amparo de la secretividad cada vez que resulta incómodo abrir los registros oficiales, debe combatirse de manera frontal por medio de leyes bien elaboradas, desde el Congreso de la República. Es hora de que los diputados hagan algo por su patria.

Para el gobierno resulta más fácil crear impuestos nuevos que recaudar los que ya existen. Es la salida fácil a un problema difícil. 

Hay quienes le echan la culpa al comercio informal, pero la realidad del déficit presupuestario es mucho más de fondo. Tiene que ver con negociaciones ocultas para beneficiar a empresas o sectores productivos específicos, tiene que ver con ciertos acuerdos para dejar pasar el contrabando sin control por las fronteras y, por supuesto, tiene que ver con la ineficiencia de las entidades responsables de realizar la recaudación tributaria de manera justa y oportuna.

Cuando el presupuesto de la Nación no alcanza, cuando la oposición se niega a conceder su voto para aprobar una reforma tributaria que de todos modos es necesaria, la respuesta automática del gobierno es inventar un impuesto capaz de cubrir el universo en su totalidad –como el recientemente propuesto sobre las telecomunicaciones, dado que en Guatemala hay prácticamente un teléfono celular por habitante- para recaudar la mayor cantidad posible de fondos con un impacto indiscriminado en la economía de los guatemaltecos.

Eso no sólo es injusto con la población de niveles medio y bajo, sino además poco inteligente desde el punto de vista político, porque acusa a las empresas de evasión pero mantiene una actitud pasiva y permisiva hacia los miles de revendedores de tarjetas que jamás pagan el IVA por sus ventas y ni siquiera están registrados como comerciantes en la SAT. Para comprobarlo, basta pedirle factura a quien ofrece las tarjetas en los semáforos o en las tiendas de barrio.

En síntesis, para alimentar la campaña electoral que están haciendo ya algunos funcionarios y ciudadanos afines al partido oficial por medio del incesante cacareo de cada huevo que ponen, los contribuyentes deben apretarse el cinturón y pagar más por los servicios básicos. Encima de eso, el gobierno se da el lujo de transferir fondos de unos programas de beneficio social a otros de mayor conveniencia proselitista, sin que la población pueda hacer nada para defenderse de esa manipulación.

Una vez más, el Estado se transforma en la finca de la cual se saca el mayor provecho posible durante los cuatro años que dura el período presidencial. En ella todos quienes carecen de poder político o económico, son los peones que deben producir para que el patrón y sus allegados se harten de riqueza y privilegios bajo la mirada protectora de la comunidad internacional, que llama a esto democracia.

Es probable que el Estado requiera de mucho dinero para ejecutar sus planes de desarrollo social y crear las condiciones para que el país salga adelante. Pero antes, debe demostrar capacidad, ética y transparencia, valores que hasta la fecha han estado completamente fuera del cuadro.

La ceremonia simbólica de la quema del diablo adquiriría un sentido diferente, si en lugar de contaminar proponemos cambios. 

En estos días la gente ama el crepitar de las llamas, el estruendo de los cohetes y los fuegos artificiales surcando el cielo azul de Guatemala, aunque al día siguiente –cual tras una soberana borrachera- deba pagar el alto precio de sus excesos. La quema del diablo es una de las tradiciones más arraigadas en el país, quizás por lo barato que resulta sacar la basura a la calle y prenderle fuego.

Pero las tradiciones cambian y deben hacerlo para adaptarse a las variables condiciones del entorno. En la actualidad, quemar basura en las calles ya no es más el símbolo de la depuración del hogar, la catarsis anual que alivia la conciencia o esa especie de convivio masivo al cual todos estamos invitados; no, hoy se ha transformado en una actividad algo deleznable y poco amigable con la naturaleza, pero también con el ornato de las calles.

Lo que debemos hacer es modificarla. Quemar al diablo debe significar desde hoy luchar contra los espasmos de conformismo que nos sacuden con cada nuevo escándalo. Exigir que los malos paguen por sus crímenes. Intentar, aunque nos resulte doloroso o arriesgado, alzar la voz contra los abusos de nuestros gobernantes. Demandar justicia. Pero, sobre todo, no descansar hasta obtenerla.

El diablo anda rondando por las calles, los hogares y las instituciones. No es ese diablo icónico descrito en las doctrinas religiosas, sino uno muy parecido a nosotros mismos, uno con una capacidad asombrosa para colarse como virtud entre los defectos. Es el diablo que domina a los hombres para maltratar a las mujeres y el que bajo el ropaje de la moral justifica los excesos, los crímenes y la discriminación.

Es el diablo maldito que pretende convertir en ley la injusticia y la inequidad, transformar en cosa del destino la pobreza y el hambre, manipular a su favor la corrupción y la estulticia. Ese es el diablo que nos domina.

Contra este diablo es preciso cuidarse de las malas interpretaciones. Porque su presencia no está en el sexo ni en el placer, sino en la represión y la esclavitud. No está en la libertad individual sin discriminación por género, sino en la doctrina del sometimiento y la tolerancia a la violencia. El diablo no se expresa por medio de ideas, sino a través de los estereotipos de las sociedades disfuncionales y es a él al que debemos vencer.

Su ropaje es el conformismo y su enemigo mortal, la lucidez. Si hoy quemamos a este diablo de manera simbólica, pero consecuente, habremos dado un importante paso hacia la libertad de pensamiento y de palabra, hacia la resistencia contra el abuso y la corrupción, directamente contra el corazón mismo de los males de esta sociedad cautiva de la injusticia. Para ello basta con proponérselo, pero de corazón.

El manejo de la noticia no siempre ayuda a comprender el fondo de las cosas. A veces sólo refuerza estereotipos. 

Nuestros códigos de lenguaje reflejan un profundo racismo y un innegable desprecio por la equidad de género. En el fondo, el ciudadano urbano y ladino continúa culpando de todas sus desgracias a la diversidad étnica y se niega a aceptar su responsabilidad en el estado de cosas, léase: discriminación, pobreza, corrupción e injusticia.

No quiere saber más sobre el femicidio, como si esta patología de la sociedad guatemalteca que produce más de 700 muertes violentas de niñas y mujeres cada año fuera un aspecto natural de las cosas, una manifestación de la inseguridad, tal como los asaltos, los robos de vehículos o los secuestros.

Después de publicar un artículo sobre las niñas violadas por los reclusos del sector 11 del Preventivo, pude comprobar lo cierto que es el rechazo a ver la realidad, pero sobre todo a asumir el compromiso de luchar por cambiar las cosas. Hubo quienes pasaron de largo para no experimentar el choque de la crudeza del tema y también quienes reclamaron por haber abordado un asunto tan negativo, el cual pone en tela de juicio no sólo a las autoridades sino también a la sociedad en su conjunto. Es decir, hay que esconder la basura bajo la alfombra.

Al insistir en ese tema, precisamente por su enorme trascendencia y su cualidad de reflejar uno de los problemas más profundos de esta comunidad humana, resulta imperioso referirse al papel de las instituciones y los vicios de comportamiento de sus representantes. En este caso particular, es imperioso exigir explicaciones al ministro de Gobernación y al director de Presidios, sobre la manera despectiva, ilegal y profundamente machista como administran el sistema penitenciario.

Esto no solo se refleja en la indiferencia con la cual han tratado los crímenes cometidos contra mujeres y niñas en sus instalaciones, sino además en las normas discriminatorias impuestas contra las féminas, a quienes se les exige -de manera absolutamente ilegal- vestir falda para ingresar a los centros carcelarios a visitar a sus familiares. Esto es sólo un ejemplo de lo que está ahí, en nuestras narices, en flagrante violación a la Constitución y las leyes, algo que nos negamos tercamente a enfrentar.

El trato abusivo que se da a las reclusas, un interesante tema a investigar, es otro de los ángulos de este diamante lleno de imperfecciones que es el sistema de seguridad y justicia. Sin embargo, también pasa inadvertido por falta de interés, porque según los ciudadanos honrados “ellas se lo buscaron”, pero sobre todo porque estamos muy ocupados desenredando nuestro pequeño universo personal como para hacernos cargo de asuntos tan áridos como el estado de Derecho o la búsqueda de un mejor futuro para Guatemala.

En el momento de su captura, el ex presidente del Congreso mostró cuán pobre es el material del que está hecho. 

Con miedo en la mirada, temblor en las manos y un evidente sudor frío apareció ante las cámaras el ex presidente del Congreso de la República al ser capturado por las fuerzas policiales y funcionarios del Ministerio Público, el jueves de la semana pasada. Acusado por su participación en el manejo irregular de 16.2 millones de quetzales pertenecientes al presupuesto del legislativo, Rubén Darío Morales mostró su cobardía al tratar de escabullirse hacia el interior del Congreso para no enfrentar a la justicia.

Sin embargo, no todo le salió tan mal, porque una vez más un juez decidió premiarlo con la reclusión en un hospital privado en lugar de enviarlo al sitio donde merece estar: la cárcel. Lo que muchos ciudadanos se preguntan es si los jueces serían tan benevolentes con otros delincuentes o tienen especial deferencia con algunos en particular por pertenecer a la clase política.

El sistema de justicia -y esto lleva dedicatoria especial para los nuevos integrantes de las Cortes- tienen la oportunidad dorada de probar que fueron bien elegidos, que merecen ejercer esas magistraturas y honrarán el juramento de defender la Constitución y las leyes no importando cuáles sean las circunstancias o, como en este caso, no importando quiénes sean los acusados.

Guatemala necesita una reparación que marque claramente el camino de regreso al respeto de los valores cívicos y los derechos humanos. Algunos de los señalamientos contra Morales indican que él y sus familiares cercanos recibieron un millón de quetzales como comisión por oscuras transacciones con dineros del erario nacional. Su sucesor en la silla presidencial del organismo legislativo, Eduardo Meyer, también acusado por el saqueo de 82.8 millones de quetzales, al enterarse de su captura se desmayó en pleno hemiciclo de la pura impresión, previendo un destino parecido.

Lo menos que se puede esperar de los nuevos magistrados de las Cortes Suprema y de Apelaciones es que cumplan con su obligación y acaben con el régimen de impunidad institucionalizado por sus predecesores. El pueblo de Guatemala merece autoridades honestas, responsables y capaces de hacer una gestión pública eficaz y transparente.

El ejemplo que han dado estos dos ex presidentes del Congreso de la República a la sociedad, es que las autoridades electas no sólo gozan de inmunidad por sus acciones, sino además se colocan a sí mismos por encima de la ley, pretendiendo ser intocables.

Ahora es la oportunidad de demostrarles que por encima de la ley, no hay nadie. Y que sus pretensiones de impunidad serán borradas del historial jurídico del país por una acción firme, clara, decidida y bien fundamentada del sistema de justicia, como escarmiento para toda la clase política.

En Guatemala, los escándalos se quedan en promesas de investigar, encontrar culpables, iniciar procesos. Y de ahí no pasan.

Los sistemas de control en la administración pública sufren con cada cambio de presidente, de ministro o de jefe de servicio. Los archivos no existen y cuando se encuentra alguno, está desactualizado e incompleto. Esto representa un retroceso para la labor administrativa del Estado y, por supuesto, para el avance de las políticas públicas.

Un ejemplo: el actual ministro de Gobernación se enteró por la prensa de los casos de niñas y adolescentes violadas por reclusos del Preventivo. Así nada más. Es decir, no existen reportes desde los centros carcelarios ni hay evidencia alguna de las irregularidades y crímenes que allí se cometen. Por su parte, el jefe del sistema penitenciario afirma que, al no haber denuncias de las afectadas, nada se puede hacer.

Estos casos de niñas y adolescentes violadas en las instalaciones del Preventivo debe constituir un parteaguas para la administración de justicia en Guatemala. Los crímenes cometidos contra estas víctimas están claramente tipificados en la Ley contra el Femicidio y las investigaciones deben iniciarse de inmediato, involucrando no sólo a los hechores sino también a sus cómplices, quienes se encuentran obviamente entre guardias y autoridades de presidios.

En cualquier país medianamente civilizado este escándalo hubiera costado al ministro su puesto, pero también se hubiera movilizado la sociedad para exigir justicia y reparación. En Guatemala es probable que el Presidente ni siquiera tenga el tema en su agenda, por considerarlo un “problema menor” a resolver por instancias más bajas.

El caso, sin embargo, es mucho más complejo y no afecta solamente al centro carcelario mencionado, sino también al resto del sistema penitenciario. ¿Cómo consta a las autoridades que lo mismo no esté sucediendo en el Petén, en Escuintla o en Quetzaltenango? ¿Cuántos casos de violaciones, torturas y extorsiones se producen a diario desde las cárceles por negligencia de las autoridades y por complicidad de los mismos guardias de las prisiones?

No basta que el ministro acepte la realidad de lo sucedido. Debe asumir total responsabilidad en esta clase de hechos, los cuales revelan el poder de las maras, un inconcebible nivel de impunidad en todo el sistema y, sobre todo, una grave actitud de indiferencia y pasividad de la sociedad, escondida tras el silencio y refugiada en su cada vez más vulnerable zona de confort.

Como reza un dicho popular, esperemos que estos casos paradigmáticos de violencia contra las mujeres no se queden en la espuma de la ola, y que de su seguimiento se genere un tsunami capaz de limpiar de lacras a las instituciones involucradas.

La trama más apretada del tejido social lo constituye la mujer y su descendencia. Si se rompe, toda la sociedad lo sufre. 

Ya basta de eufemismos, de discursos idealistas y mentiras institucionales. La mujer y la niñez guatemaltecas han sido abandonadas por el Estado, por la sociedad y muy especialmente por las instituciones religiosas. Marginadas y expuestas al abuso sistemático, estas dos maravillosas expresiones de la naturaleza humana continúan soportando toda clase de humillaciones.

El 25 se conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres en un contexto de pobreza extrema, desnutrición, femicidio incontenible, desprecio por su género, su etnia, su femineidad, su existencia misma como fuente de vida. A su vera, toda esta lacra es padecida por sus hijas e hijos en una cadena de violencia heredada a través de los patrones culturales, pero también reforzada por el mensaje mediático y las doctrinas religiosas.

La sociedad guatemalteca jamás curará sus heridas mientras persista la discriminación, el odio y la marginación a las cuales se somete a una inmensa mayoría de la población –a la mitad compuesta por mujeres, hay que agregar el enorme contingente de niños y adolescentes- y en tanto no se establezca, por ley, un trato igualitario en todas sus instancias.

A esta simbólica celebración del miércoles 25 se encuentran íntimamente ligados los derechos de la niñez y la juventud. El atavismo de la violencia de género impacta de manera directa a este segmento del cual van a emerger los adultos de mañana, condicionados desde la cuna para agredir, los unos, y soportar, las otras. La absoluta falta de conciencia de los líderes sociales y políticos, incapaces de concebir siquiera una actitud de respeto por sus hijos, mucho menos por las mujeres, tiene consecuencias devastadoras en los procesos de desarrollo culturales, educativos y, por consecuencia lógica, los procesos económicos del país.

Guatemala necesita con urgencia una reingeniería sociológica –si es que tal cosa existe- para reparar sus graves patologías. La celebración de fechas emblemáticas no sirve de nada si después de los actos simbólicos se regresa a las prácticas abusivas de costumbre, a la negación de los derechos de las minorías, a las negociaciones para impedir el acceso de las mujeres al poder político.

El tejido social se rompe y se rasga con cada bofetada, cada machetazo, cada violación a que son sometidas miles de mujeres a diario y, por ende, al golpe que eso representa para su descendencia indefensa y vulnerable. La voluntad de cambio debe venir estrechamente ligada al respeto por la integridad física y psicológica de cualquier otro ser humano, sin importar su género, etnia o edad. Por ahí debemos comenzar.

Ejercer la ciudadanía es buscar y encontrar los mecanismos legales adecuados para intervenir en los asuntos públicos.

Cualquier ciudadano puede dirigir peticiones, reclamos y exigencias a sus representantes en el Congreso de la República o en los gobiernos municipales. Diputados, alcaldes y gobernadores constituyen la vía legal para involucrarse en asuntos de interés público y, por ineptos o venales que éstos sean, están en la obligación de escuchar a sus electores y responder a sus demandas.

La sociedad no debe esperar a que sean otras instancias –como la prensa o las organizaciones de la sociedad civil- las únicas responsables de realizar esta tarea de fiscalización de la gestión pública. Los intereses comunes obligan a cada uno de sus integrantes a asumir su papel como ciudadano activo, aún cuando este deber represente un riesgo, un esfuerzo adicional y un compromiso incómodo.

Hoy Guatemala está en una encrucijada y de la acción ciudadana depende evitar que tome un rumbo equivocado. Sus recursos naturales están siendo vendidos al mejor postor por medio de negociaciones ocultas, por lo tanto presentan altas probabilidades de estar contaminadas por intereses particulares. Ejemplo de ello son, entre otros, la construcción de la Franja Transversal del Norte, los contratos municipales para el servicio de transporte colectivo, las explotaciones mineras y la supuesta falta de recursos para reparar los daños provocados en el patrimonio natural y turístico por la negligencia de las autoridades.

Al ejercer plenamente la ciudadanía, la población puede medir el impacto de sus acciones en la respuesta de sus gobernantes. Esto no es novedad, ha sucedido en todos los países democráticos y no democráticos. Cuando la presión popular se hace sentir y la protesta ciudadana está sustentada en argumentos de peso, las autoridades retroceden en decisiones arbitrarias, incorrectas o abiertamente lesivas para la Nación.

En la actualidad son muchos los temas en discusión, pero no se puede abandonar el objetivo principal, el cual es rescatar el proceso democrático por medio del control y la fiscalización de todos y cada uno de los funcionarios en el poder, dado que aún cuando actúen como los dueños del país, no son más que los empleados de lujo de un pueblo injustamente empobrecido.

El caso de la reserva natural de Lachuá es apenas un hilo en toda esta trama de depredación y negocios sucios. No es posible permitir que se destruya uno de los tesoros más importantes del patrimonio natural, al igual como sucede con el lago de Atitlán. Algo muy turbio se cocina en Guatemala, y sólo el ejercicio decidido y responsable del poder ciudadano puede poner fin al abuso.

Si los políticos no comienzan a reparar sus errores, serán los culpables de una de las mayores catástrofes sociales de todos los tiempos.

Las cosas van de mal en peor y no se percibe ni siquiera un atisbo de preocupación en los sectores políticos ni en los despachos oficiales. La impresión es que todo marcha como estaba planeado, lo cual no es tan descabellado como suena, porque ya se ha visto en administraciones anteriores que las peores decisiones, las más perjudiciales y las más descaradamente venales, han sido aquellas más sólidamente sostenidas, como las concesiones mineras o la venta de empresas del Estado.

El gobierno actual se debate en un mar de escándalos de corrupción. Sus acciones suscitan toda clase de sospechas y sus aliados –parientes, amigos y funcionarios nombrados desde las alturas- han resultado ser una partida de descarados oportunistas cuyas gracias van desde el manejo dudoso de fondos públicos, los cobros de comisiones por gestiones que nunca debieron darse, la manipulación política y financiera de las autoridades locales, hasta lo último y más grotesco de todo, el descubrimiento de que el ex jefe máximo del cuerpo policial dirige una banda de vulgares ladrones de droga, narcotraficantes y probablemente culpables de otros crímenes que deberán ser investigados muy a fondo por el Ministerio Público.

Esto sí es un campanazo para poner en alerta a la sociedad y despertar su instinto de conservación. Si el hecho de que las autoridades policiales hayan estado involucradas en toda clase de violaciones a la ley no es una novedad para nadie, sí debería llamarle la atención que desde un despacho ministerial, un cargo de la máxima confianza del jefe del Ejecutivo, se reinstalara en sus puestos a un grupo de individuos que ya habían sido depurados por corruptos y, encima de eso, se les confíe la dirección de la institución más importante del país en términos de seguridad ciudadana.

Ahora ya no se puede ni siquiera mencionar el discurso electoral. Toda esa verborrea fina y sentida de los discursos de campaña sobre el tema de seguridad no fue más que otra burla, un artero mecanismo para hacerse con el poder y tener la libertad de disponer de las herramientas de control que éste proporciona.

El problema para el mandatario será convencer a la población de que todo fue un error bienintencionado. Que colocar en la dirección de la policía a un criminal y a sus secuaces en puestos clave, fue una decisión inconsulta de su ministro. O se inventará alguna excusa por el estilo. Pero este resbalón ha sido demasiado grave y los deslices demasiado recurrentes como para merecer el perdón y el olvido. La sociedad tiene ahora la obligación de manifestar su repudio por el abuso de sus autoridades electas, por la inercia de sus representantes en el Congreso y por la catástrofe institucional que está ocasionando esta imperdonable cadena de errores.

Más de un millón de niñas, niños y adolescentes en edad escolar carecen de acceso a la educación.

Las grandes desigualdades sociales, económicas y culturales características de Guatemala, se ven reflejadas de manera rotunda en los niveles de escolaridad de su población. Así, la discriminación por etnia y género típica de los modelos socio económicos prevalecientes durante casi medio siglo no sólo arroja unos índices vergonzantes de analfabetismo entre las mujeres indígenas del área rural –superiores al 65 por ciento-, sino también se palpa en la grave situación de desnutrición y falta de oportunidades de ese grupo poblacional.

Los planes de gobierno tendentes a reducir estos números negativos han sido mal planteados –sus plataformas de acción generalmente están vinculadas a la concentración de poder por los elevados presupuestos involucrados en ellos- y ninguno de ellos ha tenido el impacto esperado, dado que a estas alturas del siglo veintiuno Guatemala continúa descendiendo en la escala de calidad de vida de sus habitantes con unos indicadores de desarrollo que la colocan a la zaga del continente.

Esto ha sido el resultado de iniciativas de parche, demagógicas, improvisadas, diseñadas a pedido de los interesados (políticos y empresarios beneficiados con el negocio), pero ajenas por completo a un plan estructural que repare los vacíos programáticos de las políticas públicas. Como detalle adicional, los programas en áreas como la alfabetización, la reducción de las desigualdades de género y de la desnutrición crónica, tienen como sustento el interés de quedar bien con la comunidad internacional más que responder a una obligación de Estado tradicionalmente descuidada. Es decir, a las autoridades la gente le importa poco o nada y eso se refleja en los pobres resultados de sus acciones.

Como consecuencia de esta negligencia de muchos años, hoy Guatemala tiene una población joven paupérrima cuyo perfil físico presenta desnutrición crónica en un 50 por ciento y, muy probablemente, otras deficiencias derivadas de esta condición, entre ellas un retraso intelectual capaz de afectar su desarrollo futuro y sus oportunidades de crecimiento.

El daño ocasionado al país por la ignorancia, la corrupción y la indiferencia de las clases política y empresarial es casi imposible de calcular. En unos cuantos períodos presidenciales, incluido el actual, se ha derrochado una cuantiosa riqueza de recursos económicos, recursos naturales, potencial educativo de la población y el bienestar que todos estos factores podrían haber producido para el país en su conjunto. Lo vivido en estas últimas décadas ha sido un auténtico “desarrollo del subdesdarrollo” y los más afectados son como siempre las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Como en los oscuros tiempos de la hegemonía vaticana sobre los pueblos de América, hoy se pretende imponer la ley del silencio.

Nada bueno puede provenir de instituciones cuya premisa fundamental es mantener al pueblo en la más completa ignorancia. Esto sucede hoy con la puesta en vigencia de la Ley de Acceso a la Planificación Familiar, cuya implementación representa un enorme avance para un país cuyos indicadores de desarrollo social se encuentran entre los más bajos del mundo.

Resulta absolutamente irracional e irresponsable el rechazo de algunos grupos a poner al alcance de toda la población aquellas herramientas básicas para planificar sus embarazos, conocer el funcionamiento de su cuerpo, adquirir conciencia sobre sus derechos sexuales y reproductivos y, en fin, asumir la responsabilidad sobre su propio desarrollo como persona.

Los argumentos de la curia para repudiar y condenar la aplicación de esta ley son tan débiles, que ni sus propios feligreses los respetan al interior de sus hogares. Porque nadie podrá negar que una abrumadora parte de la población católica también usa métodos anticonceptivos con total libertad y sin resabio de culpa, y que, en algunos casos muy especiales, hasta tiene el privilegio de recibir una dispensa para realizar procedimientos públicamente condenados por la iglesia.

El intervencionismo eclesiástico en asuntos de Estado no es congruente con la historia de esa institución, cuyo lamentable papel ha consistido desde la Edad Media en mantener en la ignorancia de sus derechos a las clases menos favorecidas –mujeres, obreros y campesinos-, en un esfuerzo por dar a la alta burguesía un poder total sobre la fuerza de trabajo.

Si esto no es abusar de la credulidad y la fe, entonces ¿cómo puede calificarse esa manipulación desde los púlpitos que contribuyó al dominio de clase sobre las comunidades indígenas desde la época de la Conquista hasta nuestros días? Hoy las voces que se alzan contra la libertad individual, con el acento puesto en la represión de la mujer y la juventud, no reparan en el hecho de que esa libertad es un derecho humano inalienable, y que desde esa libertad que tanto condenan se pueden sentar las bases de una sociedad más democrática y progresista.

Nadie niega que la educación sexual debe comenzar en el hogar. Sin embargo, la supina ignorancia de la ciudadanía sobre los temas que hoy nos ocupan constituye el mayor de los impedimentos para establecer una comunicación eficaz entre padres e hijos, precisamente por la construcción antinatural de mitos y tabúes, temores y amenazas desde las elevadas esferas del imperio de la fe.