El Quinto Patio

Su presencia en las estadísticas de maltrato, muerte y desnutrición, revela el abandono en el cual se encuentra la niñez guatemalteca.

Las noticias no permiten evadir el tema. Casi la mitad de las niñas y niños guatemaltecos entre 7 y 9 años sufren desnutrición. Uno de los indicadores de esta desastrosa condición en la cual se encuentra la niñez, es la disminución de la talla promedio. Es decir, se está produciendo una especie de involución del desarrollo físico de nuestras niñas y niños, provocada por el abandono al cual los han condenado quienes han gobernado el país o han influído en sus gobiernos.
Para que este indicador específico muestre cambios, deben haber transcurrido muchos años. Por lo tanto, queda en evidencia la negligencia criminal de todas las administraciones del período democrático, cuyas prioridades han estado centradas en la explotación de los recursos del Estado para favorecer sus propios intereses, dejando en el abandono a la población de escasos recursos, postergando planes de desarrollo comunitario, desviando fondos destinados a alimentación y aprovechándose de la complicidad de quienes manejan las leyes para apañar sus desmanes.
En este caso no se trata sólo de corrupción. El fracaso de las clases política y económica, su indiferencia ante la crisis a la cual han conducido al país y las dimensiones de su negligencia, escapan a toda calificación. El horror que vive la población, la paranoia que paraliza sus actividades cotidianas, su decepción ante las promesas incumplidas y la impotencia frente al descaro de los funcionarios corruptos que evaden la justicia y disfrutan abiertamente del dinero robado al pueblo, comienza a perfilarse como un crimen de lesa humanidad.
Hoy, quienes pagan la factura de tanto lujo mal habido son esos 200 mil niños de primer grado, a quienes deben sumárseles otros tantos miles que ni siquiera pueden asistir a la escuela. A ellos, añádanles los recién nacidos con bajo peso, hijos de madres desnutridas que ni siquiera podrán amamantarlos. Y a ellos, agréguenles ese enorme contingente de adolescentes sin oportunidades, cuyo deseo de vivir debe haberles permitido sobreponerse al hambre y a las condiciones de su infancia precaria.
Ese es el verdadero paisaje del país de la eterna primavera. Una nación cuyos políticos, al no concebir el poder sin su aderezo de corrupción e impunidad, han hundido hasta apagar todo eco de rebelión y toda posibilidad de un cambio sustantivo, un cambio con olor a democracia.
¿Cómo extrañarse, entonces, del destino de miles de niñas y niños que, como denunció Carlos Castresana “son secuestrados, vendidos, violados y traficados”? En este escenario desolador, la promesa gubernamental de dar cumplimiento a las Metas del Milenio no es más que una broma cruel.

Es un simple ejercicio de aritmética, ni siquiera una investigación profunda; sólo contar uno más uno, más uno, más uno, hasta perder la perspectiva.

Cualquier periódico sensacionalista sirve para ejercitar la sumatoria básica diaria. En tres días promedio de una semana como cualquier otra, la lectura de la nota roja nos echa a la cara una realidad de violencia y anarquía, reflejada también en las conversaciones diarias, en los correos electrónicos con advertencias sobre asaltos en calles y centros comerciales, en el relato angustiado de más de alguien muy cercano que lo vivió en carne propia.
En sólo 3 días, se produjeron cerca de 50 sucesos de extrema violencia. En el primero, hubo cuatro heridos por el estallido de una bomba casera dentro de un bus del transporte colectivo; un asaltante muerto; una adolescente asesinada mientras dormía; un hombre muerto a balazos dentro de su vivienda; otro muerto –esta vez un joven atacado a balazos- y dos heridos en el mismo incidente, y dos mujeres atacadas a tiros con el resultado de una muerta y la otra herida de gravedad.
Eso no es todo. A machetazos asesinaron a una anciana octogenaria en alguna aldea del interior, mientras dos hombres eran abatidos a tiros en otros incidentes que ya ni siquiera destacaron en la agenda noticiosa.
El día anterior a ése, hubo 11 hombres asesinados en distintos sitios, por diferentes causas, la mayoría por proyectil de arma de fuego. A eso debemos añadir otros tantos heridos de bala; una mujer golpeada hasta morir y luego degollada; una pasajera de autobús muerta de un balazo en medio de un asalto; otra muerta más, pero esta vez atacada por su esposo en el interior de su vivienda y una mujer víctima de violación cuyo cuerpo mostraba señales de estrangulamiento.
Llevamos hasta ahora sólo 2 días, falta el tercero, cuyo saldo fue un joven asesinado a tiros; un hombre muerto por heridas con arma blanca; un hombre asesinado por sus presuntos secuestradores; una mujer herida de bala en otro asalto a un autobús; un hombre y un niño heridos en un ataque armado perpetrado por dos adolescentes, durante cuya captura se encontró un arsenal de armas y proyectiles de grueso calibre; una mujer y un maestro asesinados a tiros en diferentes episodios; otro hombre muerto frente a su casa y otros más silenciados para siempre a golpes y a punta de balazos, como ya es costumbre.
La idea de este ejercicio es llamar la atención sobre la urgencia de restaurar la integridad del sistema judicial, cuyas debilidades ponen en grave peligro a la Nación. Advertir sobre la necesidad de invertir recursos en el equipamiento y capacitación de la policía, combatir la corrupción entre fiscales, jueces y magistrados y forzar una toma de conciencia sobre esta terrible amenaza contra la seguridad de todos.

Guatemala necesita infraestructura para el desarrollo de la cultura. Por eso cualquier iniciativa pública o privada en esa dirección, es buena noticia.

Parte del problema de la carencia de espacios para el desarrollo de la cultura, es el desprecio de los círculos políticos por cualquier cosa que huela a arte o a intercambio de ideas en esa dirección. Parecen no reparar en el hecho de su importancia fundamental en la construcción de la identidad nacional, en la consolidación de los planes educativos, en los procesos de rehabilitación de las sociedades y como complemento del sistema democrático. Les resulta imposible entender que el arte y la cultura, como vehículos de desarrollo humano, no tienen sustituto.
Ante la falta de atención de los gobiernos democráticos por promover las actividades culturales y proporcionar centros de enseñanza de buen nivel a quienes desean seguir el estudio de las disciplinas artísticas, han surgido iniciativas visionarias desde el sector privado, con la intención de paliar un poco estas carencias.
Uno de los proyectos más notables es Santo Domingo del Cerro, en la ruta de ingreso a La Antigua Guatemala. Santo Domingo del Cerro es un conjunto de edificaciones diseñadas bajo un concepto estrictamente ecológico –factor íntimamente vinculado al mundo del arte y la cultura- para dar albergue a las obras de notables artistas nacionales, pero también con la intención de servir de sede para talleres experimentales de escultura, pintura y otras manifestaciones de las artes visuales.
En este paraje privilegiado desde el cual se observa la cuadrícula perfecta de calles antigüeñas con los imponentes volcanes de fondo, se reúnen periódicamente artistas como Luis Díaz, Efraín Recinos y Amerigo Giracca para intercambiar ideas, trabajar enormes murales realizados en mosaico, instalar esculturas y hablar sobre arte. Pero también para enseñar a otros los misterios de su oficio.
Uno de los grandes méritos de este complejo situado en las alturas, es su calidad. No se trata de otra ruina como la Escuela Nacional de Danza, el Conservatorio Nacional de Música o la Escuela de Artes Plásticas, cuya decadencia física denota a gritos la negligencia de las autoridades y su ignorancia respecto a esos temas. Santo Domingo del Cerro tiene todo lo que el arte y los artistas merecen: infraestructura de lujo y un entorno que invitan a la creación.
Esta clase de esfuerzos aportan mucho más a la consolidación de la democracia y la paz que el fallido discurso político. No se trata de construir más centros culturales de alto nivel, sino de poner atención a los abandonados y ruinosos que ya existen y representan una vergüenza para el Estado. En lugar de despilfarrar dinero en una selección de fútbol fracasada, mejor sería dar la oportunidad a niños y niñas que aspiran a ser bailarines, músicos o escultores. Y, sin duda, más gratificante.

Las cifras oficiales no lo dicen todo. En Guatemala, la educación es todavía un lujo reservado a los hijos de unos pocos.

Las imágenes de niñas y niños sentados en blocks de cemento, sobre tablas de madera o simplemente en el suelo, rodeados de agua estancada, basura y ripio, denuncian a las claras lo que ha sucedido con el sistema educativo en Guatemala. Se ha convertido en una pura palanca de presión política.
Que no vengan los legisladores a presumir de solidarios ante la miseria en la cual transcurre la infancia de millones de guatemaltecos. Ese cuento no se lo creen ni ellos mismos, porque a la población le consta cómo, festivamente y sin el menor pudor, se reparten las plazas para sus allegados –o intentan hacerlo-, organizan el circo de las interpelaciones al ministro o ministra de turno, para luego transar acuerdos con el Ejecutivo; negocian su voluntaria miopía para los despilfarros en las dependencias del Estado y callan ante el descalabro de la infraestructura educativa, que ha llegado al extremo de convertirse en una vergüenza nacional.
No hay que extrañarse, entonces, de que muchos padres de familia prefieran usar a sus hijas e hijos como mano de obra adicional en sus labores agrícolas, comerciales o de servicios, cuando no los obligan a mendigar por las calles. Quizás lo hagan para protegerlos de las terribles condiciones en las cuales transcurren sus jornadas educativas, hundidos en el lodo o bajo unos techos que nada cubren.
Cuando el Gobierno presume de educación gratuita dan, entonces, ganas de llorar de la impotencia. ¿De veras pretenden cobrar por tan mísero servicio obligatorio? Las niñas y niños de este país tienen derecho a más que eso. Mucho más.
En honor a la justicia y a lo mucho que la clase política les ha quitado en cuanto a fondos, a oportunidades de desarrollo, a construcción de una sociedad equitativa y democrática, este segmento mayoritario de la población debería contar con el mejor servicio de educación posible, alimentación balanceada, vestuario apropiado y centros de salud adecuados a sus necesidades.
Una vez más, es importante recordar que Guatemala no es un país pobre. Es un país rico lleno de pobres, lo cual es muy distinto. De otro modo, después del descarado latrocinio de todos los gobiernos que han usufructuado del poder y de todas las compañías que han expoliado sus recursos naturales sin dar nada a cambio, ya hubiera sucumbido en la más total bancarrota.
En una sociedad con una infancia y juventud educadas y con acceso al deporte, a la recreación, a la cultura y al arte -verdaderas herramientas de crecimiento personal- esta Guatemala en crisis ya tendria mejores armas para combatir la delincuencia juvenil, las maras y probablemente también el narcotráfico. Porque a estas lacras les hubiéramos arrebatado a su mejor aliada: la miseria.

Los ecos de la Guerra Fría no se han apagado jamás. Aún persisten sus mensajes estereotipados en la memoria colectiva.

El aniversario de la quema de la Embajada de España ha traído de nuevo el debate sobre lo sucedido ese trágico día de enero. Pero lo que subyace tras la agria y eterna disputa entre quienes intentan rescatar una verdad –la suya y probablemente la histórica- y quienes pretenden descalificar todo esfuerzo por echar luz sobre los entretelones de esa masacre, es la espesa barrera construida por los genios de la propaganda anticomunista de la CIA y del Departamento de Estado durante la Guerra Fría, convenientemente divulgada por sus mensajeros locales.
Termino la frase y ya puedo sentir sus consecuencias. El legado de esa época de terror dictatorial en toda América Latina y el Caribe persiste en el imaginario colectivo en la forma de un panfleto lleno de frases hechas.
Para el común de los mortales cuya supervivencia dependía de su silencio y su mansedumbre a las consignas importadas y a las órdenes castrenses, cualquier ser humano suficientemente osado para defender una causa social, era comunista. Si alguien se erigía como líder universitario con ideas medio avanzadas, era comunista. Si una mujer exigía el respeto a sus derechos humanos, era comunista. Y yo, por poner en duda la verdad oficial, también debo serlo.
Esto no sólo se vivió en Guatemala durante los años setenta y ochenta, sino también en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, República Dominicana y todas las naciones en las cuales el poder del imperio estadounidense cambió las reglas del juego imponiendo a sus peones sanguinarios con todo el poder para manipular la información a través de cualquier medio a su alcance.
La Guerra Fría fue la época de las grandes mentiras. El intervencionismo yanqui tampoco es una fantasía calenturienta de una mente comunista, sino una realidad palpable en todo el continente que dejó huellas profundas en las estructuras políticas y económicas, así como en la psiquis de nuestros pueblos.
Fué entonces cuando se profundizaron las divisiones entre clases sociales, cuando se acalló, a punta de balas y bombas, todo intento de independencia y rescate de la dignidad de las naciones.
La verdad histórica –como sucede siempre bajo una dictadura- estaba en manos de quienes también tenían bajo su férula a los medios de comunicación, la llave de acceso a los archivos del ejército y de la policía, y la más eficiente maquinaria de inteligencia y exterminio, todo bajo el manto protector de la ley. Esta es una realidad incontestable, así como lo es que la disensión es un derecho de todos, comunistas o no.

Publicado en Prensa Libre el 02/02/2009

Ante un cañonazo de puro efectivo no hay funcionario que se resista, menos aún agentes de seguridad mal pagados.

Uno de los mayores obstáculos para combatir a las redes del narcotráfico es su capacidad para comprar popularidad. En las áreas donde instalan sus centros de operación invierten millones de dólares en infraestructura y equipo, con lo cual generan empleo y mayores ingresos para la población local. Pobre pero efectivo consuelo para quienes sufren las consecuencias de su violento modo de vida.
El dinero a discreción es la llave del poder de estas organizaciones criminales. En países con escasa infraestructura de servicios, pocas oportunidades de desarrollo para la población y un sector mayoritario de jóvenes sin acceso a educación ni a fuentes de trabajo, las condiciones para la consolidación de su poder y la expansión de sus territorios, están dadas.
Esta situación se replica en menor escala en organizaciones de maras, cuyo método operativo se centra en robo de vehículos, secuestros, extorsiones y asesinatos a pedido. Estas pandillas juveniles parecen ser un subproducto de las redes de la droga, que probablemente las usan como mano de obra disponible y también como parte de una estrategia de debilitamiento de las entidades encargadas de la seguridad ciudadana, de las instituciones públicas y de la estabilidad social.
El sistema de administración de justicia ha sido impotente ante la avalancha de actos criminales. En estos últimos años, se ha hecho cada vez más evidente la permeabilidad de sus estructuras a la tentación del soborno y a las presiones, a la obsolescencia de las leyes y a la ineficiencia de sus operadores.
Por ello no hay que extrañarse de la debilidad del sistema carcelario como una manifestación más de las deficiencias en la seguridad ciudadana. Drogas, alcohol y tecnología de punta tienen acceso directo a las bartolinas para servir a los miembros de las maras como herramientas de entretenimiento, pero sobre todo de comunicación con el exterior para continuar con sus operaciones delictivas.
Tanto maras como organizaciones del narcotráfico parecen estar más tecnificados y, por supuesto, mejor equipados de armas de grueso calibre que el propio Estado, el cual ni siquiera ha podido hacer funcionar los aparatos de intercepción para señales de celular en las cárceles del país.
La dificultad para proponer soluciones a esta problemática está dada fundamentalmente por el debilitamiento institucional, por el fortalecimiento proporcionalmente inverso de las organizaciones criminales y por la impotencia general de la población. Sin embargo, se podría comenzar por ofrecer oportunidades de estudio y trabajo a la numerosa juventud de este país.

Publicado en Prensa Libre el 31/01/2009

Las Metas del Milenio deberían convertirse en el proposito central de los gobiernos de los países en vías de desarrollo.

Es comprensible la frustracion de algunos lideres al constatar que el cumplimiento de las Metas del Milenio, en especial las relativas a la erradicación de la pobreza y el hambre, están cada vez más amenazadas por los altibajos de la economía de los países ricos provocados por la inmoral manipulación de un puñado de grandes compañías en connivencia con el gobierno de Estados Unidos.
Una vez más, el imperio ataca. Y otra vez, agrede a los más débiles con la inmisericordia propia de su ilimitado poder. La excesiva protección a los intereses de los grandes consorcios y el control ejercido por algunos gobiernos del primer mundo sobre los organismos internacionales, la banca, los legisladores y las cúpulas económicas de las naciones subdesarrolladas, ha sido el mecanismo a través del cual se ha ido profundizando de manera acelerada el empobrecimiento de las sociedades tercermundistas, alcanzando niveles nunca vistos en la historia.
En violento contraste, están las ganancias obscenas de las multinacionales, las cuales gracias a presiones sobre los políticos locales han logrado establecerse en nuestros territorios disfrutando de toda clase de granjerías y exenciones fiscales, extrayendo sus riquezas al mínimo costo y dejando sólo focos de corrupción tan profundos como los agujeros de las minas y tan extensos como sus planes de expoliación.
Es evidente que en circunstancias tan adversas para el desarrollo de los países, las Metas del Milenio se van perdiendo entre las prioridades de la agenda gubernamental –digan lo que digan los políticos- porque el contexto no les es propicio. Primero, por estar la concentración de las decisiones de Estado circunscrita a un puñado de funcionarios afines al partido que gobierna, y luego porque se comienza a definir un estilo de hacer las cosas que no tolera el disenso ni invita a la participación plural de otros sectores de la sociedad.
En suma, aún cuando en algunos aspectos se perciban ciertos avances, el panorama global dice otra cosa. Las demostraciones –abiertas, públicas y descaradas- de corrupción entre los legisladores, los administradores de justicia y los anillos que rodean a los funcionarios en cuanta dependencia existe, hablan de retroceso.
El país necesita con urgencia un cambio radical. No en el sentido en el cual se orienta, con síntomas manifiestos de concentración del poder en manos de la pareja presidencial, lo cual es obvio por mucho que les moleste el señalamiento, sino con una voluntad férrea de hacer las cosas bien, de tomar las decisiones correctas, de encaminarse por fin a la recuperación de la institucionalidad y de la maltratada dignidad nacional.

Los partidos políticos guatemaltecos aún no comprenden -ni aceptan- que no puede haber democracia sin equidad de género.

Para analizar la actitud de los dirigentes políticos es imprescindible mencionar que, para la mayoría de quienes ejercen esa actividad en Guatemala, el término democracia es un concepto abstracto sin aplicación práctica. Por lo tanto, exigirles cambios en las estructuras y en los estatutos de sus partidos para dar cabida a un sistema de cuotas, jamás encontrará una respuesta positiva a menos que se apruebe una reforma en las leyes para hacerlo obligatorio.
El sistema de cuotas de participación por género en los partidos políticos, y también en los cargos públicos, ha sido la herramienta fundamental en muchos países del mundo para romper paradigmas arcaicos que aún hoy, en pleno siglo veintiuno, constituyen una barrera para el desarrollo pleno de los pueblos.
Este ha sido uno de los temas a debatir en el marco de la II Conferencia del Movimiento de los Países No Alineados que se desarrolla en Guatemala con la participación de representantes de 81 países, discusión principalmente centrada en los avances del cumplimiento de las Metas del Milenio en aquellos temas relacionados con las oportunidades de desarrollo de las mujeres.
El tema de las cuotas duele. Y esto es porque rompe una tradición patriarcal sólidamente enraizada en el país, culturalmente reforzada a través de la educación de niñas y niños, socialmente aceptada como un hecho irremediable y contra el cual se han estrellado muchas iniciativas de ley tendentes a transformarla. Sin embargo, la mayor resistencia proviene de quienes lo perciben como una peligrosa amenaza a sus cuotas de poder y sus mecanismos de corrupción, cuidadosamente estructurados y protegidos.
Es por ello fundamental la preparación política y técnica de las mujeres diputadas. El papel que representan, aún con la mísera cuota de 19 escaños en un congreso con 158, constituye una punta de lanza para iniciar una escalada numérica que ponga en la agenda no sólo los temas atingentes a su género, sino también los temas marginados de enorme impacto social, como los relativos a salud y educación, seguridad y acceso a servicios básicos.
Las mujeres diputadas no sólo tienen la obligación de despojarse de sectarismos y complejos que en nada contribuyen al desarrollo de sus funciones, sino también la responsabilidad de construir unidas una plataforma para romper barreras históricas, luchar contra la discriminación de género y contra el racismo. La sociedad espera de ellas que sepan aprovechar la oportunidad de voz que les ha sido prestada, con una actitud incluyente y un esfuerzo sostenido por convertirse en representantes auténticas del sector al cual pertenecen.

La crisis de institucionalidad quedó una vez más en evidencia durante la sesión solemne del Congreso de la República.

El tono del discurso oficial no dejó lugar a dudas: el Presidente se declaró insatisfecho por las críticas de la prensa, se sintió agredido por sus opositores y denunció intentos de desestabilización promovidos por sus enemigos políticos. Además, reclamó un trato respetuoso hacia su esposa y mejor comprensión de los proyectos que están en sus manos.
El informe de su primer año de gobierno ante el pleno del Congreso en presencia de ministros y secretarios de Estado, cuerpo diplomático e invitados especiales, estuvo saturado de reproches, a veces en un tono coloquial poco adecuado a un acto solemne de carácter eminentemente protocolario. La alusión personal a Nineth Montenegro, además, constituyó un desliz imperdonable en un funcionario de tan alta investidura, cuya representatividad debe trascender lo anecdótico y remitirse a los puntos esenciales de su gestión.
Pero así como el mandatario rebasó los límites del estricto protocolo que enmarca esta clase de actos, también lo hicieron los 36 diputados que abandonaron el hemiciclo antes de su discurso. El desaire planificado por los representantes del Partido Patriota y la bancada de Libertad Democrática constituyó un acto más degradante para la institucionalidad que para el propio Presidente. Es posible que no hayan medido la dimensión de su conducta en función de la trascendencia de la sesión solemne –durante la cual se realizaba una ceremonia de juramentación de la nueva Junta Directiva del organismo al cual pertenecen- y actuaron como lo harían en un evento político partidista.
Para quienes observaron el desarrollo del evento, éste careció de solemnidad. Ni el discurso presidencial ni los aplausos estrictamente protocolarios ni la actitud de las bancadas de oposición estuvieron a la altura, como tampoco lo estuvo la organización de la ceremonia.
En las afueras del palacio legislativo, las nutridas manifestaciones populares quisieron dar un mentís a los grandes avances en materia social enumerados por el mandatario y a los invitados no les quedó más que sortear los obstáculos y sacar sus pañuelos inmaculados para no sufrir los efectos de los gases lacrimógenos usados para disolver las manifestaciones.
En suma, esta ocasión reflejó una vez más la peligrosa debilidad de las instituciones, punto vulnerable de la democracia, y aún cuando algunos de los presentes alabaron el discurso presidencial, éste no contribuyó en nada a reducir las fuertes divisiones y carencias características de la política local.

Es una lástima que Guatemala no haya tenido a su Haussmann. Sus principales avenidas ya no resisten la presión del tránsito.

El Barón Georges-Eugène Haussmann fue el artífice de la remodelación de Paris en pleno siglo diecinueve, uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos y futuristas de la historia. El trazo de sus grandes avenidas y los sistema de iluminación –en aquellos tiempos un avance costoso y revolucionario- acabaron con el París oscuro, sucio y medieval para convertir a la ciudad luz en la urbe más moderna del mundo.
Pero no es de Haussmann de quien se trata esto, sino de la otrora hermosa y pulcra ciudad de Guatemala, convertida hoy en un enredo caótico de calles y avenidas saturadas al extremo por la circulación a toda hora de una excesiva cantidad de vehículos.
Además del problema ya crítico del tráfico, este centro urbano muestra elevados niveles de contaminación de toda clase: del agua, del aire, por ruido y por desechos que se acumulan en una progresión imparable. Sus sistemas de drenajes ya resultan insuficientes para servir a la cantidad de habitantes que soporta, y las calles presentan un aspecto desordenado y sucio.
¿Cuál es la solución para el ordenamiento de una ciudad que crece sin un plan capaz de regir su expansión de manera organizada? Este es un enigma que parece no tener respuesta y, mientras los vecinos se quejan de los atascos cada vez más frecuentes del tráfico, el parque vehicular aumenta y no se ve una solución para el transporte colectivo, quizás la única salida al atolladero.
Hace ya tanto tiempo que el sistema de buses funciona de forma deficiente, que a aquellos ciudadanos con medios suficientes para proveerse su propio transporte ni siquiera se les cruza por la mente la posibilidad de usarlo. Contrario a lo que sucede en otras ciudades un poco más desarrolladas, en las cuales los vecinos aprovechan las ventajas de las redes de transporte colectivo, aquí subirse a un bus parece ser la última de las opciones y algo así como una maldición del destino.
Quienes tuvieron la desagradable experiencia de tener que trasladarse desde las zonas céntricas hacia el sur de la ciudad durante la semana pasada, saben a qué me refiero. Largas filas de automóviles, buses y motos que hicieron casi imposible el avance, semáforos que no servían para nada porque los cruces estaban bloqueados por vehículos detenidos a la mitad, conductores cansados, enojados, agresivos, que a esas alturas no medían las consecuencias de echarle encima el auto a cualquiera que se les cruzara, volvieron esta ciudad un verdadero infierno. Pero esto no es circunstancial, es crónico y no se atisba la posibilidad de que la situación se revierta. La única opción, entonces, es que el alcalde ponga fin al problema del transporte público de una buena vez.

No importando quién llegue a los puestos públicos, será imposible lograr avances mientras no exista un sistema administrativo coherente.

Una de las características de los burócratas del Estado es creer que al ser nombrados para un puesto, éste ya les pertenece. Es decir, los posee desde el principio una especie de delirio de grandeza que les provoca fiebres, alucinaciones y pérdida del sentido de la realidad, no importa si el puesto es de ministro o de oficial cuarto de alguna dependencia de tercer orden.
La carrera administrativa no existe en Guatemala, por lo tanto tampoco existe historia. Los archivos pueden destruirse o abandonarse a criterio del jefe de turno, y todos saben que cada cuatro años habrá despidos y contratación de empleados nuevos, más o menos entrenados, más o menos agradecidos de estar allí por pertenecer al partido oficial, pero muy conscientes de que el privilegio durará lo que dure el presidente en el cargo.
Una dependencia oficial sin carrera administrativa es una especie de barco al garete en un mar embravecido y en medio de los arrecifes. Es decir, va directo al desastre. Por eso resulta un poco excesivo señalar las fallas de ciertos funcionarios al mando de una de estas máquinas infernales llamadas ministerios. En cierto modo, la responsabilidad de la ineficiencia del aparato estatal viene desde hace mucho, fincada en el concepto erróneo de que el Estado pertenece al partido político que ganó las elecciones, para que haga con él lo que le venga en gana y decida quién se queda y quién se va.
El país necesita con urgencia una operación de reingeniería capaz de construir un sistema de estructuras funcionales y de largo alcance. No es posible alimentar esperanzas de desarrollo en un contexto de improvisación constante, pero sobre todo donde la posibilidad de hacer carrera esté condenada desde el principio y lo único que prevalezca sea el impulso de aprovechar al máximo el momento para hacerse de bienes y privilegios.
Contrario a lo que proponen algunos extremistas del libre mercado, el Estado es fundamental y debe ser fortalecido. No existe un solo país desarrollado que no posea un aparato estatal sólidamente estructurado, fuerte, capaz de atraer a los mejores especialistas en cada área del conocimiento, altamente tecnificado y en control de todos los procesos concernientes a sus funciones.
La mala reputación de los cargos públicos es, por lo tanto, una consecuencia más de la degradación de los sistemas político y administrativo locales, cuyos vacíos y deficiencias propician el compadrazgo, el nepotismo, el clientelismo, la corrupción y la mediocridad. Los funcionarios, ya sean o no de rango ministerial, deberían llenar requisitos mínimos para tener el privilegio de servir a su pueblo. Porque, por si no se han enterado, para eso están donde están.

Tragedias como los ataques de Israel en la franja de Gaza toman un lugar pioritario en la atención pública, desplazando lo que nos toca de cerca.

La indignación por la agresión que sufre el pueblo palestino es una reacción legítima que sacude a millones de ciudadanos en el mundo entero. Marchas de protesta se multiplican y marcan una actitud cívica en contra de las muertes de civiles provocadas por uno de los ejércitos más poderosos del planeta, cuyas acciones tienen el respaldo implícito de casi todos los Estados que conforman el primer mundo.
El protocolo de la guerra –si es que existe tal monstruosidad jurídica- ha sido violado consistentemente por las naciones poderosas. Los tratados internacionales referentes a la protección de la población civil, el respeto a instituciones como la Cruz Roja o las brigadas de la ONU, así como el trato a los prisioneros de guerra, ya nada significan a la hora de atacar un objetivo o borrar del mapa a un adversario, al cual previamente se ha calificado de terrorista.
Además, el poder se manifiesta en el control de la comunicación en todos los niveles, desde la propiedad de algunas importantes cadenas de noticias hasta la influencia económica en los consorcios mediáticos y, por supuesto, las campañas a través de la red diplomática.
Razones para una guerra siempre abundan, sobre todo cuando están en juego la integridad territorial, el control de los recursos naturales y las supremacías militar, política y religiosa. El problema es que se utiliza como instrumento de presión el ataque indiscriminado contra civiles atrapados en medio del fuego y la destrucción de la infraestructura sin discriminación: el fuego cae certeramente sobre convoyes de ayuda humanitaria, escuelas, hospitales y áreas residenciales.
Los argumentos que esgrimen los agresores, en este caso Israel, se basan fundamentalmente en la necesidad de detener los ataques del grupo Hamas, al cual se atribuyen la mayoría de los actos de terrorismo más sangrientos que ha sufrido el pueblo israelí. Sin embargo, se borra la sutil frontera entre lo que se podría calificar como acciones preventivas o de defensa y puro terrorismo de Estado, cuando la mayoría de las víctimas son niños, mujeres y otros civiles indefensos sobre cuyos refugios y hogares cae todo el poder bélico de sus poderosos vecinos.
No hay, entonces, argumento válido capaz de justificar semejante carnicería. Tampoco lo hay para arrogarse el derecho de impedir el acceso a instituciones de ayuda y a la prensa internacional, a un territorio que ni siquiera les pertenece. Todo eso lleva a especulaciones y conjeturas que en nada favorecen sus esfuerzos por legitimar esta guerra y respaldar las afirmaciones de su gobierno en su campaña mediática.

Accedí a abrir una página en Facebook a instancias de Tania. No me imaginé el universo que se encuentra en esos ámbitos. Gente de todas las generaciones a pesar de que la mayoría pertenecen a la nueva y los de antes nos sentimos un poco ajenos, como si estuviéramos invadiendo un territorio extranjero.
Pero entre una cosa y otra, es divertido hacer álbumes de fotos y aprovechar la ocasión para sumergirse en una búsqueda de imágenes olvidadas en el disco duro y en los álbumes guardados en un closet. Allí rescaté a mis viejas tías, a mis parentes más cercanos y también aquellos de quienes ni siquiera recuerdo los nombres.
Además están los viajes, las fotos de compañeros de ruta cuya existencia no ha dejado una huella muy profunda, y esas caras que jamás dejan de traernos buenos recuerdos.

La foto fue tomada durante una cena en el Cap Ducal, uno de los restaurantes más famosos, más antiguos, pero sobre todo uno de los mejores de Viña del Mar

La invasión territorial de los grupos de la droga influye y afecta en las decisiones de los Estados.

Nunca se había visto con tanta evidencia el efecto de la expansión territorial de los carteles de la droga como el año que recién terminó. Se sucedieron las matanzas entre grupos rivales con todas las características de la violencia extrema que caracteriza a estas pandillas: cadáveres decapitados, quemados y con señales de tortura; policías involucrados en el encubrimiento de las huellas y dinero a montones circulando en todos los estratos del sistema judicial.
Lo que se avecina no es para nada esperanzador, los carteles de la droga han alcanzado –en México, Guatemala y otros países del continente- un poder de dimensiones épicas gracias a su ilimitada capacidad económica para comprar toda clase de voluntades y pases de salida en las cárceles a las cuales rara vez van a dar.
El problema, entonces, es ver el cuadro completo y vislumbrar alguna salida. Desde hace muchos años, se discute sobre la posibilidad de que la legalización de la droga permita reducir los efectos del tráfico. Muchos se oponen; unos por razones morales, otros por razones políticas, pero también lo hacen quienes obtienen provecho de esta actividad, ya sea por estar involucrados en ella o por recibir jugosos sobornos.
Sin embargo, cualquier inciativa tendente a eliminar esta fuente de violencia está condenada al fracaso en tanto no se ataque de manera frontal el problema del consumo. Y Estados Unidos, junto con Europa y los países orientales, son los grandes consumidores de todas las variedades posibles de droga. Esto hace que ante una demanda tan intensa, los productores expandan su negocio en todas sus fases, desde la producción hasta la venta al detalle, aceitando los procesos con millones de dólares que impactan pero no se registran en los indicadores económicos de los países.
Legalizar la droga implicaría cambiar por completo el escenario de toda esta cadena. Al mismo tiempo, revelaría la dimensión de sus redes de distribución y haría más accesible la información sobre los procesos de producción.
Pero no existe estrategia posible ni política, ni económica, ni policial contra el poder de los carteles mientras no se realice un operativo multinacional efectivo, blindado contra sus sobornos, entrenado al nivel de sofisticación del cual hacen gala las redes del narcotráfico.
Todo el mundo está en riesgo, pero de manera puntual América Latina, cuyas instituciones son vulnerables a la corrupción en sus más elevados estratos y muy especialmente en sus ejércitos regulares y cuerpos de policía. La amenaza no está latente. Ya está presente y ha tomado posesión de los territorios con una celeridad y eficacia que ya se quisiera observar en los mandos estatales.

Empezamos enero esperando algo mejor, motivados por el estereotipado espíritu del cambio de año.

Tengo una hermana escéptica por naturaleza. Su saludo de fin de año desde la helada Europa, fue algo así como buena salud, buen humor y pocas penas, lo cual ella llama con mucho acierto un estado de “pesimismo positivo”. Por lo tanto, no hay que llegar al extremo de ser optimistas, dadas las circunstancias, pero guardemos alguna esperanza.
En Guatemala el pesimismo positivo vendría siendo como la conciencia de nuestros males, con la actitud de enfrentarlos y vencerlos. Toda una inmersión psicológica en la vida cotidiana de este país del cuarto mundo con sus aberraciones políticas, sus esperanzas frustradas, sus indicadores catastróficos y una población resistente a la adversidad como pocas.
Así es que he decidido seguir el consejo de mi lejana parienta y comenzar con un sacudón a mis agoreros presentimientos para reemplazarlos por el augurio de mejores tiempos. Esto no es porque se me haya pegado el espiritu navideño y esté viendo esferas de colores, sino porque hemos llegado tan pero tan bajo, que la única posibilidad es comenzar a remontar desde los abismos.
Un buen augurio viene siempre precedido por un análisis de situación. Dado que con relación a las acciones de los gobernantes no tenemos el privilegio de contar con la información básica para hacer ningún análisis serio, no queda más que especular respecto al rumbo que seguirán las decisiones de Estado.
En el tema de seguridad, se reforzarán las estrategias en contra del narcotráfico y probablemente el ejército asuma un papel muy protagónico en este campo. No hay otra salida, porque toca de cerca las relaciones con el nuevo gobierno estadounidense y para éste es prioritario, dado su impacto en sus relaciones con México.
En lo relativo a programas de desarrollo social, quizás finalmente se consoliden algunas líneas de acción un poco más efectivas para combatir los flagelos del hambre y la desnutrición, así como para ampliar las coberturas en salud y educación para la población más vulnerable. Para ello, Sandra de Colom su marido tendrán que demostrar la capacidad de ejecución de las instituciones a su cargo y probar su liderazgo de manera mucho más consistente y firme que hasta ahora, aunque sin rebasar sus límites de autoridad.
Si sólo esto se pudiera realizar, podríamos decir que el país comienza a retomar el rumbo perdido. Sin embargo, los poderes clave para garantizar un cambio en la política nacional están aún en trapos de cucaracha y no parecen estar dispuestos a cambiar. ¿Se da cuenta? esto es a lo que mi hermana llama “pesimismo positivo”.