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Daños colaterales

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Millones son las víctimas causadas por el abandono de políticas públicas esenciales. 

Guatemala se encuentra hoy a las puertas de un golpe de Estado, el cual se ha venido gestando de manera solapada desde el palacio presidencial y las más altas instancias de sus instituciones. Las maniobras conducentes a la situación que hoy vive ese país han sido pergeñadas de tal modo como para causar una parálisis jurídica y la invasión de los espacios en donde se toman decisiones fundamentales. Para ello, quienes administran y manipulan los mecanismos políticos han instalado a sus cómplices en las Cortes, la Asamblea legislativa, el Ministerio Público y todas aquellas instancias clave de las cuales depende la estabilidad política de la Nación. 

Desde la perspectiva política, Guatemala se puede considerar un Estado fallido. Capturado por un grupo de delincuentes -denominado el “Pacto de Corruptos” por los alcances de sus abusos de poder- el país ha caído en picada en todos sus indicadores de desarrollo, considerados “daños colaterales” entre los políticos actuales. Esa nación, la más rica de Centroamérica, ha sido sistemáticamente saqueada durante las últimas administraciones, al punto de ocasionar daños irreparables, en especial entre los más jóvenes y desprotegidos. Con índices como el de coeficiente intelectual que la ubican en el puesto 196 -de entre 199 países- una de las tasas más bajas del mundo provocada por la desnutrición crónica, el desarrollo futuro de Guatemala es prácticamente inviable y sus niños, niñas y adolescentes enfrentan un futuro de miseria y privaciones de todo tipo. 

Mientras eso sucede a lo largo de su territorio, la casta política y la élite económica arrasan con todas las riquezas, convirtiendo a esa nación en una república bananera sin futuro y sin esperanzas de recuperación. De ahí la sorpresa que hoy mantiene en jaque a sus centros de poder: el surgimiento inesperado de Bernardo Arévalo De León en las elecciones del pasado mes, un candidato con fuerte vocación democrática cuya propuesta capturó los votos de una ciudadanía hastiada de los abusos y los engaños, y quien ¡oh, sorpresa! alcanzó el segundo lugar en los comicios.

En un incesante tráfago de maniobras ilegales, el actual Presidente y sus aliados intentan frenar el posible y más que probable arribo de Arévalo a la primera magistratura, conscientes de que a partir de ese momento se verán enfrentados a la acción de la justicia; sus cómplices perderán el poder que hoy detentan de manera ilegítima y se iniciará una etapa plagada de obstáculos hacia el retorno de la institucionalidad perdida. 

Todo lo anterior representa una amenaza de tal calibre para quienes hoy detentan el poder, como para temer actos desesperados y violentos por parte de quienes se ven hoy enfrentados a la posibilidad de perderlo todo. Este potencial escenario podría ocasionar un quiebre rotundo en la historia reciente de ese país, el cual ha sufrido ya los estragos de la guerra interna, de los abusos de sus castas privilegiadas y de la represión por parte de sus cuerpos armados. 

Guatemala tiene el derecho de decidir su destino sin amenazas y con la legitimidad que le otorga su texto constitucional. Ningún delincuente mareado de poder debería tener la potestad de frenar el curso de su historia y, menos aún, de privar a sus habitantes de un futuro lleno de esperanzas. Tampoco la tiene una élite económica ciega y voraz, cuyo destino depende de una sociedad saludable y productiva.

Guatemala se debate entre la dictadura y una posible restitución de la democracia plena. 

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@carvasar

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Un antiguo campo de batalla

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“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres” Simone de Beauvoir.

En los días recientes, tres decisiones de la Corte Suprema estadounidense han delineado la ruta de un retroceso radical en cuestión de derechos, pero también la constatación de una postura reiteradamente contradictoria en cuanto la defensa de la vida y la libertad. La derogación del derecho al aborto, al eliminar la histórica decisión Roe vs Wade, de 1973, la cual consagraba esta opción como un derecho constitucional, deja a millones de mujeres estadounidenses desprotegidas y sujetas a enfrentar serios riesgos para su salud, pero sobre todo expuestas como objeto de control político bajo la pobre excusa del derecho a la vida. Esta decisión de la Corte constituye otra de las formas de violación de los cuerpos de las mujeres, semejantes a las perpetradas en cualquier escenario bélico y, para más ironía, con los mismos propósitos.

La segunda decisión de la Suprema viene a ratificar el cinismo de los grupos de extrema derecha en ese país, al anular las restricciones sobre la tenencia de armas en la vía pública en el Estado de Nueva York. Es decir, mientras por un lado se restringen los derechos de las mujeres, por otro se relajan las normas sobre uno de los derechos constitucionales más peligrosos para la vida humana. Y la tercera decisión viene a confirmar una vez más la doble moral de las altas instancias jurídicas -reflejo, claro está, de toda una tradición de fundamentalismo- abriendo la puerta para subsidiar con fondos del Estado el adoctrinamiento religioso en las escuelas, lo cual contraviene la tradicional separación entre Iglesia y Estado.

Como espejo de este regreso a un marco normativo que vulnera gravemente derechos ya consagrados, se establece de modo agresivo un retorno a las prácticas restrictivas para grupos específicos de la sociedad -mujeres y niñez- desbaratando de golpe una labor de largo aliento que ha costado muchas vidas. La violencia implícita en estas decisiones delinea un giro histórico hacia un fascismo solapado, vestido de moral. Toda decisión dirigida a eliminar derechos ya conquistados a un grupo específico de la sociedad, es una práctica inmoral y carente de verdadera sustentación jurídica, toda vez que representa un acto de discriminación.

El cuerpo de las mujeres es y ha sido siempre un antiguo campo de batalla. Destruirlo físicamente -o destruir su esencia- equivale a aniquilar una parte fundamental del tejido social. Es por ello que la lucha por los derechos de las mujeres se mantiene siempre vigente: porque jamás estarán garantizados mientras existan bajo un sistema patriarcal, de dominación económica y política, en donde su sitio no tiene sustento sólido. Esta es una realidad en cualquier sociedad, no importa cuán elevado sea su nivel de desarrollo. 

El discurso pro vida, institucionalizado con fervor por gobiernos cuyos líderes amparan los crímenes de guerra bajo la bandera de intereses corporativos, choca de frente con iniciativas destinadas a poner un cepo contra la seguridad, la vida y la libertad de más de la mitad de su población. La intromisión de las doctrinas religiosas en esta muestra escandalosa de cinismo y abuso, incluso en países cuyos textos constitucionales establecen una división estricta de sus espacios de intervención, deja muy en claro cuánto impacto tendría la plena libertad de las mujeres en un sistema capaz de reconocer sus talentos y sus valores. Este, todavía es un tema pendiente.

La plena libertad para la mujer es un tema pendiente en todas las sociedades.

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Decálogo

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Una justicia de calidad debe ajustarse a normas y procedimientos.

 A propósito de mi columna del sábado 29 de diciembre, una ciudadana preocupada por la pobre calidad del sistema de administración de justicia me envió este interesante documento suscrito por las Cortes Iberoamericanas, incluida Guatemala. Es el Decálogo Iberoamericano – Calidad para la Justicia, el cual contiene conceptos básicos para ser acatados como marco de toda actuación en los distintos estratos de los entes jurídicos. He aquí sus principios, cuyos párrafos he editado por motivos de espacio:

I. Reconocer a la persona usuaria como razón de ser de la Justicia. La calidad en el ámbito de la Justicia siempre debe estar orientada al cumplimiento de las expectativas y requerimientos de la persona usuaria. Tiene que dar respuesta a las necesidades de la población con equidad, objetividad y eficiencia.

II. Garantizar el acceso a una Justicia de calidad como derecho universal. En todo Estado Democrático de Derecho, debe garantizarse el acceso a una Justicia de calidad respetando siempre los derechos fundamentales de la población, en especial de aquellos grupos más vulnerables.

III. Desarrollar una debida planificación de la calidad en la Justicia. Deben establecerse planes, metas y plazos con un uso adecuado de los recursos.

IV. Fomentar una Justicia con enfoque sistémico integral. Esta perspectiva implica la necesaria coordinación y cooperación. El trabajar articuladamente permite generar valor al servicio de la administración de justicia.

V. Reconocer en la Justicia la importancia de su capital humano. Deben fortalecerse las

habilidades, destrezas, formación, actitudes y competencias personales en procura de la excelencia del servicio público.

VI. Incentivar el compromiso y el trabajo en equipo en función de la Justicia. Quienes integran toda organización de la Justicia, deben identificarse con la persona usuaria, con sus necesidades y comprometerse a brindar una adecuada prestación del servicio

público. (…) Deberán ser garantes de los valores éticos, la vocación de servicio público, la corresponsabilidad y la transparencia en la función pública.

VII. Establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una Justicia confiable y de calidad. La concepción de un Estado Social y Democrático de Derecho, lleva intrínseca la existencia de un sistema de Justicia eficiente donde las personas usuarias tengan la garantía de la tutela de sus derechos.

VIII. Realizar la medición de resultados en la gestión de la Justicia. La calidad y la mejora continua requieren de evidencias, es decir, toda acción implementada debe ser comprobada por un registro que la respalde.

IX. Garantizar una Justicia transparente y con participación ciudadana. Una Justicia de calidad debe ser transparente, estar sujeta al escrutinio público y a la rendición de cuentas de sus acciones.

X. Impulsar la mejora continua como fundamento en la gestión de calidad para la Justicia. La mejora continua se fundamenta en la evaluación constante de los resultados que permita ajustar las prácticas de gestión a las nuevas necesidades de la persona usuaria y a su vez, fomentar la innovación y el aprendizaje de las prácticas de gestión.