Month: July 2011

Publicado el 13/06/2011

El estado de Derecho depende de la fortaleza y estabilidad de las instituciones. 


Desde palcos y galerías, lejos de los toros, es fácil emitir opiniones y criticar el desempeño de jueces y fiscales. Pero cuando se escarba un poco en la metodología de los criminales y las consecuencias que provoca cualquier acción contra su impunidad, las cosas cambian.

Guatemala está en guerra, y en una guerra como ésta –ubicua, sucia, solapada- toda la ciudadanía debe mantenerse en constante alerta. Un golpe en la puerta o un automóvil sospechoso son suficiente motivo para que se dispare la adrenalina y se erice la piel. Ningún habitante de este país es inmune ante la violencia, sobre todo desde que el Estado fue desmantelado por políticos oportunistas y carentes de visión de nación, como todos los que se han turnado en la Presidencia de la República para hacerse ricos ¡por fin! o más ricos de lo que ya eran.

Desde nuestras tribunas hemos criticado hasta la saciedad el desempeño de los servidores públicos en las áreas de seguridad y justicia. Sin embargo, no se hace suficiente presión sobre el Ejecutivo y sobre el Congreso para detener el derroche de recursos en estrategias de beneficio personal o partidista. Hoy vemos con repugnancia la prodigalidad de la UNE en su campaña proselitista, decorada con elementos pagados con los impuestos del pueblo y premunida de regalos sacados mágicamente del presupuesto de la Nación.

Como si esto no fuera suficiente evidencia de corrupción, están las patéticas imágenes del hospital general San Juan de Dios en donde a diario mueren las personas que no tienen otro centro de salud al cual acudir. ¿Dónde están las investigaciones y auditorías para establecer responsabilidades en el mal manejo de los recursos? ¿Hasta dónde llegan los hilos de la corrupción en la adjudicación de contratos?

El Ministerio Público denunció el recorte presupuestario que le quitó una tajada de 300 millones de quetzales a principios de este año. Con las carencias actuales, esa entidad es impotente para proteger a sus fiscales y cubrir todo el territorio nacional, donde la narcoactividad se mueve con entera libertad gracias a sus inagotables recursos económicos.

A esto es imperioso agregar la campaña de desprestigio que algunos sectores de poder han mantenido en contra de la CICIG, una entidad cuya presencia es indispensable para ayudar a desmantelar las fortalezas de impunidad y los cuerpos clandestinos establecidos desde hace algunos años con el entusiasta concurso de algunos ex presidentes. Las corrientes ocultas del tráfico de influencias calan hasta en los más recónditos rincones de la vida nacional. Si no se enfrentan con la voluntad de derrotarlas, Guatemala será muy pronto un narcoestado más, pero un paraíso menos.

Publicado el 11/06/2011

La idea que flota en el ambiente es que Guatemala es impotente ante el crimen. 


El narcotráfico ya entró en la cotidianidad del guatemalteco. Cada día esta sociedad se enfrenta a la dura realidad del crimen cometido con saña extrema, estrategia clásica de los grupos organizados cuando ingresan a un territorio para ejercer el dominio total subyugando a sus instituciones.

Como en una guerra cualquiera, el enemigo lanza sus proyectiles contra la sociedad civil ante cada amenaza de sus contrincantes, con la intención de demostrar su poderío. En Guatemala, sus adversarios son las instituciones encargadas de seguridad y justicia, las organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos y otros organismos cuya función sea combatir a los grupos criminales para erradicar el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, el contrabando y otras acciones que atentan contra el estado de Derecho.

Ante una situación de tan enorme envergadura, poco es lo que el Estado puede hacer por sí mismo. Conscientes de que el tema de la droga está íntimamente ligado a su mercado internacional, sería natural suponer que en esta batalla las víctimas estuvieran también en ámbitos internacionales, pero no es así.

Para que los ciudadanos norteamericanos y europeos puedan tener acceso a los estupefacientes, muchos latinoamericanos inocentes mueren cada día. Los mecanismos de control del tráfico de drogas castiga a estos países de manera inclemente, mientras en las naciones consumidoras las capturas de grandes capos –que los hay- son tan escasas como los decomisos del producto.

Las fuerzas armadas de las naciones de nuestro continente fueron primero entrenadas para combatir al comunismo, faena que también se llevó por delante a cientos de miles de civiles indefensos en guerras de una crueldad inimaginable. Muchas de esas fuerzas acuciosamente capacitadas en las técnicas de la tortura, la represión y el asesinato han alimentado las filas de las organizaciones criminales –ejemplo claro es el cuerpo de kaibiles- y hoy la población se enfrenta al acoso y la amenaza constante contra su vida y su propiedad por parte de esos elementos.

Ante esta realidad, los gobiernos son impotentes. De cada acción efectiva contra las organizaciones del crimen, se obtendrá una larga fila de muertos inocentes, demostración sanguinaria de la determinación inclaudicable de estos individuos de apoderarse del país entero y transformarlo en un narcoterritorio.

No importa cuántas promesas surjan durante esta campaña, ninguno de los candidatos tiene la respuesta y, menos aún, una plataforma viable de combate al crimen organizado. Las cartas están echadas y mientras los gobiernos norteamericanos y europeos no se involucren de lleno en esta cacería, de nada servirán nuestros muertos.

Es sospechosa la manera como los partidos protegen la información sobre sus recursos. 


En un país con un fuerte sistema democrático, es impensable que los partidos políticos oculten la información sobre sus fuentes de financiamiento. Para ello, los argumentos sobran: 1) Quien invierte en una campaña busca beneficios personales; 2) Es una manera ideal de lavar activos sin dejar huellas y además obtener ganancias de mediano y largo plazos; 3) Es un mecanismo sencillo y accesible para tener control sobre las decisiones políticas y económicas del país; 4) Da entrada fácil a las organizaciones sociales sin cumplir requisito alguno.

Cuando los representantes del pueblo en el Congreso de la República son quienes se oponen a estos controles, revelan su falta de compromiso con su juramento y cometen traición a la patria al anteponer los intereses particulares por encima de los del pueblo que los eligió. Con esa actitud, los diputados demuestran su desdén por los preceptos constitucionales, pero también su pofundo desprecio por la integridad del sistema democrático al cual han jurado defender, poniendo en peligro no solo el estado de Derecho sino también la soberanía del país.

En la actualidad, es posible observar a todos estos personajes de comedia atropellándose frente al Tribunal Supremo Electoral para asegurarse un puesto en las papeletas, a pesar de los muchos reparos éticos o legales que llevan sobre sus espaldas. Lo más preocupante es el hecho de que, para los ciudadanos probos que aceptarían arriesgarse a ingresar a ese círculo perverso con intenciones de elevar su nivel, no existe la menor oportunidad. Si no hay dinero a manos llenas, no hay sitio en los listados. Punto.

Este condicionamiento al aporte económico está destruyendo las bases de la democracia, al abrir los accesos al tráfico de influencias por parte de grupos opuestos a un sistema jurídico recto y transparente. En esta carrera de galgos no solo participan narcotraficantes o miembros prominentes de las redes de contrabando, sino también grupos empresariales, los mismos que siempre han estado al acecho para llenarse las bolsas y librarse de las cargas tributarias.

Si esta situación persiste, Guatemala, como Estado libre e independiente, estará acabada muy pronto. La solución existe, la han probado otros países y funciona: establecer máximos no solo en dinero, sino también en espacios públicos, en acceso libre a las frecuencias radiofónicas y televisivas –las cuales son propiedad del Estado y, por lo tanto, del pueblo- y terminar de una vez por todas este nefasto abuso, fijando reglas claras para todos por igual.

Quizás de ese modo algún día se presenten a los cargos más importantes de la nación profesionales honestos, ciudadanos decentes con el ímpetu suficiente para salvar la dignidad de Guatemala y de sus instituciones.

Publicado el 04/06/2011

Una revisión de las propuestas de la campaña anterior sería enriquecedora. 


Al escuchar los argumentos de los distintos candidatos para justificar su presencia en las papeletas, se retrocede al pasado en múltiplos de cuatro. Quizás la única diferencia entre los postulados de los candidatos precedentes fuera un esfuerzo más consistente por parecer coherentes, aunque en ningún caso destacaron por su brillantez intelectual.

Es patético observar cómo todos –incluso la señora Torres, quien ha jugado un papel protagónico durante esta administración- alegan inocencia y pretenden tener la fórmula para acabar con los males de Guatemala. Aun cuando han tenido la plataforma necesaria para ejercer una oposición informada ante la gestión gubernamental, aparecen como observadores pasivos del descalabro actual.

Ninguno de ellos puede arrogarse el derecho de fingir ignorancia, ni de colocarse del lado de las víctimas, especialmente si han sido partícipes en los procesos de negociación que afectan las finanzas y el estado general de la administración pública. Han sido legisladores, han sido co-gobernantes, han sido políticos activos y han estado del otro lado de la mesa de discusión como representantes del sector privado.

Esto ha sucedido antes de manera recurrente. Llega un candidato a la palestra con las fórmulas mágicas para acabar con la corrupción, ofrece el respeto irrestricto a los derechos humanos o promete todo lo contrario: la mano dura. Suben al estrado con arrogancia y manosean los colores patrios como adueñándose de una soberanía que jamás han podido defender. Se bañan en agua bendita después de haber tenido el poder de erradicar los males que hoy juran combatir y distribuyen sagrados mandamientos que no son capaces de respetar ni en su propia casa.

Algo que la población debe comprender en su completa dimensión es que ningún candidato ha sido totalmente ajeno a la descomposición actual. Todos ellos han tenido un lugar privilegiado en el quehacer político de esta nación, lo cual incluye al actual mandatario, quien intenta desesperadamente sacudirse la responsabilidad echando la culpa a sus antecesores.

Esta actitud no es nueva ni será la última vez que se vea en un gobernante, pero es conveniente tenerla en cuenta antes de marcar la papeleta. La campaña actual está jalonada de acusaciones e insultos, descalificación de contrincantes y promesas vagas, nada que pueda considerarse de altura para un evento cívico de tal magnitud. Lo que denota este circo es un desprecio absoluto a los valores humanos, un retroceso más a los tiempos oscuros del totalitarismo y una amenaza al sistema democrático, a partir del momento que todos violaron alegremente la ley al iniciar una campaña anticipada. La espiral sigue descendiendo y la ciudadanía, a poco más de 3 meses, no sabe por quién votar.

Publicado el 30/05/2011

¿Qué buscan los partidos con su pretensión de eliminar el requisito del finiquito?


El finiquito es un documento que, en un sistema democrático y con un estado de Derecho vigente, garantiza la probidad de los candidatos que desean optar a cargos de elección popular. En otras palabras, protege a la ciudadanía de posibles funcionarios corruptos, delincuentes con procesos pendientes o individuos con un prontuario nutrido por diferente tipo de delitos.
El hecho de que los partidos políticos soliciten al Tribunal Supremo Electoral eliminar este requisito, es una forma muy evidente de confesar que en sus filas hay elementos sospechosos o abiertamente indeseables. Es decir, esas instituciones –porque los partidos lo son- pretenden encubrir delitos o faltas de sus candidatos con el supuesto objetivo de darles acceso a la tan deseada inmunidad y facilitarles la comisión de nuevos delitos desde el seno mismo del aparato estatal.
Este requisito indispensable para transparentar la gestión pública resulta muy aplicable en el caso de diputados y alcaldes. La mayoría de ellos, buenos y malos, buscan la reelección. Y también es mayoría quienes tienen denuncias por malos manejos de los fondos o por conductas sospechosas de corrupción. Y lo que sus organizaciones hacen al solicitar la impunidad, es encubrirlos.

La situación del país, con su debilidad institucional y la falta de fiscalización de la gestión gubernamental por parte de la ciudadanía, demanda la aplicación estricta de las leyes y no la búsqueda de tratos de excepción para facilitar el ingreso de personas sospechosas al círculo del poder político. Si los líderes de los partidos no tienen la integridad necesaria para garantizarle esto a la población, tampoco deberían gozar de sus preferencias electorales.
La sola iniciativa de solicitar la exoneración de la presentación de los finiquitos resulta reprobable y altamente perjudicial para el correcto desarrollo del proceso electoral. Ya las campañas cometen graves violaciones a las leyes al invadir el espacio público, haciéndolo incluso desde antes de lo permitido por las leyes que regulan la materia. Esa actitud arrogante de las organizaciones políticas más parece un reflejo de la arrogancia inveterada de sus financistas, aquellos que se creen dueños de Guatemala.
Lo demostrado con esta nueva manera de evadir la aplicación de la ley es que ninguno de los partidos solicitantes de exoneración merece un solo voto del pueblo. No solo resultan sospechosos de delitos sino además muestran un total desprecio por la soberanía de las normas constitucionales, lo cual marca la ruta de sus futuras acciones.
Si la ciudadanía muestra algo de respeto por sí misma, debería tomar nota cuidadosa de este hecho y tomarlo muy en cuenta al momento de emitir su sufragio. El futuro de sus hijos y de su patria dependen de ello.

Publicado el 28/05/2011

 Publicado el 23/05/2011

No tengo idea de dónde comenzó a circular el mensaje de que el mundo se acaba. 

Como todos esos rumores de origen incierto, el que anunció el fin del mundo para el fin de semana pasado invadió la internet y fue creciendo a medida que se transformaba en motivo de broma para los usuarios de las redes sociales.
Es probable que solo fuera una feliz coincidencia, pero mientras llegaba la hora del anunciado fin del mundo, Piñera enfrentaba con enfado varias manifestaciones de rechazo a su gestión, reprimidas con lujo de fuerza por los cuerpos especiales, España vivía una de las mayores jornadas de protesta de su historia cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, y en Francia se replicaba en menor escala el campamento de la Plaza del Sol.
Todas estas manifestaciones masivas parecen apuntar hacia un mismo objetivo: retomar los valores de la democracia auténtica, propiciar un acuerdo social que beneficie a todos, eliminar los privilegios del gran capital y proteger a los países de la invasión de compañías multinacionales cuyas ganancias crecen en proporción inversa a los beneficios de las naciones en las cuales operan.
El derecho al trabajo y la obligación de los Estados de proteger el patrimonio natural destacan fuertemente en las protestas. Las leyes de los países que funcionan bajo la sombra del capitalismo deshumanizado impuesto por Estados Unidos y Europa están orientadas a proteger a grupos privilegiados por medio de legislaturas comprometidas con el capital que financia sus campañas electorales.
De ahí surgen las absurdas propuestas de desarticular al aparato estatal para reducir su poder, contrario a lo que hacen los países del primer mundo cuyos mecanismos de control de la sociedad son cada vez más extensos y cuyas burocracias cada vez más intrusivas tanto en su ámbito interno como en los países bajo su órbita de influencia.
La recuperación de la democracia tendrá que pasar por una reforma de las leyes. El capitalismo se ha desvirtuado tanto como el concepto de libertad, que sólo funciona para segmentos muy selectos de la población: el que posee los medios para adquirirlo.
La extrema discrecionalidad de los gobernantes para establecer compromisos con las compañías multinacionales debería pasar por una revisión exhaustiva, con el texto constitucional en mano, para establecer límites realistas a esa forma de poder. Un presidente puede actualmente cambiar la geografía de su país, alterar las condiciones de vida de grandes sectores de la población, permitir la contaminación de sus aguas y no parece existir la fórmula legal para impedir semejante pérdida de soberanía. Afortunadamente no se produjo el fin del mundo, pero ¿será el principio del fin de este tipo de capitalismo?

He dejado abandonado mi blog por temporadas. Eso ha sido por mi presencia cada vez más permanente en las redes sociales. Sin embargo, tengo que encontrar la manera de vincular este blog a mis otros sitios para mantenerlo actualizado y vigente. Después de todo, es mi mejor archivo de opinión sobre temas actuales, y sin duda se irá transformando en una buena fuente de información sobre acontecimientos pasados. Desde mi particular punto de vista, por supuesto.
Lo que me comienza a fascinar de esta interacción constante en la web es la enorme riqueza de información a la que tenemos acceso quienes nos dedicamos al mundo de la comunicación. Entre mucha basura, hay auténticas perlas, pero es preciso tener muy buen olfato para saber diferenciar entre una cosa y otra.
En la red he encontrado a personas inteligentes, lúcidas, involucradas con el desarrollo de su país y comprometidas con sus ideales. Eso, al final de cuentas, es un respiro entre tanta corrupción y venalidad, entre las muestras de ambición extrema y los intentos por regresar al oscurantismo del medioevo.
Nuestra obligación es contribuir al debate, participar con buenas propuestas y creer cada vez más en la posibilidad de un cambio positivo. De otro modo, de nada serviría dedicar tiempo y esfuerzo a esta noble tarea del periodismo.