Honduras

El olor a pólvora provoca pesadillas en quienes experimentaron la represión militar en carne propia y también en quienes la conocen sólo de oídas.

Casi puedo oir el razonamiento: “Nosotros seremos quienes demos legitimidad al relevo de poder, porque somos los representantes del pueblo y los garantes de la institucionalidad”. Con esa lógica ramplona de los políticos latinoamericanos acostumbrados a hacer de su túnica un sayal y del poder un instrumento de usos varios, el Congreso hondureño en pleno declaró la victoria de un rompimiento del estado de derecho el cual, de romplón y sin paliativos, trasladó a Honduras a un pasado de violencia que parecía superado.
Por supuesto, los representantes de la asambles legislativa hondureña nunca imaginaron el poder de la diplomacia ni la fuerza del miedo al retroceso. Asumieron, sin más, que al coronar al sucesor de entre los funcionarios civiles, el acento militarista iba a pasar a segundo plano. No contaban con la globalización de las comunicaciones que colocaron en primera plana del mundo entero las imágenes de sus fuerzas armadas agrediendo a la población en resistencia.
Como todo golpe de Estado, éste también tiene sus aliados internos y, como toda asonada fascista, el apoyo viene desde la extrema derecha dueña del poder económico, lo cual lo convierte en un movimiento peligroso no sólo para la democracia hondureña sino también para los países fronterizos cuyas características similares desde muchos puntos de vista resultan amenazantes para la estabilidad de toda la región.
El hecho de que Mel Zelaya haya cometido la imprudencia de presionar más allá de lo razonable con sus pretensiones de ser reelecto, no justifica la decisión de enviar a un pelotón de soldados a echar abajo la puerta de su residencia, sacarlo de su cama a punta de ametralladora y enviarlo al exilio. Esta acción únicamente demuestra la total estupidez de la clase política hondureña que apañó semejante despropósito.
La comunidad internacional no tardó ni cinco minutos en ponerse en sintonía para condenar la asonada, consciente de que una sola voz discordante pondría en peligro no sólo la deseada estabilidad democrática en América Latina, sino también la delicada trama financiera, comercial y diplomática cuyas bases se asientan en el apoyo a la institucionalidad y al respeto por los derechos humanos.
La saga hondureña le ha puesto los pelos de punta a sus vecinos inmediatos. El olor de la pólvora remueve imágenes truculentas de un pasado demasiado sangriento como para que merezca olvido. Los ejércitos de la región son, con mucho, la peor de las instituciones en lo que respecta a corrupción y abuso de autoridad y nadie quiere verlos paseándose por los pasillos de los palacios presidenciales, no importa cuántos errores cometan los civiles en el poder.

Funcionarios de lujo

¡Vaya galería de notables la de Guatemala! Ladrones, corruptos e inmorales capaces de engañar a toda una nación.

Acostumbrados a ingresar a los salones al son de la Granadera, rodeándose de lujos nunca antes vistos, custodiados por una corte de guardaespaldas y usando el presupuesto público como si se tratara de su propia cuenta bancaria, los funcionarios de antes y de ahora constituyen una plaga de langostas capaces de arrasar con todo.
De acuerdo con publicaciones de prensa y, por supuesto, a partir de investigaciones judiciales, en los bolsillos de apenas cinco personajes pertenecientes al Ejército de Guatemala: Alfonso Portillo, Moisés Galindo, Eduardo Arévalo Lacs, Enrique Ríos Sosa y Luis Alberto Gómez –no olvidemos que Portillo fue Comandante en Jefe- parecen haberse perdido más de mil doscientos millones de quetzales del erario nacional. Eso, sin contar los cientos de miles de quetzales que se han de haber deslizado hacia las cuentas más modestas de sus allegados, quienes sin duda consideraron justo compartir una cuota de tan enormes privilegios.
Lo vergonzoso de esta situación no es tanto la comisión de los delitos como la impunidad que ha rodeado a estos y otros individuos, amparados por un sistema incapaz de enderezar la acción de la justicia para castigarlos y sin ningún mecanismo realmente eficaz que permita recuperar lo robado.
Esta galería de notables -obviamente satisfechos de su hazaña- confirma la hipótesis de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Basta con analizar las carreras de estos personajes y el alcance de sus actos delictivos bajo la sombrilla protectora de la institución armada, para darse cuenta de cuán vulnerable es la supuesta democracia de la cual tan orgullosos están los políticos actuales.
Pero, ¿de cuál democracia hablan? En Guatemala no existe un estado de derecho, el poder judicial y las fuerzas del orden están totalmente infiltrados por grupos de poder y organizaciones criminales de altos vuelos y las instituciones más sólidas parecen haber sufrido un proceso acelerado de descomposición perdiendo a sus mejores elementos. Esta situación provocada por la clase política y tolerada por la sociedad, establece las bases para la impunidad en la comisión de delitos desde el interior mismo de la administración pública.
El descaro con el cual los sindicados se pasean juntos por los estadios y el cinismo de sus declaraciones evidencia algo aún peor, y es que poseen información y contactos suficientemente potentes para no temer a la acción de la justicia. Al final de cuentas, ¿para qué pagar una fianza millonaria si unos cuantos cientos de miles bien ubicados garantizan su libertad?

Intereses particulares

Los 11 rectores de las universidades sacaron las uñas y, para no dejar duda, actuaron en grupo contra la Ley de Comisiones de Postulación.

Asombrados deben estar muchos guatemaltecos al ver que los rectores de las universidades, en pleno, han decidido boicotear la Ley de Comisiones de Postulación porque no están de acuerdo con la elección de los presidentes de dichas comisiones a través de un sorteo público. Con razón se preguntarán: “¿Y no que querían transparencia, pues?”.
Es importante señalar que pocas instituciones tienen mayor credibilidad que las universidades, en términos generales. Es evidente que hay excepciones, unas defienden con mayor entusiasmo los privilegios de ciertos sectores y otras se han perdido en su laberinto de concesiones políticas y burocracia. Sin embargo, en general el ámbito académico tiene la reputación de congregar a lo mejor de la intelectualidad y eso, sin duda, constituye una de sus mayores virtudes.
Pero la realidad parece ser muy diferente. Si alguien esperaba encontrar en estos centros del saber una actitud congruente con su elaborado discurso sobre la búsqueda de respuestas a los problemas nacionales, la relevancia del papel de las universidades en el desarrollo educativo, intelectual, técnico y profesional del país o su aparente neutralidad ante la pugna política, puede empezar a aterrizar en el suelo firme porque las cosas no van por ese lado.
No cabe la menor duda de que la Ley de Comisiones de Postulación altera los nervios de algunos rectores cuyas ambiciones políticas son de dominio público. No quieren transparencia. Prefieren que las cosas se hagan a puerta cerrada sin testigos incómodos que puedan cuestionar sus maneras de negociar. Es decir, todo al más puro estilo del Congreso de la República, con ases en la manga y papelitos bajo la mesa porque lo que hoy hago por ti mañana te lo voy a cobrar.
Con esta actitud y la connivencia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que les han dado el sí, los rectores han opacado uno de los procesos más importantes en el establecimiento del estado de derecho, como la elección de los magistrados de las cortes. Conscientes de los vicios en este proceso, resulta altamente sospechoso que este grupo de alto nivel –cuyos integrantes deben ser ejemplo de rectitud y ética- se confabule de manera rotunda y sistemática en contra de la transparencia.
Resulta burlesca la maniobra de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante un grupo de magistrados que obviamente se han beneficiado con el actual mecanismo de elección. Sin embargo, es imperioso seguir luchando por hacer valer la razón en un asunto fundamental para la transparencia, la legalidad y la ética en las instancias fundamentales de este proyecto de democracia.

Pecado mortal

Anhelar la justicia social, defender el patrimonio natural y el estado de derecho no debe ser motivo de descrédito.

Pobre Marielos Monzón: es una periodista de izquierda. De hecho, ser de izquierda en un país dominado por la ignorancia de sus clases dirigentes y el sometimiento de los políticos a los dictados de países extranjeros, ha constituído una especie de condena a muerte sin derecho a apelación.
Las ideas, en un sistema represivo y claramente corrupto, son motivo de persecución per se. Desde la otra orilla ideológica no es preciso justificar nada, porque el entarimado político ha sido diseñado para conservar privilegios y la discrecionalidad de su actuar. Sin embargo, para eso existe la democracia; para redefinir límites, derechos y obligaciones de la ciudadanía, y eliminar todo mecanismo de discriminación.
Marielos Monzón debe tener alguna razón para expresar un pensamiento progresista, como sucede con muchísimas personas en este país y en el resto del mundo. De hecho, quienes salen a protestar a las calles –los de blanco, los de caites y las de huipil- tienen todos motivos suficientemente rotundos para hacerlo. En Guatemala no hay justicia, el Estado no garantiza la vida de nadie, la corrupción se pasea impunemente por los pasadizos de las oficinas públicas, privadas, de los bancos y las empresas, porque así ha sido establecido desde hace ya muchos años.
Los ataques en contra de esta periodista, cuya inclinación ideológica la coloca al parecer en gran peligro aún cuando la Guerra Fría se quedó en el siglo pasado, no tienen nada de sorprendente. Constituyen la reacción desesperada de un sector bien identificado de ciudadanos cuya ambición es mantener la estructura feudal y profundamente rezagada característica del subdesarrollo, porque eso les permite conservar sus privilegios con un mínimo esfuerzo.
Claro que no todo conservador es tan torpe como quien presume de su machismo a ultranza al amenazar con el renacimiento de los siniestros grupos paramilitares del pasado. De hecho, su torpeza e ignorancia se reflejan en el desconocimiento de que esos grupos nunca fueron disueltos, sus integrantes jamás fueron condenados y sus herederos estratégicos –porque los originales ya caducaron por viejos- continúan dando guerra en la Guatemala actual.
Marielos, al igual como Margarita Carrera, Silvia Tejeda, Magalí Rey Rosa, Silvia Gereda o Rosalinda Hernández, escribe como lo hace porque es una mujer con convicciones sólidas, profundamente identificada con su pueblo al que conoce y respeta. El mundo ha dado muchas vueltas ya desde que se podía callar la voz de la prensa con amenazas y bravuconadas. Soñar con un sistema democrático en el cual impere la justicia, la equidad y a partir de ahí actuar en consecuencia, ya ha dejado de ser un pecado mortal. Y no tenemos por qué confesarnos culpables al hacerlo.

Defecto congénito

Las patologías políticas han pasado de generación en generación y hasta ahora no se vislumbra posibilidad alguna de corregirlas.

Lo dijo Castresana con claridad meridiana. No recuerdo las palabras precisas, pero en el fondo el mensaje es que en los países colonizados por españoles y portugueses, el sistema político fue diseñado por pequeñas castas dirigentes, corruptas, ávidas de poder y decididas a conservar sus privilegios.
De ahí que resulte fácil colegir por qué en Guatemala el analfabetismo ha sido siempre política de Estado, por qué los servidores del gran capital –funcionarios y políticos de todas las épocas- luchan con tal denuedo por servir a sus patrones, financistas de sus campañas electorales. De ahí, entonces, la tremenda resistencia a emitir leyes que corrijan las deficiencias en el sistema de justicia y su comprensible molestia ante los movimientos de protesta de la sociedad civil, a la cual ven como enemiga declarada.
El antagonismo entre ricos y pobres resulta, entonces, una estrategia bien programada por una pequeña élite que no está dispuesta a soltar las riendas del poder. Ya les sirvieron en su momento las fuerzas armadas como frente de choque contra un pueblo hastiado de abusos y manipulaciones y también sus aliados de la Casa Blanca con generoso apoyo financiero y logístico, en una guerra focalizada en el exterminio de la intelectualidad y de las poblaciones indígenas.
Hoy el esfuerzo está centrado en impedir la construcción de un estado de derecho y, sobre todo, entorpecer cualquier intento de consolidar un sistema de gobierno funcional cuyos mecanismos de control garanticen la transparencia y la legalidad.
Todo esto ha conformado una sociedad acostumbrada a observar impotente cómo su país es destruido y sus riquezas expoliadas por un pequeño grupo invisible e inaccesible, inmune a la acción de la justicia porque las leyes fueron escritas por ellos y para su protección.
De ahí que resulte imposible, casi, oponerse a la repartición de bienes nacionales –como la ocupación y destrucción de los bosques nativos en las áreas protegidas, la apropiación ilegítima de los recursos naturales, hasta algo aparentemente tan insignificante como la construcción de casas y edificios en las prometidas áreas verdes de las colonias residenciales.
Entonces, no deberíamos asombrarnos por la resistencia de algunos rectores y otros dirigentes académicos a transparentar el trabajo de las Comisiones de Postulación para la elección de jueces y magistrados. No les conviene. De lograrse semejante adelanto hacia la democratización del sistema de justicia, no les quedaría mucho espacio para contubernios y manipulaciones. Y eso, sepámoslo bien, no figura en sus planes de carrera.

Picando piedra

El trabajo infantil es una patología social de viejo cuño. La infancia ha sido explotada a lo largo de la historia de la Humanidad.

Es parte de la cultura y así se ha tolerado gracias al amparo de leyes y doctrinas religiosas: los padres son dueños de sus hijos o, lo que es igual, niñas y niños dependen de la suprema voluntad de sus padres. De este modo, se han consolidado formas de abuso físico, sexual, económico, moral y psicológico contra la infancia y la adolescencia bajo la complaciente mirada de líderes políticos y espirituales.
Si estas formas de explotación existen con relación a la mujer adulta, con mayor razón la población más vulnerable, aquella cuya edad y situación legal les priva de toda protección, se mantiene en una situación de completo sometimiento a las decisiones de sus mayores.
En algunos casos el trabajo infantil corresponde a un patrón cultural de supervivencia familiar enraizado en las más antiguas tradiciones. Para ciertas comunidades, la llegada de los hijos es una forma de incrementar la mano de obra y, por ende, el patrimonio familiar. Entonces los vástagos se incorporan a las labores agrícolas en cuanto tienen la edad suficiente para resistir las duras jornadas, y así se convierten en eslabones de la cadena productiva.
En el caso de las niñas, simplemente se las destina a labores domésticas y se les niega el derecho a la educación con la excusa de que de todos modos terminarán cocinando, barriendo, lavando y criando hijos. Esta manera de adoctrinamiento las va condicionando a una actitud de resignación y a aceptar un destino predeterminado por razones de género y su esfuerzo laboral, aún cuando sea extenuante, continúa siendo menos apreciado que el de sus hermanos varones.
Este escenario es común en todos los países cuyo escaso desarrollo social y altos niveles de corrupción dejan a la población de escasos recursos a la deriva. Para estos sectores no hay razones que valgan. Si se obtienen más ganancias empleando a niñas y niños para las labores más duras y peligrosas, como fabricar artefactos pirotécnicos o picar piedrín, no habrá ley que lo impida. Al fin y al cabo, las sagradas leyes de la oferta y la demanda facilitan enormemente el reclutamiento de menores hambrientos y abusados.
El esfuerzo por visibilizar la explotación de menores –especialmente en lo referente a su derecho a no trabajar- tendrá resultados a partir del momento en que se apliquen de manera implacable las penas por prevaricato, corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otras violaciones presentes en la administración pública y en la iniciativa privada. Hasta que eso no suceda y no se corrija esa clase de abusos, de nada servirá proclamar nuestra complacencia y expresar nuestra aprobación por la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Mi amazonia y la tuya

Estamos muy cerca del cataclismo ecológico como para tomar distancia de lo que sucede en el vecindario.

Pongámoslo en perspectiva geográfica: Guatemala cabe 8 veces en el territorio que ocupa la Amazonía peruana. Esta región privilegiada del planeta –cuya extensión total es de aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados- posee la mayor diversidad en flora y fauna, constituyéndose así en un inmenso filtro purificador del aire y en una reserva de especies única en el mundo.
Esta riqueza insuperable es precisamente su condena a muerte. En un mundo dominado por una insaciable tendencia mercantilista a sacar provecho de todo, aquí y ahora, los grandes capitalistas han decidido apoderarse de este magnífico patrimonio natural para explotarlo hasta acabar con él. Desde 1970 hasta hoy, es decir, en poco menos de 40 años, el territorio amazónico ha perdido más de 600 mil kilómetros cuadrados de bosque nativo, exterminándose de manera simultánea el hábitat de miles de especies animales y vegetales indispensables para la conservación del equilibrio natural.
Ésta ha sido la razón fundamental de las protestas de los indios que habitan la región amazónica peruana contra el gobierno de Alan García, cuyas concesiones en el texto del TLC con Estados Unidos abren esa riqueza ecológica y la exponen a la explotación de las multinacionales, poniendo en peligro no sólo sus recursos y su biodiversidad, sino también la integridad de las comunidades autóctonas.
No es preciso hacer un gran esfuerzo para comprender la frustración de esa población, acusada de terrorista, de subversiva y de enemiga del progreso, al igual que lo han sido los ciudadanos guatemaltecos opuestos a las operaciones de la mina Marlin. La destrucción no es un prejuicio, está ahí a la vista y representa una de las peores amenazas para el futuro del planeta y no sólo una agresión injusta e innecesaria para sus habitantes actuales.
El tema de la defensa de los recursos naturales y la biodiversidad está actualmente en la agenda de todos los gobiernos del mundo. La lucha por hacer respetar los derechos de las comunidades indígenas, también. Entonces, esas negociaciones ilegítimas de algunos gobernantes poco éticos deberían ir a una corte internacional creada específicamente para tratar estos temas que nos atañen a todos por igual.
El día que desaparezca la capa de ozono, cuando se extingan las fuentes de agua y se contaminen las tierras agrícolas, cuando por fin despertemos a esta insana fiebre de consumismo y contaminación en la cual estamos inmersos, podría ser muy tarde para salvar nuestra vida y la de nuestros descendientes. Por eso hay que pronunciarse en contra de la destrucción de la Amazonía peruana, porque en ella también está nuestro futuro.

El campo de batalla

Tendemos a olvidar que no jugamos ajedrez con novatos. Las organizaciones criminales van algunos pasos más adelante.

La peligrosa combinación de delincuentes de altos vuelos con funcionarios corruptos es la fórmula ganadora para el crimen organizado. Ante eso, es poco lo que puede hacer una sociedad a menos que se organice adecuadamente y enfrente la realidad sin buscar la justificación de su debilidad, porque es superior numéricamente y tiene los mecanismos legales y legítimos de defensa que le otorga el sistema democrático.
Estos grupos están conscientes de las debilidades estructurales de nuestra comunidad y las aprovechan. Conocen la voracidad de la clase política, su falta de consistencia ideológica, su oportunismo y su temor a perder privilegios, entonces ahí golpean: convencen, negocian y compran. Si alguien se opone extorsionan o, simplemente, asesinan.
Su habilidad llega tan lejos como para infiltrarse sin obstáculos significativos en los sistemas financieros –Guatemala es uno de los países con mayores índices de lavado de narcodólares- y aún en aquellos sectores de élite que se consideran socialmente impermeables. Es decir, la inteligencia de quienes tienen mucho que perder si el sistema reacciona, supera en mucho a la del medio en el cual se instalan.
Ellos han detectado nuestras debilidades y las usan sin cortapisas. Además de estudiar la mente primaria de algunos políticos bien ubicados, se han dado a la tarea de identificar los puntos vulnerables para golpear y hacer daño. Uno de esos lados flacos es la profunda y arraigada vocación patriarcal de esta sociedad, acostumbrada a relegar a la mujer a un segundo plano y a ignorar sus derechos. Esta patología se traduce en el convencimiento de que la mujer es propiedad privada y se puede disponer de ella a voluntad.
Es probable, entonces, que el femicidio, con una tasa importante de asesinatos cometidos con una saña sólo comparable con la crueldad de las guerras más primitivas, se haya transformado en una constante como resultado de una estrategia puntual de ataque en una confrontación eminentemente territorial.
Al parecer, y debido a esa cultura machista carente de todo concepto humano, las mujeres somos un trofeo de guerra. No importa la edad ni la condición social, la mujer es un blanco fácil, es una víctima propiciatoria en esta lucha a muerte por conquistar una plaza llena de oportunidades de enriquecimiento ilícito, una plaza donde la justicia no existe, un terreno fértil para acumular bienes mal habidos ante la mirada impotente de toda la sociedad. En este escenario, no existe posibilidad de cambio si no se produce una transformación profunda de nuestros patrones culturales.

Los victimarios

Aplicar la justicia es imperioso, pero jamás será suficiente. Este país necesita una revisión profunda de su cultura y su escala de valores.

¿Qué hace su hija de 7, 8 u 12 años de edad? Probablemente va al colegio, juega y hace travesuras como cualquier niña de su edad. Sin embargo, no “cualquier” niña de su edad vive en un hogar cuya estructura le brinde la seguridad y el entorno favorables para su desarrollo en condiciones normales.
A muchas niñas y niños en esa importante etapa de su vida –a demasiados, de acuerdo con las estadísticas- les ha tocado sobrevivir en un ambiente hostil, carente de los elementos indispensables para ofrecerles aquellos beneficios prometidos por la Constitución Política de la República, por la Convención de los Derechos de la Niñez, por cientos de documentos nacionales e internacionales cuyos textos les garantizan en un lenguaje institucionalmente categórico salud, educación y alimento, protección y bienestar.
Sin embargo, en Guatemala violan y asesinan a estas niñas de 7, 8 y 12 años con la silenciosa complicidad de todos nosotros. No ha habido marchas con playeras blancas, no se han publicado declaraciones en campos pagados de los grandes grupos de poder ni partidos políticos. Ni siquiera han colgado listones. La tragedia de sus familiares apenas merece un comentario y pasará a las páginas de atrás porque entre tanta muerte, tanta sangre innecesaria, no hay tiempo ni espacio para darle seguimiento.
¿Cuál es la relación entre este vil asesinato y la amenaza de asfixiar a la Escuela Normal Central para Varones hasta obligarla al cierre? Muy sencillo. El crimen es una de las consecuencias de políticas erráticas atentatorias contra el desarrollo de una juventud que ya no tiene opciones y a la cual estamos empujando hacia el borde del barranco. En esto, como en otros temas de enorme trascendencia para la educación de la niñez y la juventud, la sociedad calla y permite, creando el sustrato propicio para que las organizaciones criminales se adueñen de amplios sectores de la juventud, transformándola en bandas de seres amorales y adictos a la violencia.
Es difícil hablar de los victimarios de Wendy, Diana y Heidi y no evocar la pena de muerte. Sin embargo, ellos son el producto de una sociedad machista condicionada a despreciar de tal modo a las mujeres que las investigaciones de los crímenes en su contra terminan –ante la indiferencia general- en la criminalización de las víctimas. ¿Qué culpa van a descubrir los fiscales en la vida de estas tres niñas inocentes? Quizás la incipiente pubertad de una de ellas como el factor desencadenante del brutal ataque. Entoces, el mensaje es claro: las mujeres mueren así por su condición femenina y sus victimarios –sociedad incluída- continúan ciegos ante esta evidencia.

Un poco de ánimo

Después de un tiempo, cansa escribir sobre lo malo y se siente la imperiosa necesidad de abordar temas más optimistas.

Guatemala es un país lleno de arte. Pese a quien le pese –sobre todo a los gobiernos que consideran estas expresiones un factor “prescindible” del desarrollo- el arte surge casi de la nada, se sobrepone a los obstáculos, llena los espacios vacíos y se despliega rebelde a través de los elementos más corrientes de la vida cotidiana.
Casi se podría afirmar que la falta de apoyo estatal no ha logrado más que avivar esa energía y es la juventud, ese enorme contingente de guatemaltecos menores de 30 años que constituyen la gran mayoría, la llamada a nutrirla y hacerla parte de su diario vivir y del nuestro.
Siempre pensé que Guatemala era un país eminentemente poético. Luego, comprendí que la exuberancia de su naturaleza y el talento innato de su gente también se expresaba por medio de los colores, los volumenes y las texturas. Ahora resulta que Guatemala también canta, y que lo hace bien.
Sin embargo, esa pugna permanente entre el talento y la falta de medios para desarrollarlo resulta un factor determinante en la pérdida de oportunidades para miles de jóvenes, quienes ven frustradas sus esperanzas de transformarse en ejemplo y en ícono para el resto de sus compatriotas, llevando el nombre de su país en clave positiva al mundo entero.
La semana pasada recibí la llamada telefónica de una persona preocupada por esta situación. Me habló sobre Mario Chang, un joven de 22 años quien a pesar de poseer un talento artístico excepcional, reconocido con entusiasmo en los círculos europeos del bel canto, carece del dinero suficiente para sufragar los gastos mínimos para aprovechar las oportunidades de triunfo que le ofrece el viejo continente.
Mario Chang venció en el festival de Belluno, Italia, a otros concursantes que probablemente poseían el respaldo de sus respectivos países y el apoyo incondicional de sus compatriotas. Hoy, para cumplir dignamente con el privilegio que le otorgó el premio –realizar una gira por Europa como protagonista de la ópera Elixir de Amor, de Donizetti- este joven y brillante tenor tiene que recurrir a la ayuda de guatemaltecos de buena voluntad, porque su país no se la ofrece.
¿Dónde están el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Cultura y Deportes, el Congreso de la República que tan generosamente despilfarra sus fondos en lujos y viáticos innecesarios? Esta es una magnífica oportunidad para demostrar que los valores nacionales sí les importan, que la juventud no está sólo para servirles de plataforma electoral y que son capaces de comprender que el futuro del país merece un esfuerzo adicional.