El Quinto Patio

(Publicado el 04/04/2009)

Es un decir: la gota que rebalsó el vaso. Pero, de hecho, son chorros cada día y el vaso no se rebalsa.

Ayer fue un viernes de dolores, de luto, de protesta y mucha indignación. El desfile de los huelgueros no hizo más que darle color a la rabia y a la impotencia de la gente, mientras en las altas esferas la reacción a los sucesos de la semana se reduce a unos leves ajustes aquí y allá –cambio del director de Presidios, intento de interpelar al ministro Gándara, si mucho- para dar la impresión de que la incapacidad se ha convertido repentinamente en eficiencia.
Entre las medidas de seguridad, la suspensión del permiso de salida de los presos. No, no es broma. Hay permisos especiales para los reclusos de las cárceles y habría que ser muy ingenua para ignorar cómo la mayoría de ellos aprovecha ese privilegio para violar la ley.
Las declaraciones de los funcionarios van poniéndose más extravagantes a medida que sienten la presión de la sociedad, hastiada de violencia. Aún a pesar de encontrarse rodeados por burócratas lambiscones y mentirosos, no pueden evitar enterarse de los sucesos del mundo real, por lo cual terminan pergeñando excusas para salir del paso. Entre ellas, sobresale la gran novedad de que el crimen organizado tiene más recursos y elementos mejor equipados que los de la PNC, a pesar de que el flamante ministro de Gobernación asegura que con los policías actuales basta para hacer frente a la tarea y confía en capturar al Smiley para regresar a Guatemala a su estado normal.
El tono de los crímenes cometidos a diario y en abundancia –su extrema crueldad y la selección de sus víctimas- hace sospechar la existencia de un plan. Pero no el supuesto plan “desestabilizador” al que hacen referencia todos los presidentes cuando se sienten abrumados por su propia incapacidad, el cual se fraguaría para debilitar al gobierno. En este caso, el plan es contra la sociedad, contra sus instituciones, contra la psiquis colectiva, contra el tejido social cuya cohesión constituye una amenaza para la supervivencia de los poderes fácticos.
Hoy no corren rumores ni se elaboran conjeturas ajenas a la realidad. Todo lo que un ciudadano pueda imaginar de corrupto y torcido, existe entre sus autoridades. En el momento que vivimos, las cosas empiezan a perfilarse más claramente y cuando se menciona la existencia de grupos armados clandestinos conectados con instituciones del Estado, nadie se sorprende de un hecho que ya forma parte de su entorno.
El problema es que ya se acaba el tiempo y a los genios de la retórica que gobiernan el país también se les acaban las excusas. Lo que se está jugando es la vida de personas buenas, inocentes, trabajadoras y productivas, algo que no se puede decir de quienes tienen en sus manos el poder de decisión sobre el futuro de todos.

(Publicado el 30/03/2009)

Los derechos humanos son las condiciones inherentes a la persona que le permiten integrarse a la sociedad de manera digna.

Es muy preocupante observar la expedita divulgación de estereotipos, probablemente porque es más fácil evitar el trabajo de analizar el trasfondo de las cosas o, quizás, por conceder una explicación fácil a las frustraciones propias y de las mayorías. Esto sucede cada vez que se menciona al Procurador de los Derechos Humanos. Con total falta de sensibilidad y empatía, en estos días es posible observar cómo la mayoría repite: “quizás ahora que atacaron a su esposa se deje de defender a mareros y criminales”.
La creación de esta figura tan controversial surgió después del conflicto armado y Guatemala fue el primer país en el cual se estableció como orden constitucional, junto con el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. Su función primordial es defender la construcción y la vigencia de un auténtico estado de derecho, así como vigilar que en Guatemala, uno de los países emblemáticos por su historia de violación de los derechos humanos, éstos se respeten.
Las obligaciones del ombudsman guatemalteco no se limitan a velar por el respeto a los derechos humanos de las personas correctas y decentes que viven dentro del marco de la ley. También incluyen vigilar que no se repitan los abusos que llevaron a Guatemala a convertirse en uno de los países más violentos del mundo, con más de 200 mil víctimas inocentes en un conflicto más estratégico que político, en el cual no sólo ciettas instituciones del Estado se dedicaron a eliminar selectivamente a los líderes populares, sino también abrieron las puertas a la intervención de gobiernos extranjeros.
Los mareros, aunque usted no lo crea, no merecen el exterminio sin oportunidad de un juicio justo. Ellos han encontrado la única vía para sobrevivir e integrarse a algo en un país que les ha vedado todas las oportunidades de desarrollo, cuyos índices de corrupción son vergonzosos y su nivel de oferta educativa para las mayorías es uno de los más bajos del continente. La población tolera que la representen en el Congreso individuos como Chinchilla o Manolito Castillo, pero rechaza enfáticamente el trabajo del Procurador para evitar la proliferación de escuadrones de la muerte.
Ve con impasible conformidad cómo los diputados –entre los cuales los hay corruptos, abusivos, violentos y adictos al poder- se recetan una exención de la licencia para portar armas, pasando descaradamente por encima del artículo de la Constitución que establece la igualdad ante la ley para todos los guatemaltecos, sin excepciones. Y permite que los fondos estatales –destinados a salud, seguridad, educación, alimentación y vivienda- sean saqueados por vividores
En contraste con el discurso tibio y ambiguo de estos funcionarios, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala señala claramente la participación directa o indirecta de agentes estatales en ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de reclusos en las cárceles y operativos de limpieza social, y señala que los índices de violencia para un país oficialmente sin guerra, están entre los más altos del mundo.

(Publicado el 28/03/2009)

Las declaraciones oficiales sobre la violencia han dejado a la población con una abrumadora sensación de incredulidad.

La rotunda afirmación de que “el Smiley”, un jovencito de 18 años, ha sido el único responsable de la jornada de violencia del martes pasado, parece una broma siniestra del ministro de Gobernación. Sin embargo, no lo es. De hecho, la actitud y las palabras del Presidente y de su ministro han dado la impresión de una absoluta falta de información y no responden a las exigencias de la población, cuya demanda de tomar medidas inmediatas está subiendo de tono.
En contraste con el discurso tibio y ambiguo de estos funcionarios, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala señala claramente la participación directa o indirecta de agentes estatales en ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de reclusos en las cárceles y operativos de limpieza social, y señala que los índices de violencia para un país oficialmente sin guerra, están entre los más altos del mundo.
En este escenario, con un aparato de justicia incapaz de contribuir de manera expedita a la resolución de casos y totalmente permeable a la corrupción, resulta incongruente pedir la prolongación del mandato de la CICIG, dado que las investigaciones de este ente continuarán estrellándose contra un muro de impunidad infranqueable.
La realidad es difícil de creer y aún más difícil de aceptar. La cifra de muertos aumenta, el temor de la población crece por extorsiones, asaltos, violaciones, secuestros y asesinatos con muestras de extrema crueldad, mientras políticos y autoridades aún discuten sobre la necesidad de un plan de seguridad que debería existir desde hace ya muchos años y el cual debió implementarse en los inicios de la actual administración, ya que fue su tema de campaña.
Después de transferir casi 300 millones de su presupuesto a otras dependencias con el argumento de que no los necesita, y luego de sus inaceptables declaraciones sobre el origen de los sucesos de violencia del martes pasado –el Smiley-, es incomprensible que el titular de Gobernación siga en el cargo. Incapaz de establecer el orden en las prisiones, desde donde se gestan los peores actos delictivos, y sin la capacidad de gestión para invertir los fondos de ese ministerio en la adquisición de equipo y la contratación y capacitación de personal, recursos indispensables para hacer frente a la criminalidad, nada tiene que hacer allí.
Echar la culpa a gobiernos pasados ya no es excusa. Tanto el Presidente como sus allegados han tenido incidencia durante años en la política local y suficiente tiempo para preparar un plan efectivo.

(Publicado el 23/03/2009)

No existe una cifra exacta para determinar cuántas niñas, niños y adolescentes participan en asesinatos y otros delitos.

La niñez es la etapa más peligrosa del desarrollo. Aún cuando la mayoría de niñas y niños nunca han sido seres privilegiados, en la actualidad parecen haber descendido a lo más bajo de la escala de prioridades. Su estado de dependencia los convierte en víctimas ideales de pandilleros y criminales sofisticados, en esclavos de madres y padres violentos o explotadores, en instrumento de manipulación para políticos venales, en argumento dilatorio para gobernantes y en un jugoso bien de intercambio para traficantes.
En estos días se debate un tema trascendental que podría representar un cambio de estatus jurídico para este sector de la población. Están por un lado quienes pretenden tratar como adultos a los menores de edad cuando estén involucrados en delitos graves, y por otro se encuentran quienes propugnan por mantener el sistema actual, el cual los deja al margen de la responsabilidad penal.
El problema no es menor. Muchos niños y adolescentes participan ya activamente en actos de fuerte impacto como asesinatos, extorsiones y trasiego de drogas, lo cual responde a una estrategia muy astuta de las mafias para detener la acción de la justicia, amparándose justamente en la inimputabilidad de niños y adolescentes.
Sin embargo, esta maniobra no sólo impacta en las estadísticas del crimen, sino también y muy fuertemente en las perspectivas de desarrollo de estas nuevas generaciones y, por lógica, en las del país entero.
Ya es grotesca la manera como la niñez convive con la violencia y pierde la sensibilidad ante la muerte. En cada suceso de sangre es normal ver a niñas y niños observando el levantamiento de cadáveres, enterándose de primera mano de los detalles más escabrosos y escuchando a sus padres comentar esta realidad como algo normal. Pero no sólo participan como espectadores, también como víctimas. Las cifras de niñas, niños y adolescentes asesinados a sangre fría empiezan a competir ya con las del femicidio.
¿Qué va a suceder con esta sociedad en las próximas décadas? Una generación familiarizada a tal punto con el crimen y la sangre pierde de manera irreversible la sensibilidad ante el dolor, cualidad que conforma la esencia de lo humano. Esto no está reservado sólo a la niñez pobre. Quienes pertenecen a las clases más acomodadas lo viven también -aunque de manera diferente- rodeados de armas, guardaespaldas, sistemas de seguridad, videojuegos hiperrealistas, violencia en el hogar y experiencias traumáticas.
Estos escenarios definen de manera irreversible un cambio en las reglas del juego social, porque lo que para las generaciones de antes estaba reservado al ámbito de la guerra y las películas de acción, es ahora el ambiente cotidiano de sus descendientes.

Salir de casa ya no es parte de una rutina normal, hoy se ha convertido en un acto de supervivencia, como saltar de un avión en picada.

Es de suponer que la mayoría de los mensajes de advertencia circulando por internet tienen algo de cierto, porque cada vez se escuchan más historias reales coincidentes con relatos espeluznantes de los internautas anónimos. Y no deja de ser fascinante cuán creativos se han vuelto los criminales para sacar cada semana una técnica nueva capaz de generar más pánico en la población.
El objetivo primario de tan sofisticada manera de torturar psicológica y físicamente a los guatemaltecos, parece coincidir con la falta de decisión del gobierno para detener esta ola de violencia. Es decir, unos profundizan el caos y la anarquía a su favor mientras los otros esperan, indecisos, a que las cosas cambien por sí solas.
A la gente común ya no le convencen las buenas intenciones, si en cada semáforo los automovilistas se detienen mirando obsesivamente por el retrovisor por si se le acerca una moto con dos individuos armados, y los peatones deben cruzar la calle cada vez que se les aproxima alguien con aspecto sospechoso. Lo difícil de vivir así es que ahora cualquiera podría ser un asesino en potencia, desde un marero tatuado, un niño de uniforme o un hombre con aspecto de alto ejecutivo. Esto, porque las fronteras se han desdibujado hasta convertir a esta sociedad en rehén de pandillas, carteles de la droga y criminales de altos vuelos, muchos de los cuales incluso han llegado a las posiciones más elevadas en la burocracia estatal.
Por un mensaje de internet me enteré también de que unos maestros estuvieron a punto de ser linchados en una aldea de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. Los pobladores, azuzados por el alcalde auxiliar, los rodearon y los hubieran quemado vivos de no ser por el maestro de la escuela de la localidad, quien convenció a la turba de su inocencia. No intervino la Policía, porque en ese lugar ya no hay delegación.
Esto sucede con demasiada frecuencia como para ignorar el peligro implícito en la crisis de institucionalidad en la cual ha caído la Nación. Así como esos maestros se salvaron por un pelo de ser linchados, otras personas inocentes pueden fácilmente caer en manos de pobladores hartos de la amenaza criminal, y dispuestos a imponer su ley a diestra y siniestra sin pensar en las consecuencias de sus acciones.
Mientras la escalada continúa cobrando vidas, el sistema penitenciario se confiesa incapaz de detener las comunicaciones celulares desde las cárceles, el ministro de Gobernación declara que hay suficientes policías y el organismo judicial continúa en un vergonzoso impasse. Los responsables de la seguridad, comenzando por el propio Presidente de la República, tienen la obligación absoluta de tomar cartas en este asunto y atacar el inconcebible estado de anarquía en que se encuentra sumida Guatemala.

Guatemala es un país rico en recursos hídricos, pero sólo los más afortunados tienen derecho a un servicio regular de agua.

Uno de los mayores problemas para la distribución de agua potable es, obviamente, la falta de redes de aprovisionamiento, lo cual a su vez es producto de las deficiencias en la realización de los planes de desarrollo nacional planteados una otra vez por los partidos políticos.
De acuerdo con la entrevista publicada por el vespertino La Hora con el presidente del Infom, también estarían por colapsar las plantas de tratamiento de agua de los cascos urbanos en la mayoría de los 333 municipios del país, lo cual define un escenario catastrófico si se toma en cuenta que sin agua, la vida se extingue.
Siete millones y medio de guatemaltecos carecen del servicio de distribución del líquido a través de una red de tuberías, fue la denuncia más grave del funcionario. A ello se podría añadir que quienes sí lo reciben, están expuestos a problemas de salud por la contaminación de las fuentes originales, por la rotura de cañerías obsoletas y por la falta de control del vertido de químicos industriales y desechos residenciales en lagos, ríos y manantiales.
El tema del agua está en la agenda internacional desde hace ya muchos años. Sin embargo, han sido muy pocas las iniciativas tendentes a establecer parámetros de uso racional, limitación del desperdicio y distribución equitativa de este recurso indispensable para la supervivencia.
La cifra de 7.5 millones de guatemaltecos privados de este elemento vital para su subsistencia, no debería sorprender en un país ubicado a la zaga del desarrollo humano en la región, pero cuyas cifras macroeconómicas no están nada mal en comparación con las de otras naciones de América Latina. Es preciso poner también estos números en perspectiva de género, porque a simple vista se puede observar cómo afecta la falta de agua tratada y entubada a las mujeres y a la niñez de los sectores pobres, cuyos indicadores de mortalidad causada por diarrea muestran con claridad meridiana su impacto en la salud del segmento de la población tradicionalmente rezagado y marginado de los planes de desarrollo.
Es imperativo que el gobierno comience a poner atención a esta situación dramática que vive la mitad de los habitantes de Guatemala. Que aproveche la experiencia y las investigaciones de organismos internacionales y universidades, demostrando voluntad política y conciencia social al dar prioridad al tema del agua desde todas sus perspectivas. De este modo no sólo se beneficia de manera directa la salud de millones de habitantes, sino también se recupera la visión de Nación necesaria para hacer política desde una plataforma incluyente y esencialmente democrática.

Publicado el 14Mar09
El quinto patio

Que no digan, que no hablen, que no lancen afirmaciones falsas sobre la importancia de la niñez. No en Guatemala.

La mayoría de niñas, niños y adolescentes guatemaltecos vive en un mundo hostil. Su destino los ha colocado en un medio poco permeable a los conceptos de respeto por sus derechos, protección de su integridad y atención a sus necesidades básicas. Para hacérselo aún más difícil, llegan a competir con otros cinco o siete hermanas y hermanos en similares o peores condiciones.
Por eso es difícil hablar de la erradicación del trabajo infantil, cuando los infantes tienen problemas mucho peores que ése. Son traficados abiertamente por medio de redes criminales que operan con la complicidad del sistema. Unos a través de adopciones ilegales y otros simplemente hacinados en vehículos que cruzan las fronteras para convertirlos en cualquier cosa: prostitutas infantiles, esclavos o proveedores de órganos.
En las campañas electorales siempre se los utiliza como recurso emotivo para captar los votos de sus padres y se les promete de todo, desde escuelas de primer mundo hasta una alimentación adecuada mientras dure su escolaridad. Pero así como se incumplen las promesas a los votantes, con mayor facilidad se olvidan aquellos discursos dedicados a la niñez. Al fin y al cabo, ellos ni siquiera votan.
El problema de la niñez y la juventud en Guatemala, es que un porcentaje abrumador de esta población carente de poder, también carece de medios para hacerse oír. El ambiente no les es propicio, la tensión que genera en sus padres la inseguridad y las dificultades para sobrevivir, termina por traducirse en un trato violento en el seno de la familia, comportamiento considerado normal y reservado al ámbito privado.
Por eso resulta tan difícil hablar de niñez en un país donde millones de niñas y niños menores de 10 años ya son adultos por necesidad. Quizás también sea ésta la razón por la cual tantos adolescentes son asesinados, tantos niños mueren por maltrato o negligencia en sus hogares y se hace tan poco por revertir la situación.
La violencia que se vive en el país no es la única causa de la mortalidad infantil. También está la resistencia a cumplir los acuerdos sobre políticas de salud sexual y reproductiva, instrumentos indispensables para comenzar a atender de manera responsable los graves problemas de población, especialmente en los sectores menos favorecidos.
Las niñas, niños y adolescentes representan el segmento más vulnerable de esta sociedad, al no contar más que con la presión ejercida por organizaciones civiles dedicadas a protegerlos y defender sus derechos. El Estado no les ha sido propicio en ninguna de sus instancias; los crímenes cometidos en su contra no llegan a las cortes de justicia y la sociedad prefiere ignorarlos para no complicarse más la vida.

Publicado el 09Mar09

Los estereotipos y el rechazo a la diversidad permanecen agazapados en la mente, listos para actuar.

¿Por qué estamos como estamos? La pregunta plantea una serie de desafíos difíciles. Por buena que sea nuestra intención de responderla, terminamos haciéndonos un lío de conceptos y ponemos punto al tema con una serie de generalizaciones gastadas por el uso, la mayoria de las cuales refleja nuestra negativa a aceptar la responsabilidad personal y una excusa para eludir el compromiso. Este espacio es muy pequeño como para entrar en el detalle, pero en el fondo todos somos expertos en el arte de no ver aquello que nos complica la existencia.
Esta exposición interactiva presentada por CIRMA entre 2004 y 2006 como resultado de una investigación sobre las relaciones interétnicas y su incidencia en la desigualdad y la discriminación presentes en la región, fue parte de la Campaña de Diálogo Interétnico ¡Nuestra Diversidad es Nuestra Fuerza!
En la actualidad, los elementos de este espacio interactivo han sido remodelados e instalados en la bodega contigua al Museo del Ferrocarril por el Instituto Internacional de Apendizaje para la Reconciliación Social –IIARS. Este reestreno tiene el propósito de ofrecer un espacio de discusión y reflexión a toda la población, pero muy especialmente a niñas, niños, adolescentes y maestros, quienes representan los más activos agentes de cambio en la sociedad actual.
El recorrido por la exhibición cumple con un objetivo fácilmente identificable: enfrentar al espectador con sus fantasmas, temores, prejuicios, odios, rencores y estereotipos para, finalmente, comenzar a comprenderlos.
El racismo, el clasismo y la discriminación han sido en Guatemala las bases para establecer un sistema desigual y profundamente injusto. Las consecuencias de esta cultura segregacionista se viven en la actualidad en forma de extrema pobreza, falta de oportunidades y un profundo desprecio por los valores de un amplio segmento de la población. Poner a disposición de la juventud las claves para identificar los mecanismos que disparan esta clase de pensamiento racista es, precisamente, la propuesta de IIARS.
Este espacio es visitado actualmente por miles de estudiantes. Sin embargo, eso no es suficiente. Quienes tienen la obligación ciudadana de enfrentar la realidad de sus propias limitaciones humanas son aquellos ciudadanos cuya posición económica, social y política les garantiza un poder de decisión sobre el resto de sus compatriotas. Guatemala jamás logrará surgir de sus débiles cimientos institucionales a menos que todos sus habitantes caminen en la misma dirección, conscientes de la igualdad de sus derechos y de su responsabilidad en el esfuerzo por respetarlos y hacerlos respetar.

publicado el 7 de marzo de 2009

Mañana es el Día Internacional de la Mujer, de la niña, de la adolescente que comienza a vivir y de la madre que empieza a envejecer.

En este siglo tan avanzado en artilugios tecnológicos como rezagado en valores humanos, estamos observando impávidos las mayores desigualdades y los peores cuadros de pobreza que se hayan visto en la historia de nuestros pueblos. Hoy, cuando la medicina y la farmacología han logrado auténticas hazañas en la prevención y el tratamiento de enfermedades, en Guatemala mueren, cada día, por lo menos dos mujeres por problemas prevenibles asociados con el embarazo y el parto.
La mayoría de las muertes maternas se produce por hemorragias durante un parto carente de atención sanitaria, el cual muchas veces es atendido por una vecina o la propia parturienta. Otras, se deben al ataque de violentas infecciones provocadas por la falta de higiene, la ausencia de asistencia médica, o la desnutrición crónica que les arrebata a estas mujeres hasta la última de sus defensas.
El contraste es grotesco. Mientras en la capital se levantan decenas de torres de oficinas y apartamentos en una oferta inmobiliaria sospechosa y ridículamente abundante, a pocos kilómetros se revela el rostro verdadero de una Guatemala a punto de colapsar, cuyas expectativas se han diluído en promesas incumplidas.
Este será el año marcado por una de las peores crisis económicas que haya visto el mundo. Pero no todos la van a experimentar del mismo modo ni con la misma intensidad. Así como la mujer campesina, indígena y pobre es la última figura de la escala social y queda invisibilizada por un sistema que por costumbre y tradición niega hasta su existencia jurídica, el resto de las mujeres será también golpeado por el desempleo y la pérdida de oportunidades de desarrollo en una proporción mucho más alta que los hombres de sus grupos sociales. La ola originada en Wall Street, un hecho aparentemente lejano y abstracto para un maestro de Totonicapán o una campesina de Quiché, va a golpear con fuerza de tsunami a la ya debilitada economía doméstica y pondrá en evidencia aún más cruda las desigualdades sociales y la discriminación de género.
Buen trabajo han hecho los grandes organismos financieros, las poderosas organizaciones de la banca, de la industria y del comercio internacional, cuyos alto ejecutivos han salido indemnes de la catástrofe con sus cuentas bien hinchadas del dinero de los contribuyentes y su reputación casi sin tacha después de haber hundido la economía mundial. Pero aún cuando sus nombres son totalmente desconocidos para sus víctimas, el impacto de sus actos va a repercutir con violencia en el proyecto de vida, en los pequeños avances logrados y en la integridad humana, económica y social de las mujeres que mañana celebran su día.

Esta foto de un pandillero escribiendo un mensaje fue tomada del sitio de USAID.

Este es un video de Univision, copia el link para verlo.

Ola de violencia preocupa Guatemala
http://www.univision.com/content/video.jhtml?cid=496690

CRIME: The number of violent crimes reported by U.S. citizens and other foreigners has remained high in recent years. Incidents include, but are not limited to, assault, theft, armed robbery, carjacking, rape, kidnapping, and murder. Criminals often operate in groups of four or more and are confrontational and violent. Gangs are a growing concern in Guatemala City and rural Guatemala. Gang members are often well armed with sophisticated weaponry and they sometimes use massive amounts of force. Emboldened armed robbers have attacked vehicles on main roads in broad daylight. Travel on rural roads always increases the risk of a criminal roadblock or ambush. Widespread narcotics and alien smuggling activities can make remote areas especially dangerous. Though there is no evidence that Americans are particularly targeted, criminals look for every opportunity to attack, so all travelers should remain constantly vigilant.
Most tourists and visitors travel throughout Guatemala without mishap. However, violent criminal activity on the highways continues, and tourists, among others, have been targeted. Many of the robbery attempts have occurred in daylight hours on main highways. Carjacking incidents and highway robberies are often violent. Four Americans were killed in highway robbery attempts in 2002 and three killed and one wounded in 2003. In 2004 one American tourist was murdered, and women and children were raped in highway assaults. Several highway assaults of American citizens also took place in 2005, but without serious injury to the victims. In 2006, there were 19 incidents of assault against Americans in motor vehicles reported to the Embassy, none of which involved death or injury. In nine of these incidents, the victims were arriving at Guatemala City’s airport.

In 2007 there has been an increasing number of carjacking incidents and armed robberies of travelers who have just arrived on international flights, most frequently between 6:00 a.m and 10:00 am, but also in the evening (see list of Recent Crime Incidents Involving Foreigners on the Embassy website for more specifics). In the most common scenario tourists or business travelers who land at the airport around 7:00 am are held up by armed men as their vehicle departs the airport. Private vehicles, taxis and shuttle buses have been attacked. Typically, the assailants steal money, passports, and luggage, and in some but not all cases, the assailants steal the vehicle as well. Recently, many of these attacks have taken place far from the airport, just as travelers arrived at their homes, or in less busy areas of the city. Laptops are frequently targeted, so carry them inconspicuously in a backpack or other carryon luggage. Victims who did not resist the attackers were not physically injured. The Embassy advises its own employees to seek alternative routes for exiting the airport.

In some cases, assailants have been wearing full or partial police uniforms and have used vehicles that resemble police vehicles, indicating that some elements of the police might be involved. Armed robberies have occurred within minutes of the tourist’s vehicle being stopped by the police. U.S. Embassy personnel continue to observe heightened security precautions in Guatemala City and on the roads outside the capital city. U.S. tourists are urged to be especially aware of safety and security concerns when traveling on the roads in Guatemala. Rather than traveling alone, use a reputable tour organization. Stay in groups; travel in a caravan consisting of two or more vehicles; and, stay on the main roads. Ensure that someone not traveling with you is aware of your itinerary. Resist the temptation to stay in hotels that do not have adequate security. Travel after dark anywhere in Guatemala is extremely dangerous. It is preferable to stay in the main tourist destinations. Do not explore back roads or isolated paths near tourist sites. Pay close attention to your surroundings, especially when walking or when driving in Guatemala City. Refrain from displaying expensive-looking jewelry, large amounts of money, laptop computers, or other valuable items. Finally, if confronted by criminals, be aware that resistance may provoke a more violent response.

Tener una vida normal se ha transformado paulatinamente en un sueño inalcanzable para millones de guatemaltecos.

De nada sirve la emisión de leyes –buenas o mediocres- si no existe un sistema capaz de hacerlas cumplir. Es como tener barredoras de nieve en Zacapa. Es éste, quizás, el meollo de todo: esa incapacidad del Estado para cumplir con su deber y su vulnerabilidad ante el tráfico de influencias y la corrupción. Con semejante desventaja, resulta imposible ejercer controles administrativos y, por consiguiente, detener el proceso de desintegración que actualmente experimenta la institucionalidad.
Cuando se hace un análisis de las prioridades en la hoja de vida nacional, el tema de la seguridad viene antes que la alimentación, la salud, la educación y cualquier otro derecho humano.
Tampoco sirve una ley contra el femicidio o una regulación contra la trata de personas, si el Estado permite la anarquía dentro de las cárceles, tolera la comisión de delitos desde sus propias dependencias, es incapaz de depurar el sistema de justicia y concede a sus funcionarios el lujo de cometer toda clase de abusos, desde la negligencia en el ejercicio de sus funciones hasta el enriquecimiento ilícito.
Los asesinatos de mujeres han aumentado. De acuerdo con investigaciones sobre el tema de la violencia, también se han incrementado de manera significativa los crímenes contra la vida de niñas, niños y adolescentes, las extorsiones desde los centros de reclusión y los secuestros.
En lo referente a persecusión penal, la situación sigue su camino en reversa. Mientras más casos se producen, menos casos se resuelven y la mayoría de ellos ni siquiera llegan a la etapa de investigación. Si así son las cosas en relación con los crímenes de mayor magnitud, es de imaginarse que los casos de violencia intrafamiliar –los cuales suelen acabar en la muerte de niñas, niños, adolescentes y mujeres- no merecen ni un pestañeo por parte de las autoridades.
Viendo el cuadro completo, la actitud de los gobernantes destaca por su fuerte acento de incompetencia y deslealtad. Hacer el juego político de candidato ya no encaja con la responsabilidad presidencial. Así como subrayan algunos analistas, la propaganda oportunista sobre el tema de la educación gratuita –la cual ha sido gratuita por ley desde que existe una Constitución- es una burla contra la sociedad, tanto como los acuerdos privados con el monopolio de la televisión y la audaz afirmación de que ha disminuído la muerte materna en un país cuyos índices de desarrollo social están entre los más bajos del continente.
Es hora de reaccionar, el fondo está muy cerca como para continuar haciendo fiesta triunfalista del poder político.

Esa costumbre de repartirse medallitas a discreción es muestra de una gran pobreza intelectual y ética.

Recién apagado el escándalo provocado por la imposición de la Orden del Quetzal a Castro, y ya se avecina una polémica por otra repartición de condecoraciones, esta vez del Ejército a un grupo de veinte diputados.
Esto de repartirse medallitas a diestra y siniestra suena muy a graduación de primaria. ¿Será un premio por lo bien que estos políticos han tratado a la institución armada? Lo cierto es que veinte representantes del pueblo en el Congreso de la República recibirán su condecoración por motivos no muy divulgados.
Es importante recordar que el Ejército, así como el Congreso de la República, son instituciones del Estado. Y el Estado debe actuar en función del beneficio de la población a la cual sirve y no distraer su tiempo y su atención –los cuales de por sí representan una fuerte inversión de fondos públicos- en darse mutuamente palmaditas en el hombro cada vez que sus estrategias terminan en decisiones consensuadas.
Esta actitud de mutua complacencia tiene, además, su lado oscuro en la opacidad de la información que las entidades entregan al público, el cual termina por aceptar los hechos sin conocer sus detalles, en circunstancias que todo homenaje o reconocimiento otorgado por el Estado debería justificarse de manera transparente.
Es evidente que estamos acostumbrados a ese tratamiento tipo feudal en las decisiones que afectan tanto a los actos oficiales como al destino de las condecoraciones y de los fondos públicos. Los funcionarios de turno se han convencido a sí mismos –y esto viene por tradición- de su potestad de hacer uso discrecional de todo lo que le rodea en el ejercicio de su cargo, tal y como si se tratara de propiedad privada. De ahí vienen los abusos en la asignación de presupuestos, en la repartición de puestos a amigos y familiares, en la concesión de contratos a empresas recién creadas por sus allegados y en toda clase de decisiones que afectan tanto al dinero de los contribuyentes como a la integridad institucional de la Nación.
Si las condecoraciones del Ejército tienen una sólida justificación, es algo que debería explicarse con claridad meridiana. El Congreso y sus diputados tienen una pésima reputación en la sociedad guatemalteca. Aún cuando algunas y algunos representantes escapan medio indemnes de esta calificación, difícilmente se cuenta a 20 con suficientes méritos y una trayectoria intachable que merezcan reconocimiento especial.
Esta clase de decisiones tan superficiales como repartir condecoraciones, únicamente profundizan el escepticismo y el resentimiento en sectores de la sociedad que apenas sobreviven, precisamente por la negligencia de sus representantes políticos.

A partir del viernes, la sociedad dió un gran paso adelante en el respeto al derecho de las personas a respirar un aire menos contaminado.

El rechazo a respirar humo de tabaco parece haberse convertido en una exigencia social importante. Aún cuando los guatemaltecos no suelen ser muy expresivos a la hora de protestar contra el abuso, el tema de la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados parece haber dado en el blanco de un problema que atañe a todos.
El caso del movimiento anti tabaco contra el inmenso poder de la industria tabacalera se puede catalogar como otra victoria del pequeño David. La lucha ha sido intensa y constante. Los argumentos, de una solidez abrumadora. Y la respuesta de la población, aunque no muy entusiasta a la hora de pronunciarse, tampoco ha sido adversa a apoyar las restricciones.
Que el tabaquismo es una adicción de graves consecuencias para la salud y la economía, es un hecho incontestable. De no haberse probado el punto de manera contundente y con respaldo científico, los legisladores jamás hubieran aprobado esta ley, especialmente porque los representantes de los consorcios estaban ejerciendo una presión muy bien planificada, sostenida con una eficaz campaña de lobby y, por supuesto, con un arca bien nutrida de dinero, capaz de convencer a cualquiera.
Pero los milagros suceden y esta ley ha sido uno de esos acontecimientos históricos que merecen reconocimiento especial por el avance que representan a nivel de políticas positivas para el pueblo y por su impacto en el bienestar de todos.
Ahora habrá que ver cómo la propia comunidad exige su cumplimiento. Aún cuando nunca falta quien se resiste a acatarla por la falta de reglamento, en realidad las normas son simples como el agua clara: no se puede fumar en lugares públicos cerrados, porque el humo disperso por el ambiente afecta a todas las personas por igual.
Esto demuestra que los derechos individuales tienen límites cuando vulneran los derechos de otras personas. Por lo tanto, las autoridades tienen ahora una tarea adicional por delante, y es proteger a la niñez del humo del tabaco de sus familiares aún estando dentro de su propio hogar. Es frecuente observar a personas fumando en un automóvil cerrado, acompañadas por toda su familia, bebés y niños incluídos. Esto representa un peligro potencial serio y ahí también se debe intervenir.
Para que esta ley cobre verdadera relevancia como medida útil para reducir el tabaquismo, es vital proteger a la niñez y a la juventud del ejemplo nocivo de quienes deberían ser sus modelos a seguir. Hacer conciencia en padres, tutores, maestros y otros adultos responsables podría cambiar por completo el panorama de la salud pública en un futuro no muy lejano.

Con el objetivo de desviar la atención de la sociedad lejos de los temas relevantes, los políticos son capaces de cualquier cosa.

Si las últimas acciones del Presidente Colom son producto de su ingenuidad, su inmadurez política o de una franca mala fé, es algo que merece un concienzudo análisis. En todo caso, la estrategia –si existía- ha dado resultado. A raíz de su viaje a Cuba, el revuelo armado por la decisión del sector empresarial de salirse de la comitiva y la fuerte polémica ante la concesión de la Orden del Quetzal a Fidel Castro, han logrado acaparar la atención de los sectores de opinión y de la sociedad informada.
Relegados han quedado otros temas sustantivos como las últimas acciones violentas de los carteles de la droga; las amenazas de rescatar a sus miembros capturados por las fuerzas de seguridad; el caso contra el ex fiscal Matus y las pruebas ofrecidas por la Cicig para confirmar su vinculación con el asesinato del ex asesor de seguridad del ministerio de Gobernación, Víctor Rivera; las discusiones sobre la ley de armas; el regreso del ejército a las comunidades más afectadas por la violencia y otros hechos que merecen toda la atención de la sociedad organizada.
Al final de cuentas, lo importante no es debatir sobre si Colom perdió la cabeza entregándole la presea guatemalteca a un dictador como Castro –a pesar de que los dictadores ya adornaban desde hace mucho las páginas de la Orden del Quetzal-, o si estaría pensando claramente en las repercusiones de su decisión de pedir perdón al pueblo cubano por haber apoyado a Estados Unidos en la invasión de Bahía de Cochinos.
La polémica sobre este anecdotario diplomático con aroma setentero no debe obnubilar a los líderes de opinión al punto de perder de vista lo sustantivo. En realidad, es un hecho que la condecoración en mientes perdió su lustre desde hace mucho y que se ha repartido a gusto y capricho de los presidentes que han pasado por el Palacio Nacional, quienes no han tenido precisamente buen criterio para adjudicarla.
Pero además, ¿cómo es posible dar tantísima relevancia a un tema secundario? Es mucho más urgente cuestionar la decisión presidencial de viajar. No sólo de haber visitado Cuba, lo cual no le da ni le quita a este gobierno, sino simplemente de pasarse la mayor parte del tiempo productivo en viajes que a la larga no van a generar más prosperidad ni mejores condiciones de vida al pauperizado pueblo guatemalteco.
Guatemala está atravesando uno de los peores momentos de su historia, con indicadores que demuestran el nivel de irresponsabilidad y negligencia de todas las administraciones y los grupos de poder económico que han puesto las reglas y han dictado las leyes. Es hora de hacerle frente a la realidad sin perderse en distracciones cosméticas.